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viernes, 9 de diciembre de 2016

Antonio Maillo, Coordinador de IU Andalucía, exige fondos para los municipios afectados por los daños del temporal además de “fotos” y “palmaditas en el hombro”

Antonio Maíllo, Coordinador de IU Andalucía, declaró el pasado lunes, 5 de diciembre, durante su visita a los municipios afectados, que la Junta y el Gobierno central hagan “algo más que llenarse fotografías” y agilicen la declaración de zona catastrófica de los municipios andaluces que han sido gravemente afectados por el temporal, para que se doten fondos con la máxima urgencia “sin esperar a 2017”.
“Hay que dar certezas a los Ayuntamientos que están cubriendo la atención al desastre con fondos propios”, declaró Maíllo, que ha visitado Casares, Estepona y Marbella, para hacer una valoración de los daños “in situ” acompañado por el coordinador de IU Málaga, José Antonio Castro y la diputada por Málaga, Eva García Sempere.
El Coordinador andaluz apuntó dos tareas que deben acometerse y que serían facilitadas con la declaración de zona catastrófica: la mejora de los planes de infraestructuras receptoras de aguas pluviales y el remozamiento, mejora y cuidado de los caminos que han sido dañados”.
Por último Maíllo lamentó las muertes de una mujer en Estepona (Málaga) y de un trabajador subcontratado por Endesa en La Línea de la Concepción (Cádiz) a causa del temporal, defendiendo que debe investigarse lo sucedido en ambos casos y mostrando las condolencias de IU a las familias.
Por su parte, José Antonio Castro destacó que mientras que la Diputación y la Subdelegación del Gobierno han mantenido contacto con los Ayuntamientos, la Junta aún no se ha dirigido a muchos de ellos, siendo la administración que coordina el comité creado ante los daños del temporal. “Está bien que la presidenta de la Junta visite la zona, pero que vaya acompañada de compromisos concretos”, zanjó Castro.
Reclamamos a las administraciones medidas urgentes ante los problemas causados por las fuertes lluvias
Por otro lado el Grupo provincial de Izquierda Unida presentó el pasado miércoles una moción en la que, entre otras cosas, propone que Diputación  y  Junta de Andalucía pongan en marcha ayudas económicas extraordinarias necesarias para ayudar a la reposición de los daños que se han producido a causa de las fuertes lluvias en las infraestructuras municipales y que actualmente están evaluando los técnicos municipales.
Los diputados de IULV-CA recuerdan que éstas han sido las peores lluvias de los últimos años, y han dejado un saldo “catastrófico” en varios municipios, donde “además de la incalculable pérdida que supone la muerte de una mujer”, ha dejado daños materiales, que en una primera valoración superan los 25 millones de euros. “La apremiante necesidad de atender con carácter inmediato a los damnificados por estas catástrofes naturales, así como de favorecer el rápido restablecimiento de los servicios y la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas, nos hacen apelar al principio constitucional de solidaridad y por aplicación de los de equidad e igualdad de trato en relación con situaciones precedentes, por lo que entendemos que la magnitud de estos hechos y de sus consecuencias obliga a los poderes públicos a adoptar medidas extraordinarias consistentes en un régimen de ayudas específicas, así como en la adopción de un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a la reparación de los daños producidos en personas y bienes y a la recuperación de las zonas afectadas”.
En la moción, los diputados Guzmán Ahumada y Teresa Sánchez quieren también que Diputación inste  al Gobierno Central a aprobar un Real Decreto por el que se  aprueben medidas urgentes para paliar los daños producidos por las inundaciones sufridas y otras catástrofes naturales ocurrido. Además, que el ente supramunicipal de Málaga proceda a la urgente reparación y limpieza de las carreteras de titularidad provincial, que permita el normal funcionamiento del tráfico y permita evitar situaciones parecidas ante posibles lluvias venideras.

Se reclama a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, dentro de sus competencias, a aprobar, y mantener en el tiempo, un plan de limpieza y mantenimiento de los cauces de los ríos y arroyos de la provincia que son de su competencia y que en muchos casos están siendo atendidos por los ayuntamientos.

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