Enrique Santiago, Secretario General del PCE
Mundo Obrero
Hemos iniciado 2021 cumpliendo el primer aniversario del gobierno de coalición y vamos a celebrar el centenario del PCE. Con un escaso 10% de la representación parlamentaria, Unidas Podemos ha conseguido levantar un importante escudo social para proteger a nuestro pueblo ante la gravísima crisis provocada por la pandemia. Hemos aprobado unos Presupuestos Generales del Estado muy expansivos en gasto público, enterrando la época de los recortes y reforzando el bloque de gobernabilidad al incorporar a fuerzas políticas de la izquierda nacionalista.
Este año nuestro objetivo será retomar la agenda de cumplimiento del programa del gobierno de coalición más allá de las medidas urgentes y coyunturales que la pandemia nos ha obligado a priorizar. El programa incluye dos categorías de medidas: las relativas a las reformas económicas, sociales y laborales y las de recuperación de las libertades públicas cercenadas durante los gobiernos de la derecha.
La reforma laboral y las reformas fiscales son nuestras prioridades más urgentes, junto al impulso de las políticas públicas, industriales y de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Sólo la combinación de estas medidas permitirá abandonar el modelo neoliberal y de terciarización de nuestra economía que ha imperado en las últimas décadas.
España tiene que recuperar su soberanía económica y para ello hay que recuperar la capacidad industrial. Es imprescindible alcanzar capacidades en desarrollo tecnológico, investigación, innovación y digitalización, lo que requiere un incremento de las inversiones públicas, especialmente en formación profesional y educación superior. Solamente recobrando el papel del Estado y las instituciones públicas en la planificación e impulso de la actividad económica es posible avanzar en la recuperación de nuestra soberanía y abandonar definitivamente las políticas neoliberales.
Debemos dejar sin efecto este año la reforma laboral neoliberal, aprobando las modificaciones legislativas necesarias para acabar con la precarización del empleo. Nuestro objetivo es construir un nuevo modelo de relaciones laborales, respetuoso de los derechos de las personas trabajadoras y que permita que el empleo sea un derecho garantizado que posibilite una vida digna para todo el mundo y recupere plenamente la causalidad en las relaciones laborales, que proporcione un modelo laboral que afiance los derechos de los trabajadores frente al poder empresarial, que acabe con la precarización y la desregulación laboral, que entierre el actual modelo de explotación, consecuencia del constante debilitamiento de las relaciones laborales y su sustitución por un marco de relaciones entre empresarios y supuestos trabajadores autónomos.
Frente a las voces que piden una reforma del sistema de pensiones que incremente los años de cotización así como la imposición de amplios periodos de vida laboral para el cálculo de la cuantía de las pensiones de jubilación, nuestra posición será oponernos, defendiendo que esas medidas son claramente perjudiciales para la clase trabajadora y además no se encuentran contempladas entre las 22 recomendaciones alcanzadas por el Pacto de Toledo en el Congreso en noviembre del año pasado.
También debemos avanzar en la reforma tributaria y fiscal para establecer un modelo que garantice una justa redistribución de la riqueza y compense las desigualdades sociales intrínsecas al sistema capitalista. Las primeras y moderadas reformas del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades, acordadas en los Presupuestos Generales del Estado, deben ser solamente el inicio una nueva política fiscal derivada de los contenidos del acuerdo programático del gobierno de coalición. En el sistema tributario español debe primar la imposición directa frente a la indirecta y la mayor fuente de ingresos fiscales debe ser la recaudación sobre las rentas del patrimonio y del capital y no, como ocurre ahora, sobre las rentas del trabajo, especialmente en los sectores de empleados con ingresos medios.
Respecto a la garantía de las libertades públicas, este debe ser el año de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) para recuperar y ampliar los espacios de libertades públicas que fueron recortados por los gobiernos del Partido Popular para golpear a la movilización popular. Estas medidas de recuperación de las libertades deben complementarse con una reforma del Código Penal que garantice la libertad de expresión y penalice la desestabilización del gobierno de coalición mediante la difusión masiva de informaciones falsas. Hay que acabar con la actual regulación de los delitos denominados de injurias a la Corona, con los delitos de enaltecimiento del terrorismo (que en la práctica vienen utilizándose para reprimir a músicos, artistas y otros creadores) y con los delitos relativos al ejercicio de la actividad sindical.
También debe ser el año del debate social sobre distintas reformas institucionales, necesarias para garantizar los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente los económicos y sociales pero también las libertades públicas. Nuestro país adolece de serias deficiencias institucionales en un contexto de agotamiento del modelo político diseñado con la Constitución de 1978 que sirvió para transitar desde un régimen autoritario y dictatorial hacia un modelo formalmente democrático pero que no ha sido capaz de garantizar una democracia plena ni de conseguir unas relaciones equilibradas entre los distintos pueblos que componen España.
Especial sustracción al control democrático viene mostrando el poder judicial que actúa con excesiva frecuencia en defensa de los intereses de las élites y se ha convertido en un agente político activo contra los avances sociales y políticos progresistas, añadiendo el bloqueo a la renovación de sus órganos de gobierno para mantener una hegemonía conservadora que no se corresponde con la actual manifestación de la voluntad popular.
Estado republicano y federal
Otra asignatura pendiente que debemos acometer a la mayor brevedad es la reestructuración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. No se puede permitir que estas instituciones se aparten de la neutralidad política que exige cualquier modelo democrático como ha venido ocurriendo. Han sido penetradas por las fuerzas políticas más conservadoras y ultraderechistas que abiertamente realizan actividades de proselitismo.
La necesidad de modernización institucional cada vez es más palpable y está más presente en importantes sectores de la sociedad española que especialmente cuestionan una monarquía que, lejos de ser una figura meramente decorativa, conserva el control de importantes instituciones, como la jefatura de las Fuerzas Armadas.
El debate entre monarquía o república ofrece hoy una opción de cohesión política en torno a la defensa de un modelo republicano para un importante segmento de la sociedad de carácter progresista. El PCE debe prepararse para consolidar la reivindicación republicana -entendida como el acceso a la plena garantía de derechos sociales, políticos y económicos para todas las personas, en un marco de Estado plurinacional- y convertirla en el elemento de cohesión y fortalecimiento del proceso de convergencia política y social que hemos comenzado a construir en torno al espacio de Unidas Podemos.
Nuestros adversarios políticos han percibido el peligro que supone que la izquierda sea capaz de poner en pie un proyecto colectivo que aúne sectores progresistas y reivindicaciones territoriales en torno a un modelo de Estado republicano y federal. Las manifestaciones de fuerzas hasta ahora secesionistas, expresando su voluntad de colaborar en la construcción de un modelo de Estado más solidario y avanzado, significan una ventana de oportunidad para la República Federal pero también una advertencia para aquellos sectores que no dudan en intervenir con todos los medios a su alcance para no perder sus privilegios, aunque ello suponga el recurso a medidas autoritarias.
La izquierda solamente saldrá victoriosa si somos capaces de generar una mayoría social convencida de la posibilidad y la necesidad de estos cambios. Y para ello los comunistas tenemos que cumplir un papel esencial como organizadores de nuestro pueblo, como fuerza política consciente de la posibilidad de abordar la construcción de un modelo constitucional más justo y solidario.
En los cien años que celebramos, el PCE ha sido un actor clave en la historia de España y somos una fuerza política que cuenta con un proyecto actual de transformación socialista. Nuestro centenario debe convertirse en una celebración de toda la izquierda, del movimiento obrero, de la cultura alternativa, del pensamiento crítico y de las organizaciones sociales. No concebimos el centenario sólo como una conmemoración histórica sino como una oportunidad más en la lucha política actual.
Resumen del artículo publicado en el número 249 de Nuestra Bandera.
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