Alberto Garzón, Coordinador General de IU: “Más unidad y mejor unidad”. Hacia la XII Asamblea de IU

Mundo Obrero redacción
MUNDO OBRERO: La decisión de entrar a formar parte del gobierno comporta ventajas y también un coste para IU. ¿Qué balance haces de la participación en el gobierno de coalición?
ALBERTO GARZÓN: Creo que fue una decisión acertada. Las decisiones sobre alianzas siempre se tienen que valorar contextualmente y los resultados de las elecciones generales visualizaban una cierta estabilidad entre los bloques, el bloque progresista o de izquierdas y el bloque conservador o reaccionario, con un crecimiento espectacular de la extrema derecha en la línea de países como Francia. En ese contexto, la mejor opción era entrar en el gobierno, sabiendo que es un instrumento que permite cambiar la vida de la gente pero que depende de una correlación de fuerzas que nos era desfavorable numéricamente en el Congreso. Al mismo tiempo, cogobernar implica los riesgos propios de gobernar más los derivados de que tienes que ponerte de acuerdo con un socio que no opina lo mismo que tú, especialmente en algunos temas sensibles.
La decisión fue muy correcta, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias y que difícilmente se hubiera entendido una decisión distinta en un momento en que convergían la crisis económica, la crisis territorial, la crisis política, la crisis ecológica y el crecimiento de la extrema derecha. La pandemia vino después a reafirmar ese estado de necesidad de las clases populares que tenía que ser abordado. La mejor forma de hacerlo, esa sigue siendo mi opinión, era participando en el gobierno.
M.O.: Afrontamos un período histórico donde IU ya no ocupa todo el espacio con respaldo electoral a la izquierda del PSOE. ¿Cómo se concibe la confluencia en Unidas Podemos por parte de Izquierda Unida?
A.G.: Las sociedades cambian. Cambian las estructuras de clase, las tecnologías y también el sistema político. Durante un período estable que va desde 1986 hasta 2014, con altibajos, siempre hemos sido la tercera fuerza nacional, detrás de un bipartidismo que llegó a recibir hasta el 80% de los votos en las elecciones generales de 2008. En IU nos hemos educado en esa cultura de la resistencia. Hemos tenido gobiernos municipales pero en el espacio nacional éramos muy penalizados por la ley electoral, de manera que nos convertíamos en la tercera fuerza y nos reducía mucho el peso en escaños. Esto muta en la sociedad a partir de un cambio del ciclo 2011-2015, en el que emergen nuevos partidos y particularmente Podemos que recoge gran parte de las demandas que nosotros habíamos hecho e incorpora otras nuevas y pertenece a una tradición política distinta.

Cuando eso sucede, había dos maneras de abordarlo. Desde un cierto rencor, de no terminar de entender qué significaba sociológicamente la irrupción de Podemos, o una manera más inteligente que era intentar comprender las causas últimas de que una población, que en algún momento nos votó a nosotros, optara por votar a una fuerza nueva. Nosotros elegimos esta segunda visión. Examinamos cuáles eran las causas y, pensando en el país y en la clase trabajadora, abrimos vías de diálogo para alcanzar la confluencia. No fue posible en los primeros impasses, lo intentamos pero no convencimos a nuestros compañeros de Podemos, hasta que llegó 2016. En ese año empezó a fraguarse una alianza electoral que, para nosotros, tenía la pretensión de ser también una alianza social, que tenía que confirmarse desde abajo, desde las asambleas de base.
En este tiempo hemos avanzado. Creo que la organización asimila y asume que esto está aquí para quedarse y no tendría sentido ninguna fórmula distinta. La sociedad -y especialmente el adversario- nos ve como iguales y tiene sus motivos: pertenecemos al mismo proyecto político, independientemente de que unos piensen con las siglas moradas y nosotros pensemos con las siglas de Izquierda Unida.
Todavía falta mucho por desarrollar en este espacio de confluencia y es lo que tenemos que proponernos: mejorar los mecanismos de coordinación interna, democratizar la toma de decisiones y, sobre todo, ser capaces de tejer por debajo, que en los territorios las confluencias sean entidades vivas que estén en los conflictos y sean la voz y el instrumento de la gente que lo necesita. Desde Izquierda Unida, hemos marcado de forma clara cuál es el rumbo: más unidad y mejor unidad.
M.O.: Contra tantos pronósticos, el Partido Comunista de España se prepara para celebrar su centenario e Izquierda Unida camina hacia su 40 aniversario, redoblando en esta asamblea la apuesta por su fortalecimiento. ¿Cuál es el espacio y el valor que aporta cada una de estas organizaciones?
A.G.: El PCE es un componente histórico de la democracia española. Al mismo tiempo, el partido no es sólo una pieza de análisis del pasado sino también un instrumento para transformar la realidad concreta. Eso se está demostrando a lo largo de esta confluencia que hemos construido - no estaba en modo alguno garantizada- con el actor PCE empujando a favor de la confluencia y dentro de Izquierda Unida. Eso es importante porque Izquierda Unida nunca ha pretendido ser un partido político al uso sino un espacio de reunión del partido con muchas otras personas, independientes o pertenecientes a otras tradiciones políticas. En ese sentido, es clave la sinergia entre el funcionamiento del partido y el de Izquierda Unida. El PCE e IU tienen, cada uno, un papel que cumplir y ambos son complementarios y absolutamente necesarios.

FEMINISMO, ECOLOGISMO Y REPUBLICANISMO
M.O.: ¿Cuáles son las tareas entre la XII y la XIII Asamblea, con el objetivo de llegar a 2025 con una IU más fuerte?
A.G.: Necesitamos asumir el diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro entorno. Eso significa asumir la gravedad de la crisis económica, la gravedad de la crisis política y territorial y la gravedad de la crisis ecológica. Debemos ser conscientes de que nos estamos jugando la vida misma porque el capitalismo está amenazando al planeta, las condiciones de vida de la mayoría social y de la gente más desfavorecida en particular, y, por lo tanto, tenemos que organizarnos para que se pueda abrir una trayectoria distinta. Una trayectoria que, en lo concreto, para nosotros significa: feminismo, ecologismo y republicanismo. Con esos tres vectores de actuación para transformar la realidad concreta y con un horizonte político deseable, como es la República Federal, necesitamos ser capaces de seguir convenciendo a otros conciudadanos de que éste es el instrumento útil. Para eso, necesitamos tener mucha más gente y mucha más capacidad de llegar a la sociedad. El papel de Izquierda Unida es llegar a la gente que no es de IU. Ese ejercicio de diálogo es en lo que consiste fortalecer IU.
M.O.: ¿Por qué es importante que IU sea feminista y qué le aporta el feminismo a las otras almas de IU: el hilo rojo, el blanco y el verde?
A.G.: Nosotros venimos de una tradición política hermosa, que viene de la Ilustración y que se convirtió en el socialismo científico, teorizado por Marx y Engels, en la que siempre hemos tenido una especial atención a lo que son las condiciones de la producción y eso ha condicionado todo nuestro análisis. Lo que ocurre es que, en una sociedad concreta, para que haya producción hacen falta dos cosas: planeta (recursos) y cuidados. Los cuidados han sido históricamente una tarea otorgada, en la reproducción sexual del trabajo, a la mujer. Ese espacio invisibilizado durante tanto tiempo, del que la mujer ha luchado por emanciparse, en nombre del feminismo, desde el punto de vista de la tradición política necesita ser reclamado como una óptica más completa. Todo lo derivado de esa reclamación, que implica el reparto de cuidados, la equiparación salarial, desde la parte laboral a la no laboral, es absolutamente necesario integrarlo en una perspectiva de izquierdas que, a pesar de lo heroico de sus luchas, ha invisibilizado tradicionalmente ese otro rasgo tan importante que se refiere, nada más y nada menos, que a la mitad de la población mundial.

M.O.: IU reafirma su apuesta por la República en esta asamblea y la vincula a la ruptura democrática. ¿Qué significa eso?
A.G.: Significa entender que, en nuestro país, como en todos, la historia condiciona el presente. En los últimos doscientos años en España ha habido muy pocas victorias progresistas o de izquierdas. El poder de la reacción en nuestro país ha sido inmenso. Han sido siempre capaces de coartar cualquier intento emancipatorio. El ejemplo más reciente es el de la propia II República, un proceso cortado de raíz con un golpe de Estado. Eso deja un poso. Y quienes han ganado la mayoría de esas victorias han impuesto una noción de país muy reaccionaria: una España homogénea, unitaria, centralista, monárquica. Hay otra forma de concebir España que asume la diversidad y la cooperación. Una forma más democrática, republicana, que puede y debe ser la solución frente a esa fuerza que por parte del nacionalismo español es centrípeta y por parte de los independentismos es centrífuga. No se trata de elegir entre la España de Menéndez-Pelayo y toda su corriente política -desde Cánovas del Castillo hasta el propio Pablo Casado, pasando por Primo de Rivera- o la independencia de territorios como Cataluña o Euskadi. Hay otra opción y es entender una España republicana, donde todos cabemos, donde prima esa diversidad con la defensa de los derechos de la clase trabajadora, independientemente de dónde hayan nacido. El republicanismo es ese elemento que une las tradiciones socialistas con las tradiciones democráticas. Significa, por lo tanto, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, derecho a comer, a vivir dignamente, y lo hace en un Estado que reconoce que somos diversos, que hay diferentes culturas, lenguas, formas de administrarse y que todo eso es perfectamente compatible. El republicanismo supone una democratización profunda dentro del Estado.

M.O.: ¿Qué papel ha tenido la monarquía como institución con respecto a la calidad de nuestra democracia?
A.G.: Es importante recordar que nuestro país, cuando votó por la Constitución, votaba precisamente entre Constitución identificada con libertad frente a la dictadura. Y en el paquete de la Constitución venía la monarquía. La gente no tuvo la oportunidad de elegir la definición de la jefatura del Estado. Hoy conocemos, con la ventaja que nos concede el tiempo, que Adolfo Suárez fue reacio a hacer un referéndum porque tenían datos que indicaban que saldría victoriosa la República. Por lo tanto, estamos ante una monarquía que viene en el pack democrático, sobre la que, efectivamente, el ciudadano Juan Carlos de Borbón, entonces rey, actuó de manera legitimadora para frenar un golpe de Estado. Con alguna nebulosa que todavía está por conocer porque los documentos permanecen clasificados-. Esa construcción mitificadora de la monarquía impide ver lo que hizo en los años sucesivos. Es una monarquía hereditaria, inviolable y vitalicia, que no tiene que rendir cuentas. Por eso puede pasar lo que parece que ha pasado: que se ha producido un saqueo sistemático desde la propia institución del Estado, sin que se le pudiera fiscalizar. La monarquía es una figura inviolable. Todo lo que pasó hasta la abdicación de Juan Carlos I está protegido jurídicamente, según la interpretación dominante, y posteriormente está protegido por diferentes factores, más complejos. En definitiva, la narrativa mitificadora ha premiado con una impunidad terrible a una monarquía que la ha usado, por lo que sabemos, en cuestiones verdaderamente oscuras.

TRANSFORMAR LA ECONOMÍA PARA CAMBIAR LA ESTRUCTURA DEL PODER Y DE LA RIQUEZA
M.O.: Los grupos empresariales se están preparando para un festín de dinero público. ¿Qué puede esperar la clase trabajadora de los fondos europeos y del anunciado incremento del gasto público? Los ataques desde los grupos económicos y mediáticos contra Unidas Podemos, ¿tienen algo que ver con esta cantidad tan importante de fondos que hay que administrar?
A.G.: Sí. Hay varias dimensiones en juego. Una de ellas tiene que ver con que vivimos una crisis económica y una crisis sanitaria que ha impactado duramente en la economía porque hemos tenido que cerrar la actividad económica en gran medida para protegernos de la pandemia. Como consecuencia, tras una batalla importante en Europa, tenemos comprometidos una serie de recursos ingentes, 75.000 millones de euros para dedicar a la recuperación económica y a la transformación de nuestro país. Son cantidades muy grandes de dinero que pueden usarse de muy diferentes formas.
Lo que proponemos es aprovechar la situación para modernizar el país. No sólo para compensar pérdidas. También para ser capaces de construir motores de transformación económica, basados en alta tecnología y alto valor añadido. Y esto, que es el debate de la reindustrialización, implicaría, de una manera u otra, tocar la estructura de poder de nuestro país. Eso es algo que no gusta a determinados actores, acostumbrados a vivir, en algunos casos, de los concursos públicos de la administración. Cualquier propuesta transformadora implica resistencias por parte de aquellos que se ven posiblemente perjudicados. Las grandes empresas no opinan todas lo mismo. Hay grandes empresas más vanguardistas o dinámicas, que estarían de acuerdo con lo que estoy diciendo, y hay una serie de empresas, también grandes, que han tenido una cultura de clientelismo, de la oligarquía. Son actores que tienen mucho poder, en el sentido más amplio de la palabra, con capacidad de influir en la determinación de las agendas mediáticas, por ejemplo, que están en una importantísima ofensiva para que nosotros dejemos de tener influencia. Los ataques brutales a Unidas Podemos, a Izquierda Unida, a Pablo Iglesias, obedecen a un intento claro de quitarnos influencia porque queremos hablar de cosas como la reforma de las pensiones y la reforma laboral, queremos hablar de la modernización del país y tenemos una agenda que pone el foco en la estructura del poder y de la riqueza. Eso es algo que no están dispuestos a tolerar las grandes empresas y quienes, de una manera u otra, han gobernado siempre sin presentarse a las elecciones.

M.O.: Después de cincuenta años de defensa cerrada de las políticas neoliberales asociadas a la austeridad en el gasto público, el FMI defiende ahora los programas de estímulo fiscal y de gasto público y resta importancia al aumento de la deuda pública. El neo-keynesianismo parece que se ha puesto de moda en el mundo. En nuestro país, destacados miembros del gobierno de coalición lo abrazan abiertamente. ¿Hay espacio para una política que vaya más allá en el gobierno de coalición?
A.G.: Muchos economistas internacionales y nacionales se han dado cuenta de que la única forma de salvar al capitalismo era protegerse de sus excesos. Esto es lo que básicamente significa el keynesianismo. Pero tiene múltiples facetas y objetivos políticos cuando se aplica. Puedes utilizar un estímulo fiscal para transformar la economía o para tapar los boquetes de empresas amigas, para salvar a los bancos o para crear una empresa pública. Estamos en un debate en el que muchas veces nos perdemos porque nos quedamos en las etiquetas. Europa necesita pasar de la fase neoliberal, los organismos financieros internacionales ya se han dado cuenta pero todavía hay una fuerte inercia en todas las instancias. Y al final es la realidad la que se impone. Ante la pandemia no les ha quedado más remedio, incluso a quienes se negaron siempre, que aceptar medidas heterodoxas. La cuestión es si estamos capacitados para ser más audaces y más ambiciosos. Técnicamente es posible, el problema es de voluntad política. Esa es la batalla en la que estamos. Desde todos nuestros espacios insistimos en la necesidad de que ese dinero se dedique a mejorar la vida de las personas y no sólo a tapar los agujeros del sistema, que es a lo que se ha dedicado el keynesianismo de facto en los últimos diez años. Hace falta ser más radical y contundente. Necesitamos que la gente y el planeta sean protegidos y ambas cosas requieren de un inmenso paquete de estímulo para transformar nuestra economía, adaptarla a los retos medioambientales y proteger a los más vulnerables.
Publicado en el Nº 342 de la edición impresa de Mundo Obrero marzo 2021

El PCE ante el 40 aniversario del 23F: llamamos a la máxima unidad para defender la democracia

Cuando se cumplen 40 años del golpe de estado del 23F, no podemos tener un relato claro de los acontecimientos al permanecer aún en secreto mucha documentación relacionada con este golpe de Estado. Pero gracias a la investigación histórica sí tenemos la certeza de que fueron las élites económicas del país las que, en connivencia con los sectores franquistas con influencia en instituciones del Estado, auspiciaron una intervención golpista para poner freno al proceso de conquistas democráticas iniciados tras la muerte de Franco.
Hoy, 40 años después del 23F y a 85 años del golpe de Estado contra la II República, asistimos a una escalada desestabilizadora contra la democracia que debe poner en alerta al conjunto de fuerzas democráticas, políticas, sindicales y sociales.
El Partido Comunista de España vuelve a denunciar la existencia de una operación de desestabilización de la democracia. En primer lugar, se intentó por todos los medios impedir la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, y ahora pretenden acabar con el gobierno de coalición.
No cabe duda de que existe un plan organizado desde la derecha política, económica y judicial más extrema con la participación de sectores mediáticos cuyo objetivo es sacar a Unidas Podemos del Gobierno por cualquier medio, sirviéndose especialmente de la intoxicación mediática, el acoso judicial y la utilización antidemocrática de distintas instituciones del Estado a través de una abierta injerencia en ellas como es el caso en las FCSE y la actividad desestabilizadora de sectores “retirados” de las FFAA.
Sin duda la infiltración de la ultraderecha en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su utilización para sus fines políticos, constituye una grave amenaza a la democracia, aunque todavía a fecha de hoy esta injerencia ultraderechista no parece que sea mayoritaria aunque estén trabajando activamente para serlo.

Desde julio de 2018 hasta hoy vienen proliferando y multiplicándose las cartas y manifiestos firmadas por militares en situación de retiro descalificando al actual sistema democrático pidiendo medidas de intervención para corregir lo que consideran una “situación política inaceptable”, eufemismo para denominar al gobierno de coalición en el que participa Unidas Podemos. También se han difundido manifestaciones propias del franquismo desde sectores del Poder Judicial, expresamente dirigidas contra el PCE.
En los últimos días, asistimos a la intensificación de la permanente campaña de agitación orquestada contra Unidas Podemos y el gobierno de coalición protagonizada por los principales medios de comunicación, volviendo a usar para ello la clásica estrategia de distorsión e intoxicación informativas. El objetivo de todas estas operaciones es acabar con el Gobierno de coalición o, al menos, evitar que ponga en marcha las medidas del acuerdo de gobierno para mejorar las condiciones de vida de las clases populares de nuestro país, especialmente la reforma laboral, la defensa de las pensiones públicas, la recuperación de las libertades cercenadas por años de gobierno de la derecha y el impulso a las leyes de igualdad.
Ante el resurgimiento del fascismo y el avance de la ultraderecha, llamamos a la máxima unidad de las fuerzas democráticas políticas, sociales y sindicales ante los ataques, las provocaciones y las intoxicaciones contra el gobierno de coalición, en defensa de la democracia y las libertades públicas.
¡Unidad para defender la democracia frente a la desestabilización de la ultraderecha!

Alberto Garzón denuncia la “ofensiva brutal” para “deslegitimar” que Unidas Podemos siga en el Gobierno y pueda aplicar un “acuerdo de coalición a cuya letra y espíritu somos leales”

El Coordinador Federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha denunciado y advertido hoy sobre la “ofensiva brutal” contra la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, para “tratar de deslegitimarnos” y para forzar una salida del mismo. Frente esta evidencia, Garzón considera que “este Gobierno de coalición es necesario para España y, más si cabe, para las clases populares y trabajadoras de nuestro país” y ha destacado más que nunca que “somos leales a este acuerdo de coalición, somos leales a la letra y al espíritu que aparece en la firma que llevó a este Gobierno y que es el resultado de lo que desean los españoles y expresó la soberanía popular en las últimas elecciones”.
El máximo responsable de IU y ministro de Consumo abrió esta mañana con la exposición de su informe político la reunión por vía telemática de la Coordinadora Federal de esta formación -máximo órgano ejecutivo de dirección-, en lo que es su último encuentro antes de la celebración de la XII Asamblea Federal el próximo mes de marzo.
En su análisis de coyuntura política incidió en la idea de que “algunos actores socioeconómicos se han llevado una desilusión al ver que sus expectativas sobre una supuesta debacle de Unidas Podemos en las elecciones catalanas no ha tenido lugar”.
“Estaban preparando ya sus elementos -expuso- para lo que siempre han tenido en mente, que es la salida de Unidas Podemos del Gobierno, pero no lo han conseguido por esa vía y lo están intentando con otros argumentos distintos. Conocemos estas estrategias incluso antes de estar en el Gobierno de coalición”.
Garzón ha advertido de que “se nos trata de demonizar y se nos ha atacado por tierra mar y aire. En estos últimos días asistimos a una repetición, bien conocida por nosotros porque el lenguaje y las formas son los mismos, porque los instrumentos son los mismos” y el objetivo es torpedear ese “acuerdo de las izquierdas” para formar Gobierno y “que nos permitiera tener influencia y capacidad de acción”.
Indicó que la forma “más gráfica de visualizar todo esto” son los “ataques feroces contra Pablo Iglesias, a veces con manipulaciones descaradas, falsarias, fake news inventadas para construir en el imaginario una idea falsa de la realidad que, sin embargo, pueda tener efectos prácticos contra nosotros”.
Ante ello señaló que “desde Izquierda Unida estamos firmemente comprometidos con el espacio de Unidas Podemos y con el compañero Pablo Iglesias. Estamos juntos en este proyecto político, en la defensa de la clase trabajadora de España y estamos juntos en la defensa frente a esos ataques de determinados actores políticos y socioeconómicos que buscan otros objetivos distintos, legítimos si se produjeran en el campo de la política democrática, pero ilegítimos cuando se vehiculan con mentiras, manipulaciones y descalificaciones infundadas”.

“Tenemos muy claro que estamos en este Gobierno -apostilló- porque firmamos un acuerdo de coalición de lo que queremos hacer, y de lo que la correlación de fuerzas nos deja hacer, para transformar la vida de la ciudadanía”.
Alberto Garzón apuntó que la total “lealtad a este acuerdo de coalición” es fundamental abordar los “retos importantes debido a la situación económica, social, territorial, ecológica y más recientemente, también sanitaria” que exigen soluciones, lo que “implica tomar posición y una dirección ideológica. Creemos que la del acuerdo de coalición es la dirección correcta, por eso lo defendemos y por eso somos leales a él”.
El Coordinador Federal de IU constató que las formaciones que integran el Ejecutivo “somos partidos distintos, es evidente que tenemos diferencias sobre puntos distintos, pero también debe ser evidente que lo que nos vincula democráticamente con nuestro electorado y con la esperanza de la gente de izquierdas en nuestro país es lo suscrito en el acuerdo de coalición”.
“Unidas Podemos es la garantía de que se cumpla y estamos convencidos de que es bueno para este país que sea así, por eso vamos a hacer todo lo posible para que se cumpla al milímetro”, indicó. Hacerlo supone soportar el “poder salvaje de los actores socioeconómicos que utilizan mecanismos para presionar y coaccionar para que no se cumplan los deseos de la ciudadanía. Esta convicción tan firme es lo que nos hace aguantar todos los ataques y amenazas, de toda naturaleza además, para seguir defendiendo este proyecto político que creemos necesario para este país”.
Garzón denunció también que “este clima que se extiende en nuestro país” es el resultado de “la estrategia política de una derecha que no ganó las elecciones en los últimos años y que, precisamente por eso, pretende derribar a un Gobierno legítimo radicalizando sus posiciones, deslegitimando en particular a la parte de Unidas Podemos de ese Gobierno”.

Avisó que esta estrategia “lo único que está consiguiendo es crear un clima más reaccionario y un espacio político para que la ultraderecha siga creciendo”. Recordó que el denominado ‘trío de Colón’ “que se reunió para decir no al diálogo en este país, con dos partidos de derecha y uno de ultraderecha” y la simbólica foto que protagonizaron sus líderes solo ha traído como consecuencia “la crisis de los dos partidos conservadores y liberales de la derecha tradicional, y la apertura de las puertas y aeropuertos políticos para la ultraderecha. Ese ha sido el efecto visible de la radicalización discursiva y material de la derecha política en España”.
Para Alberto Garzón “esto cala en la sociedad” y de ahí que “crezcan conductas xenófobas, homófobas, racistas y reaccionarias, que lo que hacen es normalizar el fascismo”.
“De lo que hablamos -detalló- es de conductas neofascistas y posiciones antidemocráticas. La extrema derecha crece al calor de estos principios y valores reaccionarios. Tiene propuestas como ilegalizar a los partidos que no son de su cuerda y no comparten su idea reaccionaria y homogénea de nuestro país”.
Todo ello se está viendo en un “momento político de especial dificultad, con una crisis económica derivada de una pandemia sanitaria, que sigue a otra crisis que no había terminado de resolverse para la gente más desfavorecida o con una crisis generacional grave u otra territorial que pone en cuestión todo”, incluida la dura situación en lo que se conoce como la España vaciada, “con territorios que se están quedando al margen de las decisiones políticas”.
El ministro de Consumo lamentó que es “sobre ese caldo de cultivo” donde crece la extrema derecha “al calor de esos valores y principios promovidos no solo desde el PP y Ciudadanos, sino de otras instituciones que han asumido un programa conservador que ni siquiera en los años 80 y 90 se hubieran atrevido”.

 

Acto del PCA de Málaga por el 84 Aniversario de la caída de Málaga, “La Desbandá”

El pasado martes, 16 de febrero a las 19:00 horas, coincidiendo con el 85º aniversario de la victoria del Frente Popular en las elecciones, el PCA de Málaga celebró un acto en Recuerdo y Memoria a las Víctimas de la "Carretera de Málaga-Almería", uno de los episodios más dramáticos de la guerra civil y una de las primeras masacres contra una población civil indefensa que huía por la carretera, mientras era agredida por la flota y la aviación franquista y sus aliados nazis y fascistas italianos, y que a día de hoy sigue necesitando reparación y justicia.
Durante el acto en el que participaron, Encarnación Barranquero Texeira, Doctora en Geografía e Historia (sección Historia Contemporánea) de la Universidad de Málaga; José Manuel Fuentes, responsable de Memoria Democrática del Comité Provincial del PCA Málaga; Isidoro Coello Infantes, responsable de Memoria en el Comité provincial del PCA de Granada y ejerciendo de conductor del acto Juaniko Navas, responsable del Área Externa del PCA de Málaga, se recordó como era la Málaga de la época, el triunfo del Frente Popular y esos negros días de febrero de 1937 de la caída de la provincia y capital de Málaga, el papel que jugaron las Brigadas Internacionales en la defensa de los valores democráticos y la importancia del legado del médico comunista canadiense Norman Bethune.
Honor y Gloria a lo mejor de una generación, aquellos y aquellas que lucharon por la democracia frente al peor fascismo.
¡Viva por siempre la República!
¡Viva el Partido Comunista de España!

Eduardo Zorrilla, portavoz de la confluencia de IU y Podemos dimite por motivos personales y será sustituido por la camarada Remedios Ramos

El concejal portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla, ha hecho pública la renuncia a su condición de concejal a partir del pleno del próximo 25 de febrero, aduciendo motivos “profesionales y personales”. Tras casi una década de cargo público en el consistorio malagueño, Zorrilla será sustituido por Remedios Ramos, número cuatro de la lista electoral de la coalición, quien ya desempeñó labores como concejal durante el pasado mandato municipal ente 2015 y 2019.
Zorrilla ha explicado que las razones de su decisión son “puramente personales y profesionales, siempre he partido de la convicción de que la política no es una profesión, sino una dedicación. Y que las personas que desempeñamos una labor pública estamos de paso. La renovación de las personas es saludable para la democracia. Junto a ello, me surge la necesidad de ordenar la transición a mi vida profesional como abogado, profesión que ejercí durante casi 20 años antes de ser concejal en 2011, y para la que ahora me ha surgido una ilusionante oportunidad, al recibir la llamada para mi incorporación como abogado a la plantilla de la Diputación de Málaga, ya que formaba parte de una bolsa de trabajo desde 2017, cuando participé y aprobé una convocatoria pública”.
El portavoz de la coalición de izquierdas manifiesta que “ha sido un orgullo representar a más de 25.000 votantes de Izquierda Unida y Podemos y un honor y un privilegio ser concejal de mi ciudad y poder trabajar por mi querida Málaga y por toda su gente honesta y trabajadora, nos hubieran votado o no”.

Zorrilla ha agradecido la “grandísima labor de Paqui Macías y Nico Sguiglia durante el período juntos como concejales del grupo de la confluencia de IU y Podemos”, a la vez que ha mostrado su “convencimiento de que con la próxima reincorporación de Remedios Ramos seguirán haciendo un gran trabajo en favor de Málaga y sus habitantes”. También ha destacado que “el compromiso de IU y Podemos se ha caracterizado por una decidida voluntad de defender a las clases populares, a la gente honesta y trabajadora de nuestra ciudad y de trabajar por una Málaga más igualitaria y solidaria, más democrática y participativa, más sostenible y habitable. Creo que siempre lo hemos hecho con coherencia y honestidad, respetuosos en las formas y firmes en los contenidos, siendo rigurosos y solventes en nuestras propuestas y en nuestras críticas al gobierno y trasladando las reclamaciones de los sectores sociales con los que compartimos una propuesta alternativa para una Málaga mejor. Y así estoy seguro de que seguirá siendo para que en 2023 podamos ser alternativa de gobierno en Málaga”.
Zorrilla ha dejado claro que “aunque me retiro de la actividad política institucional, de la primera línea, seguiré militando en IU y en el PCE, donde lo he hecho desde muy joven, y seguiré trabajando por la confluencia con Podemos y la unidad de todas las fuerzas políticas de izquierdas. Nunca me he avergonzado de reclamarme comunista, sinónimo en este país de lucha por la democracia y el socialismo, lo que no me ha impedido nunca respetar y aprender de personas con otras ideologías”.

 

2021: El centenario de la Juventud Comunista

En este vídeo presentamos la campaña por el Centenario de la Juventud Comunista, que se conmemora en el año 2021. Cada mes durante todo el año, subiremos vídeo al canal para conmemorarlo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales:

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Acto inaugural del Centenario del Partido Comunista de España. Un futuro con Partido

Hoy hemos iniciado la conmemoración del centenario del PCE con un Acto que ha contado con la participación de historiadores y protagonistas de nuestra historia, de compañeras y compañeros de organizaciones políticas y sociales con las que la compartimos y canciones que la acompañaron.
"Honor y gloria a todos los camaradas y las camaradas que a lo largo de 100 años han dado lo mejor de sí para construir un mundo mejor. Enhorabuena a todos y todas por optar por organizarse en el PCE, orgullo de historia y de lucha".
José Antonio Carmona, Secretario Político Local del PCA de Málaga

El programa del gobierno de coalición en el centenario del PCE

Enrique Santiago, Secretario General del PCE
Mundo Obrero
Hemos iniciado 2021 cumpliendo el primer aniversario del gobierno de coalición y vamos a celebrar el centenario del PCE. Con un escaso 10% de la representación parlamentaria, Unidas Podemos ha conseguido levantar un importante escudo social para proteger a nuestro pueblo ante la gravísima crisis provocada por la pandemia. Hemos aprobado unos Presupuestos Generales del Estado muy expansivos en gasto público, enterrando la época de los recortes y reforzando el bloque de gobernabilidad al incorporar a fuerzas políticas de la izquierda nacionalista.
Este año nuestro objetivo será retomar la agenda de cumplimiento del programa del gobierno de coalición más allá de las medidas urgentes y coyunturales que la pandemia nos ha obligado a priorizar. El programa incluye dos categorías de medidas: las relativas a las reformas económicas, sociales y laborales y las de recuperación de las libertades públicas cercenadas durante los gobiernos de la derecha.
La reforma laboral y las reformas fiscales son nuestras prioridades más urgentes, junto al impulso de las políticas públicas, industriales y de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Sólo la combinación de estas medidas permitirá abandonar el modelo neoliberal y de terciarización de nuestra economía que ha imperado en las últimas décadas.
España tiene que recuperar su soberanía económica y para ello hay que recuperar la capacidad industrial. Es imprescindible alcanzar capacidades en desarrollo tecnológico, investigación, innovación y digitalización, lo que requiere un incremento de las inversiones públicas, especialmente en formación profesional y educación superior. Solamente recobrando el papel del Estado y las instituciones públicas en la planificación e impulso de la actividad económica es posible avanzar en la recuperación de nuestra soberanía y abandonar definitivamente las políticas neoliberales.

Derogar la reforma laboral, proteger las pensiones, justicia fiscal y garantizar las libertades públicas
Debemos dejar sin efecto este año la reforma laboral neoliberal, aprobando las modificaciones legislativas necesarias para acabar con la precarización del empleo. Nuestro objetivo es construir un nuevo modelo de relaciones laborales, respetuoso de los derechos de las personas trabajadoras y que permita que el empleo sea un derecho garantizado que posibilite una vida digna para todo el mundo y recupere plenamente la causalidad en las relaciones laborales, que proporcione un modelo laboral que afiance los derechos de los trabajadores frente al poder empresarial, que acabe con la precarización y la desregulación laboral, que entierre el actual modelo de explotación, consecuencia del constante debilitamiento de las relaciones laborales y su sustitución por un marco de relaciones entre empresarios y supuestos trabajadores autónomos.
Frente a las voces que piden una reforma del sistema de pensiones que incremente los años de cotización así como la imposición de amplios periodos de vida laboral para el cálculo de la cuantía de las pensiones de jubilación, nuestra posición será oponernos, defendiendo que esas medidas son claramente perjudiciales para la clase trabajadora y además no se encuentran contempladas entre las 22 recomendaciones alcanzadas por el Pacto de Toledo en el Congreso en noviembre del año pasado.
También debemos avanzar en la reforma tributaria y fiscal para establecer un modelo que garantice una justa redistribución de la riqueza y compense las desigualdades sociales intrínsecas al sistema capitalista. Las primeras y moderadas reformas del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades, acordadas en los Presupuestos Generales del Estado, deben ser solamente el inicio una nueva política fiscal derivada de los contenidos del acuerdo programático del gobierno de coalición. En el sistema tributario español debe primar la imposición directa frente a la indirecta y la mayor fuente de ingresos fiscales debe ser la recaudación sobre las rentas del patrimonio y del capital y no, como ocurre ahora, sobre las rentas del trabajo, especialmente en los sectores de empleados con ingresos medios.

Respecto a la garantía de las libertades públicas, este debe ser el año de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) para recuperar y ampliar los espacios de libertades públicas que fueron recortados por los gobiernos del Partido Popular para golpear a la movilización popular. Estas medidas de recuperación de las libertades deben complementarse con una reforma del Código Penal que garantice la libertad de expresión y penalice la desestabilización del gobierno de coalición mediante la difusión masiva de informaciones falsas. Hay que acabar con la actual regulación de los delitos denominados de injurias a la Corona, con los delitos de enaltecimiento del terrorismo (que en la práctica vienen utilizándose para reprimir a músicos, artistas y otros creadores) y con los delitos relativos al ejercicio de la actividad sindical.
También debe ser el año del debate social sobre distintas reformas institucionales, necesarias para garantizar los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente los económicos y sociales pero también las libertades públicas. Nuestro país adolece de serias deficiencias institucionales en un contexto de agotamiento del modelo político diseñado con la Constitución de 1978 que sirvió para transitar desde un régimen autoritario y dictatorial hacia un modelo formalmente democrático pero que no ha sido capaz de garantizar una democracia plena ni de conseguir unas relaciones equilibradas entre los distintos pueblos que componen España.
Especial sustracción al control democrático viene mostrando el poder judicial que actúa con excesiva frecuencia en defensa de los intereses de las élites y se ha convertido en un agente político activo contra los avances sociales y políticos progresistas, añadiendo el bloqueo a la renovación de sus órganos de gobierno para mantener una hegemonía conservadora que no se corresponde con la actual manifestación de la voluntad popular.

Estado republicano y federal
Otra asignatura pendiente que debemos acometer a la mayor brevedad es la reestructuración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. No se puede permitir que estas instituciones se aparten de la neutralidad política que exige cualquier modelo democrático como ha venido ocurriendo. Han sido penetradas por las fuerzas políticas más conservadoras y ultraderechistas que abiertamente realizan actividades de proselitismo.
La necesidad de modernización institucional cada vez es más palpable y está más presente en importantes sectores de la sociedad española que especialmente cuestionan una monarquía que, lejos de ser una figura meramente decorativa, conserva el control de importantes instituciones, como la jefatura de las Fuerzas Armadas.
El debate entre monarquía o república ofrece hoy una opción de cohesión política en torno a la defensa de un modelo republicano para un importante segmento de la sociedad de carácter progresista. El PCE debe prepararse para consolidar la reivindicación republicana -entendida como el acceso a la plena garantía de derechos sociales, políticos y económicos para todas las personas, en un marco de Estado plurinacional- y convertirla en el elemento de cohesión y fortalecimiento del proceso de convergencia política y social que hemos comenzado a construir en torno al espacio de Unidas Podemos.
Nuestros adversarios políticos han percibido el peligro que supone que la izquierda sea capaz de poner en pie un proyecto colectivo que aúne sectores progresistas y reivindicaciones territoriales en torno a un modelo de Estado republicano y federal. Las manifestaciones de fuerzas hasta ahora secesionistas, expresando su voluntad de colaborar en la construcción de un modelo de Estado más solidario y avanzado, significan una ventana de oportunidad para la República Federal pero también una advertencia para aquellos sectores que no dudan en intervenir con todos los medios a su alcance para no perder sus privilegios, aunque ello suponga el recurso a medidas autoritarias.
La izquierda solamente saldrá victoriosa si somos capaces de generar una mayoría social convencida de la posibilidad y la necesidad de estos cambios. Y para ello los comunistas tenemos que cumplir un papel esencial como organizadores de nuestro pueblo, como fuerza política consciente de la posibilidad de abordar la construcción de un modelo constitucional más justo y solidario.
En los cien años que celebramos, el PCE ha sido un actor clave en la historia de España y somos una fuerza política que cuenta con un proyecto actual de transformación socialista. Nuestro centenario debe convertirse en una celebración de toda la izquierda, del movimiento obrero, de la cultura alternativa, del pensamiento crítico y de las organizaciones sociales. No concebimos el centenario sólo como una conmemoración histórica sino como una oportunidad más en la lucha política actual.
Resumen del artículo publicado en el número 249 de Nuestra Bandera.

IU denuncia la “abusiva e injustificable” subida de la electricidad y reclama “tomar medidas para que la energía sea un derecho irrenunciable en un sistema donde prevalezca el control público”

Izquierda Unida denuncia la “abusiva e injustificable” subida del precio de la electricidad por parte de las grandes compañías de la energía que operan en España “hasta alcanzar niveles récord y convertirnos en uno de los países con la electricidad más cara de toda la Unión Europea. Lo llevan a la práctica precisamente en plena ola de frío y nieve, y cuando buena parte de la ciudadanía debe sumar esta escandalosa subida a la vulnerabilidad que arrastra por las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19, entre otros problemas”.
Para Sira Rego, responsable federal de Acción Política de IU y portavoz de esta formación en el Parlamento Europeo, “hemos llegado a una situación insoportable, que es consecuencia de los intereses económicos particulares del oligopolio eléctrico”. La dirigente de Izquierda Unida considera “imprescindible” que “las distintas administraciones e instituciones competentes, entre ellas el Gobierno, analicen con detalle este grave problema y actúen de inmediato para que la energía sea un derecho básico irrenunciable, en su sistema de distribución y uso donde prevalezca el control público de la mayoría”.
Recuerda que IU siempre ha defendido “romper este dañino oligopolio” y apuesta por crear “una empresa pública y unas nuevas normas que contribuyan a adecuar el mercado para garantizar precios máximos a determinadas unidades familiares más vulnerables y garantizar cupos mínimos vitales de energía para, desde luego, alcanzar otro tipo de composición y usos energéticos”.
Para Rego, “aunque esta ola de frío aumente, como es lógico, la demanda eléctrica y la meteorología no esté siendo muy propicia para la generación de las renovables, incluso con un mercado del gas con precios en aumento por coyunturas externas, no se pueden justificar unos precios mayoristas que sobrepasan cualquier límite, como ocurrió ayer viernes, algo que no tiene un equivalente así en los países de nuestro entorno”.

Ante la magnitud del problema, Izquierda Unida plantea un conjunto de medidas, entre las que destaca:
1.Cumplir con el punto 3.2 del Acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE para acometer una profunda reforma del mercado eléctrico que evite estas situaciones de precios extremadamente elevados.
2.Que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abra de forma efectiva y hasta las últimas consecuencias como organismo regulador y supervisor del sector energético una investigación para dilucidar con transparencia cómo han operado los productores en estos últimos días, para aclarar cualquier sospecha sobre posibles actuaciones anticompetitivas de algunos agentes del mercado, como se ha demostrado que ha ocurrido en otras ocasiones por parte de algunas compañías.
3.Que en virtud de la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, el Ministerio para la Transición Ecológica intervenga de forma temporal, al menos hasta el final del estado de alarma, los precios de acuerdo a las excepciones que prevé el artículo 5 de dicha directiva.
4.Que se diseñe una tarifa regulada real que sustituya a la actual (PVPC), y no desregulada y bajo los exclusivos criterios del mercado como ocurre en la actualidad.
Izquierda Unida considera que “de forma racional, serena y tras un adecuado análisis de los múltiples estudios profesionales existentes, debe modificarse un sistema de fijación de tarifas mayoristas del mercado eléctrico que en estos momentos está basado en una subasta que fomenta la especulación”.
La responsable federal de Acción Política de IU apunta que “lo que se pone de manifiesto de forma recurrente es que la configuración actual del mercado eléctrico y su excesiva concentración lo hacen ineficiente. Una vez más queda demostrado que se debe actuar para evitarlo”.
Izquierda Unida respaldó de forma clara en el Acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE un compromiso para reformar el actual mercado eléctrico, tal y como se plasmó en el punto 3.2.
“Desde IU entendemos -señala Sira Rego- que es el momento para que el PSOE cumpla con sus compromisos y se pueda abrir una mesa de trabajo para abordar el diseño del nuevo modelo de mercado eléctrico. Las actuales distorsiones solo benefician a las empresas productoras de electricidad y al oligopolio que lo controla de forma mayoritaria, en claro perjuicio de los consumidores, especialmente los más vulnerables”.
Rego recuerda también que más de 10 millones de consumidores domésticos están acogidos a la tarifa regulada (PVPC) y que para solicitar el bono social, además de acreditar la condición de vulnerabilidad, “se debe estar incluido en esa tarifa, que consiste básicamente en una indexación de la evolución del mercado eléctrico, es decir, está sometida a la volatilidad del mercado, por lo que el riesgo del precio no lo asumen las compañías comercializadoras, sino los propios consumidores”.