El máximo responsable federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, trasladó a las personas que integran la Coordinadora Federal -máximo órgano ejecutivo de dirección- el firme compromiso de esta formación para que el contenido del “acuerdo de coalición se cumpla íntegramente”. Considera que este cumplimiento “tiene que ser absoluto y esa es la línea de trabajo que vamos a defender”, entre otras razones porque ese compromiso es “lo que otorga legitimidad a nuestra presencia en las instituciones y en el Gobierno”.
Garzón hizo esta valoración durante la exposición de su Informe Político que abrió la reunión de la Coordinadora Federal, un encuentro que se celebra a lo largo de este sábado de forma mixta -presencial y online de buena parte de sus integrantes de fuera de Madrid- tras meses de debates exclusivamente telemáticos debido a los protocolos de seguridad por la pandemia del Covid.19.
Destacó que “la presencia en el Gobierno de Izquierda Unida y de Unidas Podemos ha sido fundamental” para “hacer posible” una buena “trayectoria de gestión de la crisis y hacerlo de una manera orientada a la protección de las familias trabajadoras en nuestro país”.
“Hay muchas cosas que quedan por hacer -reconoció- y muchos aspectos del Gobierno de coalición que quedan por desplegar”. De ahí lo comprometido por la dirección de Izquierda Unida con su base social, igual que otras organizaciones que forman parte de su espacio político, para que el acuerdo de coalición se plasme en su integridad, mucho más dado el “compromiso que hemos adquirido con nuestra gente y lo que se votó en nuestras organizaciones”.
Garzón apuntó también que cuando se está en el ecuador de la legislatura resulta fundamental también “debatir cuál es ese grado de cumplimiento, cómo debemos acelerar ese grado de cumplimiento y en qué líneas prioritarias debemos trabajar”.
Consideró que estamos ante una “nueva fase política muy intensa”, que está “cargada de contenido y de la necesidad de debatir y de tomar decisiones de manera colectiva”.
Entre los temas sobre los que hay que profundizar a nivel interno señaló que tras la marcha de Pablo Iglesias del Gobierno y de la dirección del espacio de Unidas Podemos apareció la “referencialidad nueva” de Yolanda Díaz en este espacio político, por lo que es necesario “acompasar todos estos cambios con el cumplimiento de los documentos asamblearios de Izquierda Unida”, tras la Asamblea Federal que esta formación tuvo el pasado marzo y donde se aprobó la estrategia política para los próximos años.
Alberto Garzón advirtió de que “hay una serie de fuerzas que se están moviendo en la sociedad española que demuestran la creciente ola reaccionaria en nuestro país y en el mundo”. Se refería a un “espacio político creciente de valores y principios conservadores y reaccionarios”, de los que avisó que “pueden materializarse en gobiernos de coalición de la derecha con la extrema derecha en un espacio de intersección ideológica profundamente peligroso para las libertades y para lo público”.
Reconoció su “preocupación” por el hecho de que exista esta “posibilidad, remota en este momento porque estamos lejos de que haya hitos electorales como el de las generales; pero esa posibilidad es enormemente peligrosa para los intereses de la clase trabajadora y para el proyecto político que defendemos desde Izquierda Unida”.
Hizo un llamamiento a “trabajar para ser capaces de presentar una alternativa desde el espacio político del que formamos parte que sea atractiva e ilusionante para la clase trabajadora, para las personas jóvenes, las mujeres, los y las ecologistas, y para neutralizar esa posibilidad de que la derecha llegue al Gobierno en algún momento”.
“Hay que ser capaces de mejorar el atractivo que nuestro proyecto político expresa para la mayoría social española”, retó, ya que “no podemos olvidar que el proyecto de IU se marca dentro de la aspiración de ganar la mayoría de la sociedad y eso lo tenemos que representar con el espacio político del que formamos parte”.
En esta línea, Alberto Garzón señaló que “Yolanda Díaz representa lo mejor de nuestro espacio político, no solo por su conocimiento y experiencia acumulada, sino en su quehacer cotidiano en el Ministerio de Trabajo y su carga ideológica, que expresan muchos de los anhelos de la clase trabajadora progresista de este país”.
Expuso que “en Izquierda Unida debemos proteger ese valor y ese activo, y contribuir a que Yolanda encarne un proyecto político dirigido al nuevo ciclo electoral que está por venir, para mejorar nuestros resultados electorales pero, sobre todo, la vida de las personas humildes y vulnerables ante las agresiones sistemáticas, económicas y políticas, de la derecha y de los espacios más reaccionarios”.
Recordó que la decisión que IU adoptó en su Asamblea Federal fue “apostar de forma clara por un espacio amplio de confluencia, por sumar a mucha gente que se ha quedado por el camino, a todas aquellas personas comprometidas con nuestro proyecto político independientemente de dónde hayan estado anteriormente, para ser atractivos y útiles para la transformación social”.
Detalló que el Informe Político que presentaba a debate se enmarca “dentro de la presencia en el Gobierno y de la táctica política”, así como de “nuestro papel en las instituciones”. Calificó este papel desarrollado en el Ejecutivo de coalición como “satisfactorio” e insistió en que “quedan muchas cosas por hacer, pero también muchas cosas hechas ya y con ellas hemos podido demostrar nuestra utilidad”.
“Hay que seguir explicando -animó- que lo que hemos conseguido es que la gestión de esta crisis económica devenida de la pandemia no tiene nada que ver con la anterior de hace una década. La gestión desde el Ministerio de Trabajo y el espacio de Unidas Podemos e Izquierda Unida ha sido proteger a la clase trabajadora, los puestos de trabajo, al sector productivo, al tejido empresarial para poder generar las bases de un crecimiento coherente con los principios democráticos, de izquierdas y progresistas”.
Subrayó que esto es “totalmente distinto” de lo que “pasó hace 10 años, cuando se optó por la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, por los recortes en los espacios públicos y los despidos masivos”.
Puso ejemplos concretos y destacó que “nuestra presencia en el Gobierno ha permitido subir el SMI en una línea tendencial que tiene que continuar para dignificar eso tramos salariales y, al mismo tiempo, estimular la demanda y el crecimiento económico desde un punto de vista macro”.
Recordó también que “los ERTE han evitado despidos masivos y que la clase trabajadora pudiera amortiguar el impacto de una crisis severísima derivada de la peor pandemia en 100 años”.
Como ministro de Consumo se mostró también “orgulloso” de otros cumplimientos que le atañen directamente, como haber podido “desplegar la prohibición de la publicidad de los juegos de azar y de apuestas”.
Analizó que esta actividad “había generado una alarma social justificada porque estaba siendo una merma económica muy grande en las familias y porque había un problema creciente de salud pública en muchas familias trabajadoras, que veían como la ludopatía entraba en su casas y se resquebrajaban las relaciones familiares, sociales y económicas”.
Alberto Garzón valoró especialmente haber podido cumplir esta parte “importante de nuestro acuerdo de coalición”, algo que “esperaba además gran parte de la sociedad y no solo la de izquierdas. Lo hemos puesto en marcha con bastante dificultad y hemos demostrado que cuando nos comprometemos, cumplimos, y así debemos continuar con el resto de aspectos que quedan por desarrollar”.
Por ello, la presencia de Izquierda Unida y de Unidas Podemos “ha sido fundamental para que esta trayectoria de gestión de la crisis fuera posible y pudiéramos gestionarla de una manera orientada a la protección de las familias trabajadoras en nuestro país”.
Garzón defiende la “reforma estructural” del mercado energético para que esté “mucho más regulado” y proteger a familias y empresas del “oligopolio”
Alberto Garzón, ha defendido la postura que mantiene desde el inicio esta formación para poner en marcha una “reforma estructural” del mercado energético y que esté “mucho más regulado”, y poder proteger así a las familias trabajadoras y a las empresas frente al aumento desorbitado del recibo de la luz.
Durante su intervención para presentar el Informe Político al inicio de la reunión que celebra hoy la Coordinadora Federal de IU -máximo órgano ejecutivo de dirección- el también ministro de Consumo indicó que se necesita “audacia y valentía” para tomar medidas que incidan en un efectivo descenso del precio de la luz y hacer frente a un mercado que tachó de “oligopolio”, dominado por solo tres compañías, y en el que “muy pocos deciden por muchos”.
“Izquierda Unida lo ha tenido siempre muy claro -incidió-; uno de los problemas del mercado energético es que es un oligopolio dominado por tres grandes empresas multinacionales que tienen una capacidad y un dominio sobre el mercado abrumador y, por lo tanto, no se puede hablar de un mercado plenamente competitivo”.
Garzón explicó que la subida del precio de los suministros básicos “dificulta la vida de la clase trabajadora”, al tiempo que afecta de forma muy negativa a la actividad de las empresas. Esto pone a prueba la capacidad de cualquier gobierno a la hora de ser “activo” y de poner en marcha soluciones.
Reprochó al Partido Popular, cuyos máximos dirigentes llevan semanas tratando de sacar rédito partidista de este encarecimiento de la energía, no solo que “no acometiera ninguna reforma estructural” cuando estuvo en el Gobierno, sino que “incluso las dificultó”.
El responsable federal de IU recordó algunas de las medidas ya aprobadas por el Ejecutivo de coalición, como la importante bajada del IVA o el impulso a las energías renovables, que aún deben completarse con otras para reducir la factura eléctrica y ajustar “los grandes beneficios de las compañías” que conforman ese oligopolio energético.
Reivindicó de nuevo la “propuesta histórica de Izquierda Unida” de crear una empresa pública de energía como “instrumento público de contrapeso al poder del oligopolio”, lo que facilitaría alcanzar un mercado “plenamente competitivo” frente a la “anomalía” de esas empresas que copan el suministro energético. Esto debe ir acompañado de una regulación más estricta para fijar el precio de las fuentes de generación de energía, en referencia a la nuclear y la hidroeléctrica.
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