Este 25 de noviembre, día internacional contra la violencia machista
denunciamos la complicidad de los gobiernos que con sus políticas dejan
vulnerables y desprotegidas a las mujeres. Porque violencia machista no es solo
la ejercida por los ex-maridos o las ex-parejas. También la complicidad es
violencia machista.
Cómplice es el gobierno cuando con sus políticas deja a las mujeres
jubiladas en extrema pobreza con un 37% de brecha de las pensiones respecto a
la de los hombres, que en la media general de las mujeres equivale a 421 euros
menos de pensión que la media general de los hombres (Ministerio de Empleo y Seguridad
Social en junio 2017). Pensiones de las mujeres que en la media no llegan a los
700 euros.
Cómplice es el Gobierno que con sus reformas laborales nos sitúa a las mujeres como ciudadanas de segunda subordinadas y dependientes, con una brecha
salarial que en España oscila entre el 20 y un 30 % inferior al de los hombres,
prácticamente en todas las comunidades autónomas. En la Unión Europea la diferencia
de salarios entre ambos sexos es de un 15 %, lo que supone que las mujeres
europeas deben trabajar casi dos meses más para igualar su sueldo al de los
hombres.
Cómplice es el gobierno que destruye el escaso estado de bienestar y
no garantiza la dependencia, la justicia social y la igualdad. En los últimos
años las políticas de igualdad han sufrido el recorte del 43% y los recursos en
prevención de la violencia de género se han reducido en el 17% (Oxfam Intermón
en noviembre 2016).
Es cierto que en el Pacto de estado contra la violencia machista
recientemente aprobado avanza en materia presupuestaria pero ha sido tan grande
el retroceso en materia de igualdad, han sido tan grandes los recortes de
recursos y servicios públicos necesarios para fomentar la igualdad y para atender y prevenir las violencias machistas
que continúa siendo escaso y, además, no
hay ninguna claridad ni garantías para
su cumplimiento, lo que queda en manos de los intereses partidistas del
Gobierno del PP. En definitiva, un pacto que sirve para lavar la cara a quienes
nos agreden con sus políticas.
Cómplice también es legislar contra la violencia de género y no recoger la retirada de la custodia a los
padres maltratadores, no olvidamos a Juana Rivas ni a todas las Juanas que
tienen que ver peligrar la vida de sus hijas e hijos.
Cómplice es el Gobierno que desprotege a las familias monoparentales
donde la persona adulta es una mujer que son la mayoría, el 53’5 % viven en el
umbral de la pobreza.
Cómplice es el Gobierno que invisibiliza las situaciones de extrema
exclusión que sufren muchas y muchas mujeres. En España, son 6 millones de
personas el número de mujeres que viven en el medio rural, donde se acentúa el
desempleo femenino y la brecha salarial entre hombres y mujeres. El 60% de las
víctimas mortales de violencia machista provienen de este ámbito.
Cómplice es el Gobierno que no pone medios suficientes para atender
las violencias que sufren las mujeres con diversidad funcional, que por su
mayor vulnerabilidad están expuestas a formas refinadas y crueles de violencia,
en el hogar por sus parejas o familiares, o en ocasiones en los mismos centros
de atención públicos y privados por sus cuidadores.
En España de 50.000 a 60.000 mujeres sufren esclavitud sexual, una de
las más graves situaciones de violencia machista. La permisividad y la
tolerancia de la prostitución permiten que los hombres de todas las clases
sociales tengan al alcance las mujeres de los países pobres, aquellas que huyen
de las guerras y de las violencias sociales y económicas.
Un pacto de estado contra violencias machistas debe explicitar la
explotación sexual que supone la prostitución, que se trata de manera
absolutamente tangencial, que ni si quiera se menciona y que contraviene
importantes normativas internacionales. Ambas son claras expresiones de la
explotación del cuerpo de las mujeres, de la mercantilización de la que son
objeto y de cómo se pretenden normalizar en nuestra sociedad estas formas de
violencia.
En definitiva, cómplice es el Gobierno y los partidos que apoyan sus
políticas que para sustentar al sistema capitalista y patriarcal recortan
los derechos y la vida de las mujeres.
El PCE denunciamos que el pacto de estado no tenga una visión integral
de la violencia machista, y eso después de transcurridos casi 13 años de la
entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género de 2004, que sólo reconoce la violencia en el ámbito de la
pareja/ex pareja o en el sexual.
El terrorismo machista es una cuestión de estado por ello exigimos al
gobierno y a los partidos políticos trabajar parar avanzar con las
organizaciones feministas hacia una verdadera ley integral contra la violencia
machista.
El PCE Llamamos a participar en la movilización de este 25 de
noviembre que ha de ser el impulso hacia la ¡huelga internacional, el próximo 8
de marzo!
Manifestación 25 N en Málaga,
sábado 24 de noviembre a las 12:00 horas desde la Plaza de la Merced hasta la
Plaza de la Constitución.
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