Elena Cortés, Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, miembro
del Consejo andaluz de IULV-CA y del CC del PCA
Tal día como ayer hace un año, el 18 de diciembre de 2013,
el Gobierno de España presentaba ante el Tribunal Constitucional (TC) un
recurso contra la Ley
de Medidas para Asegurar la
Función Social de la Vivienda , aprobada por el Parlamento andaluz
apenas tres meses antes. Mariano Rajoy se apoyaba para hacerlo en una
prerrogativa presidencial, establecida en el artículo 161.2 de la Constitución , según
la cual el jefe del Ejecutivo puede recurrir normas de rango autonómico si
considera que invaden su ámbito competencial, quedando suspendidos los
artículos impugnados de forma automática y sin que el Tribunal entre al fondo
del asunto.
El Ejecutivo forzó la suspensión de los artículos que
permitían al Gobierno andaluz hacer uso de sus competencias exclusivas para
combatir dos fenómenos social y económicamente inaceptables, haz y envés de la
misma lógica criminal aplicada por el capitalismo para vulnerar
sistemáticamente el derecho humano a la vivienda al subordinarlo a violentos
procesos de mercantilización, acumulación y especulación. Estos dos fenómenos
son los desahucios y las viviendas vacías, mecanismos imprescindibles para el
sostenimiento del statu quo forjado durante décadas de alianza entre el
capitalismo inmobiliario y los sucesivos gobiernos del bipartidismo. Es
imprescindible recordar que desde el recrudecimiento de esta crisis-estafa se
han producido en Andalucía más de 80.000 desahucios. Y que en Andalucía, donde
durante el boom inmobiliario se construyeron un millón de viviendas, hay más de
700.000 vacías. Casas construidas por el pueblo trabajador, a las que el
capital ya extrajo su tasa de ganancia, y que permanecen en buena medida en
manos de las mismas entidades financieras que desahucian, especulan y combaten
a toda costa la función social de la vivienda.
El recurso del Gobierno provocó la suspensión de las
facultades de la Consejería
de Fomento y Vivienda para expropiar durante un máximo de tres años a las
entidades financieras las viviendas embargadas a familias en riesgo de
exclusión social acreditado, evitando con ello su desahucio, así como para
sancionar a dichas entidades por mantener viviendas vacías durante seis meses a
lo largo de un año.
El Gobierno actuó puntualmente a satisfacción de la Troika y el poder
financiero, que se habían pronunciado en público contra la norma de forma
taxativa, en lo que seguro era sólo la punta del iceberg de una campaña que en
su cogollo fundamental se desarrolló con presiones a puerta cerrada. Pero
socialmente llegó tarde para sus intereses. Porque en sólo un trimestre el
desarrollo de la Ley
había mostrado que el poder político sí puede paliar injusticias, sí puede
ponerse del lado de las víctimas de la crisis y hacer pagar un precio a sus
causantes. La política sí había podido cambiar las cosas.
Por los riesgos que entrañaba ese mensaje, además de por el
impacto que pudieran tener las expropiaciones y las sanciones sobre los
balances de unos bancos regados con cantidades milmillonarias de dinero
público, el Gobierno recurrió la
Ley. Lo hizo sin dar cuenta del acuerdo tras el Consejo de
Ministros. Lo hizo sin anunciarlo, sin avisar. Nadie dio la cara, ni en el
Gobierno ni en el PP, para explicar los motivos. Porque no hay motivos
confesables.
El recurso de la vergüenza supuso un golpe institucional
contra la autonomía andaluza. Su argumentación no era más que un aluvión de
ideología neoliberal. Atención: en sus ‘Fundamentos de Derecho’ el recurso
señala que la Ley
“tiene la virtualidad de poner en verdadero peligro […] la reestructuración del
sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de
crédito […] para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país
y comenzar una senda de crecimiento económico”. El Gobierno también sostenía en
la impugnación que “no cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía
[..] comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector
financiero”. También llegaba a afirmar que de ceder el derecho “a favor de su
función social, desaparecería la propiedad privada para convertirse en
propiedad pública”. ¡Vaya, resulta que la tumba del capitalismo estaba en una
Ley autonómica…!
El recurso de la vergüenza exhibe en su literatura su
desprecio por el cuerpo legislativo en defensa de los derechos básicos. Ni
asomo de la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), ni
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
11). También los artículos de la Constitución 33 (función social del derecho de
propiedad), 40 (distribución equitativa de la renta), 47 (vivienda digna y
adecuada) o 128 (sujeción al interés general de la riqueza del país) quedan
subordinados a lo que el Gobierno considera sus textos sagrados, que incorpora
sin empacho al recurso: cuatro informes del Banco de España advirtiendo de la
fragilidad del sistema financiero y el plato fuerte, el Memorando de
Entendimiento que fija las condiciones del mal llamado “rescate financiero” a
nuestro país.
Hoy sabemos que además el Gobierno mintió en su recurso,
incorporando datos falsos a un informe de la Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (la Sareb , al parecer otra
autoridad en materia constitucional). Éste es un hecho singularmente grave. El
Gobierno basaba buena parte de su recurso en el supuesto daño que la Ley causaría a los activos de la Sareb , que cifraba en 6.379
viviendas en Andalucía, 911 de ellas protegidas. Una vez abierto por la Consejería el
expediente por no poner estas 911 viviendas a disposición de los registros de
demandantes, la Sareb
se desdijo y afirmó tener sólo 98. Casi diez veces menos. Las 911 eran “una
estimación”, explicaron.
Falsedades y exageraciones ideologizadas se combinaron para
forzar a oscuras y por las bravas la suspensión de una Ley que evitaba
desahucios en situaciones críticas e imponía obligaciones a los causantes y a
los beneficiarios de esta inmensa crisis-estafa. Según el Gobierno, ocurre que la Ley “afecta al contenido
esencial del derecho de propiedad”, y eso es competencia estatal. Rechazamos de
plano esta interpretación estrecha y ultraconservadora de la Constitución. La
Ley es totalmente constitucional. Dos sentencias del TC la avalan. Una de 1987,
sobre la reforma agraria, cuando estableció que la función social forma parte
del contenido esencial del derecho de propiedad y que se puede establecer
límites al mismo mediante leyes autonómicas. Otra de 1997, sobre la ley del
suelo, cuando fijó que el Gobierno no puede imponer una legislación uniforme de
la propiedad privada y su función social.
Este uso abusivo y antidemocrático de los mecanismos
institucionales ha evidenciado una certeza ya conocida. No es lo mismo gobernar
que tener el poder. Es imprescindible poder popular para derrotar a quienes
antidemocráticamente blindan sus privilegios a costa del interés general. Sin
poder popular y sin movilización ciudadana, el margen de transformación real de
las instituciones sufre una merma radical. Por supuesto el Gobierno andaluz no
se rinde. Continuamos evitando desahucios a través de nuestras oficinas de
intermediación: más de 4.000 en sus primeros quince meses de funcionamiento.
Promovemos el alquiler asequible con 26 millones de euros en ayudas en 2015,
más de 2 millones dedicados específicamente a familias desahuciadas en
exclusión social. Sancionamos a la
Sareb y a las entidades financieras que pretenden especular
con las viviendas protegidas. Legislamos contra la especulación en las
infraestructuras, fenómeno hermano de la especulación con la vivienda.
Pero al tiempo que seguimos dando la batalla desde la
institución, alertamos de que para frenar a los causantes de la crisis del
ladrillo, ahora esperanzados en reeditar bajo nuevas fórmulas sus operaciones
especulativas, es imprescindible la movilización permanente de la sociedad
civil. Y la identificación nítida de los culpables de la crisis-estafa, los
mismos que bloquean las soluciones a los problemas que ellos han creado. Dicho
de otro modo: es necesario que la calle siga al rojo vivo pese a la Ley Mordaza ; que
continúe parando desahucios; que no haya respiro en la denuncia de las
viviendas vacías en manos de la banca.
El Constitucional mantuvo la suspensión cautelar de la norma
adoptando la decisión con un informe falso sobre la mesa. En nuestras
alegaciones le reclamamos el levantamiento de dicha suspensión cautelar hasta
que haya sentencia. Y debe dictar sentencia pronto. Los desahucios son un
problema de Estado. Un Estado en el que es urgente acometer un proceso constituyente,
radicalmente transformador, que garantice pan, techo, trabajo y dignidad, y que
evita atropellos antidemocráticos como el cometido con este vergonzoso recurso.
Esa transformación social se libra en muchos campos, entre ellos en la defensa
del derecho a la vivienda. No es casual que en 1936 Dolores Ibárruri ya parara
desahucios. 25 años después de su muerte, nos mantenemos en su lucha.
Artículo publicado en: http://www.publico.es/blogs/dominio-publico/desahucios-y-popular.html
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