Guerra jurídica contra la memoria democrática
El Partido Comunista de España rechaza la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid de suspender la emisión del sello conmemorativo nuestro centenario (1921-2021). Se trata de una maniobra de una asociación ultraderechista de "abogados cristianos" que carece del más mínimo fundamento y supone una intromisión consciente con el ánimo de impedir una actuación ordinaria de una administración competente (Correos), según el cauce establecido en la normativa vigente.
Por lo que hemos conocido hasta el momento por los medios de comunicación, la fundamentación de la petición de medida cautelar no tiene nada que ver con la revisión de la legalidad de una actuación administrativa y la asociación ultraderechista de "abogados cristianos" carece de legitimidad procesal. Desde el PCE exigiremos que esta medida arbitraria impulsada por una organización que promueve un integrismo reaccionario y que pretende denigrar al partido que aportó entre su militancia el mayor número de represaliados y perseguidos en la lucha por la democracia y las libertades en nuestro país no quede impune.
Esta sorprendente actuación no es un hecho aislado, forma parte de la ofensiva ultraconservadora que utiliza las tácticas de la guerra jurídica para imponer sus criterios al aprovechar su posición de predominio en las instituciones de poder económico, judicial o mediático, para interferir en la soberanía popular. Es necesario dar una respuesta adecuada a este tipo de agresiones desde la acción institucional y la movilización social, porque su impunidad puede llevar a un punto de no retorno donde una minoría privilegiada se permita alterar la soberanía popular a través de una nueva modalidad de golpe de estado.
El Partido Comunista de España ha celebrado su centenario con una amplia programación propia o en colaboración con instituciones públicas, culturales o sociales, con debates de todo tipo donde ha primado la discusión abierta y el espíritu crítico que siempre le ha caracterizado. No rehuimos el debate ni la polémica, pero este no es el fondo del asunto que afrontamos en este momento. En el caso del sello conmemorativo de Correos hizo una petición según la normativa vigente, tal y como lo han hecho otras organizaciones políticas y sociales de nuestro país, con total transparencia y con ánimo de divulgar una efeméride que es patrimonio del conjunto de la sociedad española.
Estamos convencidos que la sorprendente adopción de la medida cautelar ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid no va tener ningún recorrido, pero en todo caso esperamos que este esperpento promovido por asociación ultraderechista sirva para reavivar la llama de la vigilancia en defensa de la democracia y las libertades, con la misma fuerza con la que se enfrentaron nuestros militantes a la dictadura franquista, en la construcción de la unidad popular más amplia para conseguir que las negras fuerzas de la reacción y el oscurantismo no vuelvan a interferir en el destino que libremente decida el pueblo español.
En Madrid, a 12 de noviembre de 2022
Por lo que hemos conocido hasta el momento por los medios de comunicación, la fundamentación de la petición de medida cautelar no tiene nada que ver con la revisión de la legalidad de una actuación administrativa y la asociación ultraderechista de "abogados cristianos" carece de legitimidad procesal. Desde el PCE exigiremos que esta medida arbitraria impulsada por una organización que promueve un integrismo reaccionario y que pretende denigrar al partido que aportó entre su militancia el mayor número de represaliados y perseguidos en la lucha por la democracia y las libertades en nuestro país no quede impune.
Esta sorprendente actuación no es un hecho aislado, forma parte de la ofensiva ultraconservadora que utiliza las tácticas de la guerra jurídica para imponer sus criterios al aprovechar su posición de predominio en las instituciones de poder económico, judicial o mediático, para interferir en la soberanía popular. Es necesario dar una respuesta adecuada a este tipo de agresiones desde la acción institucional y la movilización social, porque su impunidad puede llevar a un punto de no retorno donde una minoría privilegiada se permita alterar la soberanía popular a través de una nueva modalidad de golpe de estado.
El Partido Comunista de España ha celebrado su centenario con una amplia programación propia o en colaboración con instituciones públicas, culturales o sociales, con debates de todo tipo donde ha primado la discusión abierta y el espíritu crítico que siempre le ha caracterizado. No rehuimos el debate ni la polémica, pero este no es el fondo del asunto que afrontamos en este momento. En el caso del sello conmemorativo de Correos hizo una petición según la normativa vigente, tal y como lo han hecho otras organizaciones políticas y sociales de nuestro país, con total transparencia y con ánimo de divulgar una efeméride que es patrimonio del conjunto de la sociedad española.
Estamos convencidos que la sorprendente adopción de la medida cautelar ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid no va tener ningún recorrido, pero en todo caso esperamos que este esperpento promovido por asociación ultraderechista sirva para reavivar la llama de la vigilancia en defensa de la democracia y las libertades, con la misma fuerza con la que se enfrentaron nuestros militantes a la dictadura franquista, en la construcción de la unidad popular más amplia para conseguir que las negras fuerzas de la reacción y el oscurantismo no vuelvan a interferir en el destino que libremente decida el pueblo español.
En Madrid, a 12 de noviembre de 2022
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