La investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno ha sido el episodio final de una larga temporada de incertidumbre política y electoral. La nueva composición del gobierno mantiene pocas diferencias con la anterior, de lo que puede deducirse que en términos político estamos ante simple continuismo. Esto es coherente con las rotundas afirmaciones que empleó Rajoy en el día de su investidura, dejando claro que el proyecto neoliberal seguiría su curso en cualquier circunstancia.
Efectivamente, durante el segundo día de investidura Rajoy insistió en que no iba a gobernar para incumplir su proyecto político o para rebasar los límites marcados por «la unidad de España», «nuestros compromisos con la Unión Europea» o «la estabilidad presupuestaria». Más aún, advirtió que «no pretendo acceder al Gobierno para realizar cualquier clase de política, no estoy dispuesto a derribar lo construido», recalcando que «no tiene ningún sentido liquidar todas las reformas». Finalmente fue aún más contundente cuando denunció que «no se puede pretender que gobierne yo y traicione mi propio proyecto político que, además, fue el más apoyado por los españoles. No me pidan ni pretendan imponerme lo que yo no puedo aceptar».
Sin duda, queda claro que se avecinan nuevos recortes presupuestarios, así como nuevas reformas legislativas, que continuarán la senda iniciada en mayo del 2010 y que empeorarán la calidad de vida de la clase trabajadora. Hemos de recordar que la estructura de ingresos en nuestro país es ya extraordinariamente precaria. Así, el 17% de las personas no recibe ningún tipo de ingreso, mientras que el 44,5% del total recibe sólo ingresos por debajo de los 900 euros. Esta realidad es la que se verá afectada con la continuación de la agenda de recortes y del llamado programa de estabilidad.
En todo caso, las declaraciones de Rajoy tenemos que entenderlas en el marco de la debilidad parlamentaria del Partido Popular (PP), y del apoyo directo que ha recibido por parte de Ciudadanos (Cs) y del Partido Socialista (PSOE). De hecho, más que del gobierno de Rajoy deberíamos hablar de un gobierno de tripartito suave: cada ley que aspire a ser aprobada tendrá que contar con el mismo apoyo que la investidura de Rajoy, y eso provocará una repetición permanente del chantaje al que Rajoy sometió al PSOE y CS con la amenaza de nuevas elecciones.
Y es que el PSOE, que durante estos trescientos días mantuvo una posición aparentemente contraria al PP, ha terminado cambiando de opinión y finalmente ha apoyado la investidura de Rajoy mediante una abstención. Para ello, el comité federal del PSOE tuvo que descabezar a Pedro Sánchez en una compleja operación dirigida por Felipe González y Susana Díaz. Sin embargo, esta operación, que tenía como objetivo facilitar la investidura del PP, era ya visible desde diciembre de 2015. Por entonces los participantes en el reciente motín oligárquico ya promovían esa misma posición y operaban para neutralizar cualquier hipotético gobierno alternativo. No obstante esas dificultades, Pedro Sánchez se presentó en mayo a una investidura con un pacto con Ciudadanos y tras renunciar definitivamente a una negociación sincera con IU, Podemos y las confluencias. En esas condiciones, y con un acuerdo programático que era mitad humo y mitad ajuste neoliberal, en IU tomamos la correcta decisión de votar en contra.
La reciente abstención del PSOE ante la investidura de Rajoy revela no sólo que estábamos en lo cierto en lo referente a la posición real del PSOE, que es de sostén del régimen antes que de alternativa al mismo, sino que además ha puesto de manifiesto de forma pública sus más agudas contradicciones. Estas contradicciones sólo han estallado como consecuencia de encontrarse ante la espada y la pared, esto es, ante la necesidad de elegir como aliados bien al PP, partido del régimen, bien a un conjunto de heterogéneas fuerzas críticas con el sistema. Sin duda, el pacto con Ciudadanos fue la última oportunidad que tuvo el PSOE para evitar tomar una decisión como la que ha tomado. Era, por decirlo en perspectiva estratégica, la última oportunidad de una restauración política dirigida por el PSOE. Sin ella sólo queda la restauración dirigida por el PP, con el PSOE como partido subalterno y continuamente chantajeado desde el Gobierno, y la ruptura democrática del resto de fuerzas.
En este punto, no debemos llevarnos a engaños. La correlación de fuerzas entre restauración y ruptura es claramente favorable a la primera. No sólo porque el PP ha ganado las elecciones con ocho millones de votos, mientras que el espacio rupturista de Unidos Podemos tiene cinco millones de votos, sino porque el apoyo auxiliar de CS y PSOE consolidan la estrategia política neoliberal. Y aunque es previsible que el espacio político de Unidos Podemos, en el que participamos, se consolide e incluso aumente estamos aún lejos de niveles de apoyos suficientes para ser alternativa de país. Queda mucho trabajo por hacer.
Los primeros datos demoscópicos desde la investidura abundan en esta idea. Por una parte, la caída del PSOE es pronunciada y sólo un 55% de los votantes de junio repetirían en caso de nuevas elecciones. Ese porcentaje es mucho más elevado en el caso del PP (79,4%) y de Unidos Podemos (76,4%). Por otro lado, Unidos Podemos sólo recogería el 4% del votante perdido por el PSOE, y es que la mayoría de este conjunto de votantes se desplazaría hasta la duda (20,1%) y la abstención (12,3%). En suma, no existe ningún automatismo por el cual la decisión del PSOE se transforme en nuevo apoyo a nuestro espacio político. Para que eso sea así hace falta adecuar bien tanto el discurso como la práctica política.
Hemos de recordar que uno de los déficits reconocidos por nuestra organización, y que afecta igualmente a nuestro espacio político, es el de no haber conseguido representar adecuadamente a las clases populares de nuestro país. Baste el ejemplo de las personas que sufren el desempleo. Aún hoy el 21,2% de las personas desempleadas vota al PP o Ciudadanos, el 11,7% al PSOE y el 18,7% no vota. Nuestro espacio político, Unidos Podemos, recoge el 13,4% de voto del conjunto de desempleados. Este hecho, que es generalizado en Europa, supone un peligro pero también una oportunidad. Una estrategia política pensada por y para las clases populares es, sin duda, la que más crecimiento social, político y electoral puede producir.
Con este panorama político y económico por delante, somos conscientes de que la movilización social tenderá a aumentar. En efecto, hay una relación directa entre la pérdida de derechos sociales y económicos y el auge espontáneo de la movilización social. Pero, además, es nuestra obligación política contribuir a que dicha movilización tenga un carácter estratégico y político, es decir, que aspire no sólo a revertir la pérdida de derechos sino que permita construir una base social con la que aspirar a transformar nuestra sociedad. La construcción de nuestro proyecto político, el nuevo país, sólo podrá llevarse a cabo si contamos con la mayor parte de la población. Y para eso es necesario que convenzamos a nuestra clase social que esta situación política y económica tiene una alternativa de justicia social y que sólo a través de la lucha coordinada será posible superarla.
Sobre la base de estos planteamientos, continuaremos poniendo en marcha y con toda dedicación los planes de acción. Planes que sitúan la estrategia política en el conflicto social y en la práctica política destinada a destapar las contradicciones del sistema económico y político y canalizar los deseos de transformación social a través de nuestro espacio político.
Efectivamente, durante el segundo día de investidura Rajoy insistió en que no iba a gobernar para incumplir su proyecto político o para rebasar los límites marcados por «la unidad de España», «nuestros compromisos con la Unión Europea» o «la estabilidad presupuestaria». Más aún, advirtió que «no pretendo acceder al Gobierno para realizar cualquier clase de política, no estoy dispuesto a derribar lo construido», recalcando que «no tiene ningún sentido liquidar todas las reformas». Finalmente fue aún más contundente cuando denunció que «no se puede pretender que gobierne yo y traicione mi propio proyecto político que, además, fue el más apoyado por los españoles. No me pidan ni pretendan imponerme lo que yo no puedo aceptar».
Sin duda, queda claro que se avecinan nuevos recortes presupuestarios, así como nuevas reformas legislativas, que continuarán la senda iniciada en mayo del 2010 y que empeorarán la calidad de vida de la clase trabajadora. Hemos de recordar que la estructura de ingresos en nuestro país es ya extraordinariamente precaria. Así, el 17% de las personas no recibe ningún tipo de ingreso, mientras que el 44,5% del total recibe sólo ingresos por debajo de los 900 euros. Esta realidad es la que se verá afectada con la continuación de la agenda de recortes y del llamado programa de estabilidad.
En todo caso, las declaraciones de Rajoy tenemos que entenderlas en el marco de la debilidad parlamentaria del Partido Popular (PP), y del apoyo directo que ha recibido por parte de Ciudadanos (Cs) y del Partido Socialista (PSOE). De hecho, más que del gobierno de Rajoy deberíamos hablar de un gobierno de tripartito suave: cada ley que aspire a ser aprobada tendrá que contar con el mismo apoyo que la investidura de Rajoy, y eso provocará una repetición permanente del chantaje al que Rajoy sometió al PSOE y CS con la amenaza de nuevas elecciones.
Y es que el PSOE, que durante estos trescientos días mantuvo una posición aparentemente contraria al PP, ha terminado cambiando de opinión y finalmente ha apoyado la investidura de Rajoy mediante una abstención. Para ello, el comité federal del PSOE tuvo que descabezar a Pedro Sánchez en una compleja operación dirigida por Felipe González y Susana Díaz. Sin embargo, esta operación, que tenía como objetivo facilitar la investidura del PP, era ya visible desde diciembre de 2015. Por entonces los participantes en el reciente motín oligárquico ya promovían esa misma posición y operaban para neutralizar cualquier hipotético gobierno alternativo. No obstante esas dificultades, Pedro Sánchez se presentó en mayo a una investidura con un pacto con Ciudadanos y tras renunciar definitivamente a una negociación sincera con IU, Podemos y las confluencias. En esas condiciones, y con un acuerdo programático que era mitad humo y mitad ajuste neoliberal, en IU tomamos la correcta decisión de votar en contra.
En este punto, no debemos llevarnos a engaños. La correlación de fuerzas entre restauración y ruptura es claramente favorable a la primera. No sólo porque el PP ha ganado las elecciones con ocho millones de votos, mientras que el espacio rupturista de Unidos Podemos tiene cinco millones de votos, sino porque el apoyo auxiliar de CS y PSOE consolidan la estrategia política neoliberal. Y aunque es previsible que el espacio político de Unidos Podemos, en el que participamos, se consolide e incluso aumente estamos aún lejos de niveles de apoyos suficientes para ser alternativa de país. Queda mucho trabajo por hacer.
Los primeros datos demoscópicos desde la investidura abundan en esta idea. Por una parte, la caída del PSOE es pronunciada y sólo un 55% de los votantes de junio repetirían en caso de nuevas elecciones. Ese porcentaje es mucho más elevado en el caso del PP (79,4%) y de Unidos Podemos (76,4%). Por otro lado, Unidos Podemos sólo recogería el 4% del votante perdido por el PSOE, y es que la mayoría de este conjunto de votantes se desplazaría hasta la duda (20,1%) y la abstención (12,3%). En suma, no existe ningún automatismo por el cual la decisión del PSOE se transforme en nuevo apoyo a nuestro espacio político. Para que eso sea así hace falta adecuar bien tanto el discurso como la práctica política.
Hemos de recordar que uno de los déficits reconocidos por nuestra organización, y que afecta igualmente a nuestro espacio político, es el de no haber conseguido representar adecuadamente a las clases populares de nuestro país. Baste el ejemplo de las personas que sufren el desempleo. Aún hoy el 21,2% de las personas desempleadas vota al PP o Ciudadanos, el 11,7% al PSOE y el 18,7% no vota. Nuestro espacio político, Unidos Podemos, recoge el 13,4% de voto del conjunto de desempleados. Este hecho, que es generalizado en Europa, supone un peligro pero también una oportunidad. Una estrategia política pensada por y para las clases populares es, sin duda, la que más crecimiento social, político y electoral puede producir.
Sobre la base de estos planteamientos, continuaremos poniendo en marcha y con toda dedicación los planes de acción. Planes que sitúan la estrategia política en el conflicto social y en la práctica política destinada a destapar las contradicciones del sistema económico y político y canalizar los deseos de transformación social a través de nuestro espacio político.
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