Alberto
Otero/Mundo Obrero
“Hoy es un día para felicitar a la ciudadanía
andaluza y especialmente al movimiento memorialista”, decía el Secretario
general del PCA, José Manuel Mariscal, en el Parlamento de Andalucía minutos
antes de que el texto de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía superase su
primer trámite sin obstáculos. La Cámara andaluza dio luz verde al proyecto de
Ley, elaborado por IULV-CA en la anterior legislatura, al no haberse presentado
ninguna enmiendas a la totalidad del texto por ninguno de los cinco grupos que
componen el hemiciclo andaluz.
Mariscal
llegó al antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede el legislativo autonómico,
acompañado por Diego Valderas, que dirigió el anteproyecto desde su papel de
vicepresidente del Gobierno andaluz, y Marina Albiol, portavoz de IU en el
Parlamento Europeo que también asistió al debate para acompañar a los diputados
andaluces y a los foros memorialistas en este día especial.
El
texto fue presentado por la Consejera de Cultura, Rosa Aguilar, que destacó que
ningún grupo presentase enmienda a la totalidad o textos alternativos como “un
buen punto de partida para el diálogo” y para la que este hecho “responde a la
deuda con las familias y las víctimas, la reparación y la justicia”.
Inmaculada
Nieto defendió la postura de Izquierda Unida de Andalucía en el debate y
manifestó el deseo de “una tramitación sin sorpresas, sin enmiendas parciales
que frustren las expectativas de las asociaciones memorialistas que sienten el
texto como suyo porque responde a sus demandas y a su trabajo en el mismo”.
“Esta Ley es necesaria para restablecer y dar veracidad al hilo conductor de
nuestra historia” y “sirve para corregir el déficit democrático en que estamos
inmersos como país y sociedad”, abundó la portavoz de IULV-CA.
Nieto
también destacó el papel de Diego Valderas y del Partido Comunista en la
elaboración de una Ley que bebe de otro texto de la VIII legislatura
“ambicioso”, “que ponía en cuestión la equidistancia de las políticas del PSOE”
cuando por entonces poseía la mayoría absoluta y se escudaba en la Ley de
Memoria Histórica estatal de 2007, que situaba las exhumaciones como un hecho
técnico-arqueológico. Los socialistas asumían así, según Nieto, la “reaccionaria
jurisprudencia del Tribunal Supremo, contraria al derecho internacional según
la cual los crímenes del Franquismo habrían prescrito o están amparados por la
Ley de Amnistía de 1977”.
No
faltaron al abarrotado Salón de Plenos amigos y familiares de víctimas del
franquismo y la Guerra Civil, así como portavoces de los distintos foros y
asociaciones memorialistas que participaron en la elaboración del texto que se
presentaba. Durante el debate portaron fotos en blanco y negro de sus seres
queridos represaliados.
Tampoco
reprimieron su desacuerdo ante las exposiciones de la derecha, que en un primer
momento mostró su “voluntad” hacia la reparación de las víctimas, pero mostró
su desacuerdo con el texto. El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, mostró
más preocupación en ensalzar y abanderar la transición, comparándose con la
UCD, que en la reparación de las víctimas, esencia del texto que se debatía y
que abarca desde la II República hasta el año 1982. Los primeros murmullos se
desataron entre los invitados cuando incidió en el argumento de que “todo fue
por ideologías y bandos”, obviando el golpe de estado fascista a un régimen
democrático y la posterior represión durante cuarenta largos años.
Pero
el momento más bronco y que generó un gran abucheo se produjo cuando el
diputado popular, Juan Ramón Ferreira, defendió que la ley es “innecesaria” y
que “muchos andaluces de izquierda no quieren saber más de leyes que despiertan
rencor”. Ferreira también tildó a la ley de “revisionista” y rechazó que se
introduzca el contenido memorialista en el currículum de la enseñanza primaria
y secundaria, como recoge el texto.
Para
Ferreira, fue “suficiente” con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero de 2007.
María Márquez, diputada socialista, retomó este asunto para criticar a los
populares, recordando que el Gobierno de Rajoy no ha dedicado un solo euro a
esta partida, además de otras “perlas” como las declaraciones de su portavoz en
el Congreso, Rafael Hernando, que dijo que “algunos familiares sólo se acuerdan
de sus muertos para cobrar subvenciones”.
Podemos,
por su parte, criticó que la Ley se enmarque en las competencias Consejería de
Cultura y no en Justicia, y mostró preocupación ante la posibilidad de que los
cadáveres de las víctimas fuesen equiparados a objetos arqueológicos siguiendo
los protocolos de la Ley de Patrimonio Histórico. En este aspecto, IULV-CA
espera una modificación técnica de la Ley de Patrimonio para que no se produzca
tal situación.
Una
ley pionera
El
anteproyecto presenta novedades, como el concepto de Memoria Democrática, “más
amplio que el de Memoria Histórica”, según apuntaba José Manuel Mariscal en un
artículo hace unos días. Para el secretario general del PCA este es un concepto
que “junto a la memoria de la represión y las víctimas, incluye el relato de
las luchas por las libertades y por los derechos sociales que se dan en el
inicio del régimen republicano y se perpetúan tras la muerte del dictador hasta
las masivas movilizaciones sociales por las que el pueblo andaluz conquistó el acceso
al autogobierno en 1982”.
También
destaca que se fije por primera vez un límite de tiempo para que los
ayuntamientos eliminen cualquier vestigio del franquismo en edificios públicos
e inmuebles sufragados con dinero público. Además, la normativa incluye la
simbología presente en iglesias o en el callejero de pueblos y ciudades. Y no
queda ahí. De mantenerse el texto, una vez aprobada la Ley la Junta tendría
competencias para retirar cualquier símbolo e imponer sanciones a los
consistorios que incumplan dicha normativa, exponiéndose incluso a la pérdida
de ayudas públicas.
Ahora
toca que el anteproyecto pase por las Comisión parlamentaria en la que las
asociaciones y foros memorialistas seguirán teniendo voz, antes de volver a
debatir el texto para su aprobación definitiva que, presumiblemente, llegará a
principios de julio. Si se cumple lo previsto y, como pidió Mariscal, el PSOE
“no se amilana ante los ataques de la derecha”, el Parlamento aprobará la Ley
más avanzada de España en esta materia.
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