El PCE junto con IU y el
Foro de Abogados de Izquierdas hemos presentado una querella criminal
ante el Tribunal Supremo ante los indicios de posible delitos de
corrupción cometidos por el rey emérito, Juan Carlos Borbón y
personas de su entorno, al hilo de las grabaciones ya conocidas por
la opinión pública. “Presentamos la querella para que se
investigue y se aclare si se ha usado la jefatura del estado en
provecho propio y no para las funciones a las que le obliga la
Constitución”, sentenció el máximo dirigente del PCE
“Desgraciadamente no
todos los españoles y españolas son iguales en derechos ni ni
iguales ante la ley”, ha declarado nuestro secretario general del
PCE, Enrique Santiago, ante los medios al inicio del acto celebrado
esta mañana en Madrid con motivo del 40 Aniversario de la
Constitución española, acompañado por el coordinador general de
IU, Alberto Garzón.
La querrella que impulsa
nuestro partido conocida ya en las redes como “#QuerellaBorbón”,
se debe en palabras de Enrique Santiago en “la absoluta dejadez de
las instituciones del estado en investigar hechos que ponen de
manifiesto la evidente confusión entre las funciones del estado y
los negocios particulares probablemente de carácter ilegal provocan
desafección a las instituciones y a la democracia”.
La querella registrada
ayer ante el Supremo se dirije sobre nueve personas, entre ellas Juan
Carlos de Bordón, su amiga especial y empresaria comisionista
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el director del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan
Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, y el comisario de Policía
detenido José Manuel Villarejo, además del ciudadano y abogado
suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.
En el texto se imputan
hasta 13 supuestos delitos, entre ellos los de cohecho, contra la
Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones
ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal,
blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte
condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del
deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
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