Izquierda
Unida ha puesto en papel un gran número de iniciativas éticas que establecen
sus estatutos y junto a otros nuevos ha elaborado un código que suscribirán los
miembros de las candidaturas que se presenten a las elecciones municipales del
propio mes de mayo.
El
código ético establece compromisos de
transparencia y participación a distintos niveles que “afinan” las
herramientas puestas en marcha hasta ahora o las complementan, según ha
explicado la responsable provincial de Política Institucional, Toni Morillas,
y, todo ello, con la solvencia que da a la coalición la experiencia en los
gobiernos locales y su marcado carácter municipalista.
Se
busca garantizar que no se produzcan prácticas poco recomendables o corruptas y
Morillas ha reclamado que el resto de los partidos también lo pongan en marcha.
Mientras,
en aquellos ayuntamientos donde gobierne Izquierda Unida se “afinarán” las
medidas de transparencia para que la ciudadanía pueda acceder a todo tipo de
datos sobre qué ingresos y de dónde provienen y cómo se gestionan. Los
presupuestos serán participativos, pero con una participación universal para
que los vecinos incidan en las ordenanzas municipales, en esos ingresos, y
gastos, en los impuestos, etc. También habrá consultas ciudadanas para asuntos
que tengan debate público. “Sacar esos asuntos del ámbitos del pleno y
devolverlo a la ciudadanía a través de las consultas populares”.
Algo
que puso en marcha Izquierda Unida por primera vez en Andalucía y que se
traslada ahora a los municipios es consultar sobre cualquier pacto político que
pueda realizarse en los ayuntamientos (como hizo
Igualmente,
quién rubrique el código se compromete a poner en marcha una auditoria
ciudadana sobre el estado de los derechos humanos, que es como decir vivienda,
trabajo, alimentos y dignidad. Esta propuesta ya la presentó Izquierda Unida en
el Ayuntamiento de Málaga y fue aprobada por el PP, pero, señaló Morillas, como
la mayoría de las mociones, nunca la puso en marcha.
La
participación directa de la ciudadanía también se traslada a los servicios que
se remunicipalicen, ya que lo que se pretende es un cambio de modelo de gestión
pública en el que deben incidir directamente.
Los
cargos públicos de Izquierda Unida también tendrán regulados sus ingresos y con
independencia de cómo se cierre en cada territorio, se establece que no debe
superar tres veces el salario mínimo interprofesional.
Otras
medidas éticas que pretenden asegurar a la ciudadanía que IU no comulga con las
denominadas “puertas giratorias” es el compromiso de que los cargos públicos no
podrán ocupar puestos en empresas que trabajen para el ayuntamiento en los
primeros cinco años de dejar el Consistorio.
El
Coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro, ha asegurado
que plantearán una defensa de la democracia “sin medias tintas” y eso supondrá
una defensa extrema de lo público y la dignidad ciudadana, pero sin olvidar que
la coalición entiende los ayuntamientos como “herramientas” ciudadanas.
El
responsable político ha recordado que en estos más de ocho años de crisis se ha
“machacado y desestructurado” a la
sociedad, generando empleos precarios servicios que se deterioran y la
desaparición de derechos constitucionales. “Las reformas de PSOE y PP, al dictado de los poderes económicos, nos
lleva a una pobreza estructural, algo más del 40 por ciento vivirá ya para
siempre en la pobreza y lo que hoy conocemos como clase media será clase de
supervivencia y sólo podrán aspirar a
llegar al final de mes y sentirse así por encima de ese cuarenta por ciento”.
También se ha querido alejar a los ayuntamientos de la ciudadanía a través de
la reforma de la administración local y les ha despojado de herramientas
democráticas y de servicios fundamentales.
IU
se compromete a contribuir de manera definitiva a acabar con las mayorías
absolutas del PP en la provincia y con las hegemonías de las políticas de
derechas, así como a defender lo público y la dignidad. Sus alcaldes no
permitirán que sus ciudadanos vivan con la incertidumbre de si ese mes tendrán
luz, agua o gas y si sus hijos podrán tener tres comidas al día.
Esos
alcaldes que afrontarán estos compromisos sin medias tintas estarán junto a sus
equipos de gobierno “frente a la Policía parando desahucios. Nuestros cargos
públicos no se van a amedrentar por la Ley Mordaza porque lo que está en juego
son las habichuelas de la ciudadanía”. Sin embargo, Castro ha advertido a esa
misma ciudadanía que su acción es definitiva y que de ellos depende el futuro. “Estamos
en momentos sumamente extraordinarios y, o luchamos por nuestros derechos, o
condenamos a nuestros hijos a que no tengan ninguno”.
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