Nuestro Partido viene
alertando a la sociedad española sobre la necesidad de democratizar
el sistema judicial ante las evidentes muestras de continuidad de
elementos del aparato judicial del franquismo, primero en las mismas
personas y después nutrido de muchos de los descendientes de la
oligarquía surgida durante la dictadura. Esto es extensible, en el
marco del Estado, al ejército y a los cuerpos policiales, siendo
Gómez Pacheco solo la punta del iceberg de la impunidad.
Con motivo de la batalla
judicial emprendida por la familia del dictador y por su entorno
contra el Decreto que ordena la exhumación de sus restos del panteón
autoeregido por el dictador en Cuelgamuros, el Tribunal Supremo ha
afirmado, que si se estimase la demanda y se anulase el acuerdo del
Gobierno para la exhumación y esta se hubiera realizado, sería
perjudicial para la familia y para el interés público, incluso
señala que habría coincidencia entre estos intereses Ademas, el
Tribunal Supremo señala que Franco fue “jefe de Estado desde
octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975”,
lo que además de suponer una absoluta ignorancia de la historia, es
un reconocimiento de legalidad a lo que no fue más que un golpe de
Estado criminal, no como el que la justicia española dice estar
juzgado por los hechos independentistas de Cataluña.
Tanta ofensa a las
víctimas del franquismo y a los defensores de la legalidad
democrática por el Tribunal Supremo, ha provocado que todos los
sectores demócratas, progresistas y de izquierdas hayan mostrado su
indignación y exijan la rectificación del auto.
Ante el debate
suscitado el PCE manifiesta:
Franco no era “jefe de
Estado” legítimo, ni en octubre del 36 ni en Noviembre de 1975
cuando murió. Usurpó la jefatura del Estado, mantuvo dicha
usurpación y la trasladó hasta el siguiente Jefe de Estado que él
decidió unilateralmente. Esta usurpación ha tenido continuidad
hasta nuestros días a través de la monarquía que ejerce la
jefatura del estado. No es de extrañar por tanto que a fecha de hoy
una de las Instituciones heredadas del franquismo, la Justicia,
ignore a las víctimas, proteja a la familia del victimario y
sostenga la represión contra las fuerzas populares y la impunidad
del fascismo y del autoritarismo.
La sucesión en la
jefatura de Estado recayó en Juan Carlos de Borbón por designación
del dictador, asegurando que la mas alta institución representativa
del Estado, que también desempeña la jefatura de las Fuerzas
Armadas, esté al margen de la decisión democrática y nunca se haya
sometido al veredicto popular a través de las urnas. No aceptamos
que el sí mayoritario a la Constitución fuera un sí a la
monarquía. El Pueblo español nunca ha podido expresarse ni elegir
entre monarquía y república.
Esa continuidad
aparentemente formal entraña un serio déficit democrático que se
exterioriza como problema político periódicamente, a consecuencia
de esa estrategia de tránsito de la dictadura a la monarquía: “De
la ley a la ley. Nunca hubo ruptura con la dictadura. No hubo
depuración del aparato judicial, ni del policial, ni del ejército,
ni del político – asistiendo al blanqueamiento de dirigentes de la
dictadura como Fraga o Martín Villa - y mucho menos del sistema de
poder económico: continuaron dominando la economía las mismas
familias, manteniendo las mismas fortunas fruto del saqueo, antes,
durante y después del franquismo, del trabajo esclavo de los presos
y de siglos de colonialismo, la sangrienta acumulación originaria de
la burguesía española.
De aquellos polvos,
estos lodos de nuestros días
Mientras las estructuras
del poder económico y del Estado sean las actuales, los derechos de
la clase obrera que aparecen en la Constitución serán inaplicables
porque nunca el Estado garantizará mecanismos para exigirlos. Papel
mojado que pretende generar la apariencia de un “estado social y
democrático de derecho”.
Esta realidad fue
desvelada con toda crudeza por la gran crisis capitalista de 2008,
cuyos efectos aún padece la clase trabajadora por el aumento de la
explotación y por su empobrecimiento, cuando la riqueza generada por
su trabajo fue regalada a la banca. Durante todo el periodo de la
monarquía parlamentaria, el Estado, ha sido fiel a sus orígenes
autoritarios: privatizaciones, expolio de bienes públicos,
participación de España en las guerras y aventuras del imperialismo
de EEUU, sometimiento del pueblo español al gran capital a cambio de
los miserables intereses de la burguesía en el mercado en que se ha
convertido la Unión Europea.
Por eso hay que romper
con el régimen monárquico del 78, con la UE y con el euro y
construir la III República desde su única base constituyente
posible: el poder de la clase trabajadora consciente y organizada.
Una república en la que “toda la riqueza del país en sus
distintas formas y sea cual fuere su titularidad” esté
“subordinada al interés general”.
El PCE no renuncia en
absoluto a los avances parciales que la clase trabajadora arranca día
a día con sus luchas y con sus votos, bien al contrario, está en
primera línea para conseguirlos, pero es este el objetivo al que
dedica y dedicará los mayores esfuerzos.
El Régimen del 78 no va
a caer solo: ¡tenemos que derribarlo!
¡A por la III
República!
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