El portavoz parlamentario de IU y Secretario General del PCE en el Congreso y portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos, Enrique Santiago, considera que tras la “excelente noticia” de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostrara por primera vez a favor de crear una compañía eléctrica pública “llega la hora de pasar de las palabras a los hechos y de concretar esta medida en la práctica lo antes posible”. Considera que “debe ir acompañada por otras actuaciones igual de eficaces para hacer frente de raíz a esta escalada de precios especulativa, además de poner cordura en el mercado de la energía de forma definitiva”.
Santiago destaca que estamos ante “una propuesta razonada y factible, que desde Izquierda Unida venimos planteando desde hace ya varios lustros y que Unidas Podemos también ha defendido y expuesto públicamente de manera argumentada durante esta etapa de Gobierno de coalición”.
“Pero más allá de autorías -indica- no se puede perder ni un minuto más en realizar lo que en buena parte de países de nuestro entorno es una realidad desde hace décadas, mucho antes incluso de que en España estallara esa inútil competencia para ver quién privatizaba más y más rápido que nos ha arrastrado hasta aquí”.
Enrique Santiago apunta que “no solo hablamos de que más de 30 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial son públicas o tienen una participación pública”, sino de que “tenemos casos tan próximos como la italiana ENEL o la francesa EDF, por poner dos ejemplos, que son mayoritariamente públicas y nadie se rasga allí las vestiduras, incluida su derecha o las compañías de la competencia”.
Santiago destaca que estamos ante “una propuesta razonada y factible, que desde Izquierda Unida venimos planteando desde hace ya varios lustros y que Unidas Podemos también ha defendido y expuesto públicamente de manera argumentada durante esta etapa de Gobierno de coalición”.
“Pero más allá de autorías -indica- no se puede perder ni un minuto más en realizar lo que en buena parte de países de nuestro entorno es una realidad desde hace décadas, mucho antes incluso de que en España estallara esa inútil competencia para ver quién privatizaba más y más rápido que nos ha arrastrado hasta aquí”.
Enrique Santiago apunta que “no solo hablamos de que más de 30 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial son públicas o tienen una participación pública”, sino de que “tenemos casos tan próximos como la italiana ENEL o la francesa EDF, por poner dos ejemplos, que son mayoritariamente públicas y nadie se rasga allí las vestiduras, incluida su derecha o las compañías de la competencia”.
Por el contrario, advierte de que “aquí en España tenemos que enfrentarnos a los prejuicios, intoxicaciones y mentiras de la derecha y del entorno empresarial al que se debe mientras utilizan la subida de la luz solo en su beneficio y sin importarles los problemas que acarrean a la mayoría de la gente”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso lamenta que “son precisamente quienes ahora hacen más ruido desde la derecha los mismos que llevan de perfil desde mucho antes para no respaldar medidas como la mejora del bono social que ayuda a los consumidores más vulnerables, los mismos que han ignorado el decreto ley para acabar con los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ o los mismos que trataron de torpedear incluso antes de conocer su contenido el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico”.
Santiago denuncia que “ha sido también ese mismo Pablo Casado que se desgañita planteando pactos de Estado tramposos o exigiendo adelantos electorales irreales el que se negó a respaldar hace unas semanas la bajada del IVA del recibo de la luz, a pesar de haberlo pedido antes. Casado prefiere anteponer sus ambiciones, su inoperancia y su propio interés al del 97% de los consumidores domésticos, de las casi tres millones de empresas y autónomos, o de los más de 600.000 hogares vulnerables que se benefician de esta medida”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso lamenta que “son precisamente quienes ahora hacen más ruido desde la derecha los mismos que llevan de perfil desde mucho antes para no respaldar medidas como la mejora del bono social que ayuda a los consumidores más vulnerables, los mismos que han ignorado el decreto ley para acabar con los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ o los mismos que trataron de torpedear incluso antes de conocer su contenido el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico”.
Santiago denuncia que “ha sido también ese mismo Pablo Casado que se desgañita planteando pactos de Estado tramposos o exigiendo adelantos electorales irreales el que se negó a respaldar hace unas semanas la bajada del IVA del recibo de la luz, a pesar de haberlo pedido antes. Casado prefiere anteponer sus ambiciones, su inoperancia y su propio interés al del 97% de los consumidores domésticos, de las casi tres millones de empresas y autónomos, o de los más de 600.000 hogares vulnerables que se benefician de esta medida”.
La nacionalización del sector eléctrico: una tarea imprescindible y urgente
Por otro lado como han señalado en “Mundo Obrero”, David Pineda, Ingeniero, miembro del CC del PCE y Carlos Vázquez, Secretario de Área Externa del PCE, ya en el XII Pleno del Comité Central, celebrado el 26 de abril de 2020, fijó “la imperiosa necesidad de incrementar la intervención del Estado en la planificación y dirección de la economía, y particularmente a poner en marcha un sector industrial, energético y financiero público y poderoso, tras décadas de políticas neoliberales” que condujeron al desastre de la crisis y “han destruido nuestra capacidad productiva como país. De ahí la necesidad de construir un sistema económico y productivo al servicio de las necesidades de nuestro pueblo, que garantice soberanía, eficiencia y suficiencia. Y, fuera de la UE y sus reglas, así como fuera de las políticas belicistas de la OTAN”.
La nacionalización del sector eléctrico siempre ha estado en programa político del PCE, pero hoy resulta imprescindible cuando planteamos la necesidad de reconstruir nuestra capacidad productiva. Más si consideramos que la energía eléctrica es un producto básico y de primera necesidad para el conjunto de la población. Resultando un sector estratégico, no puede quedar al albur de los intereses especulativos del oligopolio que actualmente lo posee y del que se lucra de manera exorbitada. Como cualquier sector económico esencial debe quedar sometido a la planificación democrática y bajo control público. El actual modelo de producción y mercado energético se viene construyendo desde hace 20 años, con los siguientes resultados: dividendos astronómicos entre los propietarios del oligopolio y una inversión tecnológica absolutamente ineficiente, entre otros. El desastroso balance es el resultado directo de gestionar el sector desde la perspectiva de la generación del máximo beneficio, en lugar de sobre criterios como la satisfacción de las necesidades de la población, la reducción de la agresión al medio ambiente y el incremento de la soberanía energética del país.
“Y podemos empezar ya, porque este año, y en los próximos cinco, vencen muchas concesiones hidroeléctricas, encuadradas en prácticamente todas la Confederaciones Hidrográficas del estado”.
Por otro lado como han señalado en “Mundo Obrero”, David Pineda, Ingeniero, miembro del CC del PCE y Carlos Vázquez, Secretario de Área Externa del PCE, ya en el XII Pleno del Comité Central, celebrado el 26 de abril de 2020, fijó “la imperiosa necesidad de incrementar la intervención del Estado en la planificación y dirección de la economía, y particularmente a poner en marcha un sector industrial, energético y financiero público y poderoso, tras décadas de políticas neoliberales” que condujeron al desastre de la crisis y “han destruido nuestra capacidad productiva como país. De ahí la necesidad de construir un sistema económico y productivo al servicio de las necesidades de nuestro pueblo, que garantice soberanía, eficiencia y suficiencia. Y, fuera de la UE y sus reglas, así como fuera de las políticas belicistas de la OTAN”.
La nacionalización del sector eléctrico siempre ha estado en programa político del PCE, pero hoy resulta imprescindible cuando planteamos la necesidad de reconstruir nuestra capacidad productiva. Más si consideramos que la energía eléctrica es un producto básico y de primera necesidad para el conjunto de la población. Resultando un sector estratégico, no puede quedar al albur de los intereses especulativos del oligopolio que actualmente lo posee y del que se lucra de manera exorbitada. Como cualquier sector económico esencial debe quedar sometido a la planificación democrática y bajo control público. El actual modelo de producción y mercado energético se viene construyendo desde hace 20 años, con los siguientes resultados: dividendos astronómicos entre los propietarios del oligopolio y una inversión tecnológica absolutamente ineficiente, entre otros. El desastroso balance es el resultado directo de gestionar el sector desde la perspectiva de la generación del máximo beneficio, en lugar de sobre criterios como la satisfacción de las necesidades de la población, la reducción de la agresión al medio ambiente y el incremento de la soberanía energética del país.
“Y podemos empezar ya, porque este año, y en los próximos cinco, vencen muchas concesiones hidroeléctricas, encuadradas en prácticamente todas la Confederaciones Hidrográficas del estado”.
