Alberto Garzón
Coordinador Federal de
Izquierda Unida
El pasado 22 de febrero
los alrededores del Congreso se llenaron de manifestantes, la inmensa
mayoría jubilados y jubiladas, exigiendo pensiones dignas. La
convocatoria pública la había realizado la Coordinadora de
Pensionistas en Defensa del Sistema Público de Pensiones, y fue todo
un éxito. Es más, el resultado ha sido tan importante que pilló
descolocado al propio Gobierno. Aunque seguro que no sólo al
Gobierno. Obsérvese un detalle al respecto.
Normalmente el Gobierno
no permite ese tipo de concentraciones, entre otras cosas por la
existencia de un controvertido artículo 494 del código penal que
amenaza con penas de prisión a los que se manifiesten ante las sedes
del Congreso de los Diputados. Sin embargo, es habitual que se
permitan pequeñas concentraciones de no más de una decena de
personas en la plaza de las Cortes, justo enfrente de los «leones».
De estas hay muchas cada semana. Probablemente el Gobierno esperara
encontrarse con algo de este tipo, pues jamás habría permitido que
miles de personas desbordaran los alrededores del Congreso
evocándonos las manifestaciones de 2012. El impacto simbólico de
rodear un Congreso como protesta por la política del Gobierno o de
su sistema político es enorme, y un Gobierno en minoría no puede
permitirse ese lujo.
Los diputados de IU-Unidos Podemos, entre ellos la comunista malagueña Eva Garcia Sempere a las puertas del Congreso apoyando la masiva movilización de pensionistas
De hecho, cuando bajé a
la manifestación me encontré con un panorama similar al de las
manifestaciones del 2012. Entre los manifestantes había de todos los
perfiles políticos. Muchos votantes de IU, PCE y de Podemos, pero
también del PSOE. Incluso algunos me confirmaron que eran votantes
del PP, aunque probablemente no estuvieran ya muy convencidos de
repetir. Había personas muy politizadas, que eran militantes de
nuestra organización, pero también personas que era la primera vez
que bajaban a una manifestación. Había personas con pensiones
medias y altas, y también personas que disfrutaban de una pensión
ridícula. Hubo un señor que se me acercó llorando y que me dijo,
casi sin poder articular las frases, que lo estaba pasando muy mal y
que teníamos que hacer algo. Su cara, su forma de expresarse y sus
palabras eran propias de alguien que estaba al límite.
Las pensiones es uno de
los derechos más importantes que tenemos conquistado en nuestro
país. En realidad es parte de nuestro salario. Forman parte de lo
que se llama salario social y que incluye el salario directo (nuestra
nómina), el salario indirecto (los servicios públicos financiados
con impuestos) y el salario diferido (las pensiones). En nuestro país
el sistema es además un ejemplo de solidaridad generacional, ya que
disfrutamos del llamado «sistema de reparto» que permite que las
cotizaciones sociales de las personas que trabajan hoy sean las que
financian las pensiones de las personas jubiladas hoy. Y mueve una
gran cantidad de dinero que es también un codiciado tesoro para las
entidades financieras, motivo por el cual desde hace décadas
promueven la privatización parcial o total del sistema. Una
privatización que conllevaría el empobrecimiento de los
pensionistas más pobres pero también, muy probablemente, el del
resto de los jubilados puesto que su sistema se basa en el
rendimiento de inversiones que no siempre salen bien.
Sobre todo esto ya
escribimos hace ya ocho años un libro de acceso gratuito titulado
¿Están en peligro las pensiones públicas? (pdf) y que tuvo un
enorme éxito de difusión. Pero entonces, a partir de 2010, todos
los intentos que habíamos puesto en marcha desde las organizaciones
políticas de izquierdas para movilizar al conjunto de pensionistas
habían sido en vano. Iniciamos varias campañas políticas que
apenas se tradujeron en pequeñas concentraciones públicas y
bastantes actos para hacer pedagogía. El sector de mayor edad de
nuestra población se mostraba aparentemente pasivo ante los recortes
que bien se venían encima o que bien directamente se produjeron con
las reformas de 2011 (PSOE) y de 2013 (PP). Algunos analistas
achacaban al carácter conservador de este sector poblacional la
causa de este comportamiento. Aun hoy, y según el CIS, de los
votantes mayores de 65 años el 28,8% vota PP, el 19% PSOE, el 10,9%
a Ciudadanos y sólo un 3% vota a Podemos, IU y las confluencias. Un
importante contraste con los votantes entre 18 a 24 años (6,3% PP,
11,5% PSOE, 8,4% Ciudadanos y 23% Podemos, IU y las confluencias).
Todo esto hasta ahora.
Algo se ha activado en esos sectores poblaciones y ha provocado una
intensísima movilización como fue la del pasado jueves. Pero no se
va a quedar ahí. Uno de los manifestantes me dijo: «esto sólo
acaba de empezar». Es muy probable que así sea, porque se dan las
condiciones desde hace mucho tiempo y episodios como los del pasado
jueves ayudan a crear una identificación común entre los
pensionistas que va más allá de lo electoral.
Todo esto coincide,
además, con la preparación de una gran movilización feminista para
el día 8 de marzo. El feminismo es ahora mismo, de lejos, uno de los
movimientos con más vida, conciencia y fuerza para transformar la
sociedad. No es homogéneo, por supuesto, pero sus reivindicaciones
son justas y son el vector por el que decenas de miles de mujeres y
hombres jóvenes se están politizando.
Mi impresión es que
vamos a entrar en una primavera en la que se va a ir recuperando la
movilización social, y en la que además ello servirá como viento
de cola para el crecimiento de los espacios electorales alternativos
al Régimen. Pues, y esto es para mí lo más importante a efectos
analíticos, estas movilizaciones sociales son el claro reflejo de
que la crisis de régimen no se ha cerrado y de que existe en este
momento una tremenda disputa en torno al modelo de país que se va a
construir para las próximas décadas. ¿Qué país queremos para las
próximas generaciones? ¿Qué orden social imperará a partir de
ahora? Esas son parte de las preguntas a las que muchos colectivos
sociales y políticos, entre ellos los de pensionistas y feministas
pero también los que luchan por el soterramiento del AVE en Murcia o
contra la mina de uranio en Salamanca, están respondiendo con
movilización.
Ernesto Alba, Secretario Gral PCA y los concejales comunistas de IU-Málaga para la Gente del Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla y Remedios ramos en la movilización de los pensionistas
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