Unidad
Popular-Izquierda Unida no promete milagros, pero si luchar contra la élite
política y económica que no quiere perder su status y combate mediante un amplio programa económico que
durante todo el pasado sábado, 12 de diciembre, estuvo explicando por la
provincia el economista, Eduardo Garzón.
El
cabeza de lista de UP-IU por Málaga, Francisco Guzmán, el número 3 de la
candidatura, Juan Miguel Acejo, y la
candidata al Senado Berta Guerrero recibieron a Eduardo Garzón frente al CAC, su
primera parada del periplo, que continuó el economista malagueño por Antequera,
Vélez Málaga, Torrox y Rincón de la Victoria, entre otros municipios.
Eduardo
Garzón ha destacado que el programa económico de la coalición de izquierdas es
una parte importante de la oferta electoral y que entre todas las virtudes que
tiene destaca una que “la hace única”, como es tener claro “quién es el enemigo
y señalarlo claramente y con valentía”. De lo que se trata, ha añadido, es de
devolver la herramienta económica al servicio de la gente, de democratizar la
economía sabiendo que el problema que padece este país no es económico, sino
político. “A pesar de tener desarrolladas unas capacidades tecnológicas que nos
permitirían a todos vivir dignamente, hay una élite económica y política que
nos lo impide” porque sería perder sus privilegios.
Garzón
ha destacado del programa económico algunas medidas como la nacionalización de
los sectores estratégicos, que, además, dependen de las ayudas públicas, como
son la banca o las energéticas.
También
existe el compromiso de hacer una auditoria a la deuda pública para reestructurarla
y no pagar “la parte ilegítima”.
Otra
medida estrella del programa económico de Unidad Popular-Izquierda Unida es
emprender una reforma fiscal muy progresiva de forma que las grandes empresas y
fortunas paguen lo que le corresponden y “dejen de usar artimañas para no contribuir”.
Uno
de los pilares del programa es el Plan de Emergencia Social, que supondría
“sacar a mucha gente de manera inmediata de la situación en que se encuentra,
garantizando la creación de un millón de puestos de trabajo en un año” dentro
de las actividades socialmente útiles. Esto permite a las personas a tener unos
ingresos dignos, realizando una actividad que redunda en el beneficio de la
comunidad y, a la vez, genera economía.
Por
su parte, Francisco Guzmán ha explicado cómo repercute ese programa en la
provincia, destacando que el plan de emergencia social atenderá a 48.656
malagueños a través del plan de trabajo garantizado; 97.312, mediante la renta
garantizada; 100.992 con el aumento de la pensión mínima; y 75.015 con un
salario mínimo. La propuesta de renta básica contempla un salario mínimo
garantizado de 529 euros mensuales y los beneficiarios serían aquellas personas
con ingresos inferiores al 70 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI), en función de su unidad de convivencia, lo que actualmente se sitúa en
455 euros.
En
cuanto a las pensiones, UP-IU propone
una revalorización de la pensión mínima. En aquellos casos de las personas con
cónyuge no a cargo, la prestación será equivalente al Salario Mínimo anual;
mientras que para quienes tienen cónyuge a cargo la prestación sería del 110
por ciento del Salario Mínimo. UP-IU
también hará una elevación progresiva del Salario Mínimo Interprofesional: 774
euros mensuales en 2016, 890 euros en 2017, 1.023 euros en 2018 y 1.176 euros
en 2019.
De
la misma manera, unos 48.656 jóvenes malagueños se beneficiarán del plan de
empleo y formación, mientras que 35.263 pequeños empresarios y autónomos de la
provincia recibirán ayudas del Estado. El paquete de ayudas a estos últimos
incluye la simplificación de los procesos administrativos o la subvención
durante dos años de parte de la remuneración de nuevos empleados: 30 por ciento
de la retribución bruta hasta un máximo de 6.000 euros año y un 20 por ciento
para el segundo año.
Francisco
Guzmán ha asegurado que hay dinero para emprender estas y otras medidas que
incluye el plan, pero que Mariano Rajoy los ha destinado a salvar bancos y
autovías. Para financiar estas medidas, con un coste de 52.500 millones de
euros en todo el Estado.
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