Las
pensiones están en el punto de mira del capital siendo hoy uno de los problemas
más relevantes que preocupan o afectan directamente a las personas jubiladas y
pensionistas, así como a las generaciones actualmente en activo y a las
venideras. Para el PCE el Sistema Público de Pensiones es un puntal básico del
Estado de Bienestar y garantía de que, en la vejez, después de muchos años de
trabajo, cotizando y pagando impuestos, las personas mayores puedan llevar una
vida mínimamente digna. Las pensiones son un derecho contemplada en el artículo
40 de la actual Constitución, no son un negocio para banqueros y capitalistas.
Hay que salir al paso de la manipulación a que está siendo sometida la opinión
pública, tendente a generar un “estado de ánimo” proclive a aceptar recortes,
sacrificios o lo que haga falta, con tal de que se asegure la pervivencia del
Sistema.
Lo
primero que hay que aclarar es que el actual déficit de las cuentas de la
Seguridad Social no se debe a un aumento desmesurado del gasto en Pensiones,
por el contrario, es consecuencia de las sucesivas reformas. El déficit ha ido
decreciendo en los últimos años, en relación con el PIB, pese a la
incorporación de nuevos pensionistas con bases de cotización más altas. Por lo
tanto, no viene por el lado del gasto, sino por el lado de los ingresos, debido
a las políticas de los Gobiernos que a lo largo de la crisis han generado un
paro masivo, un record de precariedad en el empleo y una caída considerable de
los salarios por los que se cotiza, además de exenciones del pago de cuotas
para diversos tipos de contrataciones, etc. Por eso exigimos la derogación de
las reformas laborares del PSOE, primero, y del PP, después, contra la clase
trabajadora y las clases populares.
Así
mismo, el gasto en pensiones de España es notablemente inferior al de otros
países de la Unión Europea de similar desarrollo económico. Según datos de
Eurostat de 2012, la media de gasto en vejez de la UE-15 era del 11,8% del PIB,
estando muy por encima países como Italia (15,3%), Dinamarca (14,4%), Austria
(13,0%) o Francia (12,9%). Nuestro país figura con el 9,2%. Y en cuanto al
Gasto en Pensiones (que incluye prestaciones por desempleo y otras), los países
de la Eurozona empleaban de media el 13,5% del PIB, con un 16,1% en Italia y
entre el 14/15% en Francia, Austria o Dinamarca. Denunciamos el inadmisible el
alarmismo que se está intentando crear al sentenciar que nuestro Sistema será
insostenible si no se siguen haciendo reformas y recortes más duros.
Tras
la dura reforma de 2011 del PSOE, con aumento de la edad de jubilación a los 67
años, resulta especialmente lesiva la del Gobierno del PP de 2013, que por un
lado establece una nueva la fórmula de revalorización de las pensiones y, por
otro, establece y anticipa a 2019 el llamado Factor de Sostenibilidad.
El
agotamiento del Fondo de Reserva (de los 66.815 millones de euros de que
disponía en 2011 quedan en la actualidad 24.207) genera una incertidumbre
añadida, pues se está dando a entender que si se agota el Fondo de Reserva no
se podrán pagar las pensiones o, como mínimo, no se abonarán las pagas extras.
Una falsedad más en este entramado de manipulación de una opinión pública
desinformada y atemorizada. Porque, en definitiva, es el Estado el que tiene
que hacer frente a sus responsabilidades, tanto si las cotizaciones no llegan
como si el Fondo se agota. La Seguridad Social (aunque tenga ingresos vía
cotizaciones sociales) es tan parte de los Presupuestos Generales del Estado
como la Sanidad, la Educación, la Defensa o la I+D+i. Y, dentro de ella, las Pensiones,
por más que se intentara dar un giro a la financiación de éstas (con la
“separación de fuentes”) en el Pacto de Toledo.
Estas
medidas son el efecto de las políticas de recortes que el PSOE y el PP han
puesto en marcha al dictado de la UE y el FMI con la excusa de la crisis para
seguir acumulando capital a costa del robo de derechos y de recursos de las
clases populares, a través del cumplimiento de los objetivos del déficit y de
la reforma del artículo 135 de Constitución que prima el pago de la deuda
frente a los derechos de la mayoría social. A la vez la firma de tratados que
nos quitan derechos y le dan el poder al empresariado multinacional como el
aprobado CETA, el TTIP o el TISA son elementos a combatir en la búsqueda de una
vida digna.
Por
todo ello desde el PCE nos sumamos a las reivindicaciones de las marchas de la
Dignidad para el día 25 de febrero, 28 en Andalucía y exigimos:
- Nuestras pensiones son un derecho, no su
negocio.
- Pensiones garantizadas por los
Presupuestos Generales del Estado.
- Una pensión mínima de 1080 euros/mes por
14 pagas y su revalorización automática anual.
- La derogación de las reformas de las
pensiones impuestas por los gobiernos del PSOE en 2011 y del PP en 2013.
- La defensa de los servicios públicos, no
al pago de la deuda y al cumplimiento del objetivo de déficit impuesto por la
Unión Europea y el FMI, derogación de la reforma del artículo 135 de la
Constitución y el tratado de la Zona Euro de 2012.
- Acabar contra la represión y amnistiar y
poner en libertad a todas las personas detenidas, procesadas o multadas por
luchar por sus derechos.
EL
PCE llama a participar en las movilizaciones del 25 febrero en todo el Estado y
el 28 en Andalucía en la lucha por nuestros derechos y que esto no se
conviertan en negocio, llamamos a la movilización por los derechos de nuestra
generación y de las venideras para tener una vida digna.
Madrid,
21 de febrero de 2017
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