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jueves, 31 de diciembre de 2020

Carta de “Fin de Año” a la militancia de Ernesto Alba, Secretario general del PCA


Querido y querida camarada,
Termina un año excepcional en la historia de nuestra tierra y de nuestro Partido. Un año que se iniciaba con la entrada de UP e IU, y por ende del PCE, en un gobierno de coalición, situación inédita desde los tiempos de la II República. Nuestro pueblo y nuestro gobierno han tenido que hacer frente a una situación extraordinaria y dolorosa como la pandemia de la Covid-19. Esta ha servido para constatar la grandeza y capacidad de sacrificio de la clase trabajadora de nuestro país y las enormes deficiencias que lastran a nuestra Andalucía y España.
Afrontamos este 2021 con enormes retos y tareas. Como secretario general y tu camarada, quiero destacar tres de ellas:
El fortalecimiento del espacio del cambio en nuestro país. Este espacio ha sufrido transformaciones en los últimos años y como comunistas debemos afrontar este trabajo de construcción de unidad desde el terreno de la propuesta programática y la intervención política. Es una necesidad seguir fortaleciendo UP en Andalucía a través de un proceso político desde abajo, de la forma más democrática y militante posible. No se entiende el proceso unitario de IULV-CA y Podemos en Andalucía sin la vertebración del mismo a través del PCA.

El Centenario del PCE. Nuestro Partido, el Partido Comunista de España, realizó su primer congreso del 7 al 14 de noviembre de 1921, al calor de la Gran Revolución Socialista de Octubre. Nuestra organización ha sido fundamental en la historia de España y Andalucía. Dirigentes como José Díaz, Dolores Ibárruri “La Pasionaria” o Julio Anguita fueron Secretarios Generales de nuestro Partido y sus nombres están indiscutiblemente unidos a la historia de España. Debemos abordar este aniversario no solo como una reivindicación de dónde venimos, sino fundamentalmente como una oportunidad para, aprendiendo de nuestra práctica histórica, ver cuáles son los medios y herramientas más correctos para la lucha revolucionaria hoy, en la España y la Andalucía del siglo XXI.
El XIII Congreso del PCA. Este año, el Partido Comunista de Andalucía, realiza su congreso. En este proceso actualizaremos documentos políticos y organizativos, actualizaremos nuestra propuesta para una Andalucía con futuro, propuesta que se encarna en el manifiesto programa del PCA, un documento que debe expresar la solución a los problemas, anhelos y necesidades de las familias trabajadoras andaluzas. En este proceso congresual rendiremos cuenta de nuestro trabajo que, no debemos olvidar, no es el de un pequeño grupo de dirigentes, sino el trabajo diario de miles de hombres y mujeres del PCA.
Agradeciendo que hayas tenidos unos minutos para reflexionar contigo.
Recibe un saludo revolucionario para ti y los tuyos,
Ernesto Alba
Secretario general del PCA

domingo, 20 de diciembre de 2020

El PCE llama a frenar la infiltración de la ultraderecha en las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para impedir la desestabilización política


Desde julio de 2018 hasta hoy se han conocido al menos cinco cartas o manifiestos firmadas por militares en situación de retiro descalificando al actual sistema democrático y pidiendo medidas de intervención para corregir lo que consideran una “situación política inaceptable”, eufemismo para denominar al gobierno de coalición en el que participa Unidas Podemos.
El último de estos manifiestos, publicado el pasado 3 de diciembre, aparece firmado por más de 270 militares en retiro que llaman a "revertir la peligrosa deriva de nuestra Patria ante un Gobierno que ha cedido a comunistas, golpistas y pro-etarras". Al mismo tiempo, sale a la luz pública un chat de militares retirados en el que un general defiende fusilar a 26 millones de españoles, a los que denomina “hijos de puta”.
El Partido Comunista de España ha venido denunciando la existencia de una operación de desestabilización de la democracia, en primer lugar para impedir la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, y ahora para atacar al gobierno de coalición, puesta en marcha tan pronto se aprobó la investidura como Presidente del Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2020. La declaración del Estado de Alarma por la pandemia ha sido utilizada para incrementar los ataques desestabilizadores por cualquier medio.
No cabe duda de que existe un plan organizado desde la derecha política, económica y judicial más extrema, con la participación de sectores no solo militares, sino institucionales, económicos y sociales, cuyo objetivo es acabar con este Gobierno por cualquier medio, sirviéndose especialmente de la intoxicación mediática, el acoso judicial y la utilización antidemocrática de distintas instituciones del Estado.
Sin duda la infiltración de la ultraderecha, como movimiento organizado, en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado constituye una grave amenaza, aunque a fecha de hoy no puede afirmarse que sean mayoritarios estos sectores antidemocráticos. Pero, aunque no constituyen una mayoría, sí trabajan activamente para determinar los debates y el ánimo general en las cámaras de oficiales y camaretas de suboficiales y cabos primeros. Es un trabajo sistemático, organizado y coordinado con la ultraderecha política que busca crear hegemonía en el seno de las FFAA y CFSE.

Todo ello pone de manifiesto una coordinación de distintos sectores desestabilizadores con integrantes o ex integrantes de las FFAA y los CFSE, en una estrategia que busca influir en la opinión pública y en especial en el Jefe de Estado. Esta estrategia desestabilizadora pretende arrastrar a otras esferas de poder, mediáticas, económicas, institucionales y judiciales y convertir a todos los anteriores en actores de desestabilización. Todo con la activa participación de redes y estructuras vinculadas a la ultraderecha.
En este contexto, es inaceptable la sentencia del Tribunal Militar Central que confirma la sanción disciplinaria impuesta al cabo Marco Antonio Santos por manifestarse en contra de los militares retirados que alabaron al ex dictador y por firmar una carta con la formula “Salud y República”. Ya entrados en el Siglo XXI no es aceptable que en democracia se actúe de forma permisiva con militares o exmilitares que simpatizan o participan en operaciones desestabilizadoras, mientras que se expulsa del ejército a militares demócratas que denuncian y condenan actitudes desestabilizadoras y fascistas
Para abordar esta situación y desarticular las estrategias desestabilizadoras de la extrema derecha y sus aliados, es necesario abordar de una vez la asignatura pendiente de la reforma de las Fuerzas Armadas para dotarlas de mecanismos que permitan que la realización de declaraciones o actividades desestabilizadoras y contrarias al orden constitucional puedan ser sancionadas cuando se realizan por militares que, aunque estén en retiro, utilicen para desplegar esa actividad su antigua condición.

La justicia militar debe ser competente exclusivamente para conocer los casos relacionados con el servicio
, en ningún caso respecto a actividades con implicaciones fuera de las FFAA.
Es imprescindible reformar el acceso a las academias militares, de Guardia Civil y de Policía Nacional, así como eliminar cualquier prueba de valoración subjetiva para el acceso, en especial si estas valoraciones son realizadas por los propios mandos.
También es imprescindible objetivar al máximo los procedimientos de ascensos, acceso a cursos de formación y renovaciones de contratos de tropa y marinería, así como oficiales de complemento, garantizando la participación en las evaluaciones de funcionarios externos a las FFAA y FCSE.
El PCE defenderá el reconocimiento de los derechos democráticos y sindicales en las FFAA, para fortalecer las asociaciones y colectivos, tratando de vincularlos a los sindicatos preexistentes, reformando las distintas leyes orgánicas que limitan el derecho de asociación y sindicación.
En esta misma línea de mejora de los derechos laborales de los militares, debe solucionarse el problema de los despidos a la tropa y militares de complemento que cumplen 45 años. Debemos evitar el inmenso problema social y político que supone la salida del ejército de decenas de miles de hombres y mujeres sin otro oficio que las armas, con escasa o nula posibilidad de hacer valer su experiencia para acceder a un empleo digno, lo que les hace muy vulnerables a las iniciativas de la extrema derecha.

El PCE e IU amplían la #QuerellaBorbón tras la regularización fiscal para que se investiguen todos los casos ante evidentes “indicios de actividades ilícitas”


Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, hemos registrado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una ampliación de su querella inicial sobre las actividades presuntamente delictivas protagonizadas por el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, ayudado por personas de su confianza, para que se incluya en la causa especial 21092/2018 que lleva el Alto Tribunal.
En el escrito, incorporamos los casos que han saltado a la luz pública en las últimas semanas, desde la regularización fiscal que el todavía rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria hace tan solo unos días para evitar una investigación más exhaustiva, al uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro para pagar distintas actividades tanto suyas como de su entorno familiar, pasando por el movimiento de elevadas cantidades de dinero a través de paraísos fiscales y Estados opacos a las investigaciones fiscales. De esta forma, los querellantes amplían sustancialmente el objeto de su acción ante el Alto Tribunal, iniciada en 2018, por el presunto cobro de comisiones ilegales por la intermediación de Juan Carlos de Borbón en la adjudicación de la AVE a La Meca.
En el señalamos que “De la lectura de la presente ampliación de querella, y puesta en correlación con la inicial querella presentada en diciembre de 2018, se desprende una larga continuidad temporal en la conducta de los querellados y, en particular, del ex jefe del Estado, conducta que aparece dilatada ya en el tiempo”.
Recordamos que existen evidentes “indicios de actividades ilícitas relatados y documentados en ordinales anteriores que como mínimo se remontan al año 2002, siendo las conductas descritas durante todo este iter temporal concatenadas las unas con las otras, teniendo como nexo de unión la conducta de Juan Carlos de Borbón a la hora de recibir pagos o dádivas por parte de países extranjeros sin que se haya dado cuenta durante todo este tiempo a la Hacienda Pública española de la percepción de estos pagos ni de la existencia de cuentas, inversiones o instrumentos financieros en las que se han ido depositando millonarias cantidades de dinero”.

La querella iba inicialmente dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, contra su amante Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón. Ahora se completa con los nombres del ya citado empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y del teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, al servicio del rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas.
Tanto los hechos delictivos recogidos desde un primer momento como los que se detallan ahora en el texto de ampliación de la querella corresponden a 13 delitos -siete de ellos vinculados directamente con el ex jefe del Estado-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
Entre los nuevos casos que incorporamos ahora está el referido a la segunda investigación abierta en la Fiscalía del Supremo -no judicializada aún, igual que la primera- por la utilización por parte de Juan Carlos de Borbón y otras personas de su familia de fondos que habría donado el empresario Sanginés-Krause. Esta actuación se habría realizado con tarjetas de crédito a nombre del coronel Murga Mendoza, ayudante de campo del rey emérito durante casi una década.
Apuntamos a que “los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son posteriores a la abdicación del rey y a que perdiera su protección constitucional, que le hace inimputable por cualquier delito cometido hasta el año 2014 en el ejercicio de sus funciones constitucionales”.
Estos hechos obligaron al rey emérito hace unos días a presentar ante el departamento de Hacienda de la Comunidad de Madrid una regularización de 678.393 euros por lo que habría dejado de pagar al fisco debido a las donaciones de su amigo mexicano.

La ampliación de querella apostilla que “según numerosas informaciones periodísticas que no han sido cuestionadas, el ciudadano mexicano ha reconocido en su declaración ante la Fiscalía que abonó 113.000 euros de viajes y estancias de Juan Carlos de Borbón en los años 2016 y el 2017, así como 270.000 euros al coronel en los años 2017 y 2018. Además, Allen Sanginés-Krause estaría relacionado igualmente con el movimiento de otros 500.000 euros que Juan Carlos de Borbón habría dispuesto gracias al uso de una tarjeta bancaria”.
Para Izquierda Unida y el PCE esta regularización no cumple con el criterio de espontaneidad que requiere el Código Penal para eludir la responsabilidad penal, ya que se produjo un mes después de que hubiese sido informado por la Fiscalía sobre la existencia de una investigación contra él, aparte de la “extensa publicación en prensa nacional e internacional” de esas diligencias.
Los querellantes abordamos también la supuesta inviolabilidad de la que gozaría Juan Carlos de Borbón en sus acciones, defendiendo que “aún pudiendo apreciarse la inviolabilidad del rey emérito durante los años en que estaba en el ejercicio pleno del cargo de jefe de Estado ésta no debe ser óbice para la apertura de una investigación judicial una vez ya no está en el ejercicio del cargo, y menos aún por hechos delictivos que se perpetúan una vez traspasado el periodo de inviolabilidad, como es la defraudación a la Hacienda Pública, por hechos delictivos cometidos una vez extinguida la inviolabilidad, como es el afloramiento de los efectos delictivos o blanqueo de capitales”.
Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda depositamos la semana pasada la fianza de 12.000 euros impuesta a finales de noviembre por el Tribunal Supremo para ejercer la acusación popular en la tramitación de esta causa especial, recaudada gracias a la colaboración de cientos de personas.
El Supremo decidió reactivar las diligencias después de que los querellantes solicitaran su reapertura a finales de julio pasado. A partir de ahora, y una vez registrada la ampliación, la Sala Segunda que se ocupa de esta causa deben resolver finalmente si la reabren o no, tras haberla desestimado por primera vez a toda prisa en el verano de 2019.

domingo, 6 de diciembre de 2020

Para que seamos iguales en derechos. ¡Es tiempo de república!

En el 42 aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978, el Partido Comunista de España rinde, en primer lugar, homenaje a las mujeres y hombres que con su lucha, compromiso y sacrificio trajeron la democracia y la libertad a España.
A todas las personas que lucharon en defensa de la legalidad constitucional, la republicana, contra el golpe de Estado y contra la intervención extranjera del fascismo internacional.
Es de justicia recordarlo, cuando el fascismo vuelve a emerger a nuestro alrededor a consecuencia de unas políticas económicas neoliberales que no permiten un futuro digno a ningún pueblo.
La democracia no la trajeron los que sustentaron la dictadura hasta el último día y aún hoy se niegan a reprobarla, ni el heredero Borbón impuesto por el dictador fascista en la Jefatura del Estado, ni los llamados “padres de la Constitución”.
La democracia la trajo la clase trabajadora, los hombres y mujeres del pueblo que con sus luchas y movilizaciones, con años de cárcel sobre sus espaldas y las de sus familias, con el sufrimiento soportado por el hambre, los asesinatos, las torturas y el exilio, conquistaron las libertades democráticas.
El PCE trabajó y luchó por la construcción de un acuerdo que permitiera una Constitución democrática y el fin de la dictadura fascista, por una norma que, en ese momento histórico y a la vista de la correlación de fuerzas existente, permitiera un Estado social y democrático de derecho.
También cedimos, aplazando reivindicaciones que forman parte de nuestra identidad política como el Estado federal y la República como expresión de la soberanía popular, aceptando la monarquía. Con el tiempo la falsa imagen que habían montado se desmoronó y apareció un rey que ha sido todo menos ejemplar, amparado por la medieval inviolabilidad que permite todo tipo de delitos y que ha utilizado los servicios del Estado para sus fines de lucro privados.
El acuerdo constitucional del 78 fue incumplido de forma sustancial y reiterada por la burguesía y sus partidos políticos, especialmente en todos lo relativo a los derechos básicos. Se vulneraron todos los títulos y artículos de derechos sociales, económicos y ambientales, se recortaron las libertades políticas y la calidad de nuestra democracia bajó a mínimos. Las políticas neoliberales de los distintos gobiernos impidieron la soberanía y las condiciones de vida dignas para nuestro pueblo. Ante esta situación el Partido Comunista de España dio por roto el pacto constitucional (y se desvinculó de la Constitución de 1978) y exige un nuevo texto constitucional que garantice la totalidad de derechos fundamentales contemplados en la Declaración Universal de DDHH.

Cuarenta y dos años después varias generaciones, la mayoría de las españolas y españoles, no han sido nunca consultados ni han intervenido para decidir cuál es el pacto de convivencia entre personas y pueblos, cuál es el modelo social y económico y el modelo de libertades que necesita España.
El carácter monárquico de la Constitución es hoy impugnado por cada vez más amplios sectores de la población.
Es necesaria un nuevo pacto constitucional que garantice todos los derechos sociales y políticos y todas las libertades. Una Constitución que garantice un gran acuerdo de convivencia solidaria de los pueblos y naciones que forman España, en un Estado federal y republicano unido en torno a la construcción de un proyecto de progreso colectivo. Reivindicamos un estado federal y republicano como patria de convivencia de los pueblos libres, que quieren y pueden elegir a todos sus representantes e instituciones.
Es tiempo de una Constitución que garantice los derechos básicos: trabajo, vivienda, ingresos mínimos vitales y servicios públicos esenciales (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales). Que establezca de forma real y efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.
Una norma suprema del ordenamiento jurídico que garantice el autogobierno de los pueblos en un Estado federal solidario y plurinacional y que instaure una democracia plena, transparente, participativa, laica y republicana.
Una Constitución marco jurídico de la planificación económica democrática y de la propiedad común de los sectores estratégicos, para que la economía esté al servicio de la mayoría social y no de la minoría oligárquica. Un nuevo modelo económico con objetivos de desarrollo social, innovación y sostenibilidad.
Para ello se tiene que abrir un Proceso Constituyente, entendido como un proceso de movilización popular y democracia participativa, con el objetivo de abolir la monarquía, devolver la plena soberanía política, social y económica a la ciudadanía y a los pueblos, y construir la nueva Constitución.
Un Proceso Constituyente que abra las puertas a un futuro digno para la juventud, para las personas mayores y para el conjunto de la población.
Llamamos a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales y culturales democráticas y republicanas a ponerse en marcha, movilizarse, organizarse, para conseguir abrir un Proceso Constituyente que construya colectivamente otro modelo de sociedad, donde los derechos no se “promuevan” sino que se garanticen, máxime cuando de ello dependen la vida y el futuro de la clase trabajadora y el pueblo.

sábado, 5 de diciembre de 2020

Ernesto Alba, Secretario General del PCA: “Andalucía con futuro”

Hoy se cumplen 43 años de uno de los hitos más importante en la conciencia colectiva andaluza. El 4 de diciembre de 1977 cerca de dos millones de andaluces y andaluzas tomaron las calles de cada una de las ocho capitales andaluzas en defensa de la autonomía de Andalucía. Fue una constatación de que los derechos hay que conquistarlos.
Desde aquella ola de movilización popular muchas cosas han cambiado en nuestra tierra, pero otras se mantienen igual. 43 años después Andalucía sigue siendo la periferia de la periferia. El resultado de las distintas fases históricas que se han dado en nuestra tierra ha sido idéntico: Andalucía continúa siendo un satélite del capitalismo desarrollado.
Estos 43 años no han sido fáciles para Andalucía y, más de cuatro décadas después, enfrentamos una crisis sanitaria, social y económica cuyos daños aún son incuantificables. Lo hacemos, eso sí, con la experiencia reciente de otra crisis económica, la de 2008, de la que los andaluces y las andaluzas salimos mal, y tarde. La situación en la que Andalucía afronta esta nueva crisis es, por la falta de respuesta desde entonces de los gobiernos andaluces –anteriormente del PSOE y actualmente de PP y C’s, con el apoyo de Vox-, similar: Andalucía encabeza los índices de desempleo, pobreza y desigualdad de todo el país, su modelo productivo se asienta en sectores de bajo valor añadido y la reconversión industrial ha golpeado ciudades enteras –véase Linares, la localidad con más paro de España- y grandes comarcas –véase la Bahía de Cádiz-. Además, las inversiones europeas y las grandes infraestructuras planteadas en torno a estas no han propiciado la necesaria convergencia de Andalucía con el resto de España.

La respuesta a aquella crisis, que señaló las contradicciones del sistema de acumulación capitalista, fue la austeridad (a través de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española) y los recortes en los servicios públicos. Las consecuencias de aquella crisis son conocidas: fue la clase trabajadora quien cargó a sus espaldas el coste de la crisis y el Estado del Bienestar quedó herido de muerte. Mientras, los ricos se hacían más ricos.
La crisis económica que ahora afrontamos ya está golpeando fuertemente a nuestra tierra y mermando todavía más las condiciones de vida de la clase trabajadora andaluza, todavía sin que hayamos superado esta maldita pandemia. La crisis del Covid-19 ha vuelto a evidenciar la fragilidad de un modelo productivo asentado en el turismo, como hace no tantos años ocurría con la construcción, así como la necesidad imperiosa de contar con servicios públicos de calidad, bien dotados y financiados, para sostener a la población más vulnerable. Superar esta crisis requiere de servirse de los aprendizajes de la crisis de 2008 –es necesario llevar a cabo políticas expansivas, incrementar el gasto público para que nadie se quede atrás, pero además es necesario abordar decididamente las fallas estructurales de nuestra comunidad. Son muchos, en definitiva, los desafíos a los que se enfrenta el pueblo trabajador andaluz.
En juego está un futuro de dignidad para Andalucía y para los andaluces y las andaluzas. Solo a través de una decidida propuesta política, transformadora y de izquierdas, es posible una Andalucía con futuro. Un futuro en que seamos capaces de dotarnos de los mejores servicios públicos, en el que modernicemos nuestro modelo productivo para garantizar estabilidad y calidad en el empleo y así unas condiciones de vida dignas para las nuevas generaciones. Una Andalucía en la que le ofrezcamos a las nuevas generaciones la posibilidad de ser felices en sus pueblos y sus ciudades, en lugar de que se vean obligadas a emigrar. Una Andalucía con una fuerte industria verde, que apueste por las energías renovables, la investigación y el desarrollo científico, para que seamos capaces de convertir la potencialidad geográfica y territorial que posee Andalucía en bienestar para el conjunto de sus habitantes. Un nuevo sistema productivo donde el medio rural tenga un papel determinante, a través de una reforma agraria integral donde, más allá del necesario cambio de la estructura de propiedad de la tierra hacia formas más colectivas, avance en la propuesta de medidas de transformación de las estructuras de financiación, producción, transformación, comercialización y distribución de los productos agroalimentarios promoviendo la agroecología.

Es necesario, también, construir un futuro de igualdad entre mujeres y hombres, avanzando hacia un nuevo sistema de cuidados que reparta equitativamente los tiempos y el trabajo que suponga. Tenemos que poner la vida en el centro y superar la doble explotación, capitalista y patriarcal, que sufren las mujeres trabajadoras andaluzas.
Hemos de comenzar a construir, desde ya, una Andalucía verde para las generaciones futuras. Andalucía posee un rico patrimonio natural que se ve amenazado por la voracidad del sistema capitalista. La agricultura ultra intensiva, la sobreexplotación de los acuíferos, el fracking o el urbanismo sin control en las zonas de costa deben de ser cosas del pasado. Toda la sociedad y, sobre todo, todas las instituciones públicas, deben ser conscientes del reto crucial al que se enfrenta nuestra especie e implementar medidas para empezar a parar el desastre ecológico.
Tenemos que avanzar hacia un nuevo sistema de justicia fiscal y laboral, que redistribuya la riqueza y que penalice a los especuladores. La nueva economía digital necesita ser regulada y poner fin a la uberización de las relaciones laborales. No podemos permitir que empresas exploten a la clase trabajadora andaluza sin cumplir la legislación laboral y que, además, tributen en paraísos fiscales.
Hemos de fomentar una cultura emancipadora, que recoja el amplio bagaje cultural andaluz, desde sus tradiciones, el mestizaje entre culturas y la innovación de las propuestas culturales más rompedoras. Todo ello debe estar al servicio del pueblo del que emanan.
Esa es la Andalucía con futuro que hoy tiene su mayor peligro tras los muros de San Telmo. El Gobierno de las derechas, apoyado por Vox, está hipotecando el devenir de Andalucía y su pueblo trabajador: la pandemia ha servido para acelerar una hoja de ruta que pasa por desguazar nuestros servicios públicos, que ya habían sufrido importantes recortes en la última década, otorgar más privilegios fiscales a las grandes fortunas y normalizar el discurso agresivo e intolerante de la ultraderecha.

Frente al avance de las derechas, como en aquel 4 de diciembre, el andalucismo debe erigirse como defensor de lo colectivo, de lo común, de lo que es de todos y de todas. La verde, blanca y verde debe servir para lo que entonces sirvió: unir a los de abajo frente a los de arriba. Sin caer en la tentación de copiar modelos políticos importados, de convertirse en una simple reivindicación nacionalista que contraponga sus intereses a los de otros pueblos y territorios de España. Andalucía nunca ha participado de la “guerra de banderas” tantas veces usadas para engañar a la gente trabajadora, y trabajaremos para que así siga siendo. El reto del andalucismo es hacer de la forma de vida que tiene nuestro pueblo un proyecto político que no pone sus límites en Despeñaperros, sino que como dice nuestro himno, lo es "por la Humanidad".
La autonomía política de Andalucía va de la mano de la lucha por la República Federal en el conjunto del estado español. Una república plurinacional que establezca un sistema competencial efectivo y que permita a los territorios autogobernarse desde la plena soberanía. Toca hacerlo desde la lucha, codo a codo, con el resto de organizaciones hermanas del conjunto del estado, empujando por la consecución de la tercera república española. Hay esperanza para construir una Andalucía con futuro en un marco republicano y federal. Como aquel lema del XI Congreso del PCA, una Andalucía libre en una España republicana.
Ernesto Alba
Secretario general del Partido Comunista de Andalucía y portavoz de la Dirección Colegiada de IULV-CA

https://www.eldiario.es/andalucia/en-abierto/andalucia-futuro_132_6479260.html

'Diálogos sobre el 4D', con Antonio Romero y Toni Valero

 

'Diálogos sobre el 4 de diciembre: Andalucía Libre en una España Republicana', con Antonio Romero, Presidente de Honor del PCA y exdiputado, y Toni Valero, Coordinador de IU Andalucía.

miércoles, 25 de noviembre de 2020

25N Día contra las violencias machistas. ¡Jaque al patriarcado y al capital! ¡Vivas nos queremos! Manifiesto del PCE


Este 25 de noviembre que se da en el contexto de la crisis social y económica fruto de la pandemia del Covid-19, las mujeres sufrimos la violencia machista en nuestros hogares más silenciadas, más invisibilizadas y más agudizadas. El confinamiento, la pérdida de empleo y el teletrabajo nos ha recluido en casa, muchas a merced de maltratadores y otras que como cabezas de familia se han visto desamparadas por la falta de corresponsabilidad desde todos los ámbitos: administraciones, empresas y hogares.
Durante las primeras seis semanas de cuarentena se realizaron más de 4.000 detenciones por violencia machista. Aumentaron en más del 50% las llamadas al 016 y más de un 100% su uso online. Y en lo que llevamos de año 37 mujeres han sido asesinadas víctimas de violencia machista.
Asimismo, la pandemia del COVID-19 ha agudizado la desigualdad entre mujeres y hombres y de clase que sufrimos las mujeres. Fuimos las protagonistas con un gran riesgo de contagio en el ámbito sanitario y de los cuidados (empleadas del hogar y atención domiciliaria). Incluso en otros servicios esenciales como el comercio, la alimentación y la limpieza de hospitales. Y desde que se ha iniciado el curso escolar también es esencial otro sector feminizado, el del profesorado que ha reanudado las clases sin medidas suficientes que reduzcan el riesgo de contagios.
Por otro lado, se estima que la nueva crisis económica va a afectar potencialmente a las mujeres más vulnerables que, en muchos casos, dependen económicamente de sus parejas.
La alianza del sistema capitalista y patriarcal se hace más estrecha en condiciones de crisis y nos sitúan aún más indefensas ante las violencias que sufrimos las mujeres, una cruel realidad que viene reflejada en el resultado de la macro encuesta presentada recientemente por el Ministerio de Igualdad, al desvelar que en España más de 11’5 millones de mujeres hemos sufrido violencias por el hecho de serlo.

La macro encuesta refleja las limitaciones y las insuficiencias de una ley de violencia de género que no abarca todas las violencias machistas que sufrimos las mujeres, que permite interpretaciones de sesgo patriarcal y que cuestiona a las víctimas. A eso añadimos la Justicia Patriarcal, misógina y reaccionaria contra las mujeres que sufren violencias machistas, hijos e hijas.
¡Basta ya de violencia institucional! Es imprescindible la reversión de los servicios privatizados a públicos de calidad que garanticen la atención, el buen trato y la protección de las víctimas de violencias machistas.
Sin embargo, hoy las mujeres unidas, podemos ganar a la alianza criminal del sistema capitalista y patriarcal. Por ello quienes la defienden nos temen, nos amenazan y nos criminalizan con falsas acusaciones al feminismo y a las feministas.
Ellos nos quieren en casa, ellos nos quieren sometidas a las violencias y a la desigualdad, ellos nos quieren para su servicio sexual, prostituidas y esclavizadas. Para sus deseos que no derechos reproductivos, utilizadas como incubadoras. Por ello no podemos aceptar ni tolerar más discursos que provengan del trifachito de VOX, de C’s o del PP, que niegan las violencias machistas y acusan a las mujeres feministas de feminazis.
Hoy las mujeres unidas, podemos ganar a la alianza criminal porque tenemos en Unidas Podemos un altavoz en el gobierno y en el Ministerio de Igualdad.
Desde el PCE reconocemos que es un avance el anteproyecto de ley de libertad sexual que inició su tramitación el pasado 3 de marzo y al que el Ministerio de igualdad ha incorporado más de 70 alegaciones.
Vemos con satisfacción las medidas que hacen referencia a la infancia como víctimas de violencia sexual y la incorporación de otras violencias, en la prevención, atención y reparación. La futura ley considera violencias sexuales las recogidas en el Título VIII del Código Penal: agresión, exhibicionismo y provocación, prostitución y corrupción de menores, mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acecho y la trata con fines de explotación sexual, así como la difusión digital de actos de violencia sexual, pornografía no consentida y extorsión sexual. Y se recogerá también como violencia en la reforma de la ley del aborto “los úteros de alquiler”.
Desde el PCE vamos a seguir en la lucha contra este sistema capitalista y patriarcal que explota, maltrata y mata. Llamamos a la unidad, porque juntas somos más fuertes. Tenemos las piezas a favor, podemos ganar la partida.
¡Jaque al patriarcado y al capital! ¡Vivas nos queremos!

«¡Al virus machista, vacuna feminista!» – Manifiesto de la Red de Feminismo de IU por el 25N de 2020


El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres y desde Izquierda Unida reivindicamos nuestro compromiso por la construcción de una sociedad feminista que nos permita a las mujeres vivir sin violencias, subordinación y explotación. Desde IU nos unimos al grito global que recorre el mundo luchando por un cambio de rumbo a nivel internacional. Nosotras lo tenemos claro: para acabar con la violencia machista debemos romper la alianza entre el capitalismo y el patriarcado, que se alimenta de nuestras desigualdades y, a la vez, nos oprime, nos necesita para mantener y aumentar sus beneficios y privilegios.
Este año, marcado por la pandemia del coronavirus, lo está siendo de crisis sanitaria, económica y social. La lucha contra el COVID nos ha llevado a sufrir restricciones de movilidad, confinamiento y precariedad, y las mujeres hemos estado como siempre en primera línea luchando por la vida. Durante estos meses se ha puesto en evidencia que esta sociedad está construida desde la desigualdad, la subordinación y las violencias, a la vez que hemos visto que quienes sostienen la vida y defienden lo que es esencial tienen rostro de mujer.
Nosotras estamos sufriendo el virus del COVID y el del machismo. Debemos parar el contagio de la violencia, de la reproducción de roles y estereotipos que, tras dañarnos de forma invisible, se justifica. Este virus también lo paramos juntas y juntos, haciendo visibles las violencias y siendo conscientes de que todas las actuaciones machistas cumplen un papel relevante en perpetuar la desigualdad. Por ello, desde Izquierda Unida hemos reclamado en la nueva Ley de Educación una visión transversal feminista y una asignatura de Educación Afectivo-sexual, desde la diversidad y por la igualdad entre hombres y mujeres que sea obligatoria en todas las etapas educativas. No podemos seguir contando asesinadas. ¡Educación feminista ya!
La situación de confinamiento y las medidas tomadas para afrontar la crisis sanitaria han intensificado el riesgo de violencia de género. Muchas mujeres se han encontrado en una especial situación de vulnerabilidad e incertidumbre, como demuestran los datos de la última Macroencuesta de Violencias contra las mujeres: aumento en más del 50% del uso telefónico del 016, de más de un 100% de su uso online, así como las más de 4.000 detenciones por violencia machista durante las primeras seis semanas de cuarentena. Y es que, según los datos del Ministerio de Igualdad, las llamadas al 016 se incrementaron el pasado abril en un 60% con respecto al 2019 y las consultas online aumentaron casi un 600% en relación a abril del año anterior. Multitud de medidas se han puesto en marcha, pero debemos redoblar esfuerzos y entender socialmente que el terror que sufren las mujeres encerradas con sus maltratadores es una cuestión de todas y todos.
En lo que llevamos de año en España se han cometido 79 feminicidios, asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. No podemos olvidarnos de las 32.000 mujeres que viven hoy en nuestro país con protección policial, ni de las 137 mujeres que son asesinadas cada día en el mundo por un miembro de su familia. No es un caso aislado, se llama patriarcado y, pese al negacionismo de una ultraderecha que ignora nuestras violencias y nos quiere solas y aisladas, estas cifras nos hablan de la urgencia de cambiar los cimientos de nuestra sociedad.
ONU Mujeres estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a este compañero en algún momento de su vida. Más de 750 millones de mujeres menores de 18 años que viven actualmente en todo el mundo se casaron siendo niñas. 120 millones de niñas de todo el mundo (1 de cada 10) han sufrido coito o relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. Al menos 200 millones de mujeres y niñas han sufrido la mutilación genital en los 30 países donde existen datos de prevalencia representativos. Las mujeres adultas representan el 51% de las víctimas de trata de seres humanos detectadas a nivel mundial.
Y es que son múltiples las violencias machistas que se ejercen sobre nosotras. La cultura de la violación que justifica el privilegio masculino para satisfacer sus deseos sexuales con nuestros cuerpos, normaliza, excusa, tolera e, incluso, perdona la violación y, al mismo tiempo, culpabiliza a la víctima. Es imprescindible incidir en ella para acabar con las violaciones y las manadas, y poder caminar por la calle sin miedo. ¡Porque la calle y la noche también son nuestras!
La explotación sexual es un negocio millonario que se sustenta en la feminización de la pobreza, la vulnerabilidad de muchas mujeres y, cómo no, en la creciente demanda masculina de cuerpos de mujeres para su consumo. Un consumo compulsivo que se pone también de manifiesto en el alquiler de vientres de mujeres para gestar aprovechándose de su situación de necesidad y pobreza. Exigimos el cierre de prostíbulos y una alternativa digna para las mujeres prostituidas cualquiera que sea su situación administrativa y procedencia. ¡Nuestros cuerpos ni se compran ni se alquilan!
Debemos abordar de forma integral la violencia institucional: los sesgos de género en la educación y la salud, la corresponsabilidad del Estado en los cuidados, el papel de las religiones y de los medios de comunicación en la transmisión de roles y estereotipos, así como la victimización secundaria al ser agredidas por el sistema que debiera protegernos. Todo esto se multiplica conforme se conjugan las desigualdades de clase, edad, raza, diversidad funcional, orientación sexual… Por lo que solo desde la diversidad de nuestras opresiones y reconociendo las violencias específicas que sufren las mujeres mayores, migrantes, racializadas o trans podemos realmente eliminar el machismo de nuestra sociedad. ¡Queremos una sociedad libre de violencias para todas, todas, todas!
Además, en esta situación de confinamiento, las redes sociales han sido la vía imprescindible de contacto con el exterior y han demostrado que este tampoco es un espacio seguro para nosotras. Ha aumentado el acoso en redes amparado por el anonimato que permite intimidar, insultar e incomodar sin consecuencias. Como pone de manifiesto el caso (que no forma parte de las estadísticas) del suicidio de una mujer por violencia machista a causa de la difusión en cadena de un video íntimo.
Por todo ello, desde Izquierda Unida entendemos que no solo necesitamos planes integrales que den respuesta a las mujeres víctimas de las diferentes violencias machistas, sino atajar la raíz de nuestras desigualdades. Lideramos las estadísticas del paro, de la precariedad laboral y de la exclusión social, a la vez que sostenemos la reproducción de la vida durante una crisis en la que los Estados se han quedado sin herramientas tras años de políticas neoliberales. La reconstrucción que necesitamos pasa por trabajar codo con codo con el movimiento feminista y la aplicación de la perspectiva de género de forma efectiva en todas las políticas públicas, entidades e instituciones.
Este 25 de noviembre, desde nuestras casas, nuestros barrios y nuestros pueblos, alzamos nuestra voz recordando que el feminismo es la mirada crítica que necesitamos para cambiar el mundo, juntas y juntos. El feminismo es nuestra vacuna. ¡Al virus machista, vacuna feminista!