Eduardo Zorrilla
Portavoz de IU-Málaga para la Gente en el Ayuntamiento de Málaga y
miembro de la dirección del PCA
Desde que el 11 de diciembre de 2014 el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea exigió a España la reforma
de la estiba, el gobierno del PP demostró que su objetivo no era la estabilidad
del sector. El Gobierno trató de aprobar un Real Decreto Ley sin apoyo alguno,
ni de los sindicatos, ni de la patronal, ni del resto de grupos parlamentarios,
recibiendo el primer gran varapalo de la legislatura.
Lejos de recibir el mensaje del Congreso, el Gobierno, con un modus
operandi similar al utilizado para la aprobación de los presupuestos, se lanzó
a la compra de votos a saldo, incluyendo los de la trama del “caso Palau”, para
aprobar un nuevo Real Decreto.
El Real Decreto 8/2017 va mucho más allá de las exigencias del TJUE, y
los trabajadores y trabajadoras han venido proponiendo soluciones posibles,
algunas de las cuales llegaron a firmarse y acordarse con la patronal del
sector.
Lo que realmente pretende el gobierno del PP es despedir
progresivamente a los 6.200 estibadores de toda España, con un ERE encubierto y
pagado con el dinero público, y sustituirlos con empleos precarizados. Para
conseguir este objetivo, se ha puesto en marcha una campaña de demonización de
los estibadores ante la opinión pública, un colectivo que ha demostrado ser un
ejemplo de lucha y solidaridad obrera en todo el mundo con el que el gobierno
quiere acabar.
Sin embargo, las condiciones laborales de los estibadores no son
fáciles. Una parte principal de su sueldo depende de la productividad, y según
su convenio pueden ser avisados tan sólo una hora antes para desempeñar su
jornada. Tampoco se habla de la alta siniestralidad en los puertos.
La ruptura de la paz social en los puertos sin razones objetivas para
ello, un sector en máximos históricos, pues ello ha supuesto ya pérdidas de más
de 150 millones de euros en todo el país.
Tras casi cinco meses de conflicto desde que el Gobierno anunció su
intención de liberalizar el sector de la estiba, los estibadores lograron
romper la unidad de la patronal alcanzando acuerdos parciales con grandes
compañías navieras a las que no le interesaba que la huelga continuara.
Finalmente, la patronal tuvo que ceder y firmar un acuerdo que garantiza el
mantenimiento del empleo y sustancialmente las condiciones de trabajo,
desconvocándose los paros programados en los puertos.
Con este acuerdo se pone en principio fin a un conflicto que se
extendía ya más de cuatro meses desde que a comienzos de febrero el Gobierno,
con la excusa de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, emprendió la liberalización de
la estiba.
La victoria de los estibadores supone no sólo un ejemplo de que con
determinación y unidad se puede vencer las agresiones contra los trabajadores,
que pretenden un retroceso en sus condiciones laborales, sino una victoria que
repercute positivamente en el resto de la clase trabajadora. No en vano, para
el gobierno del PP y la patronal, ganarle el pulso no era sólo un objetivo
parcial, sino el primer objetivo de una serie de sectores en los que todavía se
conservan algunos derechos laborales y un empleo mínimamente digno.
Por ello, han vencido los estibadores, pero ha ganado toda la clase
obrera.
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