www.publico.es/ Marisa Kohan
Toni Morillas (Torredonjimeno, 1982) dirige el Instituto de las Mujeres desde abril de 2021. Entre sus cometidos desde que llegó al cargo figura la reforma de la ley del aborto, aprobada en el Congreso y que la semana pasada entró en vigor. En esta entrevista con Público, realizada solo un día después de que el PSOE aprobara con los votos del PP la toma en consideración por parte del Congreso de la modificación de la ley del solo sí es sí, analiza el impacto que esto puede tener en el Gobierno de coalición y los retos pendientes antes de que finalice la legislatura.
-El Partido Socialista del sacó adelante la toma en consideración de la reforma de la ley del 'solo sí o sí' con los votos del PP ¿que reflexión le provoca? Estamos preocupadas porque hay un riesgo cierto de que pueda haber un retroceso en los derechos de las mujeres. Que ayer el Partido Socialista votara junto a la derecha, la misma que viene cuestionando los avances feministas en este país, y a favor de la toma en consideración de una propuesta de reforma de esta ley que cuestiona el consentimiento, pone en riesgo uno de los avances más importante que ha tenido el feminismo en esta legislatura.
Esta ley no es del Ministerio de Igualdad, sino que es fruto del empuje del movimiento feminista, que puso en el centro la necesidad de que hubiera un marco normativo que dotara de más instrumentos de prevención y de protección a las víctimas de violencia sexuales y que permitiera cambiar el paradigma de un Código Penal que no ha servido para proteger a las mujeres de esta violencias.
Yo quiero pensar que hay marco todavía para el diálogo y para la negociación. Se ha aprobado la toma en consideración, pero ahora queda una larga tramitación por delante, en la que espero que pueda haber espacio para el diálogo y a la negociación. Nosotras nunca hemos abandonado la mesa de negociación, ni la voluntad de llegar a un acuerdo, porque estamos convencidas de que es necesario que el Gobierno progresista, que ha facilitado que muchos derechos feministas se hayan publicado esta legislatura en el Boletín Oficial del Estado, es el que debe garantizar también una salida que no ponga en cuestión el consentimiento.
-Tal vez una de las cosas que más llamaron la atención durante esa sesión del Congreso fue la imagen de dos ministras de Podemos, Ione Bellarra e Irene Montero, solas en la bancada azul del Congreso. ¿Tienen la percepción de que las han dejado solas? Creo que lo importante es la toma de posición que ayer, a través del voto, expresaron los grupos parlamentarios. Evidentemente hay una discrepancia política profunda con el otro socio de del Gobierno, porque, efectivamente, el planteamiento que sostiene la ley de libertad sexual es el de poner el consentimiento en el centro y la propuesta que ayer [por el martes] se ponía sobre la mesa, y sobre la que se pronunciaron los grupos parlamentarios, fue admitir un debate para cuestionar precisamente el consentimiento. Por tanto, hay una discrepancia política profunda y esa escena viene a expresar lo que después sucedió en la votación y la postura de los distintos grupos parlamentarios. Insisto, lo que realmente nos preocupa es la posibilidad de que el Partido Socialista mantenga esa alianza con la derecha a lo largo de la de la tramitación y que eso pueda acabar teniendo como resultado un retroceso en los derechos de las mujeres. Y ojalá podamos resolverlo.
-El pasado martes, mientras se votaba la propuesta del PSOE, entraba en vigor toda la otra parte de la ley del 'solo sí es sí' que no es la penal, sino el grueso de las medidas del Ministerio de Igualdad que tienen que ver con la prevención, la protección, la formación... Es decir, que se está planteando el cambio de una ley que prácticamente no ha entrado plenamente en vigor. Efectivamente, ha entrado ya en vigor justamente de lo que hemos estado hablando en nuestra campaña, sobre la necesidad de educación sexual. La ley de libertad sexual tiene un bloque importantísimo para el avance feminista y de una cultura sexual del consentimiento, que sitúa en la centralidad la educación sexual, e incorpora la pedagogía feminista en el marco normativo para hacer posible que todos los niños y que todas las niñas tengan garantizado el derecho a la educación sexual. También recoge todo lo que tiene que ver con los centros de crisis 24 horas, que van a permitir que exista una red de servicio público para atender a las víctimas de violencia sexual, la hayan sufrido cuando la hayan sufrido, con servicios de asistencia psicológica, asistencia jurídica, una asistencia integral. Esto va a permitir, entre otras cosas, que ese 8% de víctimas de violencia sexual que denuncia sea un porcentaje mayor y que podamos dar una respuesta integral a todas las víctimas, hayan denunciado o no. Probablemente eso sea lo más relevante de la ley, y es de lo que menos se está hablando y lo menos conocido.
-Este 8M el movimiento feminista ha salido dividido a las calles. ¿Cree que desde Igualdad hay responsabilidad en esta situación? Creo que lo importante es que las mujeres y las feministas salgamos a la calle el 8 de marzo y ocupemos el espacio público para seguir avanzando en la agenda feminista; y también para seguir situando el consentimiento en el centro desde las movilizaciones. Teniendo también muy clara cuál es la gran agenda política que nos queda todavía por delante en materia de brecha de género en el ámbito laboral, precariedad en el ámbito de los cuidados, etcétera... Una agenda se sigue viva y que vamos a seguir defendiendo.
El feminismo siempre ha tenido discrepancias y siempre ha incubado debates fuertes y encendidos en torno a algunos temas. Eso no es nuevo. Pero lo que en ningún caso se puede tolerar es cruzar la línea de los discursos de odio. Discursos que le faltan el respeto a un colectivo que lleva toda la vida siendo excluido y marginado como es el trans. Y esto, tristemente, es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, donde se han traspasado algunas líneas más allá del debate respetuoso. Y en un contexto donde sabemos que entre los delitos de odio contra la infancia uno de los principales es precisamente la LGTBIfobia, nos toca hacer una reflexión sobre cómo determinado discurso, determinadas posiciones y determinadas formas en la manera de plantearlo, están contribuyendo a extender ese odio.
Pero insisto, hay debates abiertos desde hace décadas y que no son de ahora, entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, sobre como se abordaba todo lo que tiene que ver con los cuidados. Y hay debates políticos que se pueden y se deben tener, siempre que no se esté poniendo en cuestión la mera existencia de un colectivo. Lo que hemos visto en el debate de la ley trans ha sido el cuestionamiento del derecho a asistir de un colectivo. Una línea que no debemos permitir que se tratar en feminismo y menos aún nosotras, que somos responsable de Instituciones de un del Gobierno.
Nosotras defendemos un feminismo que es transincluyente. De la misma manera que en el año 2018, cuando salimos a la huelga feminista, las mujeres trans formaron parte de esa convocatoria, y participaron en la lectura del manifiesto y de las alianzas que el movimiento feminista mantiene desde hace década con el colectivo LGTBI y el trans.
-Hace pocos días se aprobó la reforma de la ley del aborto que tiene importantes novedades. Entre ellas, el objetivo de que las interrupciones de embarazos se hagan en hospitales públicos cercanos a las mujeres. ¿Cuándo una mujer podrá comenzar a ejercer este derecho? La semana pasada se publicó [la ley] en el Boletín Oficial del Estado, y ahora comienza el proceso de implementación de la norma. Para esto, se tienen que poner en marcha algunos instrumentos que contempla la norma. Entre ellos, el registro de objetores que va a tener que hacer cada comunidad autónoma, y que es el instrumento que va a permitir a las Consejerías de Sanidad organizar a su personal para garantizar el acceso al aborto en los hospitales públicos. Por tanto, esta es la primera tarea para que esto pueda ser así. La ley no establece un plazo para esto. Vamos a estar muy vigilante en el marco de la Conferencia Sectorial de Sanidad para que se garantice que estos registros de objetores de conciencia se ponen en marcha.
-Temen que algunas comunidades autónomas no respeten la elaboración de estas listas de objetores. Algunas gobernadas por el PP se han mostrado contrarias. Las comunidades autónomas tienen que cumplir la ley igual que cualquier hijo de vecino; y estamos hablando de una ley orgánica que establece de manera muy clara cuáles son las obligaciones que las autonomías tienen que asumir. Efectivamente, el ámbito de los derechos feministas y, en particular, todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, está en el centro de la disputa política. No sólo en España, sino también en Europa y a nivel internacional. En el Encuentro Internacional Feminista de hace unos días hablábamos precisamente de la existencia de un lobby que opera desde el ámbito político y desde otros para que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres así como el derecho de soberanía sobre nuestros cuerpos se reduzcan.
Cabe esperar que haya resistencia por parte de algunas comunidades autónomas que están gobernadas por organizaciones políticas que votaron a favor de la toma en consideración de la reforma de la ley del sólo sí es sí y que cuestionan el derecho al aborto y a la educación sexual.
Pero hay que desplegar todos los instrumentos de los que dispone el Estado para garantizar que esta ley, que regula derechos tan fundamentales como los derechos sexuales y reproductivos, se cumple en todos los extremos en todos los territorios.
-¿Qué otras cosas quedan aún por conseguir antes del final de la legislatura? Hay tres líneas que tenemos que fortalecer. Una tiene que ver con los cuidados. Hemos hecho un trabajo con el plan Corresponsable, que es una política pública pionera, con dotación presupuestaria modesta, pero que está permitiendo que en las comunidades autónomas se pongan en marcha bolsas de cuidados para menores de 16 años. Hemos puesto en marcha el plan de choque de atención a la dependencia y se está debatiendo del anteproyecto de ley de Familia.
Pero el gran tema y la gran política pública pendiente que tenemos, y a la que hay que darle un acelerón en este año escaso que queda de legislatura, es la política de cuidados. Garantizar que se reconoce el derecho universal al cuidado con todo lo que eso significa. Y esto pasa y por aprobar una estrategia estatal de cuidados que nos permita desarrollar ese principio de corresponsabilidad en un sentido fuerte. Cómo fortalecemos se los servicios públicos de atención a la dependencia, pero también de la educación infantil de cero a tres años. Cómo hacemos para que ese paso que hemos dado con la aprobación del Convenio 189 de la OIT se traduzca en algo más que el reconocimiento del derecho de desempleo de las trabajadoras del hogar y vayamos a una profesionalización del sector de los cuidados.
Esto no es un nuevo mantra, sino que implica una transformación profunda del modelo económico, y también de donde se ponen los recursos públicos. También es necesario que miremos cómo la asunción de los trabajos de cuidado y la debilidad de las políticas de conciliación que tenemos en nuestro país no penalicen a la mujer en el ámbito de la participación social y la participación política.
En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el eje de la educación sexual. Ya está reconocida como derecho no solo en la Lomloe, sino en el todo el paquete legislativo de Igualdad, en la ley del aborto y de la Ley de Libertad Sexual. Ahora, tenemos que conseguir que la educación sexual salga del BOE, llegue al aula y que eso se traduzca en que los y las docentes dispongan de herramientas didácticas y de tiempo para recibir una formación especializada que permita que la educación sexual se incorpore de manera efectiva en todo el currículum educativo desde la infancia.
Es necesario reconocer que la educación sexual juega un papel palanca que permite ejercer otros derechos de ciudadanía. Por eso este 8 de marzo hemos querido que la conversación en la campaña institucional gire en torno a esto. Porque hablar de educación sexual es hablar de que las personas puedan amar a quien quieran; puedan tener relaciones sexuales sanas basada en el placer; poder hablar también de que no es normal tener menstruaciones dolorosas... O sea, poner sobre la mesa todo esto y situarlo como una política llave que si no está condiciona a las personas, pero especialmente a las mujeres, a poder acceder a los derechos de ciudadanía.
Y en tercer lugar, fortalecer todo el trabajo que estamos haciendo en el ámbito laboral. El Instituto [de las Mujeres] tiene un trabajo importante en el desarrollo de todas las herramientas que contemplan los Reales Decretos de igualdad retributiva y de planes de igualdad.
-¿Veremos la educación sexual y en igualdad? Porque llevamos muchos años hablando de que es necesaria, está incluida en diversas leyes desde hace casi 20 años, pero no se pone en marcha. Ya se han perdido muchas generaciones. Hay muchas resistencias. La pregunta que nos hacemos siempre es a quién se ha beneficiado el que no haya educación sexual en las escuelas. A quién ha beneficiado que los niños y la niña no dispongan de herramientas para identificar cuando están siendo víctimas de abuso y tener herramientas para para comunicarlo.
Efectivamente, hay resistencias poderosas a que esto se abra paso, porque cuando abordamos la educación sexual de lo que estamos hablando es de en qué lugar estamos las mujeres. Si como un objeto o como un sujeto con posibilidad de desear, con posibilidad de tener placer, con posibilidad de hacer. Hemos reforzado los marcos normativos pero obviamente el hecho de que estén incluidos en muchas leyes no ha supuesto una garantía de que llegara al aula. La clave en esto, como casi en todo, es que siga estando en la agenda feminista, que lo está desde haca mucho, pero sobre todo en la agenda política.
Hay un compromiso del Ministerio de Igualdad, por supuesto, pero también del Ministerio de Educación de abordar cómo los equipos docentes disponen de herramienta, cómo se tienen metodología adecuada también a la necesidad y a las demandas de los propios niños y niñas para que sean más útiles dentro del aula. Es necesario también modificar los libros de texto para incorporar contenidos que pongan en valor los saberes, los aportes de las mujeres en las distintas áreas de conocimiento.
-La decisión sobre la reforma de la ley del 'sólo sí es sí' puede acabar rompiendo el gobierno de coalición o llegará al final de la legislatura? Creo que el Gobierno va a llegar al final de la legislatura. No vamos a negar que hay un problema político de primer orden que se escenificó este martes, pero hay marco para el diálogo y para el acuerdo. Y tenemos el mandato de la ciudadanía y el mandato también feminista de cuidar al Gobierno de coalición y de cuidar al Ministerio de Igualdad. Es el segundo que tiene este país y sabemos que cuando existe un Ministerio de Igualdad en el Gobierno de España es cuando se han producido los principales avances en materia de derechos feministas.
Sucedió en la legislatura de Rodríguez Zapatero con la ley integral contra la Violencia de Género, con la Ley de Igualdad y después con la Ley del aborto 2010. Y ha sucedido en esta legislatura con un paquete legislativo que supone un avance en derechos con pocos precedentes.
En un contexto en el que la ofensiva patriarcal, la ofensiva misógina, es tan violenta y tan beligerante, no podemos permitirnos que este Ministerio y que este Gobierno no sigan adelante.
Por tanto, esa es la tarea que tenemos por delante y a la que Ministerio de Igualdad y todo el equipo, con la ministra a la cabeza, lleva entregado desde hace meses: cuidar al Gobierno, al Ministerio de Igualdad, cuidar que el consentimiento siga en el centro, y que siga siendo reconocido como uno de los principales derechos que hemos conseguido en esta legislatura.
