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lunes, 30 de julio de 2018

PCE y UJCE: ¡Solidaridad con las trabajadoras y trabajadores del taxi! ¡Paremos a los monopolios piratas!

El servicio público del taxi está en lucha ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de mantener la suspensión del reglamento del Área metropolitana aprobado el mes de febrero por el Ayuntamiento de Barcelona, que exigía que las empresas Uber y Cabify dispusieran de una licencia local.
Las denominadas VTC son empresas multinacionales que no respetan la ratio marcada por el Ayuntamiento de Barcelona de 1/30 y se benefician del vacío legal del 2012-2015 para que los tribunales de justicia otorguen licencias a su favor.
Hay que tener en cuenta que abrir la puerta a este tipo de empresas multinacionales supone la individualización y la precarización de las condiciones laborales y la explosión, una vez más, de un capitalismo salvaje que rompe con todo tipo de convenios laborales.
El PCE y la UJCE nos sumamos a la lucha del taxi y a lo que exponen en su comunicado conjunto del pasado día 27 de julio.
Así mismo, animamos a todo el colectivo de taxistas del resto del país que comparten la misma lucha a unir fuerzas y sumarse a la movilización como ya ha sucedido en lugares como Madrid, Andalucía, Aragón y Euskadi: su lucha es una importante reivindicación para la defensa del transporte público, de los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores del sector y del conjunto de la clase trabajadora.
¡Solidaridad con el taxi!
¡Paremos a los monopolios piratas!
Partido Comunista de España
Unión de Juventudes Comunistas de España

sábado, 28 de julio de 2018

Izquirda Unida-Málaga para la Gente muestra su apoyo a la lucha de los taxistas y exige medidas para frenar las prácticas abusivas y la competencia desleal de Uber y cabify

El portavoz del grupo municipal de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha denunciado las prácticas abusivas y competencia desleal de plataformas como Uber y cabify a los taxistas malagueños, “un tema muy grave que afectas a muchas familias e incluso a la imagen de la ciudad”. “No queremos que se vuelvan a producir los conflictos que tuvieron lugar el verano pasado con los trabajadores del taxi por la proliferación sin control de las VTC (vehículos de transporte concertado)”.
Zorrilla ha señalado que “el taxi no es sobre todo un servicio público, además de un medio de vida para muchas familias de Málaga. En Málaga ciudad hay 1435 licencias de taxi, no sabemos exactamente cuantos VTC existen en la ciudad en este momento, porque además de la falta de control por parte de las administraciones competentes, como cada verano a nuestra ciudad se desplazan decenas de VTC haciendo una competencia desleal al sector del taxi”. Los profesionales del taxi calculan que hay entre 600 y 700 de estos vehículos, una proporción cercana a un vehículo VTC por cada dos taxis.
“La irrupción de plataformas como Uber y Cabify que desarrollan prácticas abusivas aprovechando vacíos legales y la falta de actuación por parte de las administraciones ha supuesto un perjuicio muy importante a las más de 1400 familias que viven del taxi en nuestra ciudad. Pedimos que se cumplan las leyes, las normas laborales de los trabajadores de estas plataformas que están sometidos a condiciones de precariedad, y que se cumplan las normas de transporte porque no puede ser que estos vehículos estén estacionados en las inmediaciones de sitios de gran afluencia, como estaciones de trenes, autobús o el Aeropuerto. Que es algo que prohíbe la Ley puesto que los VTCs solo pueden prestar el servicio una vez que han sido precontratados, y no pueden ir a la caza del cliente”.
Estos incumplimientos de la normativa deben ser vigilados y sancionados por las administraciones; en nuestro caso el Ayuntamiento a través de la policía local debe evitar que se produzcan estas situaciones. Por este motivo, Eduardo Zorrilla Díaz, y la concejala del mismo, Remedios Ramos Sánchez llevaron una moción al pleno para que el Consistorio muestre su apoyo al sector del taxi en la ciudad, al tiempo que pedimos rechazar la concesión de nuevas licencias para este tipo de vehículos puesto que ya existen demasiadas. Asimismo, pedimos al gobierno central que de competencias a ayuntamientos y comunidades autónomas para que se cumplan las normas de transporte y la proporción, avalada por el tribunal Supremo, de 1 licencia de VTC por cada 30 de taxi.
Por último, en la moción presentada pedimos más vigilancia e inspección de las VTC y que la Policía Local lleve a cabo “labores de vigilancia en la estación de autobuses, la del tren y en el Aeropuerto, para evitar el intrusismo y la competencia desleal. Además, de estudiar personarse en los procedimientos contencioso administrativos, como hacen otros ayuntamientos, abiertos a instancias de las asociaciones de taxistas.
Por otro lado, Miguel Martín, presidente de la Asociación Malagueña de Autónomos del Taxi (AMAT), que ha manifestado el total apoyo del colectivo que representa a dicha moción de IU-MLG, ya que se trata de un problema gravísimo el que está padeciendo el sector del taxi en Málaga ciudad y la provincia, debido a que “estas plataformas han llenado la ciudad de estos vehículos que están día a día operando sin ningún tipo de control y haciéndonos una competencia desleal en toda regla”.
Según Martín “estas empresas contratan a conductores con unas condiciones precarias y con una escasa preparación y formación, que salen a trabajar a la calle sin respetar la Ley estando estacionados en zonas de afluencia con las aplicaciones abiertas. Además están captando clientes en la calle y trabajando a mano alzada como si fueran taxis. Esta situación se ha convertido en un auténtico problema y estamos viviendo momentos muy tensos que podrían desembocar en una situación que todos podríamos lamentar”.
El presidente de AMAT ha manifestado que “Si la administración no pone los medios oportunos el sector del taxi nos vamos a movilizar para que se nos escuche y se solucionen estos problemas. Lo que queremos es que se cumpla la Ley por parte de estas empresas, que nos están quitando el trabajo y riéndose de nosotros, de la Policía Local y de la propia administración. El pasado verano con la huelga y con los coches que vinieron de Madrid para la Feria, el Ayuntamiento, aunque tarde, tomó unas medidas para controlar este problema que nosotros queremos que sean de manera permanente.
Martín ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga que proteja a las más de 1400 familias que viven del taxi en nuestra ciudad, puesto que han perdido más de un 30% de ingresos por culpa de esta competencia desleal.

Izquierda Unida considera “profundamente injusta” la condena a Juana Rivas, una víctima de violencia machista que trataba de proteger a sus hijos, y solicita al Gobierno su indulto

IU pide al Gobierno el indulto de Juana Rivas, condenada a 5 años de cárcel y 6 sin sus hijos
La justicia española, fuertemente patriarcal, ha condenado hoy a la víctima de violencia de género Juana Rivas a cinco años de prisión, tras el intento de proteger a sus hijos del maltratador con el que convivían. Nada más conocer la sentencia, IU ha solicitado al Gobierno el indulto de la condenada, por considerarlo “profundamente injusto”.
Además de la situación de indefensión en la que la Justicia deja a Rivas, el sistema judicial lanza un mensaje letal para las mujeres que residen en España: “Si el Estado no actúa, no puedes ni debes defenderte ante una injusticia o un peligro”. Esta fue la situación a la que tuvo que enfrentarse Rivas, ya que el Estado le dejó sin protección, poniendo incluso en peligro su vida y la de sus hijos.
Izquierda Unida no sólo critica el hecho de la condena, sino también “el ensañamiento y la desproporción” que suponen los cinco años de prisión.
El movimiento feminista lleva años realizando un intenso trabajo en las calles y ha logrado que este desborde las instituciones. Tras algunos gestos y guiños al movimiento, como el nombramiento de una mayoría de mujeres al frente de los ministerios, es el momento de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tome las riendas ante esta injusticia concreta, sea ejemplar y evite que Rivas entre en la cárcel. En sus manos está la concesión del indulto.
En este sentido, resulta contradictorio con todo el trabajo que se realiza desde el movimiento feminista y la política pública para acompañar a las víctimas de violencia machista en la denuncia. Rivas interpuso una denuncia contra su expareja, Francesco Arcuri, en julio del 2016, y nunca fue tramitada. El juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Granada la archivó "por falta de jurisdicción de este órgano judicial", ya que los hechos ocurrieron en Italia. Y, hasta que no estalló su caso, el Ministerio de Justicia no ordenó traducirla y enviarla al país transalpino.
Asimismo, resulta contradictorio con otra sentencia que acaba de dar la razón a Angeles Carreño. A Juana Rivas se le condena por sustracción de menores sin tener en cuenta la denuncia que puso por violencia de género. Es decir, se incumple lo que marca la ONU, avalado por sentencia del Supremo de la semana pasada en el caso de Ángela González.
Izquierda Unida considera que, con esta sentencia, queda demostrada la falta de voluntad de la Justicia por ayudar a las mujeres y a las menores. Falta ahora por ver si, en este contexto propio de otro siglo, el Gobierno de Sánchez tendrá la sensatez y sensibilidad necesarias para evitar que una víctima de violencia machista como Rivas entre en la cárcel.
CONCENTRACIÓN EN MÁLAGA
Sábado 28 de julio a las 20:00 horas
Plaza de la Constitución

sábado, 21 de julio de 2018

Ernesto Santiago, Secretario General del PCE: "Tenemos un poder judicial indigno de tener tal nombre". Entrevista

Paula Lara/ diariocórdoba.com
-En su visita de estos días a Andalucía se ha reunido con Teresa Rodríguez e irán juntos a las elecciones andaluzas. ¿Qué le convence del proyecto?
-El proyecto Adelante Andalucía es un proyecto obviamente andaluz. Es un proceso muy interesante de convergencia política y social que permite ampliar la base social de las fuerzas del cambio y configurar una alternativa real de gobierno para Andalucía. No lo entendemos como una fuerza nueva y exclusiva para Andalucía. Es un proceso de construcción de convergencias estatales, una vocación de articular las alternativas de gobierno de cambio para toda España.
-¿Qué alternativa real de gobierno ve en Andalucía?
-Eso depende de lo que decida el pueblo andaluz. El PSOE no supone ningún cambio en Andalucía. Supone un modelo económico y social que ha sido incapaz de satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. El Gobierno andaluz, dentro del PSOE, ha representado los sectores más refractarios a abrir las puertas del cambio. El PSOE gobierna con la derecha, con ciudadanos. La actitud de Susana Díaz permitió que durante dos años más, los españoles sufriéramos el gobierno de una derecha corrupta y neoliberal.
-Ahora que el Gobierno ha cambiado y está Pedro Sánchez de presidente, ¿se empieza a abrir una brecha por recuperar los derechos o son solo gestos?
-De momento, el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno de muchos gestos y de pocas medidas concretas. El PCE e IU somos muy exigentes con el PSOE, el cambio y la moción de censura no es para hacer solo una política de imagen. De hecho, en las primeras semanas ha habido declaraciones de los ministros que para nosotros han resultado preocupantes como las referidas a políticas de austeridad y políticas de techo de gasto. Lo único que tiene que hacer el PSOE es llevar al BOE todas las propuestas que durante los dos primeros años se han consensuado con IU y con Podemos. Propuestas que se hubieran convertido en leyes si la mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, no hubiera tenido una actitud de filibusterismo. De momento, no se ha iniciado la contrarreforma de la Ley Mordaza, ni de la reforma Laboral, ni de las leyes fiscales. Esa es la realidad. El PSOE no tiene un cheque en blanco. Hace falta que realice actos concretos.
-Quizá lo que los ciudadanos más esperan es que se modifique la reforma laboral.
-La precariedad laboral se ha convertido en un serio problema en nuestro país, no ya el desempleo. Por primera vez, en la historia democrática de nuestro país acceder a un puesto de trabajo no significa necesariamente salir de la pobreza. Nos encontramos con capas cada vez más extensas de trabajadores que no llegan a final de mes, vuelve a surgir la pobreza infantil, la desnutrición con unos datos, unos indicadores impropios de un país supuestamente desarrollado. La causa es la precariedad laboral, la pérdida de derechos laborales y que los salarios no cubren los mínimos vitales. Una de las primeras prioridades de este gobierno debería ser acabar con esas políticas neoliberales de desregularización de las relaciones laborales, acometer una subida de los salarios y volver a garantizar los convenios colectivos con medidas legales.
-Lleva desde el 8 de abril de Secretario general del PCE, ¿cuál es la principal tarea del partido?
-El PCE tiene una tarea muy importante que es organizar y estimular la movilización de los ciudadanos para garantizar que desde las calles las personas que están padeciendo los problemas sociales de negación de derechos empujen con su acción constante a las instituciones para que se hagan políticas de progreso. Incrementar nuestra presencia en cualquier lugar que haya una persona sufriendo recortes o limitaciones, organizar un amplio movimiento que presione a los gobiernos para que se hagan políticas de progreso. Convertirse en el elemento de unión o en el cemento de los procesos de unidad popular en toda España. Desde 1921, la historia del PCE ha sido la historia de la unión popular para lograr el cambio sin sectarismos y con amplitud de miras.
-¿Cree que los jóvenes conocen el papel histórico del PCE?
-Lo que hoy conocen los jóvenes es que dónde hay conflictos ahí está la militancia comunista. Eso, sí lo conocen los jóvenes. En el movimiento feminista, en el 8 de marzo o en las movilizaciones contra la justicia patriarcal o en la huelga de Amazon. No aspiramos a vivir de nuestro pasado, tal vez sea el más ético y estamos muy orgullosos, pero nuestra fuerza está en nuestra capacidad de intervención actual. Apostamos por construir desde una postura de futuro para mejorar las condiciones de vida.
-Córdoba ha sido siempre una ciudad importante para el Partido Comunista de España. ¿Qué opina de la situación actual de militantes, de apoyo, de fuerza política?
-Córdoba tiene una importante base social y una importante presencia institucional. Es una referencia. Son considerados por la ciudadanía como una garantía para efectuar políticas de progreso. Pero somos más ambiciosos y estamos trabajando por Adelante Andalucía. Córdoba está muy implicada en ese proceso. El resultado va a ser convertir Adelante Andalucía en la primera fuerza política provincial y local.
-Su currículum como abogado en causas internacionales y nacionales es impresionante. Ha intervenido en el proceso de paz de las FARC, en el caso Couso, contra Pinochet, contra la administración de George W. Bush por Guantánamo. ¿Cómo se definiría a usted en este aspecto, porque la palabra ‘justiciero’ parece antigua, ‘activista’ se queda corta, ‘abogado de causas perdidas’ parece pobre?
-Somos abogados de causas ganadoras, si no que se lo digan a Pinochet. Yo soy un defensor de los derechos humanos como cualquier comunista. Para el PCE, el socialismo es algo tan sencillo como el respeto y el cumplimiento estricto de los derechos humanos para todas las personas. Yo, en todos esos frentes judiciales, lo que he intentado hacer es aplicar con coherencia el mandato que tiene todo comunista de garantizar los derechos humanos de todas las personas allá donde vivan.
-De todos los frentes judiciales en los que ha participado, ¿el de la paz en Colombia es el más satisfactorio?
-Bueno, este ha acabado con 52 años de guerra, que no es poca cosa. Un proceso con 8 millones de víctimas, más de 300.000 muertes y 60.000 desaparecidos. Esta cifra es superior a la provocada por las dictaduras en Latinoamérica en los años 70 y 80. Dudo mucho que haya cosas en las que se pueda participar que den más satisfacción que en el fin de una guerra.
-¿Qué opinión tiene de la sentencia del caso Bárcenas?
-Todavía no hemos llegado al juicio del caso Bárcenas. Es una pieza separada, el caso Gürtel. Ya hay una verdad judicial y es que el partido popular organizó una auténtica organización criminal. Cuando IU dijimos esto en la querella del 2013, el PP se querelló contra nosotros por injurias y calumnias. Eso es lo que ha dicho la sentencia Gürtel y que el PP se benefició de los delitos de esa organización. Acusamos al PP del robo sistemático del patrimonio público para entregárselo a grupos privados a través una acusación popular, construida por IU con una coalición política y social. Una vergüenza que este proceso no haya estado acompañado de la Fiscalía General del Estado como tal institución.
-No le veo muy contento con el poder judicial español.
-Nuestro país tiene un serio problema con el poder judicial. Es endogámico y está sustraído del control de las instituciones democráticas y no se corresponde ni su forma de actuar ni de pensar con la sociología electoral de nuestro país. No es asumible, un poder que no tenga control, ni auditoría ciudadana, ni elección ciudadana. La justicia puede ser democratizada. Ha habido dejación política. Hay espacios increíbles de impunidad como el incumplimiento de los tratados internacionales o permitir criminales impunes, sin olvidar la justicia patriarcal que entiende que una violación en grupo, que raya la tortura, sea solo abusos sexuales. Tenemos un poder judicial indigno de tener tal nombre.

jueves, 19 de julio de 2018

Enrique Santiago, en la campaña "Vuelve el PCE", reivindica la personalidad propia del partido con presencia en el conflicto e impulsando la unidad popular

El nuevo Secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, estuvo ayer en Málaga, en el marco de la campaña 'Vuelve el PCE', por la que recorre varias provincias andaluzas esta semana, con la que la organización pretende reivindicar su propia personalidad política y explicar las importantes conclusiones política y organizativas de su pasado XX Congreso.
El lema recoge la vuelta del PCE al marxismo-leninismo como principio ideológico y a organizarse en los centros de trabajo y en los sectores profesionales, así como su vuelta con mayor intensidad a la acción en la sociedad tras décadas en las que el Partido estuvo centrado en la construcción de IU, y a través de ella, en el trabajo institucional.
En este sentido la campaña pretende concienciar de que el acceso a las instituciones de las candidatura de unidad popular en las que participa no es suficiente para lograr el cambio social necesario, que solo serán alcanzables con una amplia organización de la clase trabajadora y de las clases populares.
Durante estos días 17, 18 y 19 de julio, Santiago, acompañado por el Secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba, ha visitado Sevilla y Málaga, y hoy lo hará en Córdoba, ciudades en las que celebrarán actos públicos junto a los secretarios provinciales correspondientes.
Tras el acto que tuvo lugar el martes 17 en la capital hispalense, Santiago participó en la vigilia republicana y antifascista convocada por Sevilla Republicana en la plaza de la Basílica de la Macarena para reclamar la retirada de los restos de Queipo de Llano de este espacio.
Así mismo, el secretario general del PCE fue entrevistado ayer por la televisión pública andaluza, Canal Sur TV y, posteriormente, participó en un encuentro en el Parlamento de Andalucía con los actores protagonistas del proceso "Adelante Andalucía": el Coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, la Coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez y el secretario general del PCA, Ernesto Alba. En este sentido, el PCE mantiene su aspiración de impulsar grandes alianzas que, en el caso de Andalucía, aspiren a expulsar del PSOE tras décadas de caciquismo, clientelismo y también privilegios y corrupción, para construir una alternativa de izquierdas en favor de nuestro pueblo.
En su visita a Málaga, Enrique Santiago y Ernesto Alba, celebró un acto en el centro social La Nave, acompañado de las camaradas Macarena Vallejo y Saray Pineda en representación de los comités provincial y local del Partido, que a pesar de las fechas veraniegas tuvo una gran acogida y contó, entre otros. con las presencia de Efraín Campos y Fjosé Antonio Carmona, secretarios políticos de los comités provincial y local respectivamente, de Guzmán Ahumada, Coordinador Provincial de IULV-CA, y los ediles de IU-Málaga para la Gente del Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos.
Santiago en su intervención desarrolló la línea de trabajo establecida por el PCE en su último congreso por la cual pretende volver a organizarse en el mundo del trabajo para construir la conciencia política de la clase trabajadora desde el lugar donde se determina su alimento y el de su familia y donde se dan la explotación y la precariedad. Así puso de ejemplo la labor desarrollada por los comunistas, con importante presencia en el Comité de Empresa, impulsando la huelga en Amazon.
El dirigente comunista resaltó el orgullo de que las mujeres de nuestro país sean un ejemplo para las mundo,con su lucha sostenida convirtiéndose en la vanguardia de la lucha del movimiento organizado feminsita, con un claro signo de clase y de confrontación con el capitalismo. Defendió la política de unidad popular como central en la historia del PCE y también en la actualidad desdee la presencia en el conflicto quiere ampliar la base social de la izquierda que representa IU y a partir de ahí trascender a nuevas formas de unidad popular como la que puede llegar a convertirse "Adelante Andalucía" y en la que el PCA ha jugado un papel muy importante para hacerlo avanzar, que pueden servir de referente o ejemplo para otros territorios.
En palabras de Santiago, con esta campaña el PCE pretende "reivindicar su papel para difundir que la sociedad no puede estar pasiva, esperando que las fuerzas políticas resuelvan los problemas", y tratar de unir a las fuerzas del cambio y "resolver los conflictos que pueda haber entre ellas" a través de la "autoridad política y moral" del PCE.
Finalmente Santiago señaló como lógico la recuperación de la definición ideológica del Partido del marxismo-leninismo, como patrimonio de los comunistas, lo incomprensible era que se hubiera abandonado, además también se define como antipatrircal y feminista, basado en la doctrina ecosocialismo, y las aportaciones de los movimientos de liberación nacional.

miércoles, 18 de julio de 2018

El PCE señala a ‘Adelante Andalucía’ como un gran avance para la confluencia en el resto de territorios

El Secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, ha mantenido hoy un encuentro con los principales líderes de las organizaciones políticas impulsoras de ‘Adelante Andalucía’ señalando que el proyecto de confluencia es un modelo en el que “deben mirarse el resto de territorios”.
Para el máximo dirigente comunista, Adelante Andalucía es “ejemplar” por basarse en “el respeto y la igualdad” entre todas las fuerzas que participan del proyecto y “en la sensatez y la generosidad para alcanzar acuerdos”. “Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo están demostrando gran altura de miras al anteponer los intereses del pueblo andaluz a cualquier interés particular”, recalcó.
Enrique Santiago, de visita en Andalucía, ha acudido esta mañana al Parlamento autonómico para reunirse con las caras más visibles del proceso de confluencia y conocer de primera los siguientes pasos que se van a desarrollar, una vez IU y Podemos han concluido sus procesos internos.
A la reunión han asistido, además de Santiago, el secretario general del PCA, Ernesto Alba; el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo; la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez; y las diputadas adjuntas de IULV-CA en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto y Elena Cortés.
En declaraciones a los medios, al término de la reunión, Enrique Santiago ha dicho que el Partido Comunista de España ve “con buenos ojos” que Andalucía sitúe como objetivo el proceso iniciado y a necesidad de crear una herramienta en la que mucha gente que no están en IU y Podemos se incorporen y no el mero acuerdo entre dos fuerzas políticas”. “El núcleo de la confluencia andaluza es Andalucía, no Podemos, ni IU”, recalcó el máximo dirigente del PCE.
Por todo ello, Enrique Santiago ha reconocido que es “una buena noticia” que la militancia de Podemos en Andalucía “haya apoyado masivamente” este modelo.
Asimismo ha felicitado a Antonio Maíllo y a Ernesto Alba por “haber demostrado un enorme grado de cohesión interna” en su proceso de primarias y en torno al proceso Adelante Andalucía.
“Pasado lo interno, lo que toca ahora es seguir con el mismo entusiasmo, recorriendo Andalucía para explicar que la alternativa a 40 años de PSOE es Adelante Andalucía”, ha concluido Santiago.
tercerainformación.es

lunes, 16 de julio de 2018

El PCE y la UJCE considera las propuestas del gobierno en materia de alquiler de vivendas son ineficaces y exige que se garantice el acceso como derecho básico y fundamental

El Gobierno del PSOE ha anunciado una serie de medidas en materia de alquiler de vivienda, que consideramos no solo insuficientes, si no que no serán efectivas a la hora de garantizar el acceso a un bien de primera necesidad, como es la vivienda, y poner coto a la especulación.
El régimen del 78 sigue sin ser siquiera capaz de garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que solo es invocada por algunos para anteponer el pago de la deuda a cualquier otro derecho o de cercenar derechos fundamentales.
Entre las propuestas planteadas está la construcción de 20.000 nuevas viviendas.
A este respecto es importante recordar que hay tres millones y medio de viviendas vacías según los datos de la última encuesta del INE. Estas viviendas se encuentran en manos de entidades bancarias, inmobiliarias y financieras (entre ellas los llamados fondos buitres), muchas de ellas rescatadas con dinero público. Con una densidad de población tan baja como la que tenemos y una cantidad tal de viviendas vacías resulta ilógico seguir invirtiendo en la construcción de nuevas viviendas.
Frente a la construcción de vivienda nueva, por tanto, planteamos recuperar esas viviendas que actualmente son titularidad de las entidades financieras rescatadas por todas y todas, mediante los mecanismos de cesión, reversión o expropiación, situando su precio en el costo de construcción. Integrando todos esos inmuebles en un parque público de vivienda en alquiler.
Además de ser una herramienta útil para controlar de forma efectiva los precios, acabaría con la posibilidad de especulación y sería más rápida, pues esas viviendas ya existen. Estas viviendas deben ofrecerse a precios fijos, allá donde sea necesario (no sólo donde la especulación se haya cebado con los precios), que en ningún caso supere el 20 % de los ingresos familiares.
Y especial y urgente atención merecen las cientos de miles de personas sin recursos y las jóvenes que merecen poder desarrollar un proyecto de vida digna.
Respecto a la propuesta de incentivos fiscales para los propietarios, teniendo en cuenta como hemos ya analizado que la mayor parte de las viviendas vacías están en manos de entidades financieras, los "grandes tenedores", es evidente que lo que menos hay que fomentar es que paguen aún menos impuestos. Precisamente para que las viviendas se pongan en circulación es necesario sancionar la tenencia de vivienda vacía, para lo que es imprescindible desarrollar una nueva ley de vivienda que recoja estos conceptos y los unifique para su aplicación en todo el país.
Por lo que se refiere a la propuesta de reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con la vuelta a la regulación anterior que establecía los cinco años de duración del contrato de arrendamiento frente a los tres aprobados por el PP, limitar las fianzas y proteger a las personas inquilinas en caso de venta de la casa, aunque suponen avances frente a la situación actual son absolutamente insuficientes.
El PCE y la UJCE planteamos:
1.- Proteger a las inquilinas de los abusos cotidianos en materia de alquiler. Es preciso garantizar condiciones de habitabilidad dignas.
2.- Limitar los precios de alquiler con baremos administrativos.
3.- Ampliar más la duración de los contratos.
4.- Impedir el desahucio mientras el arrendatario no tenga una solución habitacional.
Por otra parte, se han anunciado también ayudas al alquiler y la compra aprobadas en el Plan de Vivienda 2018-2021. Este tipo de ayudas se han venido demostrando ineficaces pues se trata de transferencias de dinero que van directamente de las arcas públicas a los beneficios privados. No se trata de pagar a toda costa los precios desorbitados de las viviendas, si no de controlar esos precios para evitar los abusos. Esta medida es por tanto no sólo ineficaz si no que sigue contribuyendo al trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital mediante aportaciones públicas, es decir, lo de todas y todos nuevamente al servicio de los intereses financieros.
El movimiento en defensa de la vivienda digna lleva años reivindicando una nueva ley de vivienda. La última ILP, que fue vetada por el PP y Cuidadanos, tiene una nueva oportunidad de ser debatida en el Congreso. Debe ser el inicio de un debate profundo y transversal en torno al modelo de acceso a la vivienda que tenemos en España, así como de las medidas más urgentes que deber ser ya adoptadas: el fin de los desahucios sin alternativa habitacional, la creación de un parque de vivienda público con alquileres sociales, la regulación del alquiler asequible y estable y el fin de los cortes de suministros.
El PCE y la UJCE reiteramos nuestro total apoyo a las medidas que se plantean desde el movimiento por el derecho a la vivienda digna y seguimos exigiendo que se garantice el acceso a la vivienda como derecho básico y fundamental de toda persona.
¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO!

jueves, 12 de julio de 2018

Democracia participativa o democracia representativa en Izquierda Unida y las organizaciones políticas: una apuesta sin vuelta atrás

Toni Morillas, Responsable federal de democracia participativa interna de IU
Ismael González, Responsable federal de organización y finanzas de IU
La crisis de legitimidad que atraviesan las democracias representativas no es nueva. La tensión entre democracia y el proceso de acumulación capitalista ha sido ampliamente diagnosticada desde la izquierda, con aportes relevantes de sociólogos como Boaventura de Sousa.
El 15M tuvo la capacidad de poner en la agenda política la necesidad de construir democracias participativas que articularan mecanismos de representación, deliberación y democracia directa que fueran útiles para combatir la amplia desafección política y reinventaran la democracia, poniéndola al servicio de los intereses de la mayoría social a través de la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas que afectan a su vida cotidiana. Esta crisis de representación atraviesa todos y cada uno de los instrumentos de participación legitimados en las democracias representativas. Las organizaciones políticas, sociales y sindicales viven esta crisis, hasta el punto de que partidos como el PP, con un marcado carácter presidencialistas y con escasa permeabilidad a la innovación democrática, se han visto recientemente empujados a introducir mecanismos de elección directa de sus líderes como las primarias.
En el ámbito institucional se percibe de manera evidente, aunque con más lentitud y menos profundidad y alcance de lo que desearíamos desde una opción de la izquierda transformadora. Cada vez son más las instituciones de todos los colores políticos que ponen en marcha mecanismos de democracia participativa a sabiendas de que la desafección y la crisis de legitimidad son profundas e insostenibles: presupuestos participativos, consultas ciudadanas, legislaciones autonómicas en materia de transparencia y participación, mecanismos digitales de rendición de cuentas y participación…
Estos elementos, junto a otros muchos más, conforman toda una ola que, indistintamente de los objetivos políticos que en cada caso se pretendan (y que difieren, aunque ese es otro debate), apuntan hacia nuevos marcos en lo relativo a la democracia política, particularmente en el ámbito local. Tanto es así que la propia ONU ha situado la participación como eje prioritario entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Izquierda Unida, junto a otros tantos movimientos sociales, ha ido abriendo camino en este sentido desde hace décadas, siendo pionera tanto en términos internos como institucionales en la puesta en marcha de dispositivos de democracia participativa orientados a transformar las relaciones de poder desde una óptica redistributiva e inclusiva. La IU originaria promovía procesos de consulta interna para la toma de decisiones más relevantes, impulsaba espacios de participación política abiertos y horizontales como las áreas y las asambleas de base e impulsaba en las instituciones donde gobernaba procesos de radicalidad democrática como el presupuesto participativo. Ahí están los ejemplos de Córdoba, Puente Genil y las Cabezas de San Juan, gobiernos locales de IU que fueron pioneros en España poniendo en marcha esta política pública en 2001.
No obstante, IU también ha reproducido dinámicas que la aproximaban más a la forma partido que a la forma movimiento a la que aspiraba, e hizo una fuerte autocrítica en el reciente proceso asambleario. En la XI Asamblea Federal hicimos una apuesta firme por repensar los mecanismos de participación política, conocedores de que las formas y estímulos a la participación han ido mutando y conocedores también de que, en muchos casos, hemos reproducido lógicas representativas que desconectaban la toma de decisiones de las bases. En ese sentido, IU ha introducido el sufragio universal en la elección de sus candidatas al Congreso y a sus propios órganos de dirección, así a la hora de aprobar sus tesis políticas y organizativas. También hemos puesto en marcha el reglamento de revocatorios, los sistemas de evaluación participada de los planes de acción y la inclusión de metodologías participativas en el funcionamiento de la Asamblea Político y Social, su órgano de dirección más importante entres Asambleas Federales. La apuesta por la democracia participativa en IU la hemos profundizado aprovechando el mandato de la Asamblea Federal y culminamos esta primera fase del proceso, el próximo fin de semana, con la Asamblea por un nuevo modelo organizativo.
¿Qué avances o propuestas se van a aprobar este fin de semana?
El sufragio universal para la elección de las direcciones (completas) y de las candidaturas (completas) será obligatorio. Es decir, las direcciones y los/as cargos públicos serán elegidos/as directamente entre los y las afiliadas y, en el caso de elección de cargos públicos, también podrán participar los y las simpatizantes. Además, habilitamos la opción de recurrir al referéndum para temas políticos de gran calado y damos una mejor cobertura estatutaria al revocatorio. Somos la única organización política que regula el revocatorio en España, un instrumento que permite a los y las afiliadas revocar a miembros de las direcciones políticas y en el caso de los cargos públicos los y las afiliadas y los y las simpatizantes. Estos cambios, que ya de por sí son importantes, no son los únicos: en esta ocasión, el documento a debate eran los Estatutos de Izquierda Unida, y desde la dirección hemos apostado por la posibilidad de que se pudiesen votar por sufragio universal entre toda la afiliación de la organización y no sólo por un grupo reducido de delegados y delegadas.
Ante este trabajo y estas propuestas, desde algunos sectores de la propia Izquierda Unida se han manifestado quejas sobre el sistema e incidiendo en la baja participación para deslegitimar el resultado, el cual ha arrojado un apoyo de más del 80% del documento político que modificará los estatutos. Es curioso que estas voces críticas nunca manifestaron ningún problema cuando en anteriores procesos los estatutos de IU se decidían en votaciones que contaban con una media de 100 delegados o delegadas presentes (como mucho 500 en el caso de que trabajara en comisiones), y ahora ponen el grito en el cielo porque han participado 3841 personas en la votación.
Este es un viejo debate. Volvemos al ejemplo del presupuesto participativo: por lo general, la participación en los procesos españoles suele estar por debajo del 5% (Sevilla, alcanzó un nivel medio del 1%, Madrid en 2017 un 1,5%). El ataque que la derecha siempre utilizó se fundamentó en restar legitimidad a los procesos de democracia directa por la baja participación, sin querer entender que la construcción de culturas políticas y organizacionales más participativas y comprometidas (y que por tanto requieren de otros usos del tiempo) son procesos largos que encuentran multitud de obstáculos, desconfianzas y contradicciones, siendo muchas de ellas estructurales.
En cualquier caso, el debate vuelve a estar en dónde reside el poder, quién es el soberano, quién tiene el derecho a participar y tomar parte en las decisiones que le afectan. Y sí, a todas luces la participación ha sido baja. Más allá de elementos coyunturales, los debates normativos no suelen ser los más motivadores para la inmensa mayoría. Sin embargo, el avance conseguido respecto a debates estatutarios anteriores es significativo: la militancia ha tenido el derecho a participar de manera directa, sin mediaciones. Ahora toca pensar cómo vamos avanzando para que cada vez más militantes hagan de este derecho, que antes no tenían, un derecho efectivo.
Incluso hemos podido ver quejas que intentaban trasladar que había votación sin debate, y aquí es importante señalar una de las características más novedosas del proceso que ha puesto en marcha IU. Estos Estatutos han tenido un doble proceso de debate: primero un debate presencial y, posteriormente, una votación por sufragio universal. Es decir, todas las asambleas de Izquierda Unida y las organizaciones que forman parte de ella han podido organizar debates y enmendar los estatutos. No solo han votado 3841 personas, sino que todo el conjunto de Izquierda Unida ha participado del debate.
La Declaración de Bogotá (2011) señala algunas características que ha de tener un proceso participativo para ser plenamente democrático. Entre otras, señala las siguientes:
-Universalidad. Una persona, un voto
-Resultados vinculantes
-Participación informada y con deliberación
-Presencia de sistemas de control, transparencia y seguimiento durante todo el proceso
-En caso de que existan personas delegadas, estas responderán al mandato imperativo de sus asambleas.
Por lo tanto, lo relevante no es sólo el dato de participación en la fase final del proceso, sino que debemos atender también a los criterios anteriormente citados para evaluar con rigor la calidad democrática del proceso. De esta forma, podremos diseñar estrategias que permitan remover los obstáculos que en estos puedan darse y generar así las mejores condiciones posibles para incentivar la participación. El proceso ha permitido un debate presencial en toda la organización, posteriormente por delegados y finalmente una votación por sufragio universal entre todo el grueso de la afiliación, lo cual significa un hecho inédito hasta la fecha en las organizaciones políticas de nuestro país. Intentar ligar la legitimidad únicamente a la participación sin discernir los temas que se someten a referéndum (como ocurre en muchos países) es una burda excusa que expresa una resistencia al cambio y que realmente pretende que menos (un reducido grupo de delegados y delegadas) decidan por más (el conjunto de la afiliación que tiene la capacidad de participar).
Es evidente que innovar en estos procesos requiere que todas aprendamos para seguir mejorando, pero nunca negando la posibilidad de votar al conjunto de la afiliación. Todo este trabajo lo hacemos porque estamos convencidas de la necesidad de articular una sociedad donde la democracia participativa nos permita superar la democracia representativa y, por lo tanto, somos coherentes en nuestra organización con nuestra propuesta de país.
Queremos decidir cómo articular la vida en nuestros barrios, cómo construir las ciudades en las que vivimos, cómo construir un proyecto de vida en colectivo y en conjunto con muchas más personas. Nos permitimos soñar con un país donde podamos votar en referéndum no sólo la Constitución, sino también leyes tan importantes como el Estatuto de los Trabajadores. Queremos decidir entre todos y todas, como ya se hace en cientos de municipios gobernados por Izquierda Unida, cómo desarrollar nuestros barrios y poder votar si en un lugar determinado preferimos construir un colegio público o un centro comercial.
https://www.cuartopoder.es/ideas/2018/07/12/democracia-participativa-o-democracia-representativa-en-iu-y-las-organizaciones-politicas-una-apuesta-sin-vuelta-atras/

viernes, 6 de julio de 2018

Izquierda Unida lleva al Congreso la propuesta más amplia contra la pobreza y la exclusión social con actuaciones concretas sobre empleo, sanidad, educación, vivienda o el mundo rural

Alberto Garzón, Eva García Sempere y Carlos Sánchez Mato presentan la proposición de ley en dependencias parlamentarias arropados por portavoces de distintas asociaciones, grupos y colectivos representantes de la sociedad civil que han contribuido a su redacción final en los últimos ocho meses de intenso trabajo por todo el Estado
Izquierda Unida ha registrado hoy en el Congreso su Proposición de Ley Integral contra la Pobreza y la Exclusión Social, una ambiciosa iniciativa plasmada en 33 artículos y varias disposiciones, organizados en siete títulos, que desarrollan actuaciones concretas en materia de empleo, sanidad, educación, prestaciones sociales, vivienda, suministros mínimos vitales, vivienda o contra la exclusión en el ámbito rural.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, junto a la diputada y coordinadora de la iniciativa, Eva García Sempere, y el responsable federal de Políticas Económicas de esta misma formación, Carlos Sánchez Mato, se han encargado de presentar esta mañana en la Cámara Baja la que ya es la propuesta más amplia registrada hasta ahora por cualquier formación en este ámbito de actuación.
Asistieron e intervinieron también portavoces de distintas asociaciones, grupos y colectivos que representan a la sociedad civil y que han contribuido a la redacción final de la proposición en los últimos ocho meses de intenso trabajo por todo el Estado. Por ello, Garzón y García Sempere coincidieron en señalar que “esta no es una propuesta de IU, sino de todos y todas quienes han contribuido a su elaboración”.
“En Izquierda Unida -especificó su coordinador federal- trabajamos las leyes de forma muy intensa y a partir de la mejor base posible. Sólo de esta forma, viajando por todo el Estado y con la imprescindible colaboración recibida, hemos podido enriquecer con una perspectiva muy concreta una ley en principio mucho más abstracta”.
Alberto Garzón señaló que “no hay democracia sin libertad y no puede desarrollarse la libertad en la pobreza”, y apostilló que “un país como España no puede mantener una laguna” en una cuestión tan importante como ésta. Ilustró su indiscutible gravedad con dos simples pinceladas: “los 12 millones de personas que hay en nuestro país en riesgo de pobreza, que incluyen a 1 de cada 3 menores y jóvenes”.
Denunció que esto ocurre en un contexto de “crecimiento económico desigual e injusto”, que resulta mucho más doloroso sabiendo que “se podría cambiar, ya que hay recursos y posibilidades técnicas para hacerlo, aunque el problema es de voluntad política. Es así de sencillo”.
El máximo responsable de IU reconoció que “estamos esperanzados de que esta ley pueda salir adelante” con un apoyo mayoritario de los grupos, para lo cual explicó también que “ya se la hemos hecho llegar al Gobierno para que la conozca” y facilitar así el debate y la negociación.
Eva García Sempere centró su intervención, principalmente, en explicar cómo se había llevado a cabo este proyecto “durante ocho meses de duro trabajo”. Ella y un equipo multidisciplinar de técnicos de IU recorrieron buena parte de las comunidades autónomas para llegar al fondo de distintas formas de exclusión y “tratar de que se puedan visibilizar todas las caras de la pobreza, que se visibilice lo más invisible”.
Todo ello llevó a contactar con menores no acompañados llegados a Melilla, personas que viven en infraviviendas sociales en Castilla-La Mancha, familias en clara exclusión social en zonas urbanas concretas de capitales andaluzas o la posibilidad de ver en toda su dimensión la “despoblación en el mundo rural, pero también cómo se le hace frente con éxito”, porque “no es posible combatir igual la pobreza en todos los sitios, en el ámbito rural o el urbano”.
La proposición de ley regula, por ejemplo, la garantía del derecho al acceso a los suministros básicos de agua potable, gas o electricidad a personas y unidades familiares en situación de pobreza o exclusión social. Fija unos mínimos de consumo vitales y un sistema público de precio social, mandatando al Gobierno para hacer un Plan concreto contra la pobreza energética.
“Estos mínimos -explica Eva García Sempere- están regulados en algunas comunidades autónomas, pero no queda demasiado claro y hay casos en que se ha tenido que llevar al Tribunal Constitucional”, por lo que apuesta por que “se especifique” bien a sus beneficiarios.
La diputada de IU cifró también en cerca de 40.000 las personas sin hogar en todo el Estado. Desde una óptica distinta denunció también la situación que sufren “las personas trabajadoras pobres, que van a diario a trabajar pero que viven en plazas y parques porque no les da para acceder a una vivienda”. Aseguró que ahora se podía observar esta situación con nitidez en personas que, por ejemplo, acuden a ocupar empleos temporales en las Illes Balears y que forman parte de una pobreza “invisibilizada”.
El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, desgranó algunos de los puntos de los “siete ejes fundamentales y significativos” de los que consta la ley. Apuntó así a la importancia de “crear empleo desde lo público para poder blindar un salario mínimo en lo privado” o de, como propugna la Unión Europea, “invertir de forma decidida en la infancia para romper con la desigualdad de manera efectiva”.
Sánchez Mato señaló también la obligatoriedad de “eliminar el factor de sostenibilidad de las pensiones” o de hacer frente a “las claras desventajas existentes en educación, en temas como la gratuidad del transporte, los comedores o el acceso a los materiales escolares”.
Reconoció que habrá quien “tilde esta proposición de ley de voluntarista”, aunque señaló que “pese a que supone un aumento del gasto público, es perfectamente posible afrontarlo sólo igualando el nivel de ingresos medio de la Unión Europea, del que ahora estamos nueve puntos por debajo”.