El concejal
portavoz de Adelante Málaga, confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el
Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla, considera que el decretazo aprobado
por el gobierno andaluz de PP y Cs, con el apoyo de VOX, supone “un atentado a
la autonomía local y la apertura formal de la veda a la especulación
urbanística, la depredación ambiental y el abandono a su suerte definitivo del
pequeño y mediano comercio y las PYMES malagueñas, así como un golpe de mano al
pluralismo y la independencia informativa”.
Adelante
critica que el denominado oficialmente Decreto Ley 2/2020 de 9 de marzo de
Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad
Productiva en Andalucía, se haya aprobado en un proceso carente de las
garantías y de la participación necesaria para un texto normativo que modifica
21 leyes, 6 decretos y 10 normas legales andaluzas. También está salpicado de
manipulación, ya que el gobierno andaluz lo ha justificado en la necesidad de
anticiparse en la acción contra el impacto del coronavirus, cuando lo cierto es
que su elaboración comenzó hace más de un año”.
Zorrilla
explica que “una de las áreas en las que más dañino es este decreto es la
gestión urbanística, pues sustituye muchas competencias municipales e incluso
permite obligar a los ayuntamientos a cambiar los PGOU o a forzar a que se
aprueben determinados proyectos urbanísticos, a la vez que se reducen los
plazos de informe de adecuación de la Junta desde los tres meses a solo un mes,
lo que en la práctica supondrá múltiples aprobaciones por silencio
administrativo”.
Adelante
informa de que el decretazo “también amplía las actuaciones que pueden ser
objeto de la Declaración de Interés Autonómico, lo que permitirá que se apruebe
cualquier proyecto si lo considera la Junta, aunque sea en un terreno que un
ayuntamiento tenga protegido”.
En cuanto a
Málaga, Zorrilla anticipa que “estas modificaciones permiten que el gobierno
andaluz pueda obligar al ayuntamiento a aprobar modificaciones del PGOU, por
ejemplo respecto a la consideración de suelos no urbanizables de áreas de
interés ecológico, al norte de la ronda este, por ejemplo. Así como que
cualquier proyecto especulativo pueda ser aprobado por la Junta, con absoluta
celeridad y sin informe técnico, por silencio administrativo”.
APERTURA DE
LA VEDA PARA LA DEPREDACIÓN AMBIENTAL
La concejal
portavoz adjunta de Adelante, Paqui Macías, explica que “con las
modificaciones, la Junta podrá permitir la aprobación de infraestructuras de
tipo turístico o industrial en suelo no urbanizable con total facilidad”.
Especialmente
relevante para Málaga, debido al carácter estratégico de los terrenos de los
antiguos depósitos de Repsol, es la modificación del Reglamento que regula el
régimen aplicable a los suelos contaminados, “permitiéndose en los proyectos de
recuperación voluntaria dejar los suelos contaminados confinados en el lugar
donde se encuentren”, denuncia Macías.
La concejala
de Adelante informa de que “también se modifica el Reglamento de Vertidos al
Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre, para
eliminar la obligación de dotar de red de alcantarillado y depuración conjunta
de aguas residuales a las urbanizaciones ilegales que se pretendan legalizar,
al igual que se modifica la Ley de medidas frente al cambio climático,
eliminando la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y
servicios, auténticas aberraciones en materia ambiental. Además, el Decreto
desincentiva los sistemas de producción de energía eléctrica a partir de
energías renovables en su modalidad no retributiva”.
CARTA BLANCA
A LAS GRANDES SUPERFICIES Y A LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS
Por su
parte, el concejal de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, Nicolás
Sguiglia, alerta de que “el decreto supone la liberalización absoluta de
horarios para las grandes superficies. En las Zonas de Gran Afluencia
turística, como Málaga, ya no se otorgará por periodos de tiempo y espacios
concretos, afectará a todo el municipio durante el año completo, un golpe letal
a las PYMES y los pequeños y medianos comercios de los barrios malagueños”.
En relación
a las viviendas de uso turístico, Sguiglia advierte de que “se les dará la
misma consideración que a los hoteles y complejos vacacionales, permitiéndose
que todos los alojamientos destinados a esa actividad puedan constituirse como
propiedad horizontal, por lo que podrán constituir su propia comunidad de
vecinos, independiente de la ya establecida de por sí en el bloque donde estén
los apartamentos. A la vez, se abre el mercado de la organización de viajes a
cualquier tipo de empresas, no solo a las agencias especializadas en este
sector estratégico”.
En cuanto a
las implicación relacionadas con el sector audiovisual, el decretazo legaliza
emisoras ilegales y, bajo el argumento de que algunos ayuntamientos no pueden
mantener sus propias radios o televisiones municipales por falta de medios, se
permite licenciarlas a otras empresas, incluso de ámbito nacional, un extremo
que, a juicio de Zorrilla, “reduce la ya de por sí escasa pluralidad
informativa y la independencia de los profesionales del periodismo”.
Además, permite a los concesionarios emitir
desde cualquier otro municipio e, incluso, no contar con trabajadores en el
municipio en el que esté radicada la licencia, una práctica que pone en jaque
las experiencias de radios comunitarias, como Onda Color en Málaga
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