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miércoles, 9 de julio de 2014

Cayo Lara, Coordinador Federal de IU, denuncia ante Rajoy su actuación promoviendo la cárcel para los sindicalistas y la impunidad de los patronos. Protestas en toda España

El presidente de IU-La Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, Cayo Lara, ha emplazado hoy en la Cortes al presidente del Gobierno para deje de criminalizar la protesta social y, que en todo caso, utilice una misma vara de medir a la hora perseguir a los empresarios que impiden con toda “naturalidad” el ejercicio del derecho constitucional de huelga mediante coacciones y amenazas de despido que contra los trabajadores y trabajadoras a los que la Fiscalía pide un total de 120 años de cárcel por haber participado en las huelgas de los años 2010 y posteriores.
Como era de esperar Rajoy se ha desentendido del asunto y le ha contestado con cinismo que si no le gusta el Código Penal que lo cambie. “Yo tengo un voto, igual que usted”, le ha dicho antes de sugerir que si quieren el indulto, se lo pidan, además de olvidar que ganan elecciones con financiación fraudulenta y ejerciendo un control totalitario de los medios de comunicación públicos y el apoyo del bunker empresarial mediático.
Cayo Lara empleó su turno de preguntas al presidente del Gobierno para denunciar la creciente criminalización de las protestas de los trabajadores contra las reformas laborales, tanto las del PSOE como las del PP, que han abaratado los despidos, han convertido los convenios colectivos en papel mojado y han provocado más desempleo, salarios más bajos y mayor precariedad laboral, en definitiva una mayor probreza y sufrimiento en la gente del pueblo.
El Coordinador Federal de IU consideró injusto y desproporcionada la petición de la fiscalía de 120 años de cárcel para los trabajadores y la trabajadoras que participaron en piquetes informativos en las huelgas contra la reforma laboral. “Sólo a ocho de Airbus les piden 64 años de prisión”, denunció.
Todo ello –señaló Lara– en un país donde se atacan los salarios, los servicios sociales básicos, la sanidad, la educación, la dependencia, y donde tener un empleo ya no es sinónimo de estabilidad ni de superación de la pobreza. “¿Le parece lógico –ha preguntado a Rajoy– que se pidan penas de cárcel para los trabajadores que protestan mientras a los empresarios que impiden el derecho de huelga mediante coacciones se les aplican a lo sumo sanciones administrativas?”. En este sentido, Lara le recordó el dato de la última encuesta del CIS, según el cual, más de la mitad de los trabajadores que no han secundado las huelgas acudieron a trabajar por miedo a las represalias patronales y al despido. “Ataquen el fraude y no a los trabajadores”, pidió a Rajoy.
A pesar de la explícita asimetría de trato penal a patronos y trabajadores, Rajoy aseguró que no puede influir en la Fiscalía ni, mucho menos, en la judicatura, y sugirió que  los sindicalistas le pidan medidas de gracia: “Planteen los indultos y los resolveremos”, tuvo la desvergüenza de decir.
Mientras tanto, miles de sindicalistas protagonizaron ayer y hoy movilizaciones contra la criminalización de las protestas sociales. Bajo el lema “No nos van a callar” también se han manifestado en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga y otras ciudades. Denunciando como la imposición de multas ha aumentado un 500% con el Gobierno del PP y sus cuantías, un 900%, además de los más de 300 trabajadores y trabajadoras que se hallan judicialmente acusados injustamente por la Fiscalía por su participación en en las últimas huelgas y protestas contra las políticas de ajuste y recortes contra el pueblo trabajador.
En Málaga la protesta por la libertad sindical se centró en la solidaridad con los compañeros sindicalistas Gonzalo Fuentes y Lola Villalba al que piden 3 años de cárcel
Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado esta mañana frente a la sede del PP en Málaga, en la avenida de Andalucía, para protestar contra "la criminalización" que sufren los sindicalistas y manifestantes en las huelgas y defender "a los compañeros y compañeras que salieron a la calle en defensa de nuestros derechos". Según ha dicho el Secretario general de CCOO en Málaga, Antonio Herrera, la Secretaria del Sindicato de Hostelería y Comercio en la provincia de Málaga, Lola Villalba, y el Secretario de la Federación Andaluza del mismo sindicato Gonzalo Fuentes, están inmersos en un proceso judicial en el que les piden tres años de cárcel por participar en la jornada de Huelga General del 14 de noviembre.
"Estamos ante un proceso de criminalización que nos recuerdan tiempos pasados. Hace 40 años, diez sindicalistas de CCOO fueron condenados a través de un proceso llamado Proceso 1001 a 170 años de cárcel. Hoy, en el 2014, el gobierno del PP inicia un proceso de criminalización con una suma de más de 120 años a más de 300 sindicalistas", ha apuntado Herrera
Por su parte la Secretaria general de UGT en Málaga, Auxiliadora Jiménez, señaló que "el gobierno del PP ya no se contenta con acabar con los derechos laborales, con el estado de bienestar, sino que encima quieren que no protestemos. Entienden la democracia gobernando a golpe de decreto. Hay mas de 300 sindicalistas acusados simplemente por el hecho de haber ejercido su derecho a la huelga".

En la movilización participaron la diputada en el Parlamento de Andalucía, Lola Quintana, la portavoz en la Diputación provincial de IULV-CA, Antonia Morillas y el Secretario Político del Comité Provincial del PCA, Efraín Campos o la Coordinadora de la carretera de Cádiz de IULV-CA, Paqui Marín o el camarada Paco Reyes junto al movimiento de los yayo-flautas. En Granada participó en la manifestación por la libertad de Carlos y Carmen condenados a 3 años de cárcel por participar en la Huelga General, además de para denunciar la criminalización del sindicalismo de clase, el Consejero Turismo y Comercio Andalucía, Rafael Rodríguez Bermúdez.

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