A todas las personas que lucharon en defensa de la legalidad constitucional, la republicana, contra el golpe de Estado y contra la intervención extranjera del fascismo internacional.
Es de justicia recordarlo, cuando el fascismo vuelve a emerger a nuestro alrededor a consecuencia de unas políticas económicas neoliberales que no permiten un futuro digno a ningún pueblo.
La democracia no la trajeron los que sustentaron la dictadura hasta el último día y aún hoy se niegan a reprobarla, ni el heredero Borbón impuesto por el dictador fascista en la Jefatura del Estado, ni los llamados “padres de la Constitución”.
La democracia la trajo la clase trabajadora, los hombres y mujeres del pueblo que con sus luchas y movilizaciones, con años de cárcel sobre sus espaldas y las de sus familias, con el sufrimiento soportado por el hambre, los asesinatos, las torturas y el exilio, conquistaron las libertades democráticas.
El PCE trabajó y luchó por la construcción de un acuerdo que permitiera una Constitución democrática y el fin de la dictadura fascista, por una norma que, en ese momento histórico y a la vista de la correlación de fuerzas existente, permitiera un Estado social y democrático de derecho.
También cedimos, aplazando reivindicaciones que forman parte de nuestra identidad política como el Estado federal y la República como expresión de la soberanía popular, aceptando la monarquía. Con el tiempo la falsa imagen que habían montado se desmoronó y apareció un rey que ha sido todo menos ejemplar, amparado por la medieval inviolabilidad que permite todo tipo de delitos y que ha utilizado los servicios del Estado para sus fines de lucro privados.
El acuerdo constitucional del 78 fue incumplido de forma sustancial y reiterada por la burguesía y sus partidos políticos, especialmente en todos lo relativo a los derechos básicos. Se vulneraron todos los títulos y artículos de derechos sociales, económicos y ambientales, se recortaron las libertades políticas y la calidad de nuestra democracia bajó a mínimos. Las políticas neoliberales de los distintos gobiernos impidieron la soberanía y las condiciones de vida dignas para nuestro pueblo. Ante esta situación el Partido Comunista de España dio por roto el pacto constitucional (y se desvinculó de la Constitución de 1978) y exige un nuevo texto constitucional que garantice la totalidad de derechos fundamentales contemplados en la Declaración Universal de DDHH.
Cuarenta y dos años después varias generaciones, la mayoría de las españolas y españoles, no han sido nunca consultados ni han intervenido para decidir cuál es el pacto de convivencia entre personas y pueblos, cuál es el modelo social y económico y el modelo de libertades que necesita España.
El carácter monárquico de la Constitución es hoy impugnado por cada vez más amplios sectores de la población.
Es necesaria un nuevo pacto constitucional que garantice todos los derechos sociales y políticos y todas las libertades. Una Constitución que garantice un gran acuerdo de convivencia solidaria de los pueblos y naciones que forman España, en un Estado federal y republicano unido en torno a la construcción de un proyecto de progreso colectivo. Reivindicamos un estado federal y republicano como patria de convivencia de los pueblos libres, que quieren y pueden elegir a todos sus representantes e instituciones.
Es tiempo de una Constitución que garantice los derechos básicos: trabajo, vivienda, ingresos mínimos vitales y servicios públicos esenciales (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales). Que establezca de forma real y efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.
Una norma suprema del ordenamiento jurídico que garantice el autogobierno de los pueblos en un Estado federal solidario y plurinacional y que instaure una democracia plena, transparente, participativa, laica y republicana.
Una Constitución marco jurídico de la planificación económica democrática y de la propiedad común de los sectores estratégicos, para que la economía esté al servicio de la mayoría social y no de la minoría oligárquica. Un nuevo modelo económico con objetivos de desarrollo social, innovación y sostenibilidad.
Para ello se tiene que abrir un Proceso Constituyente, entendido como un proceso de movilización popular y democracia participativa, con el objetivo de abolir la monarquía, devolver la plena soberanía política, social y económica a la ciudadanía y a los pueblos, y construir la nueva Constitución.
Un Proceso Constituyente que abra las puertas a un futuro digno para la juventud, para las personas mayores y para el conjunto de la población.
Llamamos a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales y culturales democráticas y republicanas a ponerse en marcha, movilizarse, organizarse, para conseguir abrir un Proceso Constituyente que construya colectivamente otro modelo de sociedad, donde los derechos no se “promuevan” sino que se garanticen, máxime cuando de ello dependen la vida y el futuro de la clase trabajadora y el pueblo.
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