El presidente de IU-La Izquierda Plural en el Congreso de los
Diputados, Cayo Lara, ha emplazado hoy en la Cortes al presidente del Gobierno para deje de
criminalizar la protesta social y, que en todo caso, utilice una misma vara de
medir a la hora perseguir a los empresarios que impiden con toda “naturalidad” el
ejercicio del derecho constitucional de huelga mediante coacciones y amenazas
de despido que contra los trabajadores y trabajadoras a los que la Fiscalía pide un total de
120 años de cárcel por haber participado en las huelgas de los años 2010 y
posteriores.
Como era de esperar Rajoy se ha desentendido del asunto y le
ha contestado con cinismo que si no le gusta el Código Penal que lo cambie. “Yo
tengo un voto, igual que usted”, le ha dicho antes de sugerir que si quieren el
indulto, se lo pidan, además de olvidar que ganan elecciones con financiación
fraudulenta y ejerciendo un control totalitario de los medios de comunicación públicos
y el apoyo del bunker empresarial mediático.
Cayo Lara empleó su turno de preguntas al presidente del
Gobierno para denunciar la creciente criminalización de las protestas de los
trabajadores contra las reformas laborales, tanto las del PSOE como las del PP,
que han abaratado los despidos, han convertido los convenios colectivos en
papel mojado y han provocado más desempleo, salarios más bajos y mayor
precariedad laboral, en definitiva una mayor probreza y sufrimiento en la gente
del pueblo.
El Coordinador Federal de IU consideró injusto y
desproporcionada la petición de la fiscalía de 120 años de cárcel para los
trabajadores y la trabajadoras que participaron en piquetes informativos en las
huelgas contra la reforma laboral. “Sólo a ocho de Airbus les piden 64 años de
prisión”, denunció.
Todo ello –señaló Lara– en un país donde se atacan los
salarios, los servicios sociales básicos, la sanidad, la educación, la
dependencia, y donde tener un empleo ya no es sinónimo de estabilidad ni de
superación de la pobreza. “¿Le parece lógico –ha preguntado a Rajoy– que se
pidan penas de cárcel para los trabajadores que protestan mientras a los
empresarios que impiden el derecho de huelga mediante coacciones se les aplican
a lo sumo sanciones administrativas?”. En este sentido, Lara le recordó el dato
de la última encuesta del CIS, según el cual, más de la mitad de los
trabajadores que no han secundado las huelgas acudieron a trabajar por miedo a
las represalias patronales y al despido. “Ataquen el fraude y no a los
trabajadores”, pidió a Rajoy.
A pesar de la explícita asimetría de trato penal a patronos y
trabajadores, Rajoy aseguró que no puede influir en la Fiscalía ni, mucho menos,
en la judicatura, y sugirió que los sindicalistas
le pidan medidas de gracia: “Planteen los indultos y los resolveremos”, tuvo la
desvergüenza de decir.
Mientras tanto, miles de sindicalistas protagonizaron ayer y
hoy movilizaciones contra la criminalización de las protestas sociales. Bajo el
lema “No nos van a callar” también se han manifestado en Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Sevilla, Málaga y otras ciudades. Denunciando como la imposición de multas ha
aumentado un 500% con el Gobierno del PP y sus cuantías, un 900%, además de los
más de 300 trabajadores y trabajadoras que se hallan judicialmente acusados
injustamente por la Fiscalía
por su participación en en las últimas huelgas y protestas contra las políticas
de ajuste y recortes contra el pueblo trabajador.
En Málaga la protesta
por la libertad sindical se centró en la solidaridad con los compañeros
sindicalistas Gonzalo Fuentes y Lola Villalba al que piden 3 años de cárcel
Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado esta mañana
frente a la sede del PP en Málaga, en la avenida de Andalucía, para protestar contra
"la criminalización" que sufren los sindicalistas y manifestantes en
las huelgas y defender "a los compañeros y compañeras que salieron a la
calle en defensa de nuestros derechos". Según ha dicho el Secretario
general de CCOO en Málaga, Antonio Herrera, la Secretaria del
Sindicato de Hostelería y Comercio en la provincia de Málaga, Lola Villalba, y
el Secretario de la Federación Andaluza
del mismo sindicato Gonzalo Fuentes, están inmersos en un proceso judicial en
el que les piden tres años de cárcel por participar en la jornada de Huelga General
del 14 de noviembre.
"Estamos ante un proceso de criminalización que nos
recuerdan tiempos pasados. Hace 40 años, diez sindicalistas de CCOO fueron
condenados a través de un proceso llamado Proceso 1001 a 170 años de cárcel.
Hoy, en el 2014, el gobierno del PP inicia un proceso de criminalización con
una suma de más de 120 años a más de 300 sindicalistas", ha apuntado
Herrera
Por su parte la Secretaria general de UGT en Málaga, Auxiliadora
Jiménez, señaló que "el gobierno del PP ya no se contenta con acabar con
los derechos laborales, con el estado de bienestar, sino que encima quieren que
no protestemos. Entienden la democracia gobernando a golpe de decreto. Hay mas
de 300 sindicalistas acusados simplemente por el hecho de haber ejercido su
derecho a la huelga".
En la movilización participaron la diputada en el Parlamento
de Andalucía, Lola Quintana, la portavoz en la Diputación provincial de
IULV-CA, Antonia Morillas y el Secretario Político del Comité Provincial del
PCA, Efraín Campos o la
Coordinadora de la carretera de Cádiz de IULV-CA, Paqui Marín
o el camarada Paco Reyes junto al movimiento de los yayo-flautas. En Granada participó
en la manifestación por la libertad de Carlos y Carmen condenados a 3 años de cárcel
por participar en la Huelga General ,
además de para denunciar la criminalización del sindicalismo de clase, el Consejero
Turismo y Comercio Andalucía, Rafael Rodríguez Bermúdez.
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