El pasado día 6 de septiembre, CCOO de Málaga ha presentado ante la
Inspección de Trabajo 44 denuncias por
el fraude de la contratación de camareras de pisos través de la subcontratas,
quienes vienen realizando funciones propiamente dichas en el departamento de
pisos, realizando diariamente los trabajos y tareas de la categoría profesional
de camarera de pisos, a pesar de lo que no
se les aplica el convenio colectivo de hostelería de Málaga. En dicho
acto participaron, ente otros, la secretaria de la Federación Prov. de
Servicios de CCOO de Málaga Lola
Villalba, el secretario nacional de Turismo del sindicato, Gonzalo Fuentes, y
la camarera de piso y delegada de CCOO, Josefa García Lupiañez.
La denuncia por fraude en la contratación de las camareras de piso
afecta a 44 establecimientos hoteleros de la provincia, tienen subcontratado el
servicio de limpieza de habitaciones a través de empresas multiservicios de una
manera ilegal, al no aplicar el Convenio Provincial de Hostelería. Esta
situación afecta a 550 trabajadoras aproximadamente, y 6.926 camas hoteleras.
Por localidades Málaga Capital está a la cabeza, con 17 establecimientos
hoteleros, Fuengirola 5, Benalmadena 6, Mijas 5, Marbella 4, Torremolinos 2,
Nerja 2, Rincón de la Victoria 1, y Estepona 2.
CCOO ha interpuesto estas denuncias tras un primer sondeo entre el
personal de los hoteles realizado en los meses de verano, y está convencido de
que hay más casos de los ahora denunciados. En Málaga, hay unas 4.000 camareras
de piso trabajando en la planta hotelera de la provincia. Lola Villalba,
Secretaria provincial de la Federación en Málaga, en declaraciones a lamentado
que esta situación se siga produciendo en un año en que la Costa del Sol marca
nuevos récord en afluencia de turistas. Las denuncias se han presentado después
de que hace unos meses una sentencia del TSJA, todavía no firme, diera la razón
a una trabajadora del hotel Vincci Posada del Patio de Málaga que reclamó que
se le aplicara el convenio de hostelería.
Esta práctica, además genera competencia desleal entre los propios
establecimientos, ha producido una situación de explotación laboral y una grave
discriminación y perjuicio económico y social a las trabajadoras, ya que cuando
se externaliza el servicios de una manera precaria y fraudulenta se reduce el
salario en torno al 50% además de otros derechos recogidos en el convenio de
hostelería y que se omiten, como los dos días de descanso, el pago de festivo,
días de asuntos propios, …, además de la práctica habitual de ampliar el
horario de trabajo por encima del establecido en el contrato.
La reducción salarial está derivando el coste salarial a beneficio
empresarial, ahorrando las empresas que externalizan el servicio, cerca de
cinco millones y medio de euros anuales. A esto le podemos llamar, beneficio
empresarial y competencia desleal entre establecimientos mediante la semi-esclavitud
de los trabajadores y trabajadoras.
No sólo supone un perjuicio para las trabajadoras, y para la
competencia leal entre establecimientos, sino que también es un robo a toda la
ciudadanía, al reducirse con medios engañosos los ingresos por cotizaciones a
la Seguridad Social, defraudando en más de 3 millones de euros los ingresos que
debiera percibir, lo que genera graves consecuencias en las futuras
prestaciones para nuestras pensiones, desempleo, situaciones de IT, etc.
Más detestable, si cabe, es que esta práctica se está produciendo en
uno de los mejores momentos para el turismo de nuestra provincia. Por ello
hemos solicitado a la Inspección de Trabajo que formuladas las denuncias por
infracción de normas laborales y de seguridad social contra estas empresas,
efectúe investigación sobre los hechos denunciados y, previa su comprobación e
incoación de la correspondiente acta de infracción, se dicte resolución que,
sancionando a la empresa, se obligue a ésta a ajustarse a derecho y que se
levante acta de liquidaciones de cuotas a la Seguridad Social y acta de
infracción con propuestas de sanción económica contra la misma, por la
aplicación de convenio o normas diferentes a las establecidas en el Convenio de
Hostelería de Málaga por infracción de normas laborales y de seguridad social
contra la citadas empresas, para que se obligue a éstas a ajustarse a derecho.
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