Fue la Sala Segunda del Supremo la que inició entonces actuaciones a través de la causa especial 21092/2018, para luego archivarlas e inadmitir la querella en tiempo récord, en el verano de 2019, apenas unos pocos meses después de iniciado todo. El ponente designado para llevar la causa fue el propio presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena Gómez. Se llegó incluso a imponer a los firmantes una fianza de 12.000 euros, que abonaron puntualmente, para ejercer así su derecho como acusación popular.
Los querellantes argumentan que el Tribunal Supremo sí podría tomar ahora cartas en el asunto e investigar al todavía rey emérito a la vista de la sucesión de nuevos e importantes acontecimientos, así como a las recientes actuaciones judiciales desde distintos ámbitos en relación a los delitos cometidos supuestamente por éste y personas que estaban en su círculo de confianza.
De ahí que trasladen a la Sala Segunda que “habiendo cesado la causa que fundamentó el archivo de estas actuaciones ante esta Excma. Sala, en este caso el sobreseimiento provisional de la pieza 5 de las DP 96/2017 seguidas en el Juzgado Central de Instrucción nº 6, siendo además que existen nuevos elementos probatorios que obran en las diligencias de investigación 38/2018 remitidas por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo ante los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del aforado S.M. Juan Carlos de Borbón, procede reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación”.
Por un lado, IU y el PCE alegan en el escrito registrado que ya no es válido el argumento que empleó hace un año sobre que ‘los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación y fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional’.
“Como es público y notorio -argumentan-, con fecha 27 de julio de 2020 el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha acordado reabrir la pieza número 5, inserta en las Diligencias Previas número 96/2017”, después de que este mismo juzgado central acordara en 2018 el sobreseimiento provisional de estas actuaciones.
Del mismo modo, los querellantes recuerdan al Supremo que él mismo reconocía en los autos en los que echó por tierra las actuaciones emprendidas que “la querella presentada en su momento por esta representación tenía como base lo investigado en su momento por el Juzgado Central de Instrucción” de la Audiencia Nacional.
Destacan también que “debe hacerse notar” que en el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 conocido la semana pasada “se precisa en el razonamiento jurídico segundo que las Diligencias de Investigación 38/2018 incoadas por la Fiscalía Anticorrupción, en base al testimonio de actuaciones remitidas por el Juzgado Central de Instrucción de la pieza 5 de las DP 96/2017 y posteriores colaboraciones entre Juzgado y Fiscalía Anticorrupción, han sido remitidas a la Fiscalía del Tribunal Supremo”.
El Partido Comunista de España e Izquierda Unida detallan también que después de que el Supremo decidiera archivar la causa “ha continuado aflorando diversa información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella”. Recuerdan que “la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras diversos contactos con la Fiscalía suiza, el expediente de las diligencias de investigación 38/2018 incoadas por la Fiscalía Anticorrupción” al objeto de que investigue los “fondos irregulares” que Juan Carlos de Borbón “habría tenido depositados en Suiza y relacionados con los pagos realizados por Arabia Saudí”.
“Pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado -advierten los querellantes-, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la Fiscalía, corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos”.
Los querellados se reparten la imputación de hasta 13 supuestos delitos -siete de ellos referidos directamente al rey emérito-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
El PCE, IU y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda ya reprocharon en su día por escrito al Supremo que decidiera “omitir cualquier tipo de instrucción que pudiera desembocar en la confirmación o determinación indiciaria de la autoría de los graves hechos denunciados, eludiéndose injustificadamente acordar la práctica de diligencias de averiguación oportunamente pedidas”. También lamentaron que amparara esto con “la ambigua expresión de que se pretende una investigación prospectiva, supuestamente carente de indicios de ninguna clase que justificaran la decisión de practicar tales diligencias de averiguación”.
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