jueves, 12 de julio de 2018

Democracia participativa o democracia representativa en Izquierda Unida y las organizaciones políticas: una apuesta sin vuelta atrás

Toni Morillas, Responsable federal de democracia participativa interna de IU
Ismael González, Responsable federal de organización y finanzas de IU
La crisis de legitimidad que atraviesan las democracias representativas no es nueva. La tensión entre democracia y el proceso de acumulación capitalista ha sido ampliamente diagnosticada desde la izquierda, con aportes relevantes de sociólogos como Boaventura de Sousa.
El 15M tuvo la capacidad de poner en la agenda política la necesidad de construir democracias participativas que articularan mecanismos de representación, deliberación y democracia directa que fueran útiles para combatir la amplia desafección política y reinventaran la democracia, poniéndola al servicio de los intereses de la mayoría social a través de la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas que afectan a su vida cotidiana. Esta crisis de representación atraviesa todos y cada uno de los instrumentos de participación legitimados en las democracias representativas. Las organizaciones políticas, sociales y sindicales viven esta crisis, hasta el punto de que partidos como el PP, con un marcado carácter presidencialistas y con escasa permeabilidad a la innovación democrática, se han visto recientemente empujados a introducir mecanismos de elección directa de sus líderes como las primarias.
En el ámbito institucional se percibe de manera evidente, aunque con más lentitud y menos profundidad y alcance de lo que desearíamos desde una opción de la izquierda transformadora. Cada vez son más las instituciones de todos los colores políticos que ponen en marcha mecanismos de democracia participativa a sabiendas de que la desafección y la crisis de legitimidad son profundas e insostenibles: presupuestos participativos, consultas ciudadanas, legislaciones autonómicas en materia de transparencia y participación, mecanismos digitales de rendición de cuentas y participación…
Estos elementos, junto a otros muchos más, conforman toda una ola que, indistintamente de los objetivos políticos que en cada caso se pretendan (y que difieren, aunque ese es otro debate), apuntan hacia nuevos marcos en lo relativo a la democracia política, particularmente en el ámbito local. Tanto es así que la propia ONU ha situado la participación como eje prioritario entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Izquierda Unida, junto a otros tantos movimientos sociales, ha ido abriendo camino en este sentido desde hace décadas, siendo pionera tanto en términos internos como institucionales en la puesta en marcha de dispositivos de democracia participativa orientados a transformar las relaciones de poder desde una óptica redistributiva e inclusiva. La IU originaria promovía procesos de consulta interna para la toma de decisiones más relevantes, impulsaba espacios de participación política abiertos y horizontales como las áreas y las asambleas de base e impulsaba en las instituciones donde gobernaba procesos de radicalidad democrática como el presupuesto participativo. Ahí están los ejemplos de Córdoba, Puente Genil y las Cabezas de San Juan, gobiernos locales de IU que fueron pioneros en España poniendo en marcha esta política pública en 2001.
No obstante, IU también ha reproducido dinámicas que la aproximaban más a la forma partido que a la forma movimiento a la que aspiraba, e hizo una fuerte autocrítica en el reciente proceso asambleario. En la XI Asamblea Federal hicimos una apuesta firme por repensar los mecanismos de participación política, conocedores de que las formas y estímulos a la participación han ido mutando y conocedores también de que, en muchos casos, hemos reproducido lógicas representativas que desconectaban la toma de decisiones de las bases. En ese sentido, IU ha introducido el sufragio universal en la elección de sus candidatas al Congreso y a sus propios órganos de dirección, así a la hora de aprobar sus tesis políticas y organizativas. También hemos puesto en marcha el reglamento de revocatorios, los sistemas de evaluación participada de los planes de acción y la inclusión de metodologías participativas en el funcionamiento de la Asamblea Político y Social, su órgano de dirección más importante entres Asambleas Federales. La apuesta por la democracia participativa en IU la hemos profundizado aprovechando el mandato de la Asamblea Federal y culminamos esta primera fase del proceso, el próximo fin de semana, con la Asamblea por un nuevo modelo organizativo.
¿Qué avances o propuestas se van a aprobar este fin de semana?
El sufragio universal para la elección de las direcciones (completas) y de las candidaturas (completas) será obligatorio. Es decir, las direcciones y los/as cargos públicos serán elegidos/as directamente entre los y las afiliadas y, en el caso de elección de cargos públicos, también podrán participar los y las simpatizantes. Además, habilitamos la opción de recurrir al referéndum para temas políticos de gran calado y damos una mejor cobertura estatutaria al revocatorio. Somos la única organización política que regula el revocatorio en España, un instrumento que permite a los y las afiliadas revocar a miembros de las direcciones políticas y en el caso de los cargos públicos los y las afiliadas y los y las simpatizantes. Estos cambios, que ya de por sí son importantes, no son los únicos: en esta ocasión, el documento a debate eran los Estatutos de Izquierda Unida, y desde la dirección hemos apostado por la posibilidad de que se pudiesen votar por sufragio universal entre toda la afiliación de la organización y no sólo por un grupo reducido de delegados y delegadas.
Ante este trabajo y estas propuestas, desde algunos sectores de la propia Izquierda Unida se han manifestado quejas sobre el sistema e incidiendo en la baja participación para deslegitimar el resultado, el cual ha arrojado un apoyo de más del 80% del documento político que modificará los estatutos. Es curioso que estas voces críticas nunca manifestaron ningún problema cuando en anteriores procesos los estatutos de IU se decidían en votaciones que contaban con una media de 100 delegados o delegadas presentes (como mucho 500 en el caso de que trabajara en comisiones), y ahora ponen el grito en el cielo porque han participado 3841 personas en la votación.
Este es un viejo debate. Volvemos al ejemplo del presupuesto participativo: por lo general, la participación en los procesos españoles suele estar por debajo del 5% (Sevilla, alcanzó un nivel medio del 1%, Madrid en 2017 un 1,5%). El ataque que la derecha siempre utilizó se fundamentó en restar legitimidad a los procesos de democracia directa por la baja participación, sin querer entender que la construcción de culturas políticas y organizacionales más participativas y comprometidas (y que por tanto requieren de otros usos del tiempo) son procesos largos que encuentran multitud de obstáculos, desconfianzas y contradicciones, siendo muchas de ellas estructurales.
En cualquier caso, el debate vuelve a estar en dónde reside el poder, quién es el soberano, quién tiene el derecho a participar y tomar parte en las decisiones que le afectan. Y sí, a todas luces la participación ha sido baja. Más allá de elementos coyunturales, los debates normativos no suelen ser los más motivadores para la inmensa mayoría. Sin embargo, el avance conseguido respecto a debates estatutarios anteriores es significativo: la militancia ha tenido el derecho a participar de manera directa, sin mediaciones. Ahora toca pensar cómo vamos avanzando para que cada vez más militantes hagan de este derecho, que antes no tenían, un derecho efectivo.
Incluso hemos podido ver quejas que intentaban trasladar que había votación sin debate, y aquí es importante señalar una de las características más novedosas del proceso que ha puesto en marcha IU. Estos Estatutos han tenido un doble proceso de debate: primero un debate presencial y, posteriormente, una votación por sufragio universal. Es decir, todas las asambleas de Izquierda Unida y las organizaciones que forman parte de ella han podido organizar debates y enmendar los estatutos. No solo han votado 3841 personas, sino que todo el conjunto de Izquierda Unida ha participado del debate.
La Declaración de Bogotá (2011) señala algunas características que ha de tener un proceso participativo para ser plenamente democrático. Entre otras, señala las siguientes:
-Universalidad. Una persona, un voto
-Resultados vinculantes
-Participación informada y con deliberación
-Presencia de sistemas de control, transparencia y seguimiento durante todo el proceso
-En caso de que existan personas delegadas, estas responderán al mandato imperativo de sus asambleas.
Por lo tanto, lo relevante no es sólo el dato de participación en la fase final del proceso, sino que debemos atender también a los criterios anteriormente citados para evaluar con rigor la calidad democrática del proceso. De esta forma, podremos diseñar estrategias que permitan remover los obstáculos que en estos puedan darse y generar así las mejores condiciones posibles para incentivar la participación. El proceso ha permitido un debate presencial en toda la organización, posteriormente por delegados y finalmente una votación por sufragio universal entre todo el grueso de la afiliación, lo cual significa un hecho inédito hasta la fecha en las organizaciones políticas de nuestro país. Intentar ligar la legitimidad únicamente a la participación sin discernir los temas que se someten a referéndum (como ocurre en muchos países) es una burda excusa que expresa una resistencia al cambio y que realmente pretende que menos (un reducido grupo de delegados y delegadas) decidan por más (el conjunto de la afiliación que tiene la capacidad de participar).
Es evidente que innovar en estos procesos requiere que todas aprendamos para seguir mejorando, pero nunca negando la posibilidad de votar al conjunto de la afiliación. Todo este trabajo lo hacemos porque estamos convencidas de la necesidad de articular una sociedad donde la democracia participativa nos permita superar la democracia representativa y, por lo tanto, somos coherentes en nuestra organización con nuestra propuesta de país.
Queremos decidir cómo articular la vida en nuestros barrios, cómo construir las ciudades en las que vivimos, cómo construir un proyecto de vida en colectivo y en conjunto con muchas más personas. Nos permitimos soñar con un país donde podamos votar en referéndum no sólo la Constitución, sino también leyes tan importantes como el Estatuto de los Trabajadores. Queremos decidir entre todos y todas, como ya se hace en cientos de municipios gobernados por Izquierda Unida, cómo desarrollar nuestros barrios y poder votar si en un lugar determinado preferimos construir un colegio público o un centro comercial.
https://www.cuartopoder.es/ideas/2018/07/12/democracia-participativa-o-democracia-representativa-en-iu-y-las-organizaciones-politicas-una-apuesta-sin-vuelta-atras/

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