Sato Díaz/cuartopoder.es
Enrique Santiago (Madrid,
1964) es el nuevo Secretario general del PCE. El pasado domingo fue
elegido para tal cargo por el Comité Central del partido por 82
votos a favor y uno en contra. Tiene una larga trayectoria política.
Fue secretario general de las Unión de Juventudes Comunistas de
España (UJCE) desde el año 1990 al 1992. En 2004 disputó a Gaspar
Llamazares las primarias para coordinador federal de IU, cargo que
finalmente desempeñó el asturiano. Desde entonces, forma parte de
los órganos de dirección de IU y del PCE. A partir del 2008, ya con
Cayo Lara como coordinador federal, fue el responsable de la
Secretaría para la Refundación de IU.
Como abogado tiene
también una extensa trayectoria. Fue el secretario general de la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) hasta 2006;
integrante del equipo jurídico que en representación de IU formó
parte de la acusación popular contra el ex dictador chileno Augusto
Pinochet por crímenes contra la humanidad; participó en el equipo
jurídico en Argentina en el Caso Scilingo en 1996, en la querella
del caso Couso en 2004, en la querella por los vuelos secretos de la
CIA en el año 2006, en la querella contra George Bush y otros
dirigentes norteamericanos por situación presos Guantánamo en el
2007, en la querella por Flotilla por la Libertad a Gaza en el 2010,
y en la querella al extesorero del PP, Luis Barcenas, como miembro de
la acusación popular de IU, en 2013. Ha desempeñado un papel
importante como mediador en el proceso de paz de Colombia.
El pasado lunes, la
celebración del 41 aniversario de la legalización del PCE que tuvo
lugar en Madrid se convirtió en la fiesta de bienvenida al nuevo
Secretario general. Allí estuvieron el Secretario general de
Podemos, Pablo Iglesias, el Coordinador federal de IU, Alberto
Garzón, su antecesor al frente del PCE, José Luis Centella,
Coordinador general de EUiA, Josep Nuet, y numerosas personas del
mundo político, cultural e intelectual de la izquierda. Antes de que
Santiago tomara la palabra sobre el escenario, le presentaron dos
personas bien distintas. En primer lugar, Federico Mayor Zaragoza, ex
ministro de Educación y Ciencia con la UCD y ex director general de
la UNESCO, y por Yayo Herrero, prestigiosa activista e investigadora
del ecosocialismo y el ecofeminismo. Conversamos con el nuevo líder
del PCE.
Llamó la atención
que en su presentación, le introdujeran dos personas de perfiles tan
distintos como Yayo Herrero y Federico Mayor Zaragoza. Es difícil
encontrar en la política perfiles que generen amplios consensos por
sus trayectorias. ¿Qué talante debe tener un líder político, un
secretario general del PCE?
Tiene que ser una persona
capaz de entenderse con todas las representaciones de la sociedad
civil y política española si queremos que el PCE ocupe un papel
importante en la política de este país, tal y como lo ha hecho
desde que nació a principios del siglo XX hasta la actualidad.
Especialmente, para un partido como el nuestro que cree en la
necesidad de la unidad popular, es fundamental tener relaciones con
todo lo que se mueve en la sociedad con la intención de mejorarla.
Quizás todo el mundo no aspire a transformar la sociedad como los
comunistas, pero nos tenemos que entender con toda la gente que
aspira a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Yayo Herrero le hizo
una recomendación desde el escenario: que el PCE ponga en el centro
las luchas ecologista y feminista. ¿Serán centrales estas luchas?
Son luchas inherentes a
la lucha de clases. En nuestro último congreso, el PCE incorporó a
sus definiciones ideológicas conceptos como el ecosocialismo y el
feminismo. Está claro que el sistema capitalista es incompatible con
el mantenimiento de los ecosistemas de este planeta, devora los
recursos del planeta y es incapaz de preservarlo para futuras
generaciones. El feminismo es la expresión, hoy en día, de la lucha
contra una determinada explotación que también genera el
capitalismo, una sociedad con unas características patriarcales que
relega a las mujeres a un papel meramente reproductor y de cuidados
y, además, sin darles las suficientes condiciones para ello.
Dada su larga
trayectoria como jurista, quería preguntarle por la cuestión
catalana. ¿Cómo valora la respuesta judicial del Estado, llegando a
procesar a los líderes independentistas de rebelión y de sedición?
La Justicia se ha visto
ante la coyuntura de dar respuesta a una situación que el Gobierno
español ha sido incapaz. Es más, no sólo no ha dado respuesta,
también ha agudizado el problema tomando medidas discriminatorias
hacia el pueblo catalán y los derechos de otros pueblos del Estado.
Haber impugnado ante el Tribunal Constitucional artículos del
Estatut que están recogidos en el Estatuto de Andalucía
literalmente, y que nadie los ha recurrido, es un ejemplo de que la
derecha española es incapaz de comprender nuestra realidad histórica
plurinacional.
A partir de ahí, la
labor de los tribunales en el plano estrictamente jurídico es muy
cuestionable por dos motivos. En primer lugar, porque técnicamente
dudo mucho que haya rebelión. Cuando en el año 1995 se incorporó
la actual definición, en el Código Penal, del delito de rebelión,
tal y como han resaltado los tribunales alemanes, requiere de una
violencia suficiente para obligar al Estado a actuar de una
determinada forma. Cosa que no ha habido, por mucho que se pretenda
convertir la movilización política en un hecho violento.
La doctrina que se está
creando trasciende el ámbito del independentismo, puede ser aplicada
a cualquier movilización social, sindical, a cualquier protesta. La
lógica del Supremo es la siguiente: cualquier movilización que
resulte masiva y reivindique algo contrario al ordenamiento, por
ejemplo la derogación del artículo 135 de la Constitución, por el
hecho de ser masiva se convierte en coactiva al Estado y la coacción
es una violencia. Es decir, convierten el apoyo popular a una
determinada reivindicación en un acto de violencia contra el Estado.
Desde mi punto de vista, esto excede los límites de cualquier
constitución democrática y convierte la libre expresión y la
protesta social en actos de disidencia y en actos de sedición y
rebeldía. Es un grandísimo error, es criminalizar la protesta y la
disidencia.
También hemos visto
un intento por parte de la Fiscalía de relacionar a los CDR, nada
más y nada menos, que con terrorismo…
Eso ya es cómico. La
propia Audiencia Nacional, que no se caracteriza por ser muy
permisiva con el terrorismo, se ha encargado de descartarlo. Esta
espiral que se abre de intentar solucionar represivamente problemas
políticos lleva a situaciones de esperpento que no ayudan nada a
mejorar la imagen de España hacia el exterior como país
democrático. Los países de la Unión Europea están cada vez más
espeluznados con la deriva autoritaria española. Si a eso se le suma
que nuestros tribunales procesan más delitos de enaltecimiento del
terrorismo, un 75%, que delitos de terrorismo, un 25%, la deriva está
clara. Hay una limitación de la libertad de expresión, opinión,
manifestación… Cada vez vamos a un Estado más autoritario incapaz
de establecer diálogo con la ciudadanía y eso es una estrategia
torpe para cualquier poder porque acaba provocando estallidos
sociales y políticos.
Se pone en evidencia
que no existe la independencia del Poder Judicial en el Estado
español…
Es obvio que en algunos
aparatos del Poder Judicial no existe ninguna independencia, como en
el Ministerio Fiscal. En otros países se garantiza una libertad de
actuación por parte de fiscales. El hecho de ser un cuerpo
jerárquico en nuestro país y que el Fiscal General sea puesto por
el Gobierno merma la independencia. Para mí el mayor problema del
Poder Judicial es otro, no se ha adaptado a los valores de la
Constitución de 1978. Es el único poder que no se ha alterado su
composición.
El Poder Judicial, como
todos los poderes democráticos, debe ser un reflejo de la sociedad
española, una sociedad en la que las opiniones de derechas y de
izquierdas están prácticamente equilibradas, pero en el Judicial no
es así. Hay una mayoría muy dominante de posiciones conservadoras
que se expresa en las votaciones a representantes a las
organizaciones profesionales de la Judicatura. Hay que modificar los
sistemas de acceso, no sólo hay que valorar la memoria y la
capacidad económica del opositor. Para que una persona pueda dedicar
años a memorizar los códigos, evidentemente, alguien le tiene que
mantener. Hay sistemas en la Unión Europea en los que el acceso a la
carrera judicial descansa en una formación continua: una selección
de los mejores estudiantes de las universidades para un posterior
ingreso en escuelas judiciales donde se valora, además de la
memoria, el equilibrio, los valores democráticos y otros factores
que aquí no se valoran. Que forme parte del sistema judicial solo
quien más memoria tiene, no me parece un buen sistema.
Vemos cómo el PSOE
está apoyando cada uno de los pasos que da el Poder Judicial en
relación al conflicto de Catalunya. Se ha alineado, en este sentido,
claramente con PP y Ciudadanos. ¿Cómo ve al PSOE? ¿Cree que puede
ser un compañero de viaje y de futuros gobiernos para el PCE?
Nos encantaría que
cualquier fuerza que se llama de izquierdas se sumara a los procesos
de reivindicación de más derechos para la ciudadanía. Lo cierto es
que el PSOE siempre acaba apoyando políticas neoliberales o de
restricción de derechos. El PP ha aprobado una Ley de Seguridad
Ciudadana muy dura, pero la solución no es que el PSOE reivindique
la patada en la puerta de Corcuera. El PP ha puesto en práctica una
reforma que termina con la Justicia Universal en materia de Derechos
Humanos, pero es que ya el PSOE hizo una reforma que limitaba este
ejercicio sensiblemente. Las pensiones públicas, ya hubo una reforma
del PSOE que las limitaba.
Quien impulsó la
supeditación del gasto público al techo de gasto fue el PSOE
mediante la reforma del 135 de la Constitución, que es lo que ha
provocado situaciones tan kafkianas como que el Ayuntamiento de
Madrid, habiendo reducido la deuda heredada del PP a más de un 10%
anual y teniendo superávit, no pueda hacer políticas sociales
expansivas ni impulsar el empleo. Eso son consecuencias de las
políticas económicas de un partido que pretende ser socialista y de
izquierdas. No vale llenarse la boca de palabras, hay que ponerlo en
la práctica. Al PSOE no se le puede olvidar que tras las elecciones
de junio del 2016 renunciara a sacar al PP, un partido corrupto, del
gobierno.
enriquesantiago2
Volviendo a Catalunya
y aprovechando que ayer fue 14 de abril, hablemos del rey. Para mucha
gente, el discurso de Felipe VI del 3 de octubre supuso una dejación
de su función arbitral en un conflicto y un pistoletazo de salida
para la consolidación del “bloque monárquico” de PP, PSOE y
Ciudadanos…
La Monarquía, por
definición, es una institución absolutamente antidemocrática e
ilógica. Que por derecho de sangre haya una familia que tenga un
derecho natural para gobernarnos a todos es insoportable. No es
cierto que el rey no gobierne y sólo reine, el rey es el jefe de las
Fuerzas Armadas. En cualquier país democrático, este cargo debería
ser elegido democráticamente. Además, en la Transición, la
oligarquía pretendió atribuir la legitimidad de la democracia al
origen dictatorial, es decir, hubo un tránsito y no una ruptura y
quien designó al rey fue el dictador. Al margen de esta
consideración histórica, las monarquías son una minoría en el
mundo, desde el Siglo de las Luces han ido desapareciendo pues exigen
espacios no democratizados.
Y concretamente, ¿cómo
valora la actuación del rey en su discurso del 3 de octubre?
Tenemos una posición
clara respecto al modelo territorial del Estado. El PCE entiende que
todo el mundo tiene derecho a manifestarse en una democracia sobre su
futuro y el del pueblo al que pertenece, creemos que este país es
una realidad plurinacional, pero defendemos la unidad de todos los
pueblos del Estado en un proyecto de libertad y democracia profunda,
una república.
El discurso del 3 de
octubre fue de una absoluta torpeza política, si de lo que se trata
es de que la Jefatura del Estado haga un equilibrio entre los
distintos poderes, es obvio que el rey no hizo ningún esfuerzo en
este sentido. Si el rey pretende ser el rey de toda la ciudadanía,
también debería intentar serlo de aquella gente con puntos de vista
distintos. El rey perdió una oportunidad de oro de cumplir una
función política para resolver el conflicto catalán que el
Gobierno español es incapaz de darle. Desde ese discurso, la
Monarquía está inhabilitada para ser parte de una solución.
Además, teniendo en cuenta que los borbones tienen un especial
señalamiento en Catalunya, hay que señalar que la fiesta nacional
de Catalunya recuerda cuando las tropas borbónicas entraron y
arrasaron con Barcelona, me parece absurdo que tres siglos después
la dinastía borbónica siga sin mostrar la más mínima empatía con
Catalunya.
Me hablaba de la
importancia de la unidad popular en el proyecto del PCE. El líder de
Podemos, Pablo Iglesias, asistió a su presentación la semana
pasada. ¿Cómo se debe construir esa relación entre el PCE y una
fuerza como Podemos?
Los comunistas, a lo
largo de nuestra historia y a lo ancho del mundo, siempre nos hemos
destacado por la búsqueda de la unidad popular y de amplias alianzas
que permitan mejoras en las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Por eso, para el PCE es una excelente noticia que en el mapa político
español en los últimos años hayan surgido otras opciones políticas
que claramente aspiran a mejorar las condiciones de vida y los
derechos humanos. Ahí, menciono todo lo que significó el nacimiento
de las mareas, los comunes, Podemos… Son fuerzas que han sabido
canalizar un determinado ánimo que hizo estallar el 15M,
movilizaciones protagonizadas en su mayoría por gente joven. Creo
que IU tendría que haber estado en condiciones de canalizar aquel
descontento, lo intentó y no lo consiguió, surgió otra fuerza
política, es necesario que surgiera y que se establezcan formas de
trabajo concretas.
¿En qué medida esta
forma de solucionar problemas internos, concretamente en Podemos, a
través de los medios de comunicación puede afectar al proceso de
convergencia y castigar electoralmente a la izquierda?
Creo que todas las
fuerzas políticas tienen esa mala costumbre de airear sus conflictos
internos en los medios de comunicación. Hay personas que creen que
airear las discrepancias en los medios puede beneficiarles para ganar
posiciones. Yo creo que no beneficia, no sé si individualmente puede
beneficiar, pero, desde luego, no a los proyectos políticos. No
quiero inmiscuirme en los asuntos internos de ninguna fuerza
política, hago una consideración general.
Hablaba de que IU no
supo canalizar el descontento que se manifestaba en el 15M. Usted, en
aquel momento, era el responsable de la refundación de IU… Pasado
el tiempo, ¿qué no supo leer bien IU en aquel momento?
Creo que IU sí supo leer
el momento, pero no supo poner los medios para satisfacer las
demandas de ese sector tan importante de la sociedad española que
mostraba un descontento muy amplio con el sistema, con el orden
establecido, con el funcionamiento del sistema democrático en
España. Creo que el principal fallo de IU fue no entender la
diversidad de expresiones y manifestaciones de aquel estallido y no
saber poner en marcha con ese movimiento un programa de acción que
diera confianza a todas esas personas. No fuimos capaces de hacerlo y
no porque no nos esforzáramos, asumo buena parte de esa
responsabilidad porque yo era el responsable de la tarea de
refundación y de convergencia.
Fue secretario general
de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en un momento
en el que todavía no había estallado la actual crisis que afecta a
las personas refugiadas. La Unión Europea incumple sus obligaciones
en esta materia. ¿Cómo valora la actual situación?
Hay una vulneración
absoluta por parte del Primer Mundo de derechos reconocidos
internacionalmente. Hay una falta de comprensión de la realidad por
parte de los países ricos, no se pueden crear fortalezas de
bienestar aisladas del resto del planeta, máxime cuando esas
fortalezas aisladas consiguen su bienestar a raíz de unas relaciones
económicas y comerciales desiguales. A principios del siglo XX, la
diferencia entre la riqueza real de los países del Primer Mundo y
los del Tercer Mundo era de tres a uno; hoy es de 300 a uno. Es una
cuestión que debería hacer pensar. Obviamente no hay muros capaces
de contener a la inmensa mayoría de la población cuando se le priva
de sus derechos fundamentales. Es una situación de ceguera política,
esa incapacidad que tienen las personas del mundo rico de compartir
lo que les sobra. Todo el mundo debería hacer un esfuerzo por
compartir y eso atañe a las instituciones de los países
desarrollados.
Para solucionar esta
situación, si la Unión Europea no quiere que estas personas lleguen
a sus fronteras, hay dos mecanismos: modificar el intercambio
económico desigual y dejar que parte de las riquezas que se produce
en los países del Tercer Mundo se aplique en esos países y, por
otro lado, dejar de crear conflictos armados en esos países para
controlar sus recursos naturales.
En estos momentos
vemos cómo EEUU, Francia y Reino Unido han llevado a cabo nuevos
bombardeos en Siria…
Lo que se ha hecho con
Siria no tiene nombre. Siria era el país que garantizaba una cierta
estabilidad en el mundo árabe. Evidentemente no es un sistema
político que pueda homologarse a los de Europa, pero era un país
laico, con un cierto nivel de bienestar, con una educación y
atención sanitaria garantizadas, con unos derechos reconocidos a las
mujeres… Que todo eso se pretenda desmantelar con el argumento de
que el presidente representa a un partido mayoritario y es la cabeza
de un régimen totalitario… Esto puede ser así, pero la Carta de
Naciones Unidas obliga al respeto de la soberanía nacional de cada
pueblo. Esto sólo ha servido para generar más integrismo, el
surgimiento del ISIS surge por la desmembración de este estado.
Hay un debate en la
izquierda transformadora acerca del papel de la Unión Europea y qué
se debe hacer con respecto a este proyecto. ¿Cuál es su visión y
qué defenderá el PCE con respecto a la UE?
Creemos que ya no es
posible transformar la Unión Europea. Desde Maastrich, es tal la
sustracción de la soberanía popular por parte de los centros de
decisión europeos que sus políticas dependen de grandes grupos
económicos y de determinados países que tienen un nivel económico
mayor. Se ha obviado garantizar un disfrute de los derechos sociales
y laborales a la ciudadanía europea. Creemos que es imposible
reformarla, y mira que durante años hemos estado clamando por un
cambio en las formas de funcionamiento y en las rutas políticas de
la Unión Europea.
Por ello, apostamos por
un modelo alternativo de relación entre los pueblos de Europa. Como
somos conscientes que eso no lo puede conseguir un país solo,
apostamos por iniciar una discusión para construir una alternativa
que en primer lugar pase por los pueblos del sur de Europa, que
cambie la forma de relacionarnos, que hagan a avanzar hacia una
unidad política que garantice los derechos de todas las personas y
en especial de los más débiles. Es necesario que los países del
sur de Europa, los más desfavorecidos por el actual modelo, impulsen
un modelo alternativo.
Hablando de Europa,
vemos cómo aumenta el voto a la extrema derecha que gobierna en
algunos países. Estos votos llegan, en gran medida, de las clases
populares. Vemos este debate en la izquierda. ¿Por qué las opciones
políticas de izquierdas no seducen, en muchas ocasiones, a barrios y
clases populares?
Tenemos que tener un
discurso muy claro que identifique a las fuerzas de izquierdas como
capaces de solucionar los problemas cotidianos, hay que bajar al
nivel de la cotidianeidad. Además, hay que explicar que los
problemas de las clases populares no vienen por una competición con
otros sectores populares, vienen de un sistema que no está basado en
la redistribución, sino en la acumulación en pocas manos. Además,
a los sectores más desfarorecidos hay que garantizarles mecanismos
de disfrute de los derechos que no dependan de su capacidad
económica, formativa o de su condición social. Si eso no lo
hacemos, será una competición entre clases populares por lo poco
que el sistema pone a disposición del pueblo. Competiciones que no
se corresponden con el origen de los problemas.
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