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sábado, 26 de septiembre de 2020

Izquierda Unida y Podemos exigen a la Junta inversiones que pongan fin al colapso sanitario de Málaga


La confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga promovió en el Pleno municipal, del pasado viernes, a través de una moción que el equipo de gobierno del PP “deje atrás los colores políticos y se comprometa a exigir a la Junta de Andalucía una inversión urgente en la atención primaria ante la situación de emergencia y el insoportable colapso que está sufriendo la sanidad pública de Málaga”. Esta moción fue rechazada por las derechas a pesar de que el propio delegado de Salud de la Junta reconoció al principio de la semana dicho colapso y dijo superado por las circunstancias que “rezaba” para que finalizara la pandemia.
El concejal portavoz de la coalición de izquierdas y miembro del PCE, Eduardo Zorrilla, denuncia que “el sistema de atención primaria en Málaga está colapsado, por lo que requiere inversiones y medidas urgentes para revertir esta situación. Los profesionales y los vecinos y vecinas sufren una situación insostenible. A la vez faltan rastreadores y Andalucía es la comunidad en la que se están haciendo menos test PCR de España”.
Zorrilla explica que la iniciativa de la coalición reclama “lo mismo que están pidiendo los colectivos de ámbito de la sanidad, como la Marea Blanca, la plataforma Basta Ya, el Sindicato Médico, la coordinación de los sindicatos médicos: inversiones suficientes para hacer frente a esta situación. Y poner fin a la gestión opaca, ineficiente, irresponsable y negligente del gobierno del PP y Cs en la Junta de Andalucía”.
La concejala portavoz adjunta y miembro de Podemos, Paqui Macías, emplaza al alcalde, Francisco de la Torre (PP), a que “se preocupe por la ciudadanía malagueña y apoye la moción, en lugar de seguir siendo cómplice del gobierno andaluz y del delegado provincial de Salud, Carlos Bautista, que ha afirmado que, ante la actual saturación y la pandemia del Covid, se dedica a rezar para solucionar los problemas de la sanidad. Es indignante, lo que tiene que hacer es la Junta es contratar más médicos, más personal de enfermería, de admisión, administrativos y realizar una inversión adecuada en la sanidad pública para poder hacer frente a la pandemia. Y a quien el cargo le venga grande, que dimita”.
Macías alerta de que “tenemos esperas de hasta 14 días para que te den una cita en salud primaria, esto va a generar una repercusión negativa para la salud de muchas vecinas y vecinos. Y el servicio ‘Salud Responde’ no da respuesta a las demandas de la gente, por eso pedimos que se rescate para su gestión pública. Además es necesario poner en marcha las infraestructuras sanitarias pendientes en Málaga, como los centros de salud de Gamarra y el Palo”.

El represente del colectivo de pensionistas y médico de urgencias jubilado, José Carpintero llama la atención en relación a “la sobresaturación de la atención primaria, indicador que antecede a un aumento de la mortalidad, ya que, si falla la atención primaria, aumentará la presión en cuidados intensivos y se provocará el colapso en las UCI. Por ello es urgente dotar a la sanidad de los medios suficientes para poder atender todas las demandas”.
Otro miembro de la agrupación de pensionistas de Málaga, Julio Ramos, asegura que “el ataque que se está haciendo a lo público y las colas que se están provocando en los centros de salud acabarán provocando muertes. Nuestra preocupación va en aumento ante la inminente llegada de la época de gripe y las enfermedades respiratorias que se encontrarán con un sistema colapsado y la pandemia de Covid-19”.

Guzmán Ahumada, Coordinador provincial de IU, exige al delegado de Salud que “actué de manera inmediata frente al colapso de la atención primaria y los centros de salud”

El Coordinador provincial de IU y diputado andaluz, Guzmán Ahumada, ha pedido al delegado de Salud en Málaga que “más que encomendarse a Dios debe decir adiós”, todo esto después de que el propio Bautista reconociera esta semana “que rezaba todos los días para que la pandemia terminara” y que se ha visto “superado por las circunstancias” después de admitir el colapso en la atención primaria y los centros de salud.
“Al delegado, lo que le pedimos es que, independientemente de sus creencias, actúe, porque se ha visto incapaz de atajar los problemas coyunturales y estructurales de la Sanidad en Málaga tras dos años en el cargo. No ha habido avance en infraestructuras, ni en servicios básicos, ni en la mejora de la atención primaria.”, ha apuntado Ahumada, “por eso tras admitir el colapso de la sanidad en la provincia, considerábamos necesario anunciar un refuerzo de la atención primaria, un aumento real de los rastreadores, la apertura del hospital de Estepona al menos de manera accidental, pero, sin embargo, el señor Bautista, superado por los acontecimientos, lo único que ha hecho ha sido encomendarse a Dios”.
Sobre la situación del sector turístico en la provincia, Ahumada, ha definido el momento como “dramático”, por lo que “vamos a trasladar al Parlamento que esta crisis que ha puesto los contadores a cero debe servir para relanzar la actividad turística repensando el modelo actual, que se ha mostrado muy frágil. Por ejemplo, los nueve millones de euros destinados al Bono Turístico se podrían emplear en el impulso de cooperativas de centrales de reservas propias y que las comisiones generadas pudieran convertirse en ayudas directas a aquellos establecimientos que se mantienen abiertos todo el año. También vamos a solicitar que se compruebe si las empresas beneficiarias de ese Bono Turístico tributan realmente en Andalucía o son empresas que pertenecen a lobbies destinados a la especulación. Lo que vamos a pedir, en definitiva, es que se intervenga en el sector, que no solo se dedique a vender el producto Andalucía, sino que también a poner las bases y los recursos al servicio del empleo, del comercio de cercanía, a través del turismo que se genere”.
“Creemos que la situación que padece el sector turístico debe atajarse de manera transversal y no solo con la promoción de bonos y publicidad, atajar los problemas estructurales a los que se enfrenta para poder afrontar la coyuntura actual”, ha referido Ahumada.

jueves, 24 de septiembre de 2020

Izquierda Unida demanda el tren litoral como elemento de vertebración social y económica para la Costa del Sol y reclama una estrategia global de transporte para Andalucía


El diputado andaluz y Coordinador Provincial de Izquierda Unida, Guzmán Ahumada, junto con la Coordinadora Comarcal de la Costa del Sol, Victoria Morales, y diferentes cargos públicos costasoleños de IU, han anunciado esta mañana que se va a llevar al Parlamento Andaluz una Proposición No de Ley para instar a que esta “demanda histórica” sea una realidad, “dada la oportunidad que supone la inyección económica de los Fondos de Recuperación Europeos”.
“Para Izquierda Unida el ferrocarril es un medio de transporte público, social y sostenible fundamental para vertebrar el territorio andaluz. Apostamos por la red ferroviaria de cercanías y media distancia, el cuál usan hasta el 90% de las personas que viajan en tren, frente al modelo “Todo AVE”. Cercanías y media distancia que son capaces de afrontar los tres ejes fundamentales del concepto del servicio público que debe abanderar este medio de transporte: la lucha contra el cambio climático, la lucha contra el vaciado de las zonas rurales de Andalucía y el cambio de modelo productivo”, ha incidido Ahumada, “precisamente el servicio más castigado y abandonado por la Junta de Andalucía y que ha visto recortados sus presupuestos e inversiones en incontables ocasiones en los últimos años”.
Ahumada ha insistido en la necesidad de que la Junta impulse, junto a otras instituciones y agentes sociales y económicos, una estrategia andaluza por la recuperación del ferrocarril, dentro de una estrategia global de transporte en Andalucía, en la que incorporar de forma priorizada los proyectos necesarios en esta materia en una propuesta ambiciosa de cara a los Fondos de Europeos de Recuperación y a los próximos presupuestos autonómicos y generales.
Por su parte, la Coordinadora Comarcal ha insistido en la importancia del Tren Litoral para la Costa del Sol como un “factor fundamental de vertebración social y económica, de conexión territorial, es una reclamación histórica y una carencia histórica Son ya más de 40 años en los que desde los diferentes municipios de la Costa del Sol venimos demandando la imperiosa necesidad de la construcción del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol que vertebre toda la costa desde Fuengirola hasta Algeciras creando con ello cohesión territorial a través de un medio de transporte limpio y seguro como es el tren”.
Guzmán Ahumada, diputado andaluz y Coordinador Provincial de Izquierda Unida de Málaga
“Actualmente la línea de cercanías C-1 (Málaga-Fuengirola) es una de las más importantes, desde el punto de vista económico, de España, por su número de viajeros, siendo históricamente una de las más rentables y usadas a nivel nacional, la cifra de pasajeros que se desplazan en la misma ronda los 10,5 millones de viajeros al año, los cuáles no pueden continuar su trayecto porque la misma acaba en la ciudad de Fuengirola, teniendo que usar otro medio de transporte para viajar al resto de municipios de la Costa del Sol Occidental”, ha recordado Morales.
Victoria Morales ha anunciado que se presentarán diferentes mociones en los municipios en los que IU y sus confluencias tienen representación y a través de la que se instará al Gobierno del Estado, al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial de Málaga a hacer pública su voluntad de poner en marcha el Corredor Ferroviario de la Costa del Sol uniendo a través de líneas ferroviarias Fuengirola-Algeciras, dando así continuación a la línea C-1 de cercanías; a la firma de un convenio de colaboración económica y técnica para el desarrollo de dicho Corredor Ferroviario; a consignar las partidas presupuestarias necesarias para su puesta en marcha de manera urgente: y a constituir una Comisión Municipal, con la participación de todos los grupos municipales, cuya función será el estudio de la propuesta de trazado que se publique por parte del Ministerio a fin de ser interlocutores con las distintas Administraciones participantes en la puesta en marcha de esta infraestructura.

martes, 22 de septiembre de 2020

Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social: “La política de protección social del gobierno de coalición lleva la marca de Unidas Podemos”

Foto: Mariña Sánchez
Gema Delgado
. Subdirectora de Mundo Obrero

"Porque fueron, somos. Porque somos, serán". Lo hemos repetido muchas veces pero es la primera vez que lo escuchamos en el Palacio de la Zarzuela. Lo dijo Yolanda Díaz, diputada en el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, cuando el 13 de enero de este año tomó posesión de la cartera del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En su discurso renovó su compromiso -esta vez desde el gobierno de coalición-, de ser un eslabón más del hilo rojo de la historia de los trabajadores que lucharon, luchan y lucharán por los derechos, por las libertades y por la democracia. Trabajo con derechos y derechos con memoria. Homenajeó a su padre, el que fuera Secretario General de CCOO en Galicia, Suso Díaz, a él y a toda esa generación que puso como ejemplo de dignidad, perseverancia, compañerismo e integridad en la lucha por la libertad y el bienestar de los trabajadores. “Me lo han enseñado todo. Siempre se sabe de qué lado están. Están del lado de la mayoría trabajadora. Y yo espero estar a su altura”. Un testigo que un día pasará a las nuevas generaciones, a las de su hija Carmela.
Trabajo sí, pero trabajo digno y con derechos. Yolanda es una abogada laboralista, nacida en Fene (La Coruña) hace 49 años. Desde los 14 años milita en el Partido Comunista de España. Recientemente ha dejado en el camino la militancia en IU pero no la del Partido: “El PCE es mi casa y mi aprendizaje, es mi forma de ser, mi cultura política, es todo”.
Amplió los estudios de Derecho, con tres máster (Urbanismo, Relaciones Internacionales y Recursos Humanos) y ejerció unos años. En 2003 ya era concejala en Ferrol. Y teniente de alcalde entre el verano de 2007 y octubre de 2008, fecha en la que se rompe la coalición municipal con el PSOE. Formó parte de la dirección del PCE e IU. Fue la Coordinadora Nacional de Esquerda Unida entre 2005 y 2017. Y hace 5 años llegó al Congreso de los Diputados representando a En Marea, formada por EU-Podemos-En Marea-Anova. Durante estos años ha sido clave en el grupo parlamentario por su experiencia en Empleo e Industria. En 2018, los periodistas la reconocieron como la parlamentaria más activa del año. Hoy, esa abogada laboralista, comunista, de sonrisa tierna y convicciones rotundas, lidia con la patronal y los sindicatos en la mesa del dialogo social, conquistando derechos al más alto nivel.
Desde el primer día dejó expuso claramente cuáles iban a ser los principales objetivos que se marcaba al frente del Ministerio: recuperar el trabajo con derechos, “volver a la ley y derogar la reforma laboral”; salarios dignos; seguridad y salud en el trabajo; igualdad efectiva y real para las mujeres; apoyo a los autónomos “para que puedan desarrollar los proyectos que necesita este país”, y situar el dialogo social como base de acción. Pero por encima de todo, su objetivo fundamental será combatir la precariedad.

MUNDO OBRERO: A los dos meses de asumir el cargo de ministra se declara la pandemia, el confinamiento y explota la crisis económica y social. Y este Ministerio se convierte, junto a Sanidad, en el Ministerio fundamental para gestionar la crisis. ¿Qué balances haces del trabajo de estos 8 meses?

YOLANDA DÍAZ: Durante el mes y medio previo a la pandemia trabajamos mucho: subimos el SMI, incrementamos las retribuciones a los empleados públicos, derogamos el artículo 52 de la reforma laboral del PP que permitía el despido objetivo por absentismo. Pero inmediatamente llegó la pandemia y ya nos volcamos en adecuar la legislación laboral a una situación desconocida de crisis sanitaria.
Nadie en el mundo se hubiera imaginado que íbamos a vivir una pandemia de estas características ni una crisis social y económica de tanta incertidumbre. Estamos protagonizando la crisis mundial más compleja y más desconocida para todas y todos.
En estos meses hemos trabajado con una intensidad inmensa, con un equipo demediado por la enfermedad y durmiendo escasamente 3 horas al día, pero volcadas para desplegar gran parte del escudo social y definir medidas que amparen a la gente.
Desde el Real Decreto 8 hasta el 25, a excepción de 3 ó 4, casi todos han salido del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Hemos realizado una gestión de la crisis completamente diferente a la del 2008, no sólo por el mecanismo de protección social de los ERTES sino porque una de las primeras medidas que tomamos fue el teletrabajo, prácticamente desconocido en nuestro país. También creamos el Plan Me Cuida, que por primera vez da el derecho al trabajador o trabajadora para que sea él o ella quien elija la jornada, la adaptación de la misma y que pueda cambiar turnos o incluso reducir la jornada hasta el 100%. Evidentemente esto no gusta nada a la patronal.
Hemos hecho cosas muy positivas como prohibir los despidos. Y ya tenemos muchas sentencias que están declarando nulos los despidos por Covid en la pandemia, que son unas medidas bastante desconocidas en el ámbito de protección laboral. 
 

GOBIERNO DE COALICIÓN
M.O.: ¿Qué ha significado que Unidas Podemos esté en el gobierno de coalición, y en concreto en el Ministerio de Trabajo, en el momento decisivo para gestionar los efectos sociales y económicos provocados por la pandemia, y decidir sobre la suerte de millones de trabajadores que se quedaron sin poder trabajar o tuvieron que cambiar radicalmente la forma de hacerlo?
Y.D.: Desde que hemos llegado ha habido un cambio absolutamente sustancial. Hemos desarrollado toda una serie de medidas, que hemos denominado Escudo Social,que tiene el marchamo de Unidas Podemos y que tenemos que poner en valor: la subida del SMI; el inicio de la reforma laboral con la supresión del artículo 52; la ley de violencias sexuales que dirigió Irene Montero; la Ley de Protección de la Infancia, que lleva la Vicepresidencia de Pablo Iglesias; la reordenación que está haciendo de la Dependencia.
Luego está el escudo social que se ha vertebrado desde el mecanismo de protección de los ERTES pasando por la protección por desempleo a un sinfín de colectivos. En los ERTES le dábamos prestación contributiva por desempleo, no subsidio, incluso a aquellas personas que carecieran de los requisitos.
Pero además conseguimos la prohibición de los desahucios y del corte de suministros básicos de gas, uz, calefacción y agua, las moratorias en los alquileres. También las medidas para ayudar a los autónomos. Y el aumento de las becas en nuestro país para que en esta situación difícil las hijas e hijos de los trabajadores puedan acceder a la educación pública. Ha sido extraordinario. Indudablemente, la política social de este gobierno de coalición lleva la marca de Unidas Podemos.
 
PROTECCIÓN DEL EMPLEO
M.O.: ¿Hasta cuando se va a mantener la prohibición del despido?
Y.D.: Si el mecanismo de protección que son los ERTES es para mantener del empleo, sería un contrasentido que permitiéramos que esas empresas que están en ERTE despidan a sus trabajadores. Y además hemos hecho que se prohíba en el ordenamiento jurídico.
Y tampoco se pueden permitir los despidos individuales cuando haya una afectación por Covid. En julio, la sentencia de Sabadell ya declaró nulos estos despidos y me consta que los sindicatos y abogados laboralistas están en esa línea de defensa.
Los ERTE son un pacto a tres bandas: los empresarios aportan porque tienen que comprometerse con mantener el empleo; los trabajadores aportan porque ven mermadas sus retribuciones; y obviamente el Estado inyecta los recursos públicos, estamos pagando nóminas y Seguridad Social. Esto es macrohistórico. En este contexto no se puede despedir.
En la negociación que el Ministerio hace con los agentes sociales hay dos cláusulas claves: la del mantenimiento del empleo durante 6 meses al que están obligadas las empresas que se acojan a los ERTEs y la prohibición de repartir dividendos. Nadie entendería que en plena crisis las empresas estuvieran repartiendo dividendos u operaran en paraísos fiscales. Son las raíces sustanciales del mecanismo de protección social que hemos vertebrado.
Y está funcionando. Desde las 550.000 empresas que se han acogido a los ERTE y los 3,4 millones de trabajadores que han quedado cubiertos con ellos, a día de hoy sólo quedan poco más de 730.000 trabajadores en esta situación. Y funciona precisamente porque los empresarios no pueden despedir.
Aprovecho la entrevista para decir que si algún trabajador o trabajadora es despedido, que interponga acciones porque ganará el pleito.

M.O.: A pesar del mensaje de tranquilidad reiterado desde este Ministerio y desde el gobierno, la gente manifiesta su preocupación sobre la duración de los ERTES y sobre si la retribución se reducirá al 50%.

Y.D.: No tendría sentido que con todo el despliegue presupuestario y el mecanismo de escudo social que hemos diseñado se dejara caer cuando aún se necesita.
Sería un error poner una fecha. El gran acierto fue decir que tendremos unos ERTEs de rebrote sin plazos porque el virus no tiene ni plazos ni fronteras. Si en una empresa, en una localidad, en una comarca o en una Comunidad Autónoma surge un problema, volvemos al esquema anterior. Hemos dado muchísima flexibilidad. El mecanismo va a continuar con la Comisión tripartita. Que la gente se quede tranquila y con la certeza de que cuando la gente necesite mecanismos de protección los va a tener.
En España siempre hubo ERTEs, pero no como los que ha habido ahora. En la crisis anterior se acogieron a él 60.000 personas, frente a los 3,4 millones de ahora. Ya estamos en parámetros más europeos, aunque seguimos a distancia de lo que se ha hecho en otros países.
Estamos operando con la legislación del PP en materia de desempleo. Los cambios que incorporó Mariano Rajoy supusieron una reducción de 26 puntos en protección social. Entre los cambios normativos que llevaba esa legislación es que cualquier desempleado español, a partir de los seis meses, veía que su base reguladora se reducía del 70% al 50%. Esa es una de las cosas que vamos a corregir en esa mesa de dialogo social. Las personas que hoy quedan en ERTES están centrados en ciertos sectores y en ciertas comunidades autónomas. Uno muy grande es el entendido como turismo, que abarca mucho más. Aquí vamos a hacer una herramienta propia para los fijos discontinuos. En Baleares, por ejemplo, no ha habido temporada turística y los trabajadores no han tenido periodos de ocupación. Pues vamos a corregirlo con una prestación para que tengan una protección social hasta la siguiente temporada turística, que en Baleares no arrancará hasta Semana Santa.
Son sectores muy definidos que tienen que ver con la estructura productiva española. Sin embargo, en la industria de la automoción ya se han incorporado el 94% de los trabajadores.
Así que tranquilidad. Lo importante no es el plazo sino que la comisión tripartita continúe con sus puertas abiertas para seguir evaluando cómo funciona el mecanismo.

DIALOGO SOCIAL
M.O.: ¿Cómo se está trabajando en la Mesa Tripartita?
Y.D.: El dialogo social es el gran desconocido. La sociedad española ve el fruto final, cuando se cierra, pero no ve la antesala. Y la antesala es que la cuarta planta de este ministerio en el que estamos hay un equipo de 20 personas, que son los técnicos de los sindicatos y las patronales, junto a los del Ministerio de Trabajo, que se remangan y diseñan los mecanismos de protección durante largas horas. Hoy han empezado a las 9 de la mañana y durará hasta que dure. Se trabaja con una gran intensidad y un trabajo muy serio y riguroso. Y quiero darles las gracias por ello. Hay un debate profundo del modelo social con muchas aportaciones y obviamente con también con posiciones contradictorias. Por ejemplo, a la patronal el Plan Me Cuida no le gusta nada. Es evidente. Pero siempre en un proceso de equilibrios, de correcciones y contrapesos. Vamos ahormando mecanismos de protección que hasta ahora han sido exitosos.
En el SMI hubo una negociación sobre la cantidad final, pero creo que lo importante es el mecanismo con el que se hizo. En la UE se pone mucho en valor la forma en que se emprenden los cambios de este Ministerio de Trabajo, porque siempre se hacen con dialogo. Luego puede acabar en acuerdo o no, pero, insisto, lo importante es que haya dialogo social.
 

CUIDADOS
M.O.: También preocupa la vuelta al cole, y cómo se puede compatibilizar el trabajo de los progenitores con el cuidado de los hijos e hijas que tengan que hacer cuarentena. Y si se va a compensar económicamente.
Y.D.: El tema es que las medidas de conciliación no se acogen a la prestación pública de desempleo, que es donde el Ministerio de Trabajo tiene competencia, sino que están en el ámbito de la Seguridad Social. El que las medidas de corresponsabilidad o de conciliación, la herramienta el Plan Me Cuida, tengan una herramienta económica que lo complemente, no entra en las competencias de este Ministerio.
Pero creo que ya vamos tarde. Nuestro país tiene dar un debate democrático y profundo sobre los cuidados. Y estamos trabajando poniendo los cuidados en el centro. Necesitamos un debate serio sobre qué recursos vamos a destinar para que los progenitores podamos hacer dos cosas: trabajar y, a la vez, algo tan elemental como atender a nuestras hijas e hijos. Además, el Plan Me Cuida no sólo está pensado para cuidar a los descendientes sino también para los ascendientes y personas colaterales que merezcan nuestra atención.
A día de hoy lo que tenemos es, por una parte, el Plan Me Cuida, que está cuestionado por la CEOE, y, por otra, a través del Ministerio de Seguridad Social, lo que vulgarmente llamamos la baja, que es la baja temporal por cuarentena, que automáticamente se retribuye por contingencias profesionales.
Pero ahora mismo la mesa de dialogo social está estudiando esta misma incapacidad temporal por cuarentena indirecta. Es decir, que me puedan extender esta protección si mi hija tiene que quedarse en cuarentena y yo tuviera que ausentarme del trabajo.
El Ministerio de Escrivá está trabajando en la extensión de esta cobertura. Pero creo que el debate de fondo, en el siglo XXI, y de una vez por todas, tiene que ser la corresponsabilidad, la jornada de trabajo y, por supuesto, los cuidados.

IGUALDAD
M.O.: ¿Cuáles son las principales políticas de igualdad que se trabajan desde este Ministerio?
Y.D.: Trabajamos mano a mano con el Ministerio de Igualdad y todas la políticas que hacemos tienen un sesgo de género. Cuando aumentamos el SMI señalábamos una razón fundamental y es que tiene impacto de género para las mujeres, que somos las que tenemos los salarios más bajos. Todo lo que hacemos lo vamos diseñando con estas características.
El último trabajo que hemos sacado adelante la ministra de Igualdad y el Ministerio de Trabajo son dos normas importantísimas en las que ha habido diálogo social, aunque en el último momento la CEOE se descolgó. Una sobre los mecanismos de transparencia salarial e igualdad retributiva, que es una recomendación europea de 2014 que España hasta hoy ignoraba. Y la otra, sobre los planes de igualdad en las empresas. Es decir, estamos trabajando permanentemente con el Ministerio de Igualdad no sólo mejorando nuestras normas en impacto de género, sino colocando los cuidados en el centro, lógicamente con el sesgo de género.
El feminismo es el pulmón, el nutriente que ha de definir el escudo social. Las mujeres somos el 50% de la población y del mundo del trabajo, y este hasta hoy es opaco al género. Hay que hablar de la brecha de igualdad retributiva, de la brecha de pensiones y de la segregación horizontal que sufrimos las mujeres. Las mujeres tienen que estar en el centro.


TELETRABAJO
MUNDO OBRERO: El Teletrabajo pasó del 5% al 30% durante la pandemia. Cambió nuestra forma de trabajar, pero no estábamos preparados. Pero parece que ha venido para quedarse. ¿Cómo va a ser esa Ley del Teletrabajo que regule los derechos de los trabajadores y que está a la espera de aprobarse en el consejo de Ministros?
YOLANDA DÍAZ: En el mes y medio previo a la pandemia, en mis comparecencias en el Congreso y el Senado ya expliqué que había que reformar el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores que abordaba el trabajo a distancia. Y dije que había que ratificar el Convenio 177 de la OIT del trabajo a distancia que aún no está ratificado. No fue una anticipación sino una evidencia de que las relaciones laborales en el siglo XXI son diferentes y muchos trabajos se pueden hacer a distancia. Puede haber teletrabajo presencial o remoto, la cuestión es que es trabajo a distancia.
Teníamos tan clara la necesidad de España de adecuarse al acuerdo europeo de 2002 que la primera medida que tomamos en el primer decreto 8-20, en el artículo 5, fue desplegar el teletrabajo para todo el mundo. Lo tuvimos que hacer con unas enormes limitaciones y sin los controles que se necesitan.
Pero ahora ha llegado la hora de definir el Teletrabajo. El Artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores forma parte de la Reforma Laboral del PP. Lo incorporaron ellos. Fue un precepto diseñado con una visión tan pobre del trabajo a distancia que no nos sirvió para afrontar la pandemia; además lo consideraba como una parte del trabajo marginal, devaluado o de segundo rango. Ahora lo elevamos y hemos convertido ese artículo 13 en la Ley Reguladora del Trabajo a Distancia que tiene una veintena de preceptos y varias disposiciones y que va a ser uno de los elementos estructurales del cambio del mercado de trabajo español.
El Teletrabajo no puede ser un mecanismo de abaratamiento de costes o de deterioro de las relaciones laborales. Lo que hemos vivido en la pandemia trabajando con nuestras hijas en el regazo, no es ni puede ser teletrabajo. Tampoco es una herramienta de conciliación; es una herramienta de organización del trabajo, y aquí hay que hacer mucha pedagogía.
La ley tendrá 4 parámetros. El primero: el trabajo a distancia es voluntario para ambas partes, es decir, no lo puede imponer ni la empresa ni el trabajador, tienen que llegar a un acuerdo porque conlleva múltiples riesgos, entre otros el de aislamiento social y los riesgos digitales. El segundo: la imprescindible compensación de gastos que genera y que la empresa tiene que sufragar. El tercero: garantizar exactamente la misma igualdad de derechos en el trabajo presencial y en el que se hace a distancia. Y, el último: garantizar los derechos colectivos, es decir, que aunque trabajemos a distancia nos organicemos socialmente. Los derechos de representación sindical tienen que estar en igualdad de condiciones.
Es una ley que nos europeiza y va a cambiar de alguna manera una parte del mundo del trabajo. Por ejemplo, la negociación colectiva está diseñada y pensada con pluses de transporte, de distancia y un montón de elementos que con la incorporación del trabajo a distancia van a cambiar.


LEY “RIDER”
M.O.: Otra ley preparada y pendiente de su aprobación en el Consejo de Ministros es la llamada “Ley Rider”, que impedirá que quienes trabajan en plataformas digitales como Glovo y Delivero lo hagan como falsos autónomos. ¿Cuándo saldrá adelante?
Y.D.: Esta ley es muy importante. Son los vulnerables entre los vulnerables. Son los que hemos declarado servicio esencial durante la pandemia. Son los que corrieron los riesgos y los que estaban trabajando en las calles desiertas de Madrid y de las principales ciudades españolas para traernos la comida a nuestras casas.
Me consta que el Supremo va a dictar una resolución resolviendo sobre la laboralidad o no de este colectivo de trabajadores. A día de hoy ya se han pronunciado diez tribunales de Justicia diciendo que no son autónomos sino trabajadores asalariados. Y en cuanto terminemos la Ley del Teletrabajo y cerremos la mesa de los ERTES, saldrá adelante la Ley Rider. Son una prioridad para nuestro ministerio.
Hasta en el seno de la propia Comisión Europea los ministros y ministras de Trabajo tienen una enorme sensibilidad con el tema, incluido el comisario.

PRECARIEDAD
M.O.: Combatir la precariedad fue uno de los principales objetivos que te has marcado en esta legislatura. La tarea no es fácil partiendo del modelo productivo de este país y de que somos campeones de la temporalidad, de la precariedad y de la rotación. ¿Es posible combatir esa precariedad sin derogar la reforma laboral?
Y.D.: Desde el año 2012 hasta hoy se han registrado en el Servicio Público de Empleo más de 150 millones de contratos de trabajo. Es insufrible. No puede ser. Esto es lo que denomino la “anomalía española”.
Llevamos más de 50 reformas laborales y más de 30 en materia de contratación. Siempre se ha legislado en la misma dirección. El Real Decreto 3/2012, denominado Reforma Laboral del Partido Popular, que además se impuso sin dialogo social, y por el que fuimos criticados en Europa, provocó dos huelgas generales y supuso un enorme retroceso de derechos de los trabajadores: propició la mayor devaluación salarial que hemos tenido en este país; supone una absoluta precarización de las relaciones laborales; minimizó el poder de negociación de los trabajadores y trabajadoras, priorizando los convenios de sector; y le dio al patrón un desmesurado poder de disposición sobre los trabajadores. Es una forma de precarización absoluta. Al menos, en la gestión de la crisis hemos soslayado que un empresario puede modificarte la jornada, cambiar los turnos, hacerte lo que quiera.
La reforma laboral del PP se inserta en los mecanismos de la máxima austeridad de la Comisión Europea de los tiempos de los hombres de negro. No sirve para la realidad laboral que tenemos a día de hoy.
Es imprescindible derogar la reforma laboral para avanzar en los mecanismos de estabilidad y calidad en el empleo, el trabajo decente, salarios dignos y que los jóvenes puedan tener un futuro digno que hoy no tienen. Así no somos capaces de abordar la debilidad estructural que tenemos con contratos que duran días o horas. De hecho, y a diferencia de lo que ocurre en otros países, los empresarios españoles apenas acuden a los contratos de formación porque disponen de una legislación laboral que precariza mucho más en otras vertientes.
En mis comparecencias he clamado por un acuerdo contra la precariedad. Es imprescindible. Lo estábamos empezando a abordar en la mesa de dialogo social pero quedó interrumpido con la pandemia.

M.O.: Entonces, ¿cómo modernizar el marco legislativo español para redefinir las relaciones laborales siglo XXI? ¿A través de un nuevo estatuto de los trabajadores?

Y.D.: Ya hemos derogado algunos artículos de la reforma laboral y continuaremos haciéndolo, en coherencia con el acuerdo del gobierno. El primer bloque lo vamos a hacer con dialogo social y transitando para llegar finalmente a la gran elaboración y el gran reto del Estatuto del Trabajo del siglo XXI. El trabajador del siglo XXI no es como el del siglo XX que estaba muy delineado, en una clave fordista, y diseñado hacia un mundo industrial. Ahora tiene más peso el trabajo autónomo, las relaciones digitales y la complejidad de contratación absolutamente expansiva. Así que vamos a redefinir el Estatuto del Trabajo y este es el gran reto de transformación del país.

EMPLEO JUVENIL
M.O.: Tenemos un paro juvenil del 40% ¿Qué se va a hacer para crear empleo?
Y.D.: Si no cambiamos el marco legislativo y redirigimos todo el esfuerzo a los jóvenes, no hay futuro. Los datos son insufribles. Pero hay que recordar que la política de empleo del PP y su reforma laboral tienen mucho que ver con la precariedad de los jóvenes. Los expulsó de nuestro país. Ahora estamos en un desempleo juvenil del 36,5 que Eurostat, cifraba la semana pasada en el 40%. Pero con el PP, en 2013 llegamos a superar el 56% y la media fue del 47%.
El gran reto de transformación del país es cambiar las políticas activas de empleo. Durante estos días vamos a iniciar jornadas para redefinir dichas políticas activas y ya estamos en dialogo con la comunidades autónomas y los agentes sociales para arrancar la estrategia juvenil para este próximo trienio. Los jóvenes son nuestro talento, el motor de arranque de este país y tenemos que cuidarlos.

TRABAJADORES MIGRANTES
M.O.: ¿Cómo se va a combatir la explotación de los trabajadores migrantes?
Y.D.: Estamos desplegando campañas fuertes en dos materias: la que tiene que ver con el trabajo doméstico, en el que hay grandes irregularidades; y contra la explotación en el campo, que hemos desplegado con enormes costes y presiones.
Yo sólo tengo competencias en lo que tiene que ver con el trabajo, el resto es de Interior y de Seguridad. Pero en la medida de nuestras competencias, lo que hicimos, tras recibir la visita del relator de la ONU denunciando la situación de los trabajadores del campo, fue modificar el artículo 19 de la ley reguladora de la Inspección de Trabajo para permitir la inspección en un sector que era profundamente vulnerable. Llevamos más de 2.000 inspecciones en el mundo agrario.
Pero el otro motor del trabajo está en Seguridad Social e Inmigración.


SINIESTRALIDAD LABORAL
M.O.: Las primeras palabras de tu discurso al responsabilizarte de este Ministerio las dedicaste a denunciar la siniestralidad laboral y la muerte, a causa del amianto, de un trabajador del Metro de Madrid. A pesar del confinamiento y el teletrajo, durante el primer semestre de este año las muertes por accidentes laborales superan a las del año anterior.
Y.D.: La gente no puede morir en sus puestos de trabajo. Es una indecencia. Los índices de siniestralidad laboral y siniestralidad mortal en este país no son asumibles. Tiene que ver con la precariedad pero también con la formación, la prevención y los medios. Hasta ahora hemos estamos volcados en la pandemia paro vamos a diseñar la estrategia contra la precariedad.
Vamos a empezar ya con la transposición de la directiva de los cancerígenos, que está casi acabada y es de enorme importancia. El director de la Inspección de Trabajo está diseñando la recta final.

MILITANCIA
M.O.: También hiciste un alegato de reconocimiento a los sindicatos y los sindicalistas, abogando por la necesidad de potenciar su papel y su poder de negociación.
Y.D.: Quiero lanzar un mensaje clarísimo. Las y los trabajadores tenemos que organizarnos. Es fundamental. Y tenemos una herramienta para hacerlo que es a través de nuestros sindicatos. Los sindicatos no son perfectos, son como todas las organizaciones, pero se hacen fuertes con nosotros. Siempre digo que no hay mayor democracia directa que en el mundo de la empresa, cuando los trabajadores y trabajadoras eligen libremente a sus representantes sindicales. Y así pueden tener fuerza para negociar.
Quiero agradecer el papel relevante que han tenido en la crisis todos los sindicatos: los fuertes, los pequeños, los autonómicos. Son actores principales de transformación social.
Forman parte del marchamo constitucional. Toda norma tiene que debatirse con ellos. Todas y todos somos trabajadores y estamos representados a través de ellos. Hay que agradecerles el trabajo, reforzarlo y potenciarlos No son perfectos pero son nuestra herramienta. De ahí que el empeño de la derecha política y económica sea debilitarlos y quitarles fuerza. Crean campañas de desprestigio contra ellos.
Yo hago un alegato a favor de los sindicatos y les doy las gracias, por el trabajo que hacen, a todos y todas las delegadas sindicales, desde una pequeña a una gran empresa, desde el comité de empresa al máximo nivel institucional. Sin ellas y ellos no hay avances sociales.

M.O.: ¿Por qué saliste de IU y continúas en el PCE?

Y.D.: Soy militante del PCE. Llevo militando en el Partido desde los 14 años. Es mi casa y mi aprendizaje, es mi forma de ser, mi cultura política, es todo. Desde junio del año pasado tuve diferencias políticas con la dirección de IU en el planteamiento que teníamos, desde las confluencias hasta un sin fin de elementos más. Respeto mucho las organizaciones, mis compañeros y compañeras lo son todo para mí. Y sin hacer ruido, como debe ser, decidí dar un paso que ha sido el de quedarme en lo que siento que es mi casa, el Partido Comunista de España. Y aquí me voy a quedar con todo el corazón. Es donde he nacido y donde me han enseñado lo mejor de este país.
Seguiré trabajando con mis camaradas de aquí en adelante, con todo el cariño para mis compañeros y compañeras de IU, que lo son todo para mí. La camaradería no se hace a través de los carnés sino a través de la puesta en común y de los procesos que nos unen.
Publicado en el Nº 337 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2020


lunes, 21 de septiembre de 2020

Manifiesto: "Tiempos de unidad: una confluencia democrática y plural por el bien del pueblo andaluz"

La gente trabajadora de los barrios, pueblos, comarcas y ciudades de Andalucía está atravesando una situación difícil. A la desigualdad histórica y estructural que afecta a nuestra tierra se le suman las duras consecuencias económicas y sociales provocadas por la crisis de la COVID-19. El gobierno de las tres derechas, liderado por el Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo imprescindible de Vox, se muestra incapaz de resolver los principales problemas de Andalucía y está profundizando en aquellas políticas que tanto daño han causado a nuestro pueblo: recorte y privatización de servicios públicos, liberalización del suelo y promoción del urbanismo especulativo y devastador del medio ambiente, desregulación y precarización del empleo, bajada de impuestos a las grandes fortunas y disminución de los presupuestos destinados a políticas sociales. A este programa neoliberal profundamente injusto e ineficiente hay que sumar las políticas reaccionarias y regresivas, lideradas por la extrema derecha, que amenazan con erosionar derechos y libertades básicas. La actual situación política y la situación de emergencia social y económica requiere una respuesta a la altura por parte de las organizaciones políticas que defendemos los anhelos e intereses del pueblo trabajador andaluz.
Adelante Andalucía nació como un espacio de unidad y confluencia, amplio y participativo, entre distintas organizaciones políticas y personas sin adscripción partidaria que compartíamos la necesidad de impulsar un cambio profundo en nuestra tierra. Los motivos que nos llevaron a dar ese paso siguen intactos y la necesidad de dicho cambio es más acuciante que nunca. Adelante Andalucía se ha construido desde sus inicios como un espacio político imprescindible de carácter unitario, plural y democrático, trabajando de forma colectiva para situarlo como la principal alternativa a las derechas en Andalucía.

Adelante Andalucía ha sido mucho más que un grupo parlamentario o una mesa de coordinación entre las direcciones de las organizaciones que participan en su seno. Se caracterizó como un espacio de confluencia construido con mucho esfuerzo por miles de hombres y mujeres que trabajamos día a día por defender los derechos e intereses de la gente trabajadora en centenares de municipios de nuestra tierra. Es por ello que cualquier debate político de calado o decisiones que comprometan al conjunto de Adelante Andalucía debían de desarrollarse siempre en el marco de procesos democráticos y participativos, donde las bases fuéramos protagonistas activas de nuestro presente y futuro. La participación democrática, el rol protagonista de las bases, el respeto a la pluralidad, el esfuerzo para preservar la unidad y la búsqueda de consensos entre las organizaciones eran los compromisos ético-políticos fundacionales que al día de hoy se han roto debido a prácticas antidemocráticas ejercidas por una minoría y su intento ilegítimo de apropiarse la marca electoral común.
Por todo ello, las personas firmantes pedimos que se rectifiquen las anomalías antidemocráticas perpetradas en el seno de Adelante Andalucía (apropiación de la marca electoral, apropiación de las redes sociales, publicación de declaraciones políticas sin consenso entre las fuerzas políticas coaligadas en Adelante Andalucía) para poder salvar el espacio unitario, participativo y democrático. Nos emplazamos a construir una alternativa a las derechas en Andalucía para un futuro de igualdad y justicia social en Andalucía desde la convicción unitaria que caracterizó en sus inicios a Adelante Andalucía.
El pueblo andaluz nos exige e interpela día a día para que resolvamos las diferencias, evitemos la división y fragmentación de la izquierda. No nos podemos permitir que el sectarismo y los intereses de una minoría nos distraigan del objetivo central y prioritario: Construir un proyecto político unitario, sólido y solvente que ofrezca alternativas ante la incertidumbre provocada por la actual crisis y la ofensiva neoliberal y reaccionaria de las derechas.
Hoy más que nunca, los anhelos, agravios e intereses de la gente trabajadora deben estar en el centro de nuestra acción política, y nos comprometemos a luchar y construir unidad con todas y todos los que comparten la necesidad de un cambio político social en Andalucía.
Este manifiesto, al que todavía siguen incorporándose nuevas firmas, lo suscriben alrededor de 800 cargos públicos:
https://iuandalucia.org/tiempos-de-unidad-una-confluencia-democratica-y-plural-por-el-bien-del-pueblo-andaluz/