Más de tres millones de españoles no pueden afrontar la
factura de los suministros básicos como el agua, la luz o el gas. Y más de
cuatro millones de personas no pudieron este invierno calentar sus hogares como
corresponde. En Málaga 21.500 personas pidieron ayuda a Cruz Roja para afrontar
los pagos de estos suministros básicos. Este panorama social presentó en mañana
de ayer jueves la concejala de Izquierda Unida, Ana García Sempere, durante la
presentación del encuentro sobre suministros básicos.
Izquierda Unida reunió a distintos colectivos, asociaciones
y agentes sociales en la plaza de Félix Saénz de la ciudad de Málaga para
hablar de mecanismos que garanticen los suministros básicos a la población que
lo necesite. “Cuando hablamos de suministros básicos nos referimos a esos a los
que tenemos derechos todos, como vivienda, alimentación, agua y energía”.
Sempere recordó que aunque son competencias de los estados, la Unión Europea dicta
las políticas que cada uno debe aplicar, como ha ocurrido con la privatización
de las empresas eléctricas. “Hoy por hoy vemos cómo la Troika recomienda, en
algunos casos incluso obliga a países como Portugal o Grecia, privatizar el
agua como receta para reducir el déficit y “salir” de la crisis. Esto ha tenido
a unas consecuencias gravísimas, para millones de personas que sufren la
pobreza energética en Europa” y por supuesto no ha servido para “salir” de su
crisis-estafa.
Izquierda Unida aboga por la intervención pública del sector
eléctrico, que vuelva a ser público y democratizarlo para garantizar este
derecho a la ciudadanía, así como el derecho al suministro de agua como recoge la ONU.
Sobre este último elemento, Luis Babiano, gerente de la Asociación Española
de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), ha señalado
que en los países de centroeuropeos se está remunicipalizando el servicio. “En
su día vendieron estas empresas y han demostrado que cuando se privatiza el
agua se excluye a determinados sectores de la población de su uso, es decir
crean un problema de accesibilidad”.
Desde 2010, el agua es un derecho humano y los países de la
periferia europea, como España, viven un proceso de privatización de este
recurso. “Mientras que en el mundo la privatización del agua es un 10% y en
Europa un 30%, en países como el nuestro tenemos un 53% privatizado. No por
eficiencia o eficacia, sino porque a estos ayuntamientos se les permite usar el
dinero de la privatización para enjugar sus cuentas. Desde AEOPA pensamos que
esta burbuja hídrica hay que pincharla, no se puede destinar la privatización
para enjuagar sus cuentas o hacer rotondas. Y hay que tener un regulador que
cumpla dos funciones, supervisar el sector que se dé un servicio eficiente, y
supervisar el servicio para que no haya exclusión social. Que para la gente que
no puede pagar la factura, a través de los mecanismos sociales para poder
pagarlo”.
Por su parte, Alvaro Carreño, miembro de la dirección
provincial de IULV-CA y especializado en consumo, ha recordado que en los
últimos diez años, los ciudadanos han soportado una subida del 90 por ciento en
la factura de la luz a consecuencia del proceso de privatización del sector.
“De un libre mercado que nos prometían con libre competencia y bajadas porque
habría muchas empresas que nos iban a ofrecer precios más baratos, lo que
estamos viendo es que no tienen todos los consumidores garantizados el
suministro eléctrico y estamos cada vez pagando más por este derecho”.
Izquierda Unida defiende el carácter social de estos
suministros y por lo tanto deben estar bajo la custodia de los estados.
“Tenemos que luchar por garantizar el derecho a la electricidad, y el Estado
tiene que tener un músculo. Con los ingresos que se producen en el sector
eléctrico hoy tenemos grandes dividendos repartidos entre distintas empresas
energéticas. Esto podría destinarse a sufragar todos los servicios públicos y
garantizarlos a los ciudadanos de la Unión Europea ”.
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