Alberto
Garzón Espinosa, Coordinador Federal IU
Antonio
Maíllo, Coordinador IU Andalucía
El
28 de febrero de 1980, hace ahora treinta y ocho años, tuvo lugar el
referéndum en el que Andalucía conquistó su autonomía. El 55,80%
del censo votó por el SÍ, mientras que el NO apenas alcanzó el
3,44% del censo. A pesar de que el censo estaba inflado con la
presencia de miles de personas fallecidas, la participación fue del
64,2% y la abstención, que fue la opción promovida por la derecha
de UCD y AP, fue derrotada. Además, tanto los niveles de
participación como de apoyo al SÍ fueron en Andalucía superiores a
los que se habían obtenido, un año antes, tanto en Cataluña como
en el País Vasco, lo que ponía de relieve que la pluralidad de
España no se limitaba ni mucho menos a las llamadas nacionalidades
históricas –Galicia, Cataluña y País Vasco.
No
obstante, la autonomía hubo de conquistarse en una segunda fase
debido a que los resultados del SÍ en Almería se habían quedado
por debajo del 50%, que era el umbral establecido por el artículo
151 de la Constitución de 1978. La movilización y presión política
–que incluyó encierros en ayuntamientos y huelgas de hambre de
dirigentes políticos- permitió que en noviembre de 1980 se
modificara la Ley de Referéndum para que el resultado en Almería no
fuese obstáculo a la consecución definitiva de la autonomía de
Andalucía. De esa forma el Congreso adaptó el marco legal a una
realidad social y política que desbordaba entonces las calles de
Andalucía y de toda España, como se había puesto de relieve muy
especialmente durante la jornada del 4 de diciembre de 1977.
Andalucía conquistaba así una autonomía que la izquierda y los
movimientos populares identificábamos con la salida del
subdesarrollo económico de nuestra tierra.
Estos
hechos que ahora conmemoramos no sólo nos sirven para recordar que
las normas jurídicas –entre las cuales se encuentra la
Constitución de 1978- se pueden y deben modificar para adecuarlas a
la cambiante realidad social. También nos permiten reflexionar sobre
el sentido político del andalucismo y de nuestra idea de España en
unos momentos en los que la izquierda necesita más que nunca salir a
la ofensiva para hacer frente a la deriva autoritaria y el brutal
retroceso en derechos y libertades que suponen los gobiernos y las
políticas neoliberales.
Y
es que hoy, como cada año, llenaremos las calles reivindicando
nuestra común identidad andaluza y española portando los símbolos
andaluces y republicanos, en un gesto que vincula nuestro pasado con
nuestro futuro y que desgraciadamente es poco conocido. Por eso
queremos aprovechar esta ocasión para incidir en ello, fundamental
en nuestra reivindicación de un andalucismo inscrito en la idea de
una República Federal española.
Fue
justo hace cien años, en enero de 1918, cuando el movimiento
andalucista se reunió en Asamblea en Ronda para desplegar un
proyecto político con el que combatir a la oligarquía y el
caciquismo a través del regionalismo. Aquella Asamblea, conformada
sobre todo por sectores sociales pequeñoburgueses y liderada por
Blas Infante, considerado actualmente como padre de la patria
andaluza, no sólo aprobó la bandera y el escudo andaluz actual sino
que también defendió una idea de España basada en el proyecto de
Constitución Federal para España de 1883. Dicho proyecto había
sido uno de tantos que proponían el modelo federal como base de
solución a los problemas territoriales y sociales del país. El más
conocido fue el de la Constitución Federal de 1873, que llegó a ser
aprobado en el Congreso aunque nunca llegaría a entrar en vigor.
Pero con aquella reivindicación el andalucismo recogía, como haría
también el movimiento obrero, la tradición republicana federal que
en nuestro país había sido la expresión política de los sectores
demócratas y populares.
De
hecho, prácticamente durante todo el siglo XIX las clases populares,
campesinas y urbanas, se educaron políticamente al abrigo del
republicanismo federal. Este republicanismo fue plural y heterogéneo,
y se convirtió en gran medida en el canal de politización de nuevos
actores sociales que, más adelante, acabarían engrosando las filas
del movimiento obrero. La República, especialmente tras la
Revolución de 1868, no era considerada únicamente una forma de
gobierno que permitiría la conquista de la democracia sino también
un proyecto político vinculado a la lucha contra las carencias
materiales. En todas partes, y sobre todo en Andalucía, las
sublevaciones populares estaban protagonizadas por sectores sociales
de la incipiente clase trabajadora que aspiraban a acabar con los
durísimos impuestos al consumo, el sistema de quintas y otras
fórmulas mediante las cuales las oligarquías andaluzas y españolas
saqueaban a la gente más humilde. También era el proyecto político
que canalizaba las demandas de sufragio universal, la separación
entre Iglesia y Estado y el poder municipal, entre otras. La mayoría
de aquellos levantamientos populares, como el liderado por el
gaditano Fermín Salvochea, se hicieron en nombre de la República
Federal y de las clases populares. El propio Salvochea llegaría a
ser alcalde de Cádiz durante la I República y acabaría
convirtiéndose al anarquismo, representando así simbólicamente la
conexión entre las ideas republicanas y socialistas en nuestro país.
Todas
aquellas demandas fueron vistas con temor por las élites
oligárquicas y sus representantes políticos. Las bases
profundamente democráticas del movimiento republicano alarmaron
siempre a monarcas, aristócratas y ricos en general. Además, el
federalismo republicano español del siglo XIX significaba una idea
de España alternativa a la de tales élites, las cuales defendían
un ideal de nación tradicionalista, uniformizadora y centralista. No
obstante, y frente a lo que dice la propaganda, ni el cantonalismo ni
el federalismo ni el andalucismo fueron nunca contrarios a la unidad
de la nación española, sino que más bien fueron ejercicios
democratizadores que buscaban regenerar España mediante la abolición
de los privilegios, la redistribución de la riqueza y el
reconocimiento de nuestra pluralidad nacional. Precisamente por eso
la reacción de las elites fue siempre tan dura.
El
gobierno de Cánovas del Castillo, durante la Restauración, prohibió
todos los partidos no monárquicos y persiguió con dureza –y con
dureza también incluye el asesinato- todo movimiento republicano y
socialista. Eso sí, el socialismo ya había sido perseguido con
anterioridad, por todos los partidos monárquicos, como cuando en
1871 fue ilegalizada la Asociación Internacional de Trabajadores.
Más tarde, durante la dictadura de Primo Rivera, se radicalizaría
la lucha contra el separatismo y el socialismo y, por supuesto, se
criminalizaría cualquier defensa de un modelo alternativo de Estado
y de nación. Y durante la Guerra Civil, el propio Blas Infante fue
fusilado por el ejército franquista en 1936 en las afueras de
Sevilla. No podemos olvidar que el franquismo no sólo fue un régimen
dictatorial que segó la vida de los disidentes, sino que significó
también la aniquilación de las instituciones y culturas
democráticas y republicanas, lo que incluía la destrucción de las
conquistas sociales, económicas y administrativas de la II
República. Desde entonces el franquismo dedicó todas sus energías
a imponer su idea de España, aquella que era una, grande, uniforme y
que hablaba únicamente en castellano. Y el proceso de reeducación
implicó también la relectura de todos los fenómenos republicanos y
autonomistas, incluyendo por supuesto al federalismo y el
andalucismo.
Desde
el mismo nacimiento del republicanismo español, las oligarquías
españolas se han constituido siempre como reacción a los
movimientos democratizadores que surgían y se desarrollaban
eventualmente en España. Hay por ello un hilo muy claro que vincula
a Cánovas, Primo de Rivera, Franco y los actuales dirigentes del PP
y Ciudadanos, por supuesto siempre representados por sus majestades
borbónicas. Y ha sido esta reacción la que, a lo largo de la
historia de España, ha construido la idea de una anti-España que
estaría conformada por separatistas, masones, republicanos,
socialistas y rojos en general, que tanto ha calado en el imaginario
colectivo tras decenas de años de dictadura, militarismo y
adoctrinamiento cultural.
Precisamente
uno de los problemas que enfrentamos actualmente proviene
directamente de este hecho. Aquel mismo proceso mermó con mucho la
idea alternativa de España, una alternativa republicana. Tras
cuarenta años de dictadura nacional-catolicista en la que las elites
se cuidaron mucho de extirpar cualquier alternativa cultural a la de
una España centralista, uniformizadora, militarizada y reaccionaria,
la izquierda ha sido incapaz de restaurar formalmente el hilo que la
conectaba con su propia historia y su propia noción de España. En
suma: dejamos de disputar la idea de España a la reacción.
Y
eso, en las condiciones actuales, nos está pesando. Y mucho. La
izquierda política y social de este país no puede limitar por más
tiempo su idea de España a un abstracto reconocimiento del derecho
de autodeterminación que, sin nada más, resulta incomprensible para
la mayoría de las clases populares de nuestro país. Al contrario,
tenemos que recuperar un proyecto de país, disputando la idea de
país a la reacción no por la vía de la imitación sino por la vía
de la construcción de alternativa. Quiere esto decir que necesitamos
un proyecto de país no sólo discursivo, capaz de encuadrar nuestras
propuestas políticas, sino que esté también enraizado en las
prácticas cotidianas de las clases populares en tanto que opera como
horizonte deseado de futuro. Ser republicano es defender la sanidad,
la educación y las pensiones públicas; ser republicana es defender
las libertades civiles y la democracia participativa; ser republicana
es luchar contra el patriarcado y defender un modo de producción y
consumo sostenible; ser republicano es entender la pluralidad
nacional de nuestro país y defender su articulación en un modelo de
Estado compartido desde el que poner en marcha las políticas
sociales. Ser republicanos y republicanas es nuestra forma de ser
españoles y españolas, es pertenecer a esa España que se construye
desde abajo.
En
nuestros días, y de forma similar a lo que sucedió en el período
de entreguerras en el que emergió el andalucismo, nuestro país
atraviesa una grave crisis institucional, económica y política. La
derecha política y económica ha puesto en marcha una importante
ofensiva contra las libertades y los derechos conquistados por los
movimientos democratizadores, especialmente el obrero. Hoy las
derechas han acentuado su ataque al Estado Social, recortando en
sanidad, pensiones, educación, etc. al tiempo que limitan la
libertad de expresión, imponiendo una política del miedo mediante
multas y la encarcelación de críticos políticos. Asimismo dedican
ingentes recursos a proteger a sus corruptos, que van desde los
Urdangarin hasta las grandes empresas oligárquicas que les
financian, y blindan las posiciones recentralizadoras –basta ver el
diseño institucional constituido por el ministro Montoro y su
capacidad de intervención y chantaje sobre todas las
administraciones autonómicas y municipales.
Pero
estos ataques son también reflejo de su misma debilidad. La propia
monarquía corrupta está en caída libre. En Cataluña la monarquía
recibe un suspenso del 2,36, siendo más de un 50% los jóvenes entre
25 y 34 años que directamente le dan un 0, y en Andalucía y en el
resto de España no lo sabemos porque el CIS lleva ya treinta y
cuatro meses sin preguntar por esta institución medieval y el EGOPA
–el CIS andaluz- tampoco lo ha hecho. El deterioro parece evidente
y peligroso para un régimen que ha volcado todas sus energías en
proteger los privilegios de las oligarquías, repitiendo la historia
una y otra vez. Y mientras todo eso sucede también hay un pueblo que
defiende otra idea de España y de las relaciones económicas, y que
continúa mermando las bases materiales y culturales de la reacción.
No por casualidad a este régimen político se le sigue atragantando
que un espacio político explícitamente republicano tenga cinco
millones de votos, que una huelga general feminista se dirija
directamente contra el sistema patriarcal y el sistema económico
capitalista y que un 28 de febrero el andalucismo salga a la calle
junto con las Marchas por la Dignidad.
Por
eso decimos hoy, 28 de febrero, que no debemos perder de vista el
carácter histórico de las luchas que mantenemos. Nos jugamos el
orden social, el país en el que viviremos durante las próximas
décadas, y también la idea de España que prevalecerá entonces.
Frente al proyecto de la reacción nosotros defendemos una Andalucía
libre. Y por eso mismo gritamos:
¡Viva
Andalucía! ¡Viva la República Federal!
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