Maíllo: "Si las eléctricas
fueran estatales esta especulación en el precio de la luz no se habría
producido"
El
Coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, junto alcaldes, diputados
y cargos públicos han presentado una denuncia, el pasado viernes 20 de enero,
solicitando al Ministerio Público que investigue por qué, en un periodo de
altísima demanda como el de esta ola de frío, las empresas han modulado a la
baja la producción de las centrales de gas, provocando así un encarecimiento
del precio de la energía.
Izquierda
Unida a través de esta denuncia, firmada
también por el Coordinador Federal de IU, Alberto Garzón, los cinco
parlamentarios andaluces y los diputados nacionales, Miguel Ángel Bustamante y
Eva Sempere, piden al fiscal que investigue también si las eléctricas que
cuentan con una red deficitaria en algunas zonas del país, las llamadas zonas
blancas, están incumpliendo su obligación de garantizar el acceso a la energía
a todos los ciudadanos sin interrupciones
"A
nuestro entender, explica el coordinador de IU Andalucía, se impone la apertura
de una investigación que ponga en evidencia el recurso constante de las
compañías a maniobras fraudulentas tendentes a aumentar sus beneficios así
como actuaciones contundentes y
ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas". "Es
inaceptable y un insulto a la sociedad española", critica Maíllo, la
puesta en escena del ministro de industria Nadal porque "los poderes
públicos, que deben velar por el interés general y la protección de todas las
personas, especialmente las más vulnerables, eludan su responsabilidad y
mantengan un marco de impunidad en el que estas empresas operan con arbitrariedad,
pleno conocimiento del mal que causan, y absoluto desprecio por las durísimas
condiciones cotidianas a las que se enfrentan quienes no pueden pagar la
energía eléctrica".
En
el escrito registrado esta mañana en la Fiscalía Provincial de Sevilla, Izquierda
Unida insiste que la regulación del mercado energético se ha concretado en unos
parámetros legales que "favorecen los intereses empresariales en
detrimento de las personas usuarias". "Incluso desde el cumplimiento
escrupuloso de la legalidad vigente se produce un margen de beneficio para las
compañías suministradoras difícilmente justificable desde la defensa del
interés general y el carácter básico del servicio prestado por estas
empresas".
Eva
García Sempere, diputada comunista malagueña de IU en el grupo parlamentario
Unidos Podemos (UP), ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) reiterado en sus informes "estas disfunciones, al
tiempo que ha sancionado a compañías por emprender acciones tendentes a
manipular los precios al alza". En concreto, Iberdrola fue sancionada en
diciembre de 2015 con 25 millones de euros, en palabras de la Comisión por
“manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía
eléctrica”. Aquel episodio, explica,
movió al gobierno a cambiar el sistema de fijación de precios,
"supuestamente para evitar que la luz incrementara de golpe", aunque
como la propia Comisión ha revelado en su último informe, "las
modificaciones introducidas han elevado los ya escandalosos márgenes de
beneficio de las empresas por encima del 30 por ciento".
Por
su parte, Miguel Ángel Bustamante, diputado comunista de IU en UP, ha defendido la "nacionalización de las
eléctricas" cuyas prácticas
"están generando una gran indignación social" por tanto
entendemos, insiste Bustamante,
"desde lo público se debe gestionar la producción y distribución de
la energía".
Desde
el convencimiento de que ningún ser humano puede ser privado de este derecho
por causas económicas, explica la denuncia registrada por IU, "entendemos
que deben producirse profundos cambios legales en nuestro país dado que
entendemos que el actual es injustamente ventajoso para las empresas y lesivo
para la población". "No obstante, incluso en el ámbito de este marco
legal que impugnamos, las empresas pudieran estar operando al margen de lo
legalmente establecido, influyendo en los
precios de la energía por razones ajenas a la prestación del servicio, y
eludiendo su responsabilidad como compañías suministradoras al invertir
insuficientemente en las infraestructuras que la prestación de este servicio
básico requiere para garantizarlo a toda la población".
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