Enrique Santiago compara con una “actitud terrorista” la difusión de ciberbulos y los ataques a las instituciones del Estado que algunos ejecutan con la excusa del Covid-19

El portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Comisión de Interior,  diputado de Izquierda Unida y Secretario General del PCE, Enrique Santiago, ha comparado hoy con una “actitud terrorista” la difusión de ciberbulos y los ataques a las instituciones del Estado que se están produciendo con la excusa de la crisis por la pandemia del Covid-19.

Santiago advirtió de que “no es aceptable que en este momento se haga política con la muerte o se mienta”. Reconoció que “francamente, mentir en España no es delito” pero, parafraseando varios artículos del Código Penal, enumeró que “sí lo es en cualquier Estado democrático utilizar mentiras para transmitir señales falsas o engañosas, para injuriar o calumniar a altas instituciones del Estado, para afirmar falsamente o simular una situación de peligro para la comunidad, para promover, organizar o dirigir organizaciones criminales”.

El parlamentario y responsable federal de Interior de Izquierda Unida indicó al titular de este departamento, Fernando Grande-Marlaska, durante la comparecencia de éste en el Congreso que “yo no lo voy a definir, pero la Real Academia de la Lengua utiliza estas palabras para definir la actitud terrorista: ‘Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos’”.

Enrique Santiago apuntó que eso mismo es lo que ocurre estos días con las “fotos de ataúdes de naufragios en Italia presentados como si fueran muertos que ocultaba el Gobierno, cadáveres en hospitales del Ecuador presentados como escondidos en hospitales españoles o almacenes de papel de fotocopias presentados como almacenes de EPIS que el Gobierno enviaba a otro país”.

El portavoz de Interior de Unidas Podemos, como es su costumbre, había dedicado sus primeras palabras a trasladar su solidaridad “hacia todas las personas enfermas y en especial a las familias de los fallecidos”, así como a “agradecer a todas las trabajadoras, funcionarias y servidoras públicas, en femenino y masculino, que están trabajando estos días intensamente para protegernos en esta emergencia sanitaria”.

En esta comparecencia indicó en especial que correspondía hacerlo también “a los funcionarios/as del Ministerio del Interior, tanto a los que realizan tareas civiles, a los que muchas veces olvidamos, como a los que trabajan en orden público”.

Valoró que durante el estado de alarma, “no hemos estado ante un problema de orden público, fundamentalmente por la actitud responsable y colaborada de las personas que viven en nuestro país, y nos felicitamos por ello”.

“Desgraciadamente -detalló-, sí se han provocado problemas de crispación y convivencia debido a las mentiras y bulos difundidos, y yo sí creo que con la única finalidad de desestabilizar las instituciones del Estado, y por supuesto al Gobierno”.

Advirtió tajante que “a diferencia del comportamiento de las formaciones políticas de oposición en la mayoría de los países europeos, que han cerrado filas con sus gobiernos, aquí nos ha tocado otra oposición, especialmente la de la derecha”. Apostilló con ironía que “para ser una oposición ‘censurada’ sale constantemente en la televisión y en la prensa”.

Con la misma vehemencia explicó que “hemos asistido a una utilización oportunista de la emergencia sanitaria. Son 70 días desde que el Gobierno se enfrenta a ella y claro que ha habido errores, por supuesto que sí”. “Y lo digo claro, los aciertos en la gestión de Interior corresponden a su ministro y los errores corresponden a todos los grupos políticos que apoyamos a este Gobierno. Lo digo con toda contundencia para que no quede ninguna duda”, señaló. “Pero también digo que dificultar el trabajo de las instituciones es arrojar piedras sobre el tejado de todos los españoles”.

Enrique Santiago, abogado de profesión, aseguró a los/as portavoces de otros grupos que “como aquí se ha hablado de jueces, pues yo también voy a citar resoluciones judiciales, como la de un juzgado de Madrid que ha dicho que ‘en situaciones calamitosas, es necesaria la unidad de acción. En ello radica el auténtico patriotismo’.

Valoró que al Ministerio del Interior “se le podrá censurar por muchas cosas, pero no por actuar desproporcionadamente” en la persecución de los delitos denunciados. Y puso un claro ejemplo para ilustrarlo: “uno de los mayores difusores de bulos es un subinspector de la Policía Nacional, el señor Perdiguero, que sigue en activo, por lo que creo que Interior no se está caracterizando precisamente por perseguir de forma tremenda a los que difunden estos bulos, sino utilizando la ponderación y las garantías de la legislación”.

Indicó también a Grande-Marlaska que “cualquier demócrata debe saber proteger a los servidores en los momentos más delicados. La actitud de linchamiento que está haciendo la ultraderecha y la derecha al general de la Guardia Civil Santiago me parece sorprendente”.

Consideró “obvio”, frente a los ataques políticos y mediáticos contra este mando, que cuando el general habló en una rueda de prensa “de instituciones se refiere a instituciones del Estado; o díganme una sola ‘institución del Gobierno’, yo no conozco ninguna, a no ser que confundan los jardines de la Moncloa con una institución”.

“Sí le pido al ministro que protejamos a los oficiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de esta oposición desaprensiva y antipatriótica que por desgracia tiene España” y para eso es mejor no exponerles a tareas que no les corresponden realizar, como las de comunicación.

Enrique Santiago reconoció no sin cierto tono crítico que “me alegro de que el ministro haga hincapié en la necesidad de difundir los valores de la seguridad humana en todo el proceso que viene de reconstrucción de España, pero empecemos ya, con la necesidad de proporcionalidad y congruencia”.

“Lo digo claramente -comentó a Grande-Marlaska-, en todos los países del mundo y en cualquier Estado de Derecho hay excesos, usos y abusos de la fuerza en los cuerpos de seguridad del Estado, pero ese no es problema, sino las medidas que se toman para que esos supuestos sean los menos posibles y por erradicarlos”.

Recomendó al titular de Interior que lo mejor es acogerse “a un criterio para velar por el cumplimiento del estado de alarma que limite la litigiosidad, que ya habrá bastante. No utilicemos la Ley de Seguridad Ciudadana y sí, por ejemplo, las leyes de salud pública, que ya establecen niveles de infracciones para controlar esta situación de obligada reclusión por la pandemia”.

Santiago dedicó una parte significativa de su intervención a advertir que “sí nos preocupa mucho el conflicto que se organizó estos días con los ‘raiders’, un sector muy mal pagado y que se ha convertido en una tarea esencial para el funcionamiento del país”. Denunció que mientras “las empresas que los contratan han tenido la ‘brillante’ idea de reducirles los pagos a un 50% en medio de esta crisis, algo escandaloso”, ahora también se enfrentan a posibles sanciones de Interior “por la protesta laboral del otro día en Madrid, que en absoluto alteró el orden público ni la circulación, entre otras cosas porque no había circulación”.

Por ello, reclamó directamente a Grande-Marlaska que actúe desde su ministerio “con la misma ponderación” que empleó en otras protestas, como la que hubo a comienzos de marzo frente al Congreso, protagonizada por policías que cortaron la calle varias horas y provocaron altercados sin que se conozca ningún tipo de represalia oficial.

Enrique Santiago concluyó su intervención reclamando también mayor atención en estas circunstancias por parte de Interior a todas las asociaciones y sindicatos que representan a los agentes de los distintos cuerpos.

Tras reunirse la semana pasada por videoconferencia con representantes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y conocer de primera mano que los agentes de este cuerpo doblan en tasa de infección por coronavirus a los de la Policía Nacional, reclamó al ministro que preste una especial atención al diálogo con los representantes de los/as guardias civiles.