Durmió en
paradero desconocido y con protección policial la noche de antes. Acudió al
pleno de investidura del 7 de enero como si fuera un testigo protegido llegando
al tribunal para testificar contra la mafia. Era el diputado de Teruel Existe,
Tomás Guiarte. Quien no supiera el porqué de aquello tan anómalo, lo debió
advertir ipso facto escuchando las intervenciones de la oposición. Entre gritos
constantes, apelaciones guerracivilistas e insultos, se dijo por Casado y
Abascal que el país caía en manos de "golpistas" y
"terroristas". "No podemos considerar legítimo un Gobierno con
tan clara vocación totalitaria y que será investido con los votos de diputados
que realmente no lo son" proclamaba Abascal, pero Casado no se quedaba
atrás: "Entregándose a los peores radicales podrá ser presidente del
Gobierno, pero no podrá gobernar, y haremos todo lo que esté en nuestra mano
para que su tiempo sea breve". "No podrá gobernar", de eso va
todo esto.
Desde los
sectores reaccionarios de este país, en el que ha fallecido hace pocos días un
conocido torturador franquista con las medallas puestas, se lleva adelante un
plan desestabilizador en diversos frentes. Es una ofensiva total. Muchos
empujan para que el gobierno caiga y no importa si la democracia y la
convivencia pierden también. El riesgo de involución democrática se palpa en el
ambiente y se expresa de diversas maneras. La salida reaccionaria a la crisis
de régimen avanza en el bloque conservador porque, hay que repetirlo, seguimos
en crisis de régimen.
La violencia
política. En marzo de 1921 el diputado socialista Giacomo Matteotti denunciaba
en el parlamento italiano la violencia impune de los fascistas contra líderes
sindicales. Tres años después, en el parlamento, tras un histórico discurso en
el que volvió a poner el foco en la violencia de la ultraderecha terminó con un
"Yo ya he hecho mi discurso. Ahora os toca a vosotros preparar el discurso
fúnebre para mi entierro". Pocos días después, fue secuestrado y asesinado.
La violencia
política de la ultraderecha comienza a normalizarse cuando se oculta, se
presenta como anecdótica o se desliga de las estrategias políticas que la
motivan. Por eso es tan grave el silencio cómplice de tantos medios ante la
escalada de agresiones. Tras la manifestación convocada por VOX el 23 de mayo
(en la que se profirieron insultos y ataques contra viandantes y periodistas)
un sindicalista en Málaga sufrió una brutal agresión y una casa en Granada fue
allanada por otra banda fascista para retirar del balcón una bandera
republicana y, de paso, dar una paliza al músico Javier Cuesta. Los delitos de
odio están aumentando exponencialmente en España (ataques a "rojos",
homosexuales e inmigrantes, pintadas en sedes de partidos políticos, acoso en
las calles a diputados de izquierda, etc.) y parece que solo merecen la sección
de sucesos. Hay un despliegue de violencia guarimbera bajo insignias nazis y
franquistas. Es el sincretismo de esta ultraderecha española globalizada.
En Alemania
ya es un problema grave el terrorismo de ultraderecha y el gobierno ha
emprendido un plan para "reeducar" al ejército por la proliferación
de neonazis en su seno. Que en España tenemos un problema con determinados
grupos en el seno de las fuerzas de seguridad del Estado es un secreto a voces,
otro tabú de nuestra democracia.
Los bulos y
la crispación política. Además de arengas golpistas por dirigentes políticos y
de manifestaciones no autorizadas con consignas y símbolos exaltadores de la
violencia, a lo largo del confinamiento han abundado los bulos y hostigamientos
en redes sociales. Al respecto, la Policía Nacional alertó de una vasta
infraestructura digital con más de un millón y medio de cuentas digitales
destinadas a la intoxicación informativa. Tarea a la que se dedican medios como
OkDiario, cuyos voceros acuden a
programas televisivos de gran audiencia. Esta intoxicación constante está
dañando la convivencia. Alienta actitudes discriminatorias, genera odio y se
sirve de la frustración para promover posturas antidemocráticas. Lo de siempre
por parte de los de siempre en tiempos de crisis, pero ahora en con el poder de
las redes sociales. El propio secretario general de las Naciones Unidas alarmó
sobre esta estrategia desestabilizadora a lomos de la extensión de la pandemia.
La
normalización de discursos antidemocráticos. La proclama de odio en boca de un
cabeza rapada es fácil de filtrar por cualquier ciudadano de a pie. Pero qué
pasa cuando este discurso se cuela en la gran pantalla por boca de personas
ante las que no se tienen tantas precauciones. Telediario del mediodía en Canal
Sur, ente público andaluz, en el que una periodista, Mariló Montero, entrevista
a un policía (militante de VOX denunciado por difundir bulos), para dar pábulo
a una serie de mentiras sobre la persecución política del gobierno contra la
oposición. Desde otro programa de máxima audiencia, Ana Rosa Quintana (quien ya
dijo hace tiempo que los de VOX no son franquistas ni fascistas y que a quien
sí hay que temer es a los comunistas) dispensa una entrevista-masaje a Abascal
y sentencia que "las protestas (del distrito de Salamanca en las que
sacaron a pasear la enseña franquista) son de gente mayor pacífica" no
como los "antisistema, radicales, violentos". (Esta presentadora
sigue en antena después de emitir un vídeo falso sobre Irene Montero en la
manifestación del 8M). Este blanqueamiento del fascismo también lo vimos en
Espejo Público en una, famosa por demencial, entrevista de Susana Griso a
Abascal. Estos son solo algunos ejemplos de los tantos que diariamente suceden
en medios de comunicación de masas cuando se expresa equidistancia ("los
extremos se tocan", "todos son iguales"), se ocultan realidades
(¿abrió alguna tertulia, telediario o periódico respetable el allanamiento a la
casa de Javier Cuesta?) o se endulzan y justifican discursos antidemocráticos.
La negación
del debate político en el parlamento, el aznarismo. El Congreso de los
diputados es una caja de resonancia que emite sus ondas a todo el país. Sus
debates y estados de ánimo propician la tolerancia o, por el contrario, el odio
y la crispación social. Por eso resulta tan inquietante el tono y el mensaje de
las dos principales fuerzas de la oposición en el Congreso. Están tirando al
monte a sus propios electores, algo fácil en VOX pero más inaudito en el PP. La
portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, dice en sede parlamentaria el 27
de mayo a Pablo Iglesias "usted es el hijo de un terrorista. A esa
aristocracia pertenece usted, a la del crimen político" y en esa misma sesión
el diputado Egea (PP) sugiere la insubordinación de la Guardia Civil ante
decisiones "injustas", es decir, decisiones que no le gusten del
gobierno. Semanas antes la diputada de VOX, Macarena Olona, aseveraba que Pedro
Sánchez "aplica la eutanasia por la vía de los hechos" en relación a
las muertes por covid-19. No serían muertes por enfermedad sino por voluntad
del presidente del gobierno. Se renuncia al debate, al simple intercambio de
ideas opuestas, a la mera racionalidad en la argumentación. Con el dolor e
incertidumbre instalados en una sociedad exhausta por la pandemia, los mensajes
que llegan del Congreso por parte de la oposición son de odio y están privados
de cualquier sentido crítico o racional. Alentar las bajas pasiones al precio
que sea. Aunque sea la convivencia democrática.
La guerra
judicial o lawfare. A los pocos días del pleno de investidura, el reputado
jurista, Joaquín Urías, advertía en una entrevista de que "La inmensa
mayoría de los jueces son ultraderechistas" y de que "Está empezando
una fase de guerra judicial". No fue el único que avistó la piratería
contra el gobierno al poco de zarpar. Anteriormente a dicho pleno, Enric
Juliana publicaba un artículo bajo el título "Barricada en los
tribunales" en el que se apuntaba a la judicialización de la política por
parte de la oposición para empantanar al gobierno. La lawfare juega un papel
decisivo en los procesos desestabilizadores contra gobiernos progresistas en
América Latina, no en vano, puso en el gobierno a Bolsonaro y asoma la patita
en España, un país en el que ya se ha judicializado el conflicto político en
Cataluña y sobre cuyos tribunales pesan rectificaciones del Tribunal de
Justicia de la UE. Al respecto, saltan las alarmas con la investigación de la
jueza Carmen Rodríguez Medel buscando responsabilidad del gobierno en la
expansión del covid-19 por la celebración de la manifestación del 8M. Como
suena: la hipótesis que se pretende validar es que el gobierno es responsable
de la expansión de la pandemia en Madrid por permitir la manifestación del 8M.
Para ello se recurre a un atestado policial con manipulaciones de declaraciones
de testigos, entre otras intoxicaciones. Marlaska cesa al jefe de la Guardia
Civil en Madrid, Pérez de los Cobos, pero no lo atribuye a dicha operación
propia de lawfare. Se haya prestado dicho alto mando de la benemérita a la
misma o no lo haya hecho, la luz de emergencia se ha encendido. Sabemos lo que
son las cloacas del Estado y sus complejas ramificaciones en los aparatos del
Estado, medios de comunicación y consejos de administración de grandes
empresas. Si quieren, pueden. Por eso, espero que Antonio Maíllo se equivoque
cuando prevenía en un tweet "Etapa
de neogolpismo: intentarán juzgar y encarcelar a Pablo Iglesias, porque ya
están pensando en el relato sobre el gobierno. Al tiempo".
Toni Valero
Coordinador
de Izquierda Unida en Andalucía
No hay comentarios:
Publicar un comentario