Sato Díaz/cuartopoder.es
El Secretario general del
PCE, Enrique Santiago (Madrid, 1964), será el candidato de Unidas
Podemos de IU por la circunscripción de Madrid. La lista madrileña
al Congreso la abrirá Pablo Iglesias, seguido de Irene Montero y del
propio Santiago como número 3. Inmerso ya en la campaña electoral,
Santiago no abandona su activismo y responsabilidades con el pueblo
colombiano. Esta semana visitaba la Corte Penal Internacional de La
Haya para denunciar los más de 350 asesinatos a líderes sociales y
comunitarios colombianos de los últimos años. Conversación con
este abogado que, por primera vez, entrará como diputado al Congreso
la próxima legislatura.
— Casas de apuestas,
la heroína del S.XXI.
— Es el equivalente a
lo que fue la heroína a finales del siglo XX. Hay unos datos de
ludopatía en gente joven, entre 18 y 25 años, que nos dicen que se
han convertido en una especie de sueño de la posibilidad de salir de
la pobreza, cuando lo que hacen, en verdad, es generar todo tipo de
rupturas sociales, familiares y personales.
Lamentablemente, una de
las cuestiones que no se concretó en el pacto de los PGE fue el
endurecimiento del régimen de publicidad, para que quedara en las
mismas condiciones que la publicidad del tabaco, es decir, solo
dentro de las propias casas de apuestas. Esto estaba recogido en el
pacto entre el Gobierno y Unidos Podemos y no se llegó a llevar a
cabo. Yo creo que no se aprobó por la presión del lobby.
Es preocupante también
que tienen una tributación bajísima. La reforma de Montoro
consiguió que solo tributen un 15% o un 10% si ponen la sede en
Ceuta y Melilla. Codere ya ha trasladado su sede social a Ceuta. Es
la máxima perversión del capitalismo: el enriquecimiento a costa de
destrozar las vidas de las personas más vulnerables, los jóvenes,
gente sin empleo. Es un auténtico cáncer con el que hay que acabar.
— Afloran, además,
en los barrios populares.
— Sí, en los barrios
populares. Gente que apuesta dinero que no tiene. El otro día, el As
publicaba una especie de fichas en las que presentaban a las apuestas
como una opción laboral, como una especie de formación para en el
futuro vivir de las apuestas. Esta falacia demuestra que están
destinadas a clases populares con unas expectativas de vida poco
claras y una baja formación técnica o profesional. En la calle
Bravo Murillo de Madrid, en el tramo del barrio de Tetuán, hay más
de 20. Lamentable.
— Esto nos lleva a
cuestionar la conciencia de clase. ¿Por qué las clases populares
hoy caen en este tipo de negocios y adicciones, en la individualidad
frente a la organización colectiva? ¿Qué análisis hacen desde el
PCE?
— Es un problema de
trabajo cultural y formación política. El capitalismo es capaz de
generar una hegemonía cultural que descansa en el triunfo individual
sobre cualquier proyecto colectivo. Es el concepto del loser
norteamericano, personas que surgen de las clases populares están
condenadas a ser perdedoras salvo unos pocos que pueden triunfar y
coger el elevador social. Muy pocas pueden triunfar. Nos preocupa
mucho en esta campaña que los nichos de abstención más elevados
estén en zonas de clase trabajadora.
La campaña de Unidas
Podemos y de IU, específicamente, se va a centrar en estos barrios,
en primer lugar para acabar con la abstención y, en segundo, para
que esos votos vengan a nosotros. Está claro que si los sectores
populares, que son quienes padecen las mayores injusticias, no son
capaces de tener conciencia de su situación, nos será mucho más
complicado cambiar la sociedad.
— ¿Qué mensajes
debe lanzar Unidas Podemos en esta campaña para combatir esa
abstención de la que habla?
— Las clases populares
tienen que tener claro que son actores de su propia liberación. Es
posible conquistar derechos, pero no se puede esperar a que vengan
otros a solucionarles el problema o a ser el elegido y solventar su
propia situación de forma individual. Esto, o se corrige
colectivamente o no hay salvación en el sistema. Hay que generar un
sentimiento de pertenencia a un colectivo y levantar la consciencia
de que es poderosa la unidad y la movilización. Las clases populares
activas y unidas son imparables. Para esa unidad, hay que superar la
alienación individual y eso es lo que tenemos que meterle en la
cabeza a tantas personas, esa es nuestra tarea y hay que conseguirlo.
Hace falta un proyecto
colectivo que ilusione, con el que la clase trabajadora se
identifique. Es más práctico organizarse que estar deambulando por
el barrio esperando a que algo cambie. Es lo útil, para conseguir
derechos en todo, organizar la reivindicación, exigir a las
autoridades o poner en marcha actividades de economía social.
— Si existe esta
despolitización de las clases populares, ¿qué papel juegan en ello
los medios de comunicación?
— Pablo Iglesias tiene
mucha razón, es llamativo que sean los grupos financieros los que se
han convertido en los propietarios de los grandes grupos de
comunicación. Eso impide la independencia periodística porque esos
grupos tienen intereses particulares. Los medios de comunicación son
la principal herramienta para la construcción de conciencia social y
hegemonía cultural, por eso hay que garantizar el libre acceso a los
medios de comunicación. Y lo reconoce la Constitución: el derecho a
una función social de los medios de comunicación.
Es necesario que, igual
que hay sectores públicos y privados de la economía, los haya
también en los medios. Pero, también, un tercer sector, un sector
social, medios sociales que garanticen no solo la independencia,
también la difusión de otros tipos de mensajes culturales y
políticos que tengan que ver con las distintas realidades sociales
plurales, más allá de la realidad social de los grandes
propietarios y grupos financieros. Los medios son un poder, el
control ciudadano plural de ese poder debe ser efectivo, igual que
elegir un parlamento o un gobierno.
— Cayo Lara, hace
unos días, hizo unas declaraciones en Andalucía asegurando que si
Catalunya se independizaba no se podría pagar el PER. ¿Qué
valoración hace?
— No me imagino una
España sin Catalunya, Catalunya es imprescindible para un proyecto
de reconstrucción republicana en el Estado. España no sería España
sin Catalunya, sería Castilla u otra cosa. El proyecto de Estado
republicano y federal que defendemos no es porque Catalunya pague el
PER, eso, además, no es correcto. De hecho, creo que Catalunya,
contrariamente a lo que se cree, ha sido maltratada tributariamente y
fiscalmente. Los servicios públicos catalanes se han deteriorado en
buena parte gracias a la derecha catalana que ha gobernado tantos
años, también en parte a la falta de inversiones del Estado, las
privatizaciones también han tenido mucho que ver, por ejemplo, la de
la red eléctrica. Las infraestructuras eléctricas en Catalunya no
están al nivel de la modernidad de la sociedad catalana.
Barcelona es una ciudad a
la que no se entra ni se sale sin pagar un peaje, en Catalunya es un
lujo conseguir una plaza en una escuela infantil pública. En
Catalunya hay riqueza, pero una riqueza tan mal distribuida como en
el resto del Estado. El problema del necesario encaje de Catalunya en
el Estado no es porque sea un contribuyente fiscal positivo neto.
Creo que es un gran
problema para que avance un proyecto de izquierdas en todo el Estado
el punto de confrontación al que ha llegado el conflicto
territorial. La sustitución del eje entre capital y trabajo por
españolismo e independentismo es lo peor que le puede haber pasado a
las clases trabajadoras de Catalunya y del resto de España. Nos
encontramos a parte de la izquierda catalana formando un bloque común
con la oligarquía catalana que la explota, ha privatizado y
permitido la degradación de servicios sociales. Hace falta mejorar
las condiciones de vida del pueblo catalán volviendo a la
confrontación capital-trabajo, un bloque de fuerzas de izquierdas
soberanistas, federalistas e, incluso, españolistas. Nuestro modelo
de Estado es el republicano y federal.
— Comunistes
participará en una candidatura conjunta junto a ERC, el PCE lo ha
criticado. ¿Hasta qué punto esta decisión puede perjudicar al
trabajo conjunto entre dos fuerzas hermanas después de las
elecciones?
— El PCE está
dispuesto, y siempre lo hemos estado y lo estaremos, a tener vías
abiertas y de colaboración con todas las fuerzas políticas
democráticas, federalistas, españolistas e independentistas. Lo
importante es salvaguardar un sistema democrático y un modelo que
garantice cada vez más derechos a los trabajadores. Dicho esto, nos
parece que ha sido un grandísimo error el paso que se ha dado. Un
error en dos sentidos. En primer lugar, no nos parece que personas
que se indentifican como comunistas puedan hacer prevalecer un
proyecto nacional sobre un proyecto federal e internacionalista.
En segundo lugar, no
creemos que responda a una estrategia, ha sido un movimiento
tacticista que debilita el proceso de construcción de un espacio
referente de la izquierda en Catalunya, concretamente los comunes.
Además, ha generado un problema en el espacio hermano de IU, EUiA.
Hay que ser coherente.
Para dejar abiertos puentes para garantizar una relación futura de
colaboración y de trabajo, no se puede tener como rehén a EUiA.
Aquellas personas que han optado por concurrir a las elecciones con
otra fuerza política, deben tener la lealtad y coherencia para
abandonar las responsabilidades en EUiA. Ahora hay una situación de
indefinición en EUiA donde estas personas siguen ocupando puestos de
dirección y se bloquea que EUiA parezca claramente trabajando en el
espacio de En Comú y de Unidas Podemos-IU.
— ¿Qué fuerzas no
considera democráticas de las que concurren a estas elecciones?
— Indudablemente Vox no
lo es y el PP, cada vez, lo es menos. Observamos con preocupación, y
actuaremos en consecuencia, que dirigentes del PP, en dos ocasiones,
hayan dejado caer la posibilidad de ilegalización del PCE en los
últimos meses. Sería la cuarta vez. Las derechas de este país han
ilegalizado al PCE en tres ocasiones.
Nosotros estamos
orgullosos de haber sido la fuerza política que más ha luchado por
la democracia, sin duda, en la historia de España. Además, en
muchas ocasiones, hemos tenido el triste privilegio de haber sido el
único partido que lo hacía y eso lo hemos pagado duramente con la
libertad, integridad física, psicológica, el bienestar de sus
familias y con la vida de algunos de nuestros militantes. El sector
social que representa el PP sustentó la dictadura franquista, sus
fundadores eran piezas del régimen. El hecho de que a estas alturas
no hayan condenado la dictadura lo pone de manifiesto. Al PP lo
tenemos bajo observación, cada día es una fuerza política menos
democrática.
Vox es una fuerza mucho
menos democrática, nada constitucionalista como ellos se llaman. La
prueba es cómo quieren acabar con el modelo territorial de
descentralización del Estado, cómo persiguen con listas negras a
quienes defienden a las mujeres o quieren acabar con el modelo de
sanidad pública y de calidad. Además, son unos liberticidas, son
una formación política que exacerba el recurso a la violencia para
resolver conflictos políticos y crean conflictos, además, donde no
los hay. Eso es una actitud poco patriótica, están dispuestos a
enturbiar la convivencia social en España a cambio de beneficios
económicos. Son una fuerza de ultraderecha claramente ultraliberal.
— Cada vez se
conocen más informaciones sobre la supuesta “policía política”
del PP y las interferencias para que Podemos no llegara al gobierno.
¿En qué lugar queda la calidad democrática de España?
— En el PP se creen con
una designación divina para ordenar el destino de todos los
españoles, propio de personas con escasos valores democráticos que
no consideran a sus semejantes como iguales. Es obvio que en el
Ministerio de Interior hay cloacas, que todavía no se han depurado.
La muestra es que salvo el caso de Villarejo y el otro comisario,
García Castaño, nadie más ha recibido ningún tipo de medida
disciplinaria. Es evidente que una policía de esa índole no se
organiza solo con dos personas.
Hay mucho que aclarar y
la prueba de que no está aclarado es la negativa del PSOE de poner
en marca una comisión de investigación. El PSOE tendría que haber
dado ya una información detallada de cuáles han sido las medidas
para corregirlo y no debería poner problemas para que se conozca
todo con detalles y transparencia. Al margen de cuestiones
estrictamente políticas, como la intervención para desprestigiar a
fuerzas independentistas o a Podemos, ha habido una utilización
partidista de la Policía Nacional, como fue en el caso Bárcenas,
para la ocultación y destrucción de pruebas. La evidencia es que el
chófer de Bárcenas ingresara en la policía con más de 40 años.
Alguien tiene que tener responsabilidades penales de esto.
— ¿Se producen
estas elecciones generales en plenas condiciones de garantías
democráticas?
— Me parece que la
calidad democrática de este país, cada vez es peor. Además, se ha
demostrado en los últimos años que el poder judicial no está
suficientemente democratizado. Estamos asistiendo a demasiados
espectáculos en los que vemos un alto grado de nepotismo en el
judicial, familiares de altos magistrados en oposiciones donde se
cogen más plazas de las originariamente convocadas, por ejemplo.
Además, la radiografía sociológica del poder judicial no se
corresponde con la sociología de este país. ¿Cómo es que un poder
del Estado democrático no se representa con la sociología española,
que haya tantos jueces de derechas en posiciones claramente
politizadas? La afiliación a organizaciones conservadoras de jueces,
fiscales y secretarios judiciales ronda el 80%, y eso no representa a
la sociedad española.
El juez en ejercicio que
ha paralizado la exhumación de Franco publicaba artículos
defendiendo a un dictador, y ese señor administraba justicia en
nombre de una constitución democrática. ¿Cómo es posible que a
fecha de hoy los únicos funcionarios de las Fuerzas Armadas
sancionados son los que salieron en defensa de la Constitución
cuando otros sacaron un manifiesto defendiendo a Franco? Ya hay tres
sanciones al cabo Marcos Santos Soto mientras que no se conoce
ninguna sanción a los militares que defendían valores
anticonstitucionales. Es decir, esto pone de manifiesto que España
no está lo suficientemente democratizada o que, si lo estuvo en
algún momento, ha habido una involución clara.
La teoría del Tribunal
Supremo en el juicio del independentismo criminaliza el ejercicio de
las protestas sociales y reivindicaciones legislativas diferentes a
la legislación en vigor. El Supremo defiende que cuando se
reivindica algo que no está previsto en la legislación española se
convierte en coacción y una coacción es equivalente a violencia,
por lo que se convierte en rebelión, nada más y nada menos. La
reivindicación de algo que no está en la legalidad en vigor deja de
ser parte del derecho de la libertad ideológica o de expresión para
convertirse en una criminalización de las ideas políticas. Es
sumamente grave.
— Policía política,
hemos visto cómo el PP ha ido “dopado” a anteriores elecciones…
Le repito la pregunta, ¿hay garantías de que estas elecciones se
celebrarán en condiciones de calidad democrática?
— No, no las tenemos.
Tras varios años de ver cómo el PP iba dopado a las elecciones, no
se han corregido los vacíos legales que han permitido esta
situación. La ley electoral sigue siendo una ley muy laxa, se ha
introducido alguna reforma del Código Penal, pero no mecanismos de
control. El Tribunal de Cuentas no se ha fortalecido y tampoco se ha
creado ningún cuerpo especial de verificación de las campañas y
recursos de los partidos. En el mejor de los casos, estos problemas
los seguiremos corrigiendo en el futuro. Esto no tiene eficacia para
evitar que se concurra dopado a las elecciones.
La reforma legal que
habría que introducir como factor disuasorio es la nulidad de los
procesos electorales en los que se demuestre que se ha concurrido
vulnerando la legislación de financiación electoral. Cuando se
apruebe esto, funcionará como factor disuasorio. Aunque se demuestre
dos años después, si se declaran nulas las elecciones, los que
están acostumbrados a concurrir dopados se lo pensarán dos veces.
No nos engañemos, permitir que se concurra en desigualdad de armas a
las elecciones favorece siempre a los grandes grupos económicos y a
las derechas, los que pueden aportar esas cantidades económicas a
las formaciones son los grandes grupos del capital especulativo y
financiero y quienes las van a recibir son las que defienden sus
intereses.
— Unidas Podemos
está usando un lenguaje muy beligerante contra los propietarios de
los grandes medios de comunicación. ¿Veremos una campaña también
republicana, con críticas a la institución monárquica?
— La crisis
independentista ha puesto de manifiesto que la mayor garantía para
la unidad del Estado es avanzar hacia un modelo republicano. Por dos
consideraciones. La primera, simbólica, el papel que respecto a
Catalunya tiene la Casa de los Borbones. La fiesta nacional catalana
conmemora la entrada a sangre y fuego de las tropas borbónicas sobre
Barcelona, reprimiendo duramente al pueblo catalán, algo por lo que
la Casa de los Borbones no ha pedido nunca excusas.
En segundo lugar, en el
plano político, la torpeza del jefe del Estado a la hora de
incumplir su función constitucional de garantizar el normal juego
político a la hora de posicionarse claramente en la posición de las
fuerzas de la derecha para solventar el conflicto catalán. Eso, le
ha quitado cualquier credibilidad para ser parte de la solución.
— Pablo Iglesias ha
hecho bastantes referencias a la voluntad expresa de entrar en un
gobierno del PSOE si dieran los números. Si fuera así, ¿entraría
a formar parte también IU y el PCE?
— No lo hemos
discutido, pero nos da muchos reparos. La experiencia pone de
manifiesto que en los casos en los que la izquierda transformadora
entra en gobierno con la socialdemocracia neoliberal, al final, no ha
servido para impedir políticas neoliberales y que el barniz social
que le ha dado a los socialdemócratas les ha servido para
blanquearse ante el electorado de izquierdas, por lo que la izquierda
acaba perdiendo fuerza. Ese es un problema que nos preocupa.
Nuestra primera opción
es conseguir formar gobierno y que sea la socialdemocracia neoliberal
la que tenga que darnos el apoyo para llevar adelante políticas
transformadoras que garanticen los derechos. Si eso no es posible,
buscaremos la forma de que nuestros escaños garanticen que se
llevarán a cabo políticas de izquierdas. Hay varias formas de
hacerlo, no solo entrando en el gobierno, como con acuerdos
legislativos. Ojalá se garantizara que con un gobierno conjunto se
avanzara en garantizar derechos, pero no está claro que eso ocurra.
Ya veremos, no nos pongamos a discutir por un problema que luego no
surja.
— En todo caso, ¿IU
y el PCE tendrían garantizada su independencia dentro del grupo
parlamentario para estas decisiones?
— Todas las fuerzas que
conforman Unidas tienen garantizada su independencia. Por supuesto,
siempre dentro de unos parámetros de lealtad a los acuerdos
alcanzados. Es cierto que hoy, sobre este factor concreto de si va a
haber gobiernos conjuntos o apoyos parlamentarios, no ha habido una
posición adoptada, es decir, no hay acuerdos que respetar. Por ello,
los distintos componentes deben tener su propio criterio. Hay
acuerdos como el programa que si están adoptados a los que nos
debemos todas las fuerzas hermanas.
— Esta semana
participaba en la Corte Penal Internacional de La Haya denunciando el
genocidio que están sufriendo los activistas sociales de Colombia.
¿Qué debería hacer el Gobierno de España sobre este conflicto?
— Debería utilizar su
influencia en la UE para que las políticas de esta con Colombia
antepongan el respeto a los derechos humanos. Es decir, la crisis de
derechos humanos que hay en Colombia es incomparablemente mayor que
la que se vive en Venezuela. Imaginemos que en Venezuela se hubieran
asesinado 350 dirigentes políticos en los últimos años. ¿Qué
diría la comunidad internacional? Venezuela está sufriendo una
situación de acoso político, económico y militar.
Es impresionante las dos
varas de medir. El hambre, en Colombia hay regiones donde los niños
mueren de hambre y de sed, como La Guajira. En Venezuela no se conoce
ningún caso de muerte por hambre o sed. El Gobierno de España es
sumamente permisivo con un régimen en Colombia que está gobernado
por un partido de ultraderecha, que ha despreciado la soberanía
nacional colombiana y se comporta como un vulgar peón de los Estados
Unidos en la región.
Que España sea incapaz
de exigir el respeto de los derechos humanos en Colombia pone de
manifiesto que nuestro país tiene muy acotado el ejercicio de su
soberanía nacional y está supeditada a las órdenes de los Estados
Unidos, tal y como se evidenció en la reunión mantenida esta semana
de la OTAN en Washington y las impertinencias dichas por el
secretario de Estado estadounidense contra el ministro de Exteriores
español. Cualquier gobierno digno habría cursado una protesta
diplomática por la brutal injerencia en su política.
