El Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno es una medida histórica para luchar contra la pobreza extrema en nuestro país y refuerza el escudo social ante la crisis

El Gobierno de coalición en un Consejo de Ministros extraordinario aprobó el pasado viernes el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El Ejecutivo cumple así con una de las medidas más ambiciosas del acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos al inicio de la legislatura contra el empobrecimiento anterior al coronavirus pero que se establece ahora con urgencia para impedir que la exclusión social se agrave como consecuencia de la pandemia.

En junio comenzará a cobrarse el ingreso mínimo vital que oscilará entre 462 y 1.015 euros mensuales, según la composición de los 850.000 hogares a los que va a beneficiar. Se calcula que 2.300.000 personas van a recibir esta prestación de la Seguridad Social que será compatible con ingresos de carácter laboral para incentivar la búsqueda de empleo.

El ingreso mínimo vital se podrá solicitar entre los 23 y los 65 años, mediante una tramitación simplificada a través de la atención electrónica de la Seguridad Social y en función de los ingresos anteriores pero teniendo en cuenta la pobreza sobrevenida como consecuencia del coronavirus.

“Es un día histórico para nuestra democracia -ha dicho el vicepresidente Pablo Iglesias- porque con este nuevo derecho se cumple el mandato constitucional de garantizar la protección social”. Según Iglesias, “es una medida estructural, no coyuntural, como la jubilación y el desempleo”, con la que se combinan la justicia social, la defensa de la dignidad personal, la seguridad que en una sociedad democrática debe garantizar la cobertura de las necesidades básicas y la libertad que sólo se puede ejercer con ese mínimo vital asegurado.

“Una medida histórica para luchar contra la pobreza extrema. Un Ingreso Mínimo Vital para apoyar a las familias trabajadoras que más lo necesitan. Un gobierno que actúa para la justicia social y la reactivación económica”-ha señalado el ministro de Consumo Alberto Garzón.

La importancia del Ingreso Mínimo Vital para una Andalucía con 10 de los 15 municipios con más paro

La medida cobra especial relevancia en Andalucía que cuenta con 10 de los 15 municipios de España con mayor tasa de paro. Asimismo 34 de las 50 poblaciones españolas con menor renta son andaluzas, según la estadística 'Indicadores Urbanos 2020', publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los cinco municipios de España con mayor tasa de paro son andaluces. La lista la encabeza Linares (Jaén) con una tasa de paro del 30,9%, seguido de Línea de la Concepción (Cádiz) con un 27,4%. En la clasificación de la renta media anual por habitante, referida al año 2017, nuevamente los cinco primeros municipios son andaluces. El primero de la lista es Níjar (Almería) con 6.755 euros.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales estima que 217.538 familias residentes en Andalucía (el 25,59% del total de posibles beneficiarios) podrían acceder a la nueva prestación nacional. El cálculo responde a la aplicación del porcentaje que representa la población andaluza en pobreza extrema o severa sobre el total de población en pobreza extrema o severa en España.

"Unos tocan la cacerola y nosotros lo que queremos es llenarla"

El secretario general del PCA, Ernesto Alba ha celebrado que el Ingreso Mínimo Vital se vaya a incorporar a las medidas ya adoptadas por el Gobierno central en el marco del 'escudo social' planteado para salir de la crisis social y económica del Covid-19 "sin dejar a nadie atrás", y ha subrayado la importancia que esta medida tiene para Andalucía, con "más de 3,2 millones de personas en situación de pobreza" y en la que "uno de cada cinco niños se encuentra en situación de vulnerabilidad".

Alba ha argumentado que las medidas que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha adoptado "en defensa de los intereses de la gente trabajadora" han generado un "choque de intereses", que ha situado "a las élites de nuestro país, a la derecha y la ultraderecha, en una posición de constante confrontación y crispación".

El líder del PCA, ha señalado que el Ingreso Mínimo Vital es un "ingreso básico que va a permitir que muchas familias tengan un pequeño colchón para afrontar esta crisis", y ha remarcado que se trata de una medida "ampliamente reivindicada" por "un gran número de organizaciones sociales de España y Andalucía". En última instancia, Ernesto Alba ha añadido que, "mientras que la derecha y la ultraderecha tratan de salir de la crisis tocando la cacerola, nosotros lo que queremos es llenarla".

“Nunca se habían visto en España medidas como las impulsadas por Unidas Podemos en el gobierno de coalición para la protección social ante la crisis económica provocada por el coronavirus” afirma el PCE y advierte que la movilización popular será decisiva para “reconstruir lo común, fortaleciendo el sector público y recuperando lo que nunca debió quedar fuera del control del Estado”.

Toni Valero, Coord. IU Andalucia: “Amenaza de involución democrática: bulos, aznarismo, lawfare y violencia ultraderechista”

Durmió en paradero desconocido y con protección policial la noche de antes. Acudió al pleno de investidura del 7 de enero como si fuera un testigo protegido llegando al tribunal para testificar contra la mafia. Era el diputado de Teruel Existe, Tomás Guiarte. Quien no supiera el porqué de aquello tan anómalo, lo debió advertir ipso facto escuchando las intervenciones de la oposición. Entre gritos constantes, apelaciones guerracivilistas e insultos, se dijo por Casado y Abascal que el país caía en manos de "golpistas" y "terroristas". "No podemos considerar legítimo un Gobierno con tan clara vocación totalitaria y que será investido con los votos de diputados que realmente no lo son" proclamaba Abascal, pero Casado no se quedaba atrás: "Entregándose a los peores radicales podrá ser presidente del Gobierno, pero no podrá gobernar, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que su tiempo sea breve". "No podrá gobernar", de eso va todo esto.

Desde los sectores reaccionarios de este país, en el que ha fallecido hace pocos días un conocido torturador franquista con las medallas puestas, se lleva adelante un plan desestabilizador en diversos frentes. Es una ofensiva total. Muchos empujan para que el gobierno caiga y no importa si la democracia y la convivencia pierden también. El riesgo de involución democrática se palpa en el ambiente y se expresa de diversas maneras. La salida reaccionaria a la crisis de régimen avanza en el bloque conservador porque, hay que repetirlo, seguimos en crisis de régimen.

La violencia política. En marzo de 1921 el diputado socialista Giacomo Matteotti denunciaba en el parlamento italiano la violencia impune de los fascistas contra líderes sindicales. Tres años después, en el parlamento, tras un histórico discurso en el que volvió a poner el foco en la violencia de la ultraderecha terminó con un "Yo ya he hecho mi discurso. Ahora os toca a vosotros preparar el discurso fúnebre para mi entierro". Pocos días después, fue secuestrado y asesinado.

La violencia política de la ultraderecha comienza a normalizarse cuando se oculta, se presenta como anecdótica o se desliga de las estrategias políticas que la motivan. Por eso es tan grave el silencio cómplice de tantos medios ante la escalada de agresiones. Tras la manifestación convocada por VOX el 23 de mayo (en la que se profirieron insultos y ataques contra viandantes y periodistas) un sindicalista en Málaga sufrió una brutal agresión y una casa en Granada fue allanada por otra banda fascista para retirar del balcón una bandera republicana y, de paso, dar una paliza al músico Javier Cuesta. Los delitos de odio están aumentando exponencialmente en España (ataques a "rojos", homosexuales e inmigrantes, pintadas en sedes de partidos políticos, acoso en las calles a diputados de izquierda, etc.) y parece que solo merecen la sección de sucesos. Hay un despliegue de violencia guarimbera bajo insignias nazis y franquistas. Es el sincretismo de esta ultraderecha española globalizada.

En Alemania ya es un problema grave el terrorismo de ultraderecha y el gobierno ha emprendido un plan para "reeducar" al ejército por la proliferación de neonazis en su seno. Que en España tenemos un problema con determinados grupos en el seno de las fuerzas de seguridad del Estado es un secreto a voces, otro tabú de nuestra democracia.

Los bulos y la crispación política. Además de arengas golpistas por dirigentes políticos y de manifestaciones no autorizadas con consignas y símbolos exaltadores de la violencia, a lo largo del confinamiento han abundado los bulos y hostigamientos en redes sociales. Al respecto, la Policía Nacional alertó de una vasta infraestructura digital con más de un millón y medio de cuentas digitales destinadas a la intoxicación informativa. Tarea a la que se dedican medios como OkDiario, cuyos voceros acuden a programas televisivos de gran audiencia. Esta intoxicación constante está dañando la convivencia. Alienta actitudes discriminatorias, genera odio y se sirve de la frustración para promover posturas antidemocráticas. Lo de siempre por parte de los de siempre en tiempos de crisis, pero ahora en con el poder de las redes sociales. El propio secretario general de las Naciones Unidas alarmó sobre esta estrategia desestabilizadora a lomos de la extensión de la pandemia.

La normalización de discursos antidemocráticos. La proclama de odio en boca de un cabeza rapada es fácil de filtrar por cualquier ciudadano de a pie. Pero qué pasa cuando este discurso se cuela en la gran pantalla por boca de personas ante las que no se tienen tantas precauciones. Telediario del mediodía en Canal Sur, ente público andaluz, en el que una periodista, Mariló Montero, entrevista a un policía (militante de VOX denunciado por difundir bulos), para dar pábulo a una serie de mentiras sobre la persecución política del gobierno contra la oposición. Desde otro programa de máxima audiencia, Ana Rosa Quintana (quien ya dijo hace tiempo que los de VOX no son franquistas ni fascistas y que a quien sí hay que temer es a los comunistas) dispensa una entrevista-masaje a Abascal y sentencia que "las protestas (del distrito de Salamanca en las que sacaron a pasear la enseña franquista) son de gente mayor pacífica" no como los "antisistema, radicales, violentos". (Esta presentadora sigue en antena después de emitir un vídeo falso sobre Irene Montero en la manifestación del 8M). Este blanqueamiento del fascismo también lo vimos en Espejo Público en una, famosa por demencial, entrevista de Susana Griso a Abascal. Estos son solo algunos ejemplos de los tantos que diariamente suceden en medios de comunicación de masas cuando se expresa equidistancia ("los extremos se tocan", "todos son iguales"), se ocultan realidades (¿abrió alguna tertulia, telediario o periódico respetable el allanamiento a la casa de Javier Cuesta?) o se endulzan y justifican discursos antidemocráticos.

La negación del debate político en el parlamento, el aznarismo. El Congreso de los diputados es una caja de resonancia que emite sus ondas a todo el país. Sus debates y estados de ánimo propician la tolerancia o, por el contrario, el odio y la crispación social. Por eso resulta tan inquietante el tono y el mensaje de las dos principales fuerzas de la oposición en el Congreso. Están tirando al monte a sus propios electores, algo fácil en VOX pero más inaudito en el PP. La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, dice en sede parlamentaria el 27 de mayo a Pablo Iglesias "usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político" y en esa misma sesión el diputado Egea (PP) sugiere la insubordinación de la Guardia Civil ante decisiones "injustas", es decir, decisiones que no le gusten del gobierno. Semanas antes la diputada de VOX, Macarena Olona, aseveraba que Pedro Sánchez "aplica la eutanasia por la vía de los hechos" en relación a las muertes por covid-19. No serían muertes por enfermedad sino por voluntad del presidente del gobierno. Se renuncia al debate, al simple intercambio de ideas opuestas, a la mera racionalidad en la argumentación. Con el dolor e incertidumbre instalados en una sociedad exhausta por la pandemia, los mensajes que llegan del Congreso por parte de la oposición son de odio y están privados de cualquier sentido crítico o racional. Alentar las bajas pasiones al precio que sea. Aunque sea la convivencia democrática.

La guerra judicial o lawfare. A los pocos días del pleno de investidura, el reputado jurista, Joaquín Urías, advertía en una entrevista de que "La inmensa mayoría de los jueces son ultraderechistas" y de que "Está empezando una fase de guerra judicial". No fue el único que avistó la piratería contra el gobierno al poco de zarpar. Anteriormente a dicho pleno, Enric Juliana publicaba un artículo bajo el título "Barricada en los tribunales" en el que se apuntaba a la judicialización de la política por parte de la oposición para empantanar al gobierno. La lawfare juega un papel decisivo en los procesos desestabilizadores contra gobiernos progresistas en América Latina, no en vano, puso en el gobierno a Bolsonaro y asoma la patita en España, un país en el que ya se ha judicializado el conflicto político en Cataluña y sobre cuyos tribunales pesan rectificaciones del Tribunal de Justicia de la UE. Al respecto, saltan las alarmas con la investigación de la jueza Carmen Rodríguez Medel buscando responsabilidad del gobierno en la expansión del covid-19 por la celebración de la manifestación del 8M. Como suena: la hipótesis que se pretende validar es que el gobierno es responsable de la expansión de la pandemia en Madrid por permitir la manifestación del 8M. Para ello se recurre a un atestado policial con manipulaciones de declaraciones de testigos, entre otras intoxicaciones. Marlaska cesa al jefe de la Guardia Civil en Madrid, Pérez de los Cobos, pero no lo atribuye a dicha operación propia de lawfare. Se haya prestado dicho alto mando de la benemérita a la misma o no lo haya hecho, la luz de emergencia se ha encendido. Sabemos lo que son las cloacas del Estado y sus complejas ramificaciones en los aparatos del Estado, medios de comunicación y consejos de administración de grandes empresas. Si quieren, pueden. Por eso, espero que Antonio Maíllo se equivoque cuando prevenía en un tweet "Etapa de neogolpismo: intentarán juzgar y encarcelar a Pablo Iglesias, porque ya están pensando en el relato sobre el gobierno. Al tiempo".

Toni Valero

Coordinador de Izquierda Unida en Andalucía

https://blogs.publico.es/dominiopublico/33156/amenaza-de-involucion-democratica-bulos-aznarismo-lawfare-y-violencia-ultraderechista/

El PCE llama a la movilización en defensa del gobierno de coalición como garantía para una recuperación democrática y reconstruir lo común

Mundo Obrero

El PCE ha hecho un llamamiento para la movilización política, sindical y social en defensa del gobierno de coalición como la única garantía de una recuperación democrática. La movilización popular será decisiva para reconstruir lo común, fortaleciendo el sector público y recuperando lo que nunca debió quedar fuera del control del Estado.

Nunca se habían visto en España medidas como las impulsadas por Unidas Podemos (UP)  para la protección de la clase trabajadora ante la crisis provocada por el coronavirus. Un escudo social que incluye el ingreso mínimo vital.

La derecha política, económica y mediática no soporta la presencia de UP en el gobierno y pretende la desestabilización de la democracia con una tremenda campaña de mentiras en la confrontación decisiva para definir un modelo de reconstrucción económica y social que determine el futuro de España y de la mayoría trabajadora. Sería catastrófico que esa campaña de desinformación y desestabilización consiguiera romper el gobierno de coalición que es la única garantía para una recuperación democrática.

En su manifiesto para el 1 de Mayo, el PCE convocó a la movilización social para que no sea otra vez la clase trabajadora la que pague, como en 2008, las consecuencias de la crisis económica provocada ahora por la pandemia.

Las trabajadoras y los trabajadores somos los que mantenemos en píe este país con los mejores valores colectivos. Las criminales políticas de austeridad de 2008 debilitaron aún más el Estado de Bienestar, dejando servicios públicos esenciales en manos privadas y limitando o destruyendo la capacidad de negociación e intervención a través de las organizaciones sindicales.

No vamos a renunciar a la lucha por conseguir un sistema político, económico y social que priorice la vida digna de la gente y no el máximo beneficio, en demasiadas ocasiones ocultado a los impuestos con los que se sostiene lo público o directamente enviado a paraísos fiscales.

Los golpeados de manera más dolorosa son las mujeres, la juventud y los migrantes. Se han agudizado la desigualdad y la discriminación que soportan las mujeres en su inserción en el mercado y en la responsabilidad de las tareas de cuidados. La desigualdad de las mujeres tiene un carácter estructural pero además la reaccionaria y neoliberal gestión de la crisis de 2008 frenó la reducción de la brecha de género.

También hay que proteger a las niñas y a los niños. El Ingreso Mínimo Vital va a ser un escudo contra la pobreza infantil y resulta imprescindible por lo menos un teléfono de servicio público para ayudar a los menores que padecen la violencia familiar (más grave con el confinamiento) como el que ya atiende las denuncias contra el machismo.

Ahora resulta imprescindible la movilización social en torno al gobierno de coalición en defensa de un proceso de reconstrucción sin desigualdades ni exclusiones para que la recuperación económica sea democrática y ponga en el centro a la gente, la vida y los cuidados, sin que vuelva a ser el rescate del poder financiero.

Publicado en el Nº 334 de la edición impresa de Mundo Obrero mayo 2020