Esta querella anunciada ayer en las Cortes por Alberto Garzón en nombre de Unidad Popular-Izquierda
Unida, ha sido presentada esta mañana en el Tribunal Supremo contra el presidente
del Gobierno en
funciones, Mariano Rajoy, y el resto de su Consejo de Ministros por
suscribir lo que esta formación tacha como el “contrato criminal y de la
vergüenza” entre la Unión Europa (UE) y Turquía para expulsar a las
personas refugiadas y migrantes que lleguen a Europa hacia suelo turco.
Como ya denunció Garzón y la eurodiputada Marina Albiol Aludió, en todo momento al acuerdo UE-Turquía como “contrato” al que
se ha querido dar una “falsa apariencia de legalidad”. Éste lleva
aparejado que “Turquía hará de policía de fronteras por 6.000 millones
de euros. Es decir, otros hacen el trabajo sucio mientras la Unión
Europea hace la vista gorda a la masacre de los kurdos, a los recortes a
la libertad de expresión y a que Turquía ocupe la mitad de un país como
Chipre”.
“El objetivo no es otro que
expulsar a todas las personas que piden asilo, asumiendo que Turquía es
un país seguro, cuando no lo es”, como están cansadas de denunciar
organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o la propia
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
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