Izquierda Unida coordina un plan de reconstrucción ‘Horizonte País’, una propuesta que “hace frente a los efectos económicos, sociales y culturales de la crisis del Covid-19”

Izquierda Unida ha completado la coordinación de una ambiciosa propuesta de reconstrucción para “hacer frente a las consecuencias económicas, sociales y culturales que provoca la grave crisis del Covid-19”. Este plan, denominado finalmente ‘Horizonte País’, es fruto de la colaboración de IU no solo con su militancia, sino con referentes de otros ámbitos de la sociedad civil y de otras formaciones políticas, que han realizado importantes aportaciones en las últimas semanas. Además, en este marco de pluralidad de elaboración, el trabajo se aporta al espacio de Unidas Podemos del que forma parte IU para contribuir al debate abierto sobre estas cuestiones.

El plan de reconstrucción ‘Horizonte País’ plantea directamente movilizar más de 155.000 millones de euros para impulsar políticas de gasto público e inversión. Para financiarlo, apuesta por una amplia reforma fiscal que implique más impuestos, pero cuya elevación solo alcanzarán a las rentas y patrimonios más elevados.

De hecho, desde IU se destaca que “no se trata de una subida de impuestos generalizada, ni mucho menos, como algunos tratarán de hacer creer para atacar el plan. Se estima que la carga fiscal del conjunto de medidas implicará más contribución únicamente a un 3% de los contribuyentes. Hablamos de una reforma fiscal justa, equitativa y progresiva para la que hace falta voluntad política”. La financiación en el corto plazo tendrá que realizarse mediante el recurso a la deuda pública, que se incrementará en cerca de 64.000 millones de euros, hasta nivelarse posteriormente.

El trabajo completo consta de cerca de 450 páginas, donde se recogen también 400 medidas y propuestas concretas, tanto a nivel de ingresos como de gastos, entre las que se sitúan incrementar un 20% el gasto en Sanidad y un 30% el gasto en Educación.

Esta propuesta pasa por “un descomunal impulso de políticas de gasto público e inversión que proteja con un escudo social a la gente y que redunde en un crecimiento de la economía equitativo y sostenible”, según resume el responsable federal de Políticas Económicas de IU, Carlos Sánchez Mato, encargado en la práctica de coordinar este proyecto multilateral y multidisciplinar.

“La salud, la educación, la atención a nuestros mayores y los cuidados no son negociables. Queremos que todo poder sea para lo público”, indica Sánchez Mato, que incide en que “no podemos permitir que la crisis económica que continuará una vez que hayamos superado la sanitaria vuelva a recaer sobre la mayoría social vulnerable, como impuso la derecha en ocasiones anteriores conocidas por todos”.

Izquierda Unida desea que este trabajo sirva como una aportación importante, pero nunca exclusiva ni limitadora, al debate ya abierto -que seguro que se acentuará en las próximas semanas- sobre la mejor forma de afrontar de manera permanente en el tiempo los graves efectos económicos, sociales y culturales de la pandemia del coronavirus.

El plan se ha aportado, en primer lugar, al espacio de Unidas Podemos. “Queremos abrir ese amplio debate social con una propuesta alternativa que abordará los retos ineludibles de nuestro tiempo. Hay que empezar por la transformación del metabolismo económico para convertirlo en un modelo de economía social, feminista y ecológica, centrado en el bien común, en la potenciación y blindaje de los servicios públicos y en su correspondiente financiación”, se incide.

Para trabajar de manera más efectiva, el proyecto se estructuró en equipos más reducidos: Fiscalidad, Cuidados, Ecología, Transporte y Movilidad, Sanidad, Unión Europea o Banca Pública. Además de las impagables y múltiples aportaciones exteriores realizadas, desde IU se agradecen también las llegadas desde sus redes de activistas (Pensionistas, Salud, Educación y Energía), de las áreas, federaciones y de la militancia en general, que han contribuido también al resultado final.

Entre las múltiples medidas propuestas está la creación de una red amplia de residencias públicas para las personas mayores, de centros de día y atención domiciliaria, así como  crear una empresa farmacéutica pública con capacidad de actuar en la fabricación y la distribución de medicamentos.

Se plantea también un incremento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.200 euros al mes, un ingreso mínimo vital del 80% del SMI, que los contratos temporales tengan una duración mínima de 12 meses (salvo campañas específicas) o la puesta en marcha de un Plan de Trabajo Garantizado, que alcanzaría en la primera etapa a 1 millones de parados y paradas de larga duración para “realizar trabajos socialmente útiles”.

El plan de reconstrucción ‘Horizonte País’ apuesta también por convertir la actualmente nacionalizada Bankia en un “servicio público vinculado a las políticas económicas y sociales”, intervenir en el mercado mayorista de la electricidad para “mantener congelados los precios de los consumidores finales” y “rebajar el 20% el recibo de la luz, lo que iría acompañado de la “creación de una empresa pública de generación o nacionalización de una existente”. También se platea crear una empresa pública de conservación y construcción de infraestructura.

Entre el conjunto de propuestas legislativas a nivel nacional e internacional de mayor alcancen se sitúan la derogación definitiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, además de las reglas fiscales asociadas al mismo, modificar de forma contundente los Estatutos del Banco Central Europeo (BCE) para que financie directamente a los Estados con los fondos precisos para impulsar los correspondientes planes de reconstrucción, así como la derogación la reforma del artículo 135 de la Constitución, impuesta en su día y pactada de forma acelerada entre PP y PSOE.

Todas las medidas que contiene este trabajo supondrían movilizar más de 155.000 millones de euros para impulsar políticas de gasto público (97.787 millones) e inversión (57.480 millones), cuya ejecución “no podría completarse en su totalidad hasta la conclusión de 2022”.

Entre las propuestas para aumentar los ingresos se sitúan transformar el Impuesto sobre el Patrimonio en un Impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas, y que paguen un 1,5% de Impuesto sobre el Patrimonio -frente al 0,17% actual- quienes poseen más de 1 millón de euros.

El plan incide también en establecer un mínimo y máximo estatal en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como que quienes hereden cantidades superiores al millón de euros no puedan beneficiarse de bonificaciones o reducir la exención del 60% del rendimiento de los alquileres de viviendas de lujo.

De la misma manera, se plantea que las entidades bancarias paguen “un 1% en el impuesto a los depósitos, en vez del insuficiente 0,03% actual para devolver el rescate”, que se incrementen los tipos del IRPF “a partir de 120.000 euros anuales de rentas del trabajo” y también “para quienes reciben rentas del capital por encima de 60.000 euros al año”.

Además, se incluye la creación de un impuesto sobre transacciones financieras específicas para quienes compran acciones, renta fija o especulan con derivados, e “implementar tributos ecológicos”, siempre bajo la premisa de que no recaigan sobre las rentas bajas.