Secretario de Estado de Agenda 2030 y secretario general del PCE
Artículo 1 de la Constitución: España es una República de trabajadores de toda clase, que se organizan en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
La II República llegó con el compromiso de mejorar la España que existía y construir un país plenamente democrático, donde se garantizaran la libertad, los derechos humanos y la justicia social. La Constitución republicana fue la herramienta utilizada para poner en práctica estos cambios radicales en un país que todavía presentaba actitudes y comportamientos propios de una sociedad semi feudal.
La mayoría de los derechos recogidos en el texto constitucional fueron reconocidos por primera vez en la historia de nuestro país. Se dieron pasos firmes para construir una España moderna, plenamente democrática, haciendo efectivo el tránsito de siervos a ciudadanos con derechos.
La República instauró el Estado de Derecho y utilizó la Constitución como instrumento no solo de democratización, sino también de modernización del país. Valgan como muestras los siguientes fragmentos literales: “Todos los españoles son iguales ante la ley”; “El Estado español no tiene religión oficial”; “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”; “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios”; “La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español”; “La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria”. Hace 90 años, ser demócrata era sinónimo de ser republicano.
La República constitucionalizó un Estado laico y creó un amplio catálogo de derechos, también en ámbitos privados, como el matrimonio, la educación, la familia, el trabajo o la economía. Por primera vez, se alcanzó la igualdad de género, al reconocer el derecho de voto a las mujeres, el matrimonio civil con plena igualdad de derechos y deberes de los cónyuges o el divorcio, derechos tan odiados por los fascistas que el régimen de Franco los aniquiló desde el momento de la rebelión militar en las zonas dominadas por los golpistas.
La Constitución de la II República no fue un texto radical como aun nos quieren hacer creer los enemigos de la democracia. Recogió los principios del parlamentarismo de la Europa de entreguerras que establecían la preeminencia del poder legislativo, expresión de la voluntad general, frente a las atribuciones del poder ejecutivo. Al mismo tiempo, se constitucionalizó el referéndum legislativo para que nuestros compatriotas pudieran decidir sobre las leyes votadas en el parlamento, una herramienta de participación directa propia de las democracias más avanzadas. El parlamento se convertía por primera vez en el centro de la vida política e instancia de control del Gobierno.
El principio de soberanía popular rigió de inicio a fin la actuación institucional de la II República. Su compromiso con la democracia y la voluntad popular se acreditó con la elección del presidente de la Republica, el único Jefe de Estado elegido democrática y directamente —en las urnas— en la historia de nuestro país. Ningún país democrático de nuestro entorno padece esta anomalía democrática. Y la caverna política de entonces, tan parecida a la de ahora, no permitió que acabara el mandato otorgado libre y directamente por nuestros compatriotas.
Si no hubiera sido por los militares golpistas y los políticos cómplices que traicionaron y se alzaron contra la democracia y la legalidad constitucional, condenándonos a medio siglo de atraso económico y pérdida de libertades, España se habría situado a la cabeza de los países de su entorno en términos de desarrollo económico, progreso y bienestar.
Ojalá que nuestro país siga avanzando en un horizonte republicano de plena garantía de los derechos esenciales, no solo los civiles y políticos, sino también económicos y sociales. Todos estos derechos deben continuar extendiéndose hasta acabar con cualquier discriminación familiar o personal, para que todas las personas seamos iguales ante la ley y disfrutemos plenamente de todos los derechos, incluido el desempeño de las más altas instituciones constitucionales como es la Jefatura del Estad
https://www.huffingtonpost.es/entry/republica-es-democracia_es_6075a395e4b043d6d4a3a0fe
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