La
diputada comunista de IU-UP por Málaga Eva García Sempere registra una batería
de preguntas para saber al detalle cómo piensa evitarlo el Gobierno tras
conocer que la Comisión Europea le advirtió de ello en agosto en una misiva
remitida a Alfonso Dastis, nombrado luego ministro de Exteriores
El
Estado español y diversas comunidades autónomas se juegan percibir decenas de
millones de euros en ayudas de la Unión Europea para poner en marcha planes de
acción para la gestión de residuos. La Comisión Europea advirtió de ello hace tiempo
al Gobierno del PP y, hasta ahora, no se conoce qué ha hecho en concreto para
evitarlo. Ante esta situación, la diputada de Izquierda Unida Eva García
Sempere ha registrado una iniciativa parlamentaria para que el Ejecutivo de
Mariano Rajoy explique de forma detallada, entre otras cuestiones, “qué medidas
se han tomado o se van a tomar antes del 31 de diciembre para cumplir los
criterios antes establecidos en cuanto a gestión de residuos”, en relación a
los marcados y comunicados previamente por la Unión Europea (UE).
La
fecha indicada resulta fundamental por su inmediatez. La Comisión Europea ya ha
advertido directamente por carta y ha “llamado su atención” al Gobierno español
“sobre la correcta aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos,
que afecta a las inversiones necesarias en el Estado”, tal y como explica
García Sempere, también portavoz adjunta en la Comisión de Estudio sobre el
Cambio Climático del Congreso por el Grupo Confederal de Unidos Podemos.
En
concreto, la Comisión Europea remitió un último escrito a las autoridades
españolas el pasado 29 de agosto. Iba dirigido al entonces ‘embajador
extraordinario y plenipotenciario representante permanente de España ante la
Unión Europea’, Alfonso Dastis, es decir, el actual y flamante nuevo ministro
de Asuntos Exteriores de Mariano Rajoy.
La
misiva hace referencia a las ‘condiciones ex ante (previstas con antelación)
para la gestión de residuos’ y advierte de forma directa y contundente de que
‘las condiciones ex ante incumplidas han de cumplirse a más tardar el 31 de
diciembre de 2016. El hecho de no hacerlo podría dar lugar a la suspensión de
los pagos intermedios para los programas y las prioridades de que se trate’.
La
carta que la Comisión Europea dirigió a Dastis como interlocutor español con
Europa avisa también de que ‘en el momento de adoptarse el acuerdo de
asociación o los programas enumerados en el anexo se consideró que algunas de
las condiciones ex ante relativas a los residuos no se cumplían, por lo que se
acordó establecer planes de acción. En estos planes de acción figuran las
medidas que deben tomarse, los organismos responsables y el calendario para su
aplicación’.
El
listado de planes de acción cuyo ‘último plazo de una serie de plazos por
criterio de cumplimiento’ acaba inexorablemente el próximo 31 de diciembre y
cuya financiación europea está ahora en peligro afecta, en concreto, a siete
actuaciones en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Galicia, Murcia, la ciudad autónoma de Melilla, además de un plan
estatal sobre ‘Crecimiento Sostenible’. La lista concreta es la siguiente:
1. 2014ES16RFOP003 Andalucía FEDER 2014-20 PO
2. 2014ES16RFOP010 Castilla-La Mancha FEDER
2014-20 PO
3. 2014ES16RFOP014 Extremadura FEDER 2014-20
PO
4. 014ES16RFOP010 Galicia FEDER 2014-20 PO
5. 014ES16RFOP010 Melilla FEDER 2014-20 PO
6. 014ES16RFOP010 Murcia FEDER 2014-20 PO
7. 014ES16RFOP010 Crecimiento Sostenible FEDER
2014-20 PO
Ante
este grave problema, Eva García Sempere pide explicaciones al Ejecutivo del PP
sobre si “teniendo en cuenta las indicaciones y normas europeas, ¿tiene pensado
el Gobierno realizar una moratoria en los planes de construcción de nuevas
infraestructuras para el tratamiento de residuos con el fin de que estas se
realicen dentro de los parámetros de gestión de residuos que indica la Unión
Europea?” y “¿con qué fecha, en su caso, realizaría el Gobierno dicha
moratoria?”
Además,
la parlamentaria andaluza de Izquierda Unida completa las cuestiones por las
que se interesa al recabar detalles sobre si “teniendo en cuenta las
indicaciones y normas europeas, ¿tiene entre sus planes el Gobierno trabajar en
una nueva ley de gestión de residuos que contemple las exigencias europeas en
cuanto a gestión de los mismos?”
Para
hacerlo, García Sempere ha tenido muy en cuenta que en la misiva de advertencia
que la Comisión Europea remitió en agosto a Alfonso Dastis para conocimiento
del Gobierno de Rajoy se especifica de forma muy concreta que ‘quisiéramos
pedir su concurso para resolver esta situación, con carácter prioritario, de
acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, de forma que, entre otras
cosas, se aplique la jerarquía en materia de residuos y se establezcan las
medidas para alcanzar los objetivos de 2020 sobre la preparación para la
reutilización y el reciclado, incluida la obligación de velar por la recogida
selectiva’.
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