La diputada del PCE e
Izquierda Unida y candidata número dos por Málaga de Unidas Podemos
en las próximas elecciones del 10N, Eva García Sempere, fue
incluida en una ‘lista negra’ por la compañía química
norteamericana Monsanto -adquirida posteriormente por la
multinacional alemana Bayer por 56.000 millones de euros- y
clasificada en la misma con un intenso color rojo -con el que
clasifican a las personas más opuestas- como ‘strongly againts’
(fuertemente en contra) por su trabajo como portavoz de IU en la
Comisión de Agricultura del Congreso contrario al herbicida
glifosato, comercializado por estas empresas y considerado en
diversos estudios internacionales como cancerígeno.
García Sempere aparece
señalada en esa misma ‘lista negra’ como ‘influencer´
(persona con capacidad de influencia por su condición de
parlamentaria) y también se señalan indicaciones sobre los
‘mensajes’ que la diputada debe recibir, entre ellos ‘excluir
el glifosato de la agenda política’.
La parlamentaria andaluza
y responsable federal de Política Medioambiental de IU conoció que
estaba incluida esta ‘lista negra’ a través del despacho
internacional de abogados Sidley Austin LLP, con sede en Bruselas.
Este bufete le informó por correo que actúa en calidad de
representante legal de Bayer AG y de sus sociedades filiales, tras
ser contratados por la multinacional ‘para realizar una
investigación tras la aparición de ciertas informaciones en la
prensa sobre la existencia, ámbito y uso de las denominadas listas
de partes interesadas’. Estas listas las elaboró la agencia de
relaciones públicas Fleishman Hillard dentro de la campaña que
inició Monsanto en 2016-17 para que se renovara el uso del
glifosato.
Según los datos hechos
públicos, buena parte de ellos por la propia Bayer, las referidas
‘listas negras’ contienen supuestamente datos de, al menos, 1.475
personas de 10 países, incluidas 339 pertenecientes a instituciones
de la Unión Europea de varias nacionalidades. En ellas se incluye a
políticos, periodistas, científicos y responsables de asociaciones
agrícolas en función de su posición sobre productos que contienen
organismos genéticamente modificados, entre ellos el herbicida
glifosato, que Monsanto comercializó bajo el nombre de Roundup.
España, con 144 nombres,
es el cuarto país con más personas incluidas en estas ‘listas
negras’, en una relación que abarca supuestamente a otras 466
personas en Francia, Alemania (202), Polonia (152), Reino Unido (93),
Italia (51), Holanda (20), Bélgica (4), EE.UU (3), Suiza (1)
A raíz de la polémica
pública suscitada por estas acciones, principalmente en Francia,
Bayer empezó a tomar medidas a mediados del presente 2019 y a pedir
disculpas por lo ocurrido en el país vecino. La Fiscalía francesa
tomó cartas en el asunto a partir de las informaciones aportadas,
entre otros medios, por el diario ‘Le Monde’ y el canal France2.
La diputada comunista Eva
García Sempere decidió reclamar a Sidley Austin LLP toda la
información que manejaran sobre ella, después de que este bufete le
informó de esta posibilidad tras encontrar su nombre en las listas
de la compañía adquirida por Bayer en la investigación que habían
abierto.
‘Además de su nombre
-le indicaba el despacho de abogados- las listas pueden incluir con
carácter general su título profesional, organización, información
acerca de su posición con respecto a la renovación del glifosato en
la UE, su posición sobre Monsanto, así como cualquier contacto que
la agencia pueda haber tenido con Usted acerca de esas cuestiones’.
El despacho indica
también, por un lado, que ‘hasta donde hemos podido comprobar, las
listas no incluyen datos personales ‘sensibles’’, aunque dejan
abierta la posibilidad de que ‘si nuestra investigación revela
cualquier información adicional que nos haga modificar la afirmación
anterior, se lo notificaremos debidamente’.
García Sempere ha podido
comprobar también que en la información que aparece en su ‘lista
negra’ se indica que entre las formas de reconducir la opinión
contraria al glifosato en España está la organización de
‘talleres’ y se cita también como representante de la industria
a la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas
(AEPLA), un ‘lobby’ o grupo de presión español al que pertenece
Bayer y, en su momento, Monsanto, que se encarga en la práctica de
representar a los fabricantes de productos fitosanitarios en nuestro
país.
El glifosato es el
herbicida más utilizado en el mundo y desde 2015 pasó a ser
clasificado como un ‘cancerígeno probable’, entre otros por el
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, agencia
perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Dentro de las acciones
puestas en marcha por Bayer para hacer frente a la crisis desatada
por el uso del glifosato y las ‘lista negras’ denunciadas en
Francia, la multinacional emitió un comunicado hace unas semanas a
nivel europeo en el que aseguró, según los medios de comunicación
de ese país, que los datos contenidos en las ‘listas negras’ no
son ilegales y solo se refieren a información de acceso público.
Esta valoración de Bayer
contrasta con las informaciones publicadas por los medios franceses
sobre los datos manejados en las listas de ese país. Allí la
denuncia apunta a la ‘recolección de datos personales por medio
fraudulento, desleal e ilícito. Las investigaciones periodísticas
en Francia señalan que en los archivos, además de la posición de
los personas sobre el glifosato, se recogerían supuestamente datos
sobre sus pasatiempos, capacidad de ser influenciados, además de
direcciones y teléfonos personales.
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