Toni Morillas,
Responsable federal de
democracia participativa interna de IU
Ismael González,
Responsable federal de
organización y finanzas de IU
La crisis de legitimidad
que atraviesan las democracias representativas no es nueva. La
tensión entre democracia y el proceso de acumulación capitalista ha
sido ampliamente diagnosticada desde la izquierda, con aportes
relevantes de sociólogos como Boaventura de Sousa.
El 15M tuvo la capacidad
de poner en la agenda política la necesidad de construir democracias
participativas que articularan mecanismos de representación,
deliberación y democracia directa que fueran útiles para combatir
la amplia desafección política y reinventaran la democracia,
poniéndola al servicio de los intereses de la mayoría social a
través de la participación directa de la ciudadanía en la toma de
decisiones públicas que afectan a su vida cotidiana. Esta crisis de
representación atraviesa todos y cada uno de los instrumentos de
participación legitimados en las democracias representativas. Las
organizaciones políticas, sociales y sindicales viven esta crisis,
hasta el punto de que partidos como el PP, con un marcado carácter
presidencialistas y con escasa permeabilidad a la innovación
democrática, se han visto recientemente empujados a introducir
mecanismos de elección directa de sus líderes como las primarias.
En el ámbito
institucional se percibe de manera evidente, aunque con más lentitud
y menos profundidad y alcance de lo que desearíamos desde una opción
de la izquierda transformadora. Cada vez son más las instituciones
de todos los colores políticos que ponen en marcha mecanismos de
democracia participativa a sabiendas de que la desafección y la
crisis de legitimidad son profundas e insostenibles: presupuestos
participativos, consultas ciudadanas, legislaciones autonómicas en
materia de transparencia y participación, mecanismos digitales de
rendición de cuentas y participación…
Estos elementos, junto a
otros muchos más, conforman toda una ola que, indistintamente de los
objetivos políticos que en cada caso se pretendan (y que difieren,
aunque ese es otro debate), apuntan hacia nuevos marcos en lo
relativo a la democracia política, particularmente en el ámbito
local. Tanto es así que la propia ONU ha situado la participación
como eje prioritario entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030.
Izquierda Unida, junto a
otros tantos movimientos sociales, ha ido abriendo camino en este
sentido desde hace décadas, siendo pionera tanto en términos
internos como institucionales en la puesta en marcha de dispositivos
de democracia participativa orientados a transformar las relaciones
de poder desde una óptica redistributiva e inclusiva. La IU
originaria promovía procesos de consulta interna para la toma de
decisiones más relevantes, impulsaba espacios de participación
política abiertos y horizontales como las áreas y las asambleas de
base e impulsaba en las instituciones donde gobernaba procesos de
radicalidad democrática como el presupuesto participativo. Ahí
están los ejemplos de Córdoba, Puente Genil y las Cabezas de San
Juan, gobiernos locales de IU que fueron pioneros en España poniendo
en marcha esta política pública en 2001.
No obstante, IU también
ha reproducido dinámicas que la aproximaban más a la forma partido
que a la forma movimiento a la que aspiraba, e hizo una fuerte
autocrítica en el reciente proceso asambleario. En la XI Asamblea
Federal hicimos una apuesta firme por repensar los mecanismos de
participación política, conocedores de que las formas y estímulos
a la participación han ido mutando y conocedores también de que, en
muchos casos, hemos reproducido lógicas representativas que
desconectaban la toma de decisiones de las bases. En ese sentido, IU
ha introducido el sufragio universal en la elección de sus
candidatas al Congreso y a sus propios órganos de dirección, así a
la hora de aprobar sus tesis políticas y organizativas. También
hemos puesto en marcha el reglamento de revocatorios, los sistemas de
evaluación participada de los planes de acción y la inclusión de
metodologías participativas en el funcionamiento de la Asamblea
Político y Social, su órgano de dirección más importante entres
Asambleas Federales. La apuesta por la democracia participativa en IU
la hemos profundizado aprovechando el mandato de la Asamblea Federal
y culminamos esta primera fase del proceso, el próximo fin de
semana, con la Asamblea por un nuevo modelo organizativo.
¿Qué avances o
propuestas se van a aprobar este fin de semana?
El sufragio universal
para la elección de las direcciones (completas) y de las
candidaturas (completas) será obligatorio. Es decir, las direcciones
y los/as cargos públicos serán elegidos/as directamente entre los y
las afiliadas y, en el caso de elección de cargos públicos, también
podrán participar los y las simpatizantes. Además, habilitamos la
opción de recurrir al referéndum para temas políticos de gran
calado y damos una mejor cobertura estatutaria al revocatorio. Somos
la única organización política que regula el revocatorio en
España, un instrumento que permite a los y las afiliadas revocar a
miembros de las direcciones políticas y en el caso de los cargos
públicos los y las afiliadas y los y las simpatizantes. Estos
cambios, que ya de por sí son importantes, no son los únicos: en
esta ocasión, el documento a debate eran los Estatutos de Izquierda
Unida, y desde la dirección hemos apostado por la posibilidad de que
se pudiesen votar por sufragio universal entre toda la afiliación de
la organización y no sólo por un grupo reducido de delegados y
delegadas.
Ante este trabajo y estas
propuestas, desde algunos sectores de la propia Izquierda Unida se
han manifestado quejas sobre el sistema e incidiendo en la baja
participación para deslegitimar el resultado, el cual ha arrojado un
apoyo de más del 80% del documento político que modificará los
estatutos. Es curioso que estas voces críticas nunca manifestaron
ningún problema cuando en anteriores procesos los estatutos de IU se
decidían en votaciones que contaban con una media de 100 delegados o
delegadas presentes (como mucho 500 en el caso de que trabajara en
comisiones), y ahora ponen el grito en el cielo porque han
participado 3841 personas en la votación.
Este es un viejo debate.
Volvemos al ejemplo del presupuesto participativo: por lo general, la
participación en los procesos españoles suele estar por debajo del
5% (Sevilla, alcanzó un nivel medio del 1%, Madrid en 2017 un 1,5%).
El ataque que la derecha siempre utilizó se fundamentó en restar
legitimidad a los procesos de democracia directa por la baja
participación, sin querer entender que la construcción de culturas
políticas y organizacionales más participativas y comprometidas (y
que por tanto requieren de otros usos del tiempo) son procesos largos
que encuentran multitud de obstáculos, desconfianzas y
contradicciones, siendo muchas de ellas estructurales.
En cualquier caso, el
debate vuelve a estar en dónde reside el poder, quién es el
soberano, quién tiene el derecho a participar y tomar parte en las
decisiones que le afectan. Y sí, a todas luces la participación ha
sido baja. Más allá de elementos coyunturales, los debates
normativos no suelen ser los más motivadores para la inmensa
mayoría. Sin embargo, el avance conseguido respecto a debates
estatutarios anteriores es significativo: la militancia ha tenido el
derecho a participar de manera directa, sin mediaciones. Ahora toca
pensar cómo vamos avanzando para que cada vez más militantes hagan
de este derecho, que antes no tenían, un derecho efectivo.
Incluso hemos podido ver
quejas que intentaban trasladar que había votación sin debate, y
aquí es importante señalar una de las características más
novedosas del proceso que ha puesto en marcha IU. Estos Estatutos han
tenido un doble proceso de debate: primero un debate presencial y,
posteriormente, una votación por sufragio universal. Es decir, todas
las asambleas de Izquierda Unida y las organizaciones que forman
parte de ella han podido organizar debates y enmendar los estatutos.
No solo han votado 3841 personas, sino que todo el conjunto de
Izquierda Unida ha participado del debate.
La Declaración de Bogotá
(2011) señala algunas características que ha de tener un proceso
participativo para ser plenamente democrático. Entre otras, señala
las siguientes:
-Universalidad. Una
persona, un voto
-Resultados vinculantes
-Participación informada
y con deliberación
-Presencia de sistemas de
control, transparencia y seguimiento durante todo el proceso
-En caso de que existan
personas delegadas, estas responderán al mandato imperativo de sus
asambleas.
Por lo tanto, lo
relevante no es sólo el dato de participación en la fase final del
proceso, sino que debemos atender también a los criterios
anteriormente citados para evaluar con rigor la calidad democrática
del proceso. De esta forma, podremos diseñar estrategias que
permitan remover los obstáculos que en estos puedan darse y generar
así las mejores condiciones posibles para incentivar la
participación. El proceso ha permitido un debate presencial en toda
la organización, posteriormente por delegados y finalmente una
votación por sufragio universal entre todo el grueso de la
afiliación, lo cual significa un hecho inédito hasta la fecha en
las organizaciones políticas de nuestro país. Intentar ligar la
legitimidad únicamente a la participación sin discernir los temas
que se someten a referéndum (como ocurre en muchos países) es una
burda excusa que expresa una resistencia al cambio y que realmente
pretende que menos (un reducido grupo de delegados y delegadas)
decidan por más (el conjunto de la afiliación que tiene la
capacidad de participar).
Es evidente que innovar
en estos procesos requiere que todas aprendamos para seguir
mejorando, pero nunca negando la posibilidad de votar al conjunto de
la afiliación. Todo este trabajo lo hacemos porque estamos
convencidas de la necesidad de articular una sociedad donde la
democracia participativa nos permita superar la democracia
representativa y, por lo tanto, somos coherentes en nuestra
organización con nuestra propuesta de país.
Queremos decidir cómo
articular la vida en nuestros barrios, cómo construir las ciudades
en las que vivimos, cómo construir un proyecto de vida en colectivo
y en conjunto con muchas más personas. Nos permitimos soñar con un
país donde podamos votar en referéndum no sólo la Constitución,
sino también leyes tan importantes como el Estatuto de los
Trabajadores. Queremos decidir entre todos y todas, como ya se hace
en cientos de municipios gobernados por Izquierda Unida, cómo
desarrollar nuestros barrios y poder votar si en un lugar determinado
preferimos construir un colegio público o un centro comercial.
https://www.cuartopoder.es/ideas/2018/07/12/democracia-participativa-o-democracia-representativa-en-iu-y-las-organizaciones-politicas-una-apuesta-sin-vuelta-atras/
