Celebramos
un nuevo 28F cuando se cumplen 10 años desde la aprobación de la Reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, en un 2007 de éxtasis de burbuja
inmobiliaria, crédito fácil y especulación sin límite. En el espejismo de la
hegemonía neoliberal, pocas organizaciones -Izquierda Unida era una de ellas y
lo hacía con valentía- alertaban de lo insostenible de ese modelo económico y
la necesidad de afrontar un cambio en el modelo productivo. Se nos calificó, en
su forma más diplomática, de aguafiestas. Clamábamos en el desierto frente al
espejismo neoliberal, pero clamábamos con razón y razones.
Se
perdió -en esos años de burbuja- una oportunidad para afrontar el cambio de
modelo económico, hacerlo de forma democráticamente planificada y participada,
en un gran debate social y no en los despachos de grandes empresas
extraterritoriales.
Diez
años después, noveno año de la crisis, nos encontramos con más de un millón cien
mil personas en paro. El 40% de la población está en riesgo de pobreza y el
deterioro de los servicios públicos es continuado mientras los desahucios
siguen ejecutándose y la precariedad se pretende configurar como el nuevo orden
laboral.
El
modelo productivo no ha cambiado pese a la crisis. Si entonces era copado por
la construcción y los servicios, éste sigue igualmente teniendo estos sectores
entre los más destacados. El primer sector, la construcción, unido a los
riesgos de crear de nuevo una burbuja inmobiliaria que demuestre que no hemos
aprendido nada, -lejos de la importancia
sostenida del sector en el marco de la
rehabilitación de viviendas construidas. El segundo sector, el de los
servicios, unido a la precariedad como mecanismo de intervención laboral.
Hay
una Andalucía que se resigna: la que mantiene que hemos de seguir con ese
modelo productivo, subsidiado, clientelar, periférico y dependiente. Y plantean
-creo que erróneamente- que no hay otra salida que potenciar lo realmente
existente. "Si la construcción y los servicios son los sectores que más se
mueven [junto con el sector agroindustrial], sigamos por esa senda y no demos
más vueltas" nos vienen a decir.
Quizá
convendría repasar el Estatuto de 2007: "La política económica de
Andalucía se rige por los siguientes principios: el desarrollo sostenible, el
pleno empleo, la calidad en el trabajo y la igualdad en el acceso al mismo, la
cohesión social, la creación y redistribución de la riqueza".
El
vaciamiento de los objetivos estatutarios hoy es palpable: la crisis ha
provocado una situación de efectiva intervención, pero no del autogobierno
precisamente como se recoge en la Constitución andaluza, sino intervención de
la Comisión Europea, del FMI y del Banco Central a través de su terminal. En
eso se convirtió el poder ejecutivo central.
Pasamos
del desarrollo sostenible al pago de la deuda por encima de cualquier otra
prioridad con la reforma del artículo 135 de la Constitución española aprobado
por PSOE y PP. Pasamos del pleno empleo al destrozo del mercado laboral
llegando a un 60% de desempleo en las mujeres andaluzas menores de 30 años.
Pasamos de la calidad en el trabajo a la precariedad estructural y explotación
pura y dura. Pasamos de la igualdad en el acceso laboral a la discriminación de
la mujer, donde el campo es el ejemplo más elocuente. Pasamos de la cohesión
social a una sociedad rota en una dualidad insostenible. Pasamos, por último,
de la creación y redistribución de la riqueza a la destrucción de la misma y la
concentración en pocas manos de aquella que se genera.
En
consecuencia, reivindicar el cumplimiento del Estatuto deviene en un acto de
afirmación política previa a cualquier otra reivindicación. No se trata sino de
su aplicación: de su desarrollo en forma de leyes y de su exigencia en forma de
financiación que pasa por el cumplimiento del punto 2 de la Disposición
Adicional Tercera: "La inversión destinada a Andalucía será equivalente al
peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de
siete años".
Pero,
además de un debate estatutario, hay también pendiente un reflexión sobre el
paradigma en el que se desarrolla la política andaluza, sobre cómo se dan las
relaciones del gobierno andaluz con el tejido social y económico. Andalucía hoy
está arrastrada por un gobierno que vincula la conservación del poder al
mantenimiento de una mentalidad clientelar que convierte derechos en favores lo
que obstaculiza objetivamente el desarrollo de nuestra tierra.
El
hecho de que la debilidad institucional motivada por la crisis no satisfaga
todas las demandas que sostienen ese pacto clientelar, va destejiendo la red
que se mantiene, no obstante, en niveles de conexión determinantes para el
sostén del actual gobierno y su modelo de alianzas sociales.
Paralelamente,
y penetrando poco a poco pero de manera creciente, hay una Andalucía que nunca
se ha resignado a ese estado de cosas. Hay una Andalucía que no ha dejado de
luchar y sigue haciéndolo. Es la Andalucía que se ha organizado sin concesiones
y ha tejido y teje redes de lucha, de movilización y de reivindicación. Se
trata de la Andalucía que ha llenado y llena las calles contra los recortes y
la precariedad, que ha tomado conciencia desde el sufrimiento individual o
grupal y lo convierte en instrumento de lucha organizada. La Andalucía que
reivindica pan, trabajo, techo y dignidad como espejo desmontador de la otra
Andalucía resignada.
En
la hegemonía por la defensa del modelo público de servicios -sanidad y
educación principalmente- emerge una reivindicación social que reafirma el
fortalecimiento del modelo mediante una evidente mejora de la gestión. Y lo
hace frente a los discursos defensivos -y ofensivos a la inteligencia
colectiva- de un gobierno andaluz, conservador y apático, que acusa, a quienes
se manifiestan por la sanidad y la educación, de hacerles el juego a quienes
están interesados en la privatización.
Los
enemigos de la sanidad o la educación públicas no están entre quienes defienden
la mejora de lo público. Los enemigos están entre quienes aprovechan errores de
gestión para justificar el cambio de modelo público a privado y también entre
quienes negándose a mejorar y corregir los errores de gestión pueden abrir las
puertas a una privatización con mínimo coste social. Nos opondremos firmemente
a ese intento.
Izquierda
Unida se siente orgullosa de haber mantenido la llama de la reivindicación de
un 28F que se ganó en la calle y cuya aspiración a una Andalucía soberana en
un Estado federal sigue vigente. Pero no
basta.
Cuando
las que limpian los hoteles se organizan por una insultante explotación
laboral, necesitan apoyo. Encontramos ahí un primer nivel de actuación. Luego
observan y agradecen que no se sienten aisladas y contemplen que hay otras
luchas que son las mismas que las que ellas sostienen. Ahí encontramos un
segundo nivel de actuación: la organización. Pero hay un tercer nivel
-fundamental para convertir la rabia y la indignación en esperanza e ilusión de
cambio- que nos incumbe a todos. Se trata de construir un sujeto político que
permita convertir las reivindicaciones y las luchas organizadas en alternativas
de otras políticas, a través de la consecución de un gobierno amigo del pueblo
andaluz.
De
la resignación, a la alegría del cambio. A eso nos encomendamos con sostén y
firmeza, y este 28F es un hito que empiece a construirlo.
Antonio Maíllo
Coordinador
general de IU en Andalucía
diario.es
