El Gobierno del PSOE ha
anunciado una serie de medidas en materia de alquiler de vivienda,
que consideramos no solo insuficientes, si no que no serán efectivas
a la hora de garantizar el acceso a un bien de primera necesidad,
como es la vivienda, y poner coto a la especulación.
El régimen del 78 sigue
sin ser siquiera capaz de garantizar el cumplimiento del artículo 47
de la Constitución, que solo es invocada por algunos para anteponer
el pago de la deuda a cualquier otro derecho o de cercenar derechos
fundamentales.
Entre las propuestas
planteadas está la construcción de 20.000 nuevas viviendas.
A este respecto es
importante recordar que hay tres millones y medio de viviendas vacías
según los datos de la última encuesta del INE. Estas viviendas se
encuentran en manos de entidades bancarias, inmobiliarias y
financieras (entre ellas los llamados fondos buitres), muchas de
ellas rescatadas con dinero público. Con una densidad de población
tan baja como la que tenemos y una cantidad tal de viviendas vacías
resulta ilógico seguir invirtiendo en la construcción de nuevas
viviendas.
Frente a la construcción
de vivienda nueva, por tanto, planteamos recuperar esas viviendas que
actualmente son titularidad de las entidades financieras rescatadas
por todas y todas, mediante los mecanismos de cesión, reversión o
expropiación, situando su precio en el costo de construcción.
Integrando todos esos inmuebles en un parque público de vivienda en
alquiler.
Además de ser una
herramienta útil para controlar de forma efectiva los precios,
acabaría con la posibilidad de especulación y sería más rápida,
pues esas viviendas ya existen. Estas viviendas deben ofrecerse a
precios fijos, allá donde sea necesario (no sólo donde la
especulación se haya cebado con los precios), que en ningún caso
supere el 20 % de los ingresos familiares.
Y especial y urgente
atención merecen las cientos de miles de personas sin recursos y las
jóvenes que merecen poder desarrollar un proyecto de vida digna.
Respecto a la propuesta
de incentivos fiscales para los propietarios, teniendo en cuenta como
hemos ya analizado que la mayor parte de las viviendas vacías están
en manos de entidades financieras, los "grandes tenedores",
es evidente que lo que menos hay que fomentar es que paguen aún
menos impuestos. Precisamente para que las viviendas se pongan en
circulación es necesario sancionar la tenencia de vivienda vacía,
para lo que es imprescindible desarrollar una nueva ley de vivienda
que recoja estos conceptos y los unifique para su aplicación en todo
el país.
Por lo que se refiere a
la propuesta de reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU),
con la vuelta a la regulación anterior que establecía los cinco
años de duración del contrato de arrendamiento frente a los tres
aprobados por el PP, limitar las fianzas y proteger a las personas
inquilinas en caso de venta de la casa, aunque suponen avances frente
a la situación actual son absolutamente insuficientes.
El PCE y la UJCE
planteamos:
1.- Proteger a las
inquilinas de los abusos cotidianos en materia de alquiler. Es
preciso garantizar condiciones de habitabilidad dignas.
2.- Limitar los precios
de alquiler con baremos administrativos.
3.- Ampliar más la
duración de los contratos.
4.- Impedir el desahucio
mientras el arrendatario no tenga una solución habitacional.
Por otra parte, se han
anunciado también ayudas al alquiler y la compra aprobadas en el
Plan de Vivienda 2018-2021. Este tipo de ayudas se han venido
demostrando ineficaces pues se trata de transferencias de dinero que
van directamente de las arcas públicas a los beneficios privados. No
se trata de pagar a toda costa los precios desorbitados de las
viviendas, si no de controlar esos precios para evitar los abusos.
Esta medida es por tanto no sólo ineficaz si no que sigue
contribuyendo al trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital
mediante aportaciones públicas, es decir, lo de todas y todos
nuevamente al servicio de los intereses financieros.
El movimiento en defensa
de la vivienda digna lleva años reivindicando una nueva ley de
vivienda. La última ILP, que fue vetada por el PP y Cuidadanos,
tiene una nueva oportunidad de ser debatida en el Congreso. Debe ser
el inicio de un debate profundo y transversal en torno al modelo de
acceso a la vivienda que tenemos en España, así como de las medidas
más urgentes que deber ser ya adoptadas: el fin de los desahucios
sin alternativa habitacional, la creación de un parque de vivienda
público con alquileres sociales, la regulación del alquiler
asequible y estable y el fin de los cortes de suministros.
El PCE y la UJCE
reiteramos nuestro total apoyo a las medidas que se plantean desde el
movimiento por el derecho a la vivienda digna y seguimos exigiendo
que se garantice el acceso a la vivienda como derecho básico y
fundamental de toda persona.
¡LA VIVIENDA ES UN
DERECHO, NO UN NEGOCIO!
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