En los
periodos de crisis, el capital no renuncia a seguir obteniendo máximos
beneficios, y para ello sin escrúpulo alguno, eleva la explotación de la
inmensa mayoría, recortando derechos, precarizando la vida; así ha sido durante
los últimos diez años, que han empobrecido a la clase trabajadora y a nuestra
sociedad, esquilmando nuestros servicios públicos y nuestra economía
productiva.
La crisis
económica que estalló en septiembre de 2008, explicada en términos de
especulación del sistema financiero, la desregulación y la complejidad de la
globalización, se materializó en el debilitamiento aún mayor del estado de
bienestar, dejando servicios públicos esenciales en manos privadas y limitando,
cuando no destruyendo, la capacidad de negociación e intervención de la clase
trabajadora a través de sus organizaciones sindicales.
Las
políticas y medidas neoliberales aplicadas durante estos diez años de crisis,
han dejado atrás a la mayoría social y gran parte de la clase trabajadora no
solo no tiene garantizado salir de la pobreza, sino que tan siquiera tener un
empleo le ha asegurado no caer en ella.
La reforma
del PSOE del año 2010 supuso el abaratamiento del despido, un mayor ataque a la
capacidad de intervención de la clase trabajadora y ninguna medida para evitar
el fraude empresarial. El gobierno del PP multiplicó estas y otras medidas, a
pesar de que ya se habían demostrado erróneas, siendo la clase trabajadora una
vez más la perdedora y la obligada a pagar esa crisis que no había provocado,
para salvar a los responsables de la misma. El rescate bancario con dinero
público frente al abandono de millones de personas, es el ejemplo más claro y
vergonzante.
Diez años de
crisis en los que los beneficios empresariales no han dejado de crecer y
alcanzar máximos históricos de ganancia. Las políticas neoliberales de estos
años han permitido que, mientras las rentas de los más ricos (el 1% de la
población) crecieran un 24%, las rentas del trabajo de la mayoría (el 90%) no
se recuperen ni un 2% con respecto a los años anteriores al inicio de la
crisis, y muchas de nosotras en la franja inferior de esa media, cada vez más.
Los diez
años de crisis han golpeado de manera más dolorosa a las mujeres trabajadoras,
la juventud y las personas migrantes.
La crisis ha
situado a la juventud en una “normalidad” peligrosa, que imposibilita cualquier
proyecto de vida; la tasa de temporalidad entre la juventud trabajadora de 16 a
29 años se sitúa en un 55%; perverso escenario donde se desconoce dónde se
podrá estar trabajando al día siguiente, a la semana siguiente o si se seguirá
trabajando, lo que imposibilita cualquier proyecto de futuro personal y
dificulta la organización para enfrentar la situación y dar respuestas
colectivas.
Estos años
de crisis han agudizado la desigualdad y discriminación que soportan las
mujeres en su inserción en el mercado y en la asunción de las tareas de
cuidados. La desigualdad de las mujeres tiene un carácter estructural, pero
además la reaccionaria y neoliberal gestión de la crisis frenó la reducción de
la brecha de género: en 2018 la brecha de género se traduce en 6.000 euros
anuales, casi dos meses de empleo gratis prestado por las mujeres frente a sus
compañeros y engordando las carteras del capital.
Las
políticas de privatizaciones y externalizaciones de servicios afecto de manera
especial a las mujeres, en sectores muy feminizados que sufrieron recortes
salariales y precarización de condiciones laborales. Diez años de crisis que
han convertido la temporalidad y la parcialidad de los contratos en norma,
alcanzando al 50,3% de temporalidad y el 74,1% de jornadas parciales.
Estos diez
años de crisis y políticas neoliberales han golpeado de manera importante a las
personas migrantes, el desempleo y la precariedad se ha cebado con ellas
fundamentalmente mujeres y jóvenes. La ley de extranjería ha obligado a muchas
personas migrantes a aceptar condiciones laborales no sólo de precariedad sino
de explotación, golpeando fundamentalmente a las mujeres. La economía sumergida
tiene su causa en un sistema que niega los derechos humanos más básicos.
Y toda esta
situación, tiene su reflejo en un intolerable incremento de los accidentes
laborales, un aumento del 12´2% entre 2012 y 2018, aumento producido por la
situación de precariedad, y falta de medidas de seguridad en las empresas,
afectando de manera especial a trabajadores y trabajadoras de las pequeñas
empresas y sectores precarizados como la construcción.
El aumento
de accidentes laborales en trabajadores y trabajadoras con contrato fijo ha
sido de un 6% y en el caso de trabajadoras y trabajadores con contratos
temporales o parciales un 12%.
Ahora, ante
una situación de crisis sanitaria, económica y social como la que vivimos, las
y los comunistas somos necesarias, imprescindibles, para que la salida a la
misma no sea precisamente rescatando al poder financiero, sino trabajando
porque la clase obrera no se deje a nadie atrás, y construyendo poder popular
para una nueva realidad, imprescindible para mantener la vida y la dignidad de
ser vivida.
La clase trabajadora es la única insustituible
para sacar adelante una sociedad. Organización y lucha para reconstruir el
país; una ofensiva social que debe de poner en el centro a la gente, la vida y
los cuidados.
Acto "La clase trabajadora frente al
Covid-19"
El jueves 30 de abril a las 18:00h (17:00h en
Canarias), sigue aquí en directo el acto "La clase trabajadora frente al
Covid-19", con Enrique Santiago (Secretario General del PCE), Unai Sordo
(Secretario General de CCOO), Pepe Álvarez (Secretario General de UGT) y Anabel
Segado (Secretario de Movimiento Obrero del PCE)
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