Para Unidas
Podemos es “una decisión valiente y apropiada”. CCOO y UGT, a favor. La CEOE en
contra.
Mundo Obrero
Todos los
trabajadores de actividades no esenciales se quedarán en casa desde el 30 de marzo
hasta el 9 de abril. Los salarios se cobrarán mediante un “permiso retribuido
recuperable”. Nadie perderá derechos. La portavoz del gobierno, María Jesús
Montero, ha explicado que los expertos han recomendado esta decisión porque “el
confinamiento está siendo eficaz pero hace falta este nuevo esfuerzo para
reducir la actividad como si cada día fuera domingo”. Así se hace más difícil
el contagio y se podrá descongestionar las UCI. “Se endurece el confinamiento
-ha añadido la ministra de Trabajo Yolanda Díaz- porque para el gobierno lo más
importante es el interés general”. Montero ha recordado, en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros extraordinario del domingo, que el presidente
del gobierno, Pedro Sánchez, sigue reclamado además “una reacción de la Unión
Europea con decisiones valientes y contundentes que movilicen todos los
recursos”.
El permiso
retribuido se compensará posteriormente, acordando con los empresarios la
recuperación “paulatina y espaciada” hasta el 31 de diciembre de las horas no
trabajadas.
CCOO pide protección personal para los que
trabajen
Para Unidas
Podemos es “una decisión valiente y apropiada”. CCOO y UGT están de acuerdo.
“Lo prioritario es hacer frente a la emergencia sanitaria -ha dicho Pepe
Álvarez, secretario general de la UGT- y por eso apoyamos la decisión del
gobierno”. Para CCOO, según Unai Sordo, “lo prioritario es hacer frente a la
emergencia sanitaria y si hay que restringir más la actividad, estamos de
acuerdo”. El secretario general de CCOO ha pedido “que los trabajadores que
tengan que seguir acudiendo a sus puestos de trabajo dispongan de equipos de
protección individual”. La patronal CEOE está en contra “porque va a provocar
un enorme impacto sin precedentes en la economía”. Montero responde que “es una
hibernación del sistema económico para que sea posible la posterior
recuperación”. Los autónomos consideran imprescindibles las garantías para
aplazar los impuestos y suspender el pago de sus cuotas y cotizaciones.
Contestando a la petición del lehendakari Urkullu de que cada autonomía decida
qué actividades no son esenciales, la portavoz del gobierno ha dicho que “todos
tenemos la misma tarea” y que “no tiene sentido hacer diferencias por
comunidades”.
Se
consideran servicios esenciales los necesarios para el bienestar social y
económico, como la sanidad, la seguridad y la información. También los que
garanticen el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las
administraciones públicas. Se incluyen la alimentación, las farmacias, la telefonía,
los bancos, el abastecimiento de productos de primera necesidad, la fabricación
de material sanitario, el transporte, el comercio por Internet, el agua, la
energía, la distribución de combustibles y los suministros de equipos
tecnológicos y de telecomunicaciones.