Mundo Obrero
El resultado de las elecciones del pasado 23 de julio ha permitido renovar el Gobierno de coalición de izquierdas entre el PSOE y en este caso Sumar, la alianza de 15 fuerzas políticas de izquierdas con implantación en distintos territorios del Estado.
Derechos laborales y sociales
El programa del gobierno de coalición continuará avanzando en derechos laborales, con nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar los 1.380 euros en esta legislatura o una cantidad equivalente al 60% del salario medio lo más pronto posible. Se continuará reduciendo la precariedad en el empleo restringiendo los contratos a tiempo parcial para intentar acabar con el fraude que supone utilizarlos para realizar jornadas laborales que exceden el tiempo establecido en dichos contratos. Esta es una medida estratégica para conseguir nuestro objetivo de reducir la jornada laboral manteniendo el mismo salario, con la idea de poder alcanzar las 37 horas y media de jornada máxima laboral al terminar esta legislatura. El objetivo más ambicioso en esta materia es conseguir la aprobación del denominado Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que pretende reducir drásticamente las causas de despido consolidando criterios estrictos de causalidad e introducir el denominado despido restaurativo, una normativa que disuada de despedir a los trabajadores y trabajadoras con más dificultades de reubicación en el mundo laboral, ya sea por edad, cargas familiares o limitaciones en su formación.
También en materia de derechos sociales el programa es ambicioso con una ampliación de las prestaciones de los servicios sanitarios y la reducción de las listas de espera, así como el incremento en ocho semanas de los permisos retribuidos de maternidad y paternidad. Todo ello en el marco de la aprobación de nuevas normas que refuercen el sistema de cuidados.
El programa de gobierno también incluye medidas en materia de reforma fiscal como el mantenimiento e incremento de los impuestos a la banca y a las empresas energéticas sobre beneficios exorbitados y extraordinarios, así como una reforma tributaria que establezca una tributación mínima para las empresas en el impuesto de sociedades que no baje de un 15 %.
También una reforma en profundidad de la financiación territorial es objetivo de esta legislatura, una medida que igualmente se ha incorporado a los acuerdos con otras fuerzas parlamentarias para garantizar la estabilidad en la legislatura y que supondrá la reducción de la deuda acumulada por muchas comunidades autónomas. La que más reducción de deuda tendrá será Andalucía, seguida de Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
Se continuará con la política de gratuidad del transporte colectivo para los colectivos con menos ingresos, y medidas para paliar el cambio climático.
Todo lo anterior son políticas públicas imprescindibles para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, medidas que tienen como finalidad aventar cualquier posibilidad de retorno de políticas neoliberales de recorte del gasto público o eliminación de servicios de compensación de las desigualdades. Esto es importante en un momento en el que España va a ser probablemente el único país de la Unión Europea con un gobierno de izquierdas o al menos con un gobierno del que forma parte la izquierda transformadora, un gobierno que cuenta con ministros comunistas, como es el caso del nuevo Ministerio de Infancia y Juventud desempeñado por la camarada Sira Rego.
Pero no perdemos de vista que estas políticas van a tener que llevarse adelante en un contexto de máxima confrontación por parte de la derecha y la ultraderecha, que no ha dudado en poner en marcha todo tipo de mecanismos desestabilizadores para evitar la conformación del Gobierno de izquierdas. Si durante la anterior legislatura el Gobierno de coalición de izquierdas era tachado de ilegítimo, en ésta es señalado permanentemente como ilegal, lo que construye un relato justificatorio de cualquier alzamiento contra el sistema democrático o de cualquier ataque contra las instituciones de gobierno desempeñadas por la izquierda.
En Europa, al igual que en América, hay un avance de la ultraderecha y de la ola reaccionaria sostenido desde hace 10 años. Las elecciones al Parlamento Europeo del año que viene pueden suponer un crecimiento considerable de los neofascistas y fuerzas reaccionarias, generándose nuevas mayorías de gobierno en la Unión Europea que permitan al partido conservador europeo mantener una mayoría con los socialdemócratas y liberales pero con otros equilibrios políticos o mayorías alternativas, junto a ultraderecha y otras fuerzas populistas.
Las desigualdades irresueltas son abono del populismo ultraderechista
La ultraderecha ha sabido capitalizar en buena medida el desapego de la política y el rechazo a las fuerzas políticas que se alternan en el poder desde hace años sin ser capaces de acabar con las desigualdades. Esas desigualdades siguen existiendo tanto desde el punto de vista económico como territorial y son caldo de cultivo de todo tipo de populismos ultraderechistas. Amplias mayorías sociales, entre las que se incluyen muchas veces sectores de las clases trabajadoras, sienten su identidad amenazada por distintos factores, arrastrando un resentimiento contra quienes han sido incapaces de mejorar sus condiciones de vida incluso en momentos de crecimiento económico. Las políticas neoliberales han acabado provocando multitud de crisis: la crisis financiera del 2008; la crisis migratoria de 2015 provocada por los conflictos en el sur del Mediterráneo; la crisis derivada de la pandemia del COVID en 2020; y la crisis climática y medioambiental provocada por el calentamiento global, han sido el caldo de cultivo perfecto para el establecimiento de forma estructural de otras crisis, las que afectan directamente a la forma de organización de las sociedades europeas.
Una crisis de la democracia representativa que se manifiesta en ese rechazo a las fuerzas políticas conocidas; una crisis social motivada por la desigualdad que provoca sensación de abandono; y una crisis cultural y de identidad incrementada por la pugna entre la construcción de Europa y los sentimientos nacionales, y alimentada por la extensión en los barrios trabajadores de la presencia de emigrantes y distintas prácticas culturales y religiosas. Los recientes disturbios en Dublín o el resultado de las elecciones en los Países Bajos donde la ultraderecha ha sido la fuerza más votada, obligan a que en España pongamos en marcha medidas eficaces tanto en el ámbito social laboral y económico como desde el punto de vista de la guerra cultural y la batalla de las ideas.
El reto de gobernar con apoyos no progresistas
En esta coyuntura nuestro reto es inmenso puesto que tenemos que conseguir la puesta en marcha del programa social, laboral y económico del Gobierno de coalición de izquierdas, apoyándonos en una mayoría parlamentaria que podemos definir como de democrática pero en ningún caso como de progresista, ya que de ella forman parte fuerzas nacionalistas abiertamente conservadoras o neoliberales en lo económico y laboral.
Protagonistas en las calles y en la organización
El impulso de la agenda social laboral y fiscal solo será posible apoyándonos en la más amplia movilización social y sindical para cambiar la correlación de fuerzas parlamentaria a favor de políticas que resuelvan los problemas de los trabajadores y trabajadoras y les hagan sentir seguridad en su futuro y el de sus familias. La seguridad para las clases trabajadoras no es más armas o más policía, sino garantías de bienestar y progreso social, es decir políticas públicas debidamente financiadas con un sistema tributario progresivo y justo, y ambiciosas en cuanto a sus objetivos, diseñadas para alcanzar especialmente a quienes tienen más riesgo de exclusión. Nuestra presencia en el conflicto social y la organización de este debe ser permanente para poder alcanzar este objetivo, asumiendo esa tarea desde nuestro Partido desde Izquierda Unida y desde el incipiente y aún falto de estructurar espacio político de Sumar.
Nuestro Partido tiene que ser protagonista de este periodo y no un simple espectador que califica o pone nota —aprobado o suspenso— a lo que hacen otras fuerzas democráticas o progresistas en el gobierno o en las instituciones.
Al margen de los contenidos del acuerdo programático debemos recordar que estos son mínimos que en principio tenemos garantizados pero nada impide que sigamos trabajando y peleando para avanzar en otras medidas aunque no hayan sido incluidas en el acuerdo programático. Así ocurrió en la anterior legislatura cuando tras arduas discusiones políticas con nuestros socios de coalición conseguimos la intervención de los precios eléctricos o la gratuidad en el transporte o el control en la subida de los alquileres.
Y no cabe duda que esta legislatura debe ser también la de la solución del conflicto entre Cataluña y el resto del Estado. Una legislatura que avance en un nuevo modelo territorial de Estado federal, de construcción de instituciones republicanas.
El nuevo modelo territorial y la desaparición del eje de confrontación entre Cataluña u otros territorios y el resto del Estado es imprescindible para que centremos nuestros esfuerzos en el eje de confrontación entre el capital y el trabajo. La amnistía es una medida funcional a este objetivo, y si bien somos conscientes de que no es ninguna medida extraordinaria (hoy se beneficiarán de ello apenas 500 personas entre independentistas y funcionarios del Estado, mientras que, solamente en un Consejo de Ministros, Aznar indultó a casi 1.500 personas), pero es imprescindible acordarla a la mayor brevedad y centrarnos en la agenda de puesta en marcha de nuevos derechos laborales y sociales.
Negacionismo democrático y campaña de desestabilización
Estos días hemos asistido a una grave campaña de desestabilización orquestada por el Partido Popular utilizando como escuadristas a la ultraderecha y los sectores ultracatólicos y como arietes a los componentes más reaccionarios entre los cuerpos de funcionario de las instituciones del Estado. Fue el Partido Popular el que diseñó la estrategia que llevó a la mayoría conservadora y sediciosa del Consejo General del Poder Judicial, con mandato vencido hace 5 años, a dar el pistoletazo de salida a la insurrección reaccionaria adoptando un acuerdo en el que se declaraban insumisos a un Gobierno de izquierdas. Los sediciosos del CGPJ se ocultaron tras un supuesto pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley que ni existía, ni se conocía en ese momento el borrador de su texto. A continuación asistimos a pronunciamientos de asociaciones de jueces, fiscales, colegios de abogados, inspectores de Hacienda, diplomáticos, funcionarios de los cuerpos y seguridad del Estado y hasta de militares retirados, animando manifestaciones en toda España que acababan con desmanes callejeros y desórdenes públicos, y con acoso a los locales de las fuerzas políticas del Gobierno de coalición, fundamentalmente la sede federal del PSOE pero también padecidos en sedes de Izquierda Unida y de nuestro Partido.
La campaña de desestabilización va a ser permanente hasta la celebración de las elecciones europeas con estación previa en la convocatoria electoral de las elecciones autonómicas en Galicia y en El País vasco. Nuestra obligación es fortalecer la estructura del Partido y de Izquierda Unida, avanzar en la estructuración del espacio político de Sumar, que tiene que estar en condiciones de aguantar la agresividad y confrontación de esta ola reaccionaria y ultraderechista durante toda la legislatura y que debe cosechar resultados electorales óptimos en los tres retos que tenemos por delante. Para ello es imprescindible acelerar al máximo la puesta en práctica de las medidas de orden social laboral y económico contenidas en nuestro programa, objetivo que será imposible si no construimos fuertes redes de apoyo sindical y social. Ni un solo minuto puede ser perdido en debates estériles y confrontaciones internas en el espacio de la izquierda. Los bárbaros están a las puertas y ya han iniciado el asalto a unas instituciones democráticas que para nosotros y nosotras siempre fueron imperfectas, pero que si existen fue por el esfuerzo y la lucha de la militancia comunista durante décadas, soportando no solo injusticias sino también a una criminal dictadura.
https://mundoobrero.es/2023/12/16/los-retos-de-esta-legislatura/
También una reforma en profundidad de la financiación territorial es objetivo de esta legislatura, una medida que igualmente se ha incorporado a los acuerdos con otras fuerzas parlamentarias para garantizar la estabilidad en la legislatura y que supondrá la reducción de la deuda acumulada por muchas comunidades autónomas. La que más reducción de deuda tendrá será Andalucía, seguida de Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
Se continuará con la política de gratuidad del transporte colectivo para los colectivos con menos ingresos, y medidas para paliar el cambio climático.
Todo lo anterior son políticas públicas imprescindibles para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, medidas que tienen como finalidad aventar cualquier posibilidad de retorno de políticas neoliberales de recorte del gasto público o eliminación de servicios de compensación de las desigualdades. Esto es importante en un momento en el que España va a ser probablemente el único país de la Unión Europea con un gobierno de izquierdas o al menos con un gobierno del que forma parte la izquierda transformadora, un gobierno que cuenta con ministros comunistas, como es el caso del nuevo Ministerio de Infancia y Juventud desempeñado por la camarada Sira Rego.
Pero no perdemos de vista que estas políticas van a tener que llevarse adelante en un contexto de máxima confrontación por parte de la derecha y la ultraderecha, que no ha dudado en poner en marcha todo tipo de mecanismos desestabilizadores para evitar la conformación del Gobierno de izquierdas. Si durante la anterior legislatura el Gobierno de coalición de izquierdas era tachado de ilegítimo, en ésta es señalado permanentemente como ilegal, lo que construye un relato justificatorio de cualquier alzamiento contra el sistema democrático o de cualquier ataque contra las instituciones de gobierno desempeñadas por la izquierda.
En Europa, al igual que en América, hay un avance de la ultraderecha y de la ola reaccionaria sostenido desde hace 10 años. Las elecciones al Parlamento Europeo del año que viene pueden suponer un crecimiento considerable de los neofascistas y fuerzas reaccionarias, generándose nuevas mayorías de gobierno en la Unión Europea que permitan al partido conservador europeo mantener una mayoría con los socialdemócratas y liberales pero con otros equilibrios políticos o mayorías alternativas, junto a ultraderecha y otras fuerzas populistas.
Las desigualdades irresueltas son abono del populismo ultraderechista
La ultraderecha ha sabido capitalizar en buena medida el desapego de la política y el rechazo a las fuerzas políticas que se alternan en el poder desde hace años sin ser capaces de acabar con las desigualdades. Esas desigualdades siguen existiendo tanto desde el punto de vista económico como territorial y son caldo de cultivo de todo tipo de populismos ultraderechistas. Amplias mayorías sociales, entre las que se incluyen muchas veces sectores de las clases trabajadoras, sienten su identidad amenazada por distintos factores, arrastrando un resentimiento contra quienes han sido incapaces de mejorar sus condiciones de vida incluso en momentos de crecimiento económico. Las políticas neoliberales han acabado provocando multitud de crisis: la crisis financiera del 2008; la crisis migratoria de 2015 provocada por los conflictos en el sur del Mediterráneo; la crisis derivada de la pandemia del COVID en 2020; y la crisis climática y medioambiental provocada por el calentamiento global, han sido el caldo de cultivo perfecto para el establecimiento de forma estructural de otras crisis, las que afectan directamente a la forma de organización de las sociedades europeas.
Una crisis de la democracia representativa que se manifiesta en ese rechazo a las fuerzas políticas conocidas; una crisis social motivada por la desigualdad que provoca sensación de abandono; y una crisis cultural y de identidad incrementada por la pugna entre la construcción de Europa y los sentimientos nacionales, y alimentada por la extensión en los barrios trabajadores de la presencia de emigrantes y distintas prácticas culturales y religiosas. Los recientes disturbios en Dublín o el resultado de las elecciones en los Países Bajos donde la ultraderecha ha sido la fuerza más votada, obligan a que en España pongamos en marcha medidas eficaces tanto en el ámbito social laboral y económico como desde el punto de vista de la guerra cultural y la batalla de las ideas.
El reto de gobernar con apoyos no progresistas
En esta coyuntura nuestro reto es inmenso puesto que tenemos que conseguir la puesta en marcha del programa social, laboral y económico del Gobierno de coalición de izquierdas, apoyándonos en una mayoría parlamentaria que podemos definir como de democrática pero en ningún caso como de progresista, ya que de ella forman parte fuerzas nacionalistas abiertamente conservadoras o neoliberales en lo económico y laboral.
Protagonistas en las calles y en la organización
El impulso de la agenda social laboral y fiscal solo será posible apoyándonos en la más amplia movilización social y sindical para cambiar la correlación de fuerzas parlamentaria a favor de políticas que resuelvan los problemas de los trabajadores y trabajadoras y les hagan sentir seguridad en su futuro y el de sus familias. La seguridad para las clases trabajadoras no es más armas o más policía, sino garantías de bienestar y progreso social, es decir políticas públicas debidamente financiadas con un sistema tributario progresivo y justo, y ambiciosas en cuanto a sus objetivos, diseñadas para alcanzar especialmente a quienes tienen más riesgo de exclusión. Nuestra presencia en el conflicto social y la organización de este debe ser permanente para poder alcanzar este objetivo, asumiendo esa tarea desde nuestro Partido desde Izquierda Unida y desde el incipiente y aún falto de estructurar espacio político de Sumar.
Nuestro Partido tiene que ser protagonista de este periodo y no un simple espectador que califica o pone nota —aprobado o suspenso— a lo que hacen otras fuerzas democráticas o progresistas en el gobierno o en las instituciones.
Al margen de los contenidos del acuerdo programático debemos recordar que estos son mínimos que en principio tenemos garantizados pero nada impide que sigamos trabajando y peleando para avanzar en otras medidas aunque no hayan sido incluidas en el acuerdo programático. Así ocurrió en la anterior legislatura cuando tras arduas discusiones políticas con nuestros socios de coalición conseguimos la intervención de los precios eléctricos o la gratuidad en el transporte o el control en la subida de los alquileres.
Y no cabe duda que esta legislatura debe ser también la de la solución del conflicto entre Cataluña y el resto del Estado. Una legislatura que avance en un nuevo modelo territorial de Estado federal, de construcción de instituciones republicanas.
El nuevo modelo territorial y la desaparición del eje de confrontación entre Cataluña u otros territorios y el resto del Estado es imprescindible para que centremos nuestros esfuerzos en el eje de confrontación entre el capital y el trabajo. La amnistía es una medida funcional a este objetivo, y si bien somos conscientes de que no es ninguna medida extraordinaria (hoy se beneficiarán de ello apenas 500 personas entre independentistas y funcionarios del Estado, mientras que, solamente en un Consejo de Ministros, Aznar indultó a casi 1.500 personas), pero es imprescindible acordarla a la mayor brevedad y centrarnos en la agenda de puesta en marcha de nuevos derechos laborales y sociales.
Negacionismo democrático y campaña de desestabilización
Estos días hemos asistido a una grave campaña de desestabilización orquestada por el Partido Popular utilizando como escuadristas a la ultraderecha y los sectores ultracatólicos y como arietes a los componentes más reaccionarios entre los cuerpos de funcionario de las instituciones del Estado. Fue el Partido Popular el que diseñó la estrategia que llevó a la mayoría conservadora y sediciosa del Consejo General del Poder Judicial, con mandato vencido hace 5 años, a dar el pistoletazo de salida a la insurrección reaccionaria adoptando un acuerdo en el que se declaraban insumisos a un Gobierno de izquierdas. Los sediciosos del CGPJ se ocultaron tras un supuesto pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley que ni existía, ni se conocía en ese momento el borrador de su texto. A continuación asistimos a pronunciamientos de asociaciones de jueces, fiscales, colegios de abogados, inspectores de Hacienda, diplomáticos, funcionarios de los cuerpos y seguridad del Estado y hasta de militares retirados, animando manifestaciones en toda España que acababan con desmanes callejeros y desórdenes públicos, y con acoso a los locales de las fuerzas políticas del Gobierno de coalición, fundamentalmente la sede federal del PSOE pero también padecidos en sedes de Izquierda Unida y de nuestro Partido.
La campaña de desestabilización va a ser permanente hasta la celebración de las elecciones europeas con estación previa en la convocatoria electoral de las elecciones autonómicas en Galicia y en El País vasco. Nuestra obligación es fortalecer la estructura del Partido y de Izquierda Unida, avanzar en la estructuración del espacio político de Sumar, que tiene que estar en condiciones de aguantar la agresividad y confrontación de esta ola reaccionaria y ultraderechista durante toda la legislatura y que debe cosechar resultados electorales óptimos en los tres retos que tenemos por delante. Para ello es imprescindible acelerar al máximo la puesta en práctica de las medidas de orden social laboral y económico contenidas en nuestro programa, objetivo que será imposible si no construimos fuertes redes de apoyo sindical y social. Ni un solo minuto puede ser perdido en debates estériles y confrontaciones internas en el espacio de la izquierda. Los bárbaros están a las puertas y ya han iniciado el asalto a unas instituciones democráticas que para nosotros y nosotras siempre fueron imperfectas, pero que si existen fue por el esfuerzo y la lucha de la militancia comunista durante décadas, soportando no solo injusticias sino también a una criminal dictadura.
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