Durante
los próximos meses nuestro país tendrá que enfrentar nuevos e importantes retos
sociales, políticos, económicos y ecológicos. Por eso no parece que tenga mucho
sentido que el debate actual, sobre la conformación de un nuevo Gobierno, esté
girando en torno a abstracciones y riñas de poder en el seno de los partidos.
El clásico quítate tú que me pongo yo. Al contrario, lo sensato es el
planteamiento de propuestas concretas, programáticas, que ofrezcan una
respuesta válida a todos esos retos. Y, sobre esas propuestas, el debate serio
y honesto.
Uno
de esos retos es el que afectará al sistema financiero español. Como es sabido,
la reciente crisis financiera y la política de los últimos gobiernos han
cambiado completamente el panorama del sector. Las cajas de ahorro se han
transformado definitivamente en bancos —en un proceso en el que, no obstante,
llevaban inmersas muchos años— y unas pocas entidades se han hecho con el
control del mercado. Al mismo tiempo, la política de privatización de las
ganancias y socialización de las pérdidas del Gobierno del PP ha permitido
sanear los balances de muchas entidades e incluso nacionalizar de facto algunas
de ellas. Sin embargo, la economía real no parece haberse beneficiado de todo
ello y, en tanto el sistema financiero vive de la economía real —cosa que
tiende a olvidarse demasiado a menudo—, han vuelto las tensiones al sector.
Y
es que la presunta recuperación económica —en realidad bonanza macroeconómica y
miseria microeconómica— está basada en la inyección billonaria de dinero en el
sistema financiero internacional. Los principales bancos centrales del mundo
desarrollado han abierto una barra libre de liquidez que ha inundado el sistema
financiero y ha animado los mercados durante los últimos años. Subieron las
bolsas, bajó la prima de riesgo y, en suma, aquellos actores que operaban en el
sistema financiero vieron cómo continuaba el flujo de dinero —y de
especulación— y con ello también sus ganancias. Pero por lo general ese dinero
no ha bajado a la economía real, que sigue asolada por el paro, la precariedad
y la desigualdad, y estas prácticas solo han servido para mantener los
indicadores macroeconómicos aparentemente sanos. Pero lo que realmente hay de
fondo es la crudeza de las burbujas financieras, y las tensiones y las
contradicciones no tardarán mucho en estallar. De hecho, ya vemos algunas
señales en la situación reciente de las bolsas en Estados Unidos y China.
Una
nueva crisis financiera internacional es una hipótesis cada vez más plausible,
y las condiciones objetivas ya se dan. Las consecuencias para una economía como
la nuestra serían dramáticas, más aún cuando los últimos años no han sido
aprovechados para fortalecer los instrumentos públicos. Sin embargo, estamos a
tiempo de responder si un nuevo Gobierno manifiesta y pone en marcha tal
voluntad política. Y la propuesta aquí es clara: paralizar de forma inmediata
el proceso de privatización de las entidades financieras nacionalizadas y
aprovechar la situación actual para conformar y extender un polo de banca pública
que permita afrontar con mayores garantías los retos próximos.
No
cabe duda de que el sistema financiero español, como el europeo, necesita una
regulación más estricta que alinee sus intereses a los de la economía real. Hay
que revertir esa desconexión que existe entre el mundo financiero y la economía
real. Al tiempo que es fundamental que exista un polo de banca pública con la
que poder proteger a la ciudadanía y a nuestros ahorros, facilitar una política
de alquiler público barato, reducir el imponente poder de la oligarquía
financiera, establecer líneas de crédito a sectores productivos relevantes y
transformar nuestro modelo productivo. Todo eso es necesario pero también
posible… si se quiere.
Alberto
Garzón Espinosa
Portavoz
parlamentario de UP-IU
Publicado
en El País 31-1-16
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