Eduardo Zorrilla, portavoz de la confluencia de IU y Podemos dimite por motivos personales y será sustituido por la camarada Remedios Ramos

El concejal portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla, ha hecho pública la renuncia a su condición de concejal a partir del pleno del próximo 25 de febrero, aduciendo motivos “profesionales y personales”. Tras casi una década de cargo público en el consistorio malagueño, Zorrilla será sustituido por Remedios Ramos, número cuatro de la lista electoral de la coalición, quien ya desempeñó labores como concejal durante el pasado mandato municipal ente 2015 y 2019.
Zorrilla ha explicado que las razones de su decisión son “puramente personales y profesionales, siempre he partido de la convicción de que la política no es una profesión, sino una dedicación. Y que las personas que desempeñamos una labor pública estamos de paso. La renovación de las personas es saludable para la democracia. Junto a ello, me surge la necesidad de ordenar la transición a mi vida profesional como abogado, profesión que ejercí durante casi 20 años antes de ser concejal en 2011, y para la que ahora me ha surgido una ilusionante oportunidad, al recibir la llamada para mi incorporación como abogado a la plantilla de la Diputación de Málaga, ya que formaba parte de una bolsa de trabajo desde 2017, cuando participé y aprobé una convocatoria pública”.
El portavoz de la coalición de izquierdas manifiesta que “ha sido un orgullo representar a más de 25.000 votantes de Izquierda Unida y Podemos y un honor y un privilegio ser concejal de mi ciudad y poder trabajar por mi querida Málaga y por toda su gente honesta y trabajadora, nos hubieran votado o no”.

Zorrilla ha agradecido la “grandísima labor de Paqui Macías y Nico Sguiglia durante el período juntos como concejales del grupo de la confluencia de IU y Podemos”, a la vez que ha mostrado su “convencimiento de que con la próxima reincorporación de Remedios Ramos seguirán haciendo un gran trabajo en favor de Málaga y sus habitantes”. También ha destacado que “el compromiso de IU y Podemos se ha caracterizado por una decidida voluntad de defender a las clases populares, a la gente honesta y trabajadora de nuestra ciudad y de trabajar por una Málaga más igualitaria y solidaria, más democrática y participativa, más sostenible y habitable. Creo que siempre lo hemos hecho con coherencia y honestidad, respetuosos en las formas y firmes en los contenidos, siendo rigurosos y solventes en nuestras propuestas y en nuestras críticas al gobierno y trasladando las reclamaciones de los sectores sociales con los que compartimos una propuesta alternativa para una Málaga mejor. Y así estoy seguro de que seguirá siendo para que en 2023 podamos ser alternativa de gobierno en Málaga”.
Zorrilla ha dejado claro que “aunque me retiro de la actividad política institucional, de la primera línea, seguiré militando en IU y en el PCE, donde lo he hecho desde muy joven, y seguiré trabajando por la confluencia con Podemos y la unidad de todas las fuerzas políticas de izquierdas. Nunca me he avergonzado de reclamarme comunista, sinónimo en este país de lucha por la democracia y el socialismo, lo que no me ha impedido nunca respetar y aprender de personas con otras ideologías”.

 

2021: El centenario de la Juventud Comunista

En este vídeo presentamos la campaña por el Centenario de la Juventud Comunista, que se conmemora en el año 2021. Cada mes durante todo el año, subiremos vídeo al canal para conmemorarlo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales:

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Acto inaugural del Centenario del Partido Comunista de España. Un futuro con Partido

Hoy hemos iniciado la conmemoración del centenario del PCE con un Acto que ha contado con la participación de historiadores y protagonistas de nuestra historia, de compañeras y compañeros de organizaciones políticas y sociales con las que la compartimos y canciones que la acompañaron.
"Honor y gloria a todos los camaradas y las camaradas que a lo largo de 100 años han dado lo mejor de sí para construir un mundo mejor. Enhorabuena a todos y todas por optar por organizarse en el PCE, orgullo de historia y de lucha".
José Antonio Carmona, Secretario Político Local del PCA de Málaga

El programa del gobierno de coalición en el centenario del PCE

Enrique Santiago, Secretario General del PCE
Mundo Obrero
Hemos iniciado 2021 cumpliendo el primer aniversario del gobierno de coalición y vamos a celebrar el centenario del PCE. Con un escaso 10% de la representación parlamentaria, Unidas Podemos ha conseguido levantar un importante escudo social para proteger a nuestro pueblo ante la gravísima crisis provocada por la pandemia. Hemos aprobado unos Presupuestos Generales del Estado muy expansivos en gasto público, enterrando la época de los recortes y reforzando el bloque de gobernabilidad al incorporar a fuerzas políticas de la izquierda nacionalista.
Este año nuestro objetivo será retomar la agenda de cumplimiento del programa del gobierno de coalición más allá de las medidas urgentes y coyunturales que la pandemia nos ha obligado a priorizar. El programa incluye dos categorías de medidas: las relativas a las reformas económicas, sociales y laborales y las de recuperación de las libertades públicas cercenadas durante los gobiernos de la derecha.
La reforma laboral y las reformas fiscales son nuestras prioridades más urgentes, junto al impulso de las políticas públicas, industriales y de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Sólo la combinación de estas medidas permitirá abandonar el modelo neoliberal y de terciarización de nuestra economía que ha imperado en las últimas décadas.
España tiene que recuperar su soberanía económica y para ello hay que recuperar la capacidad industrial. Es imprescindible alcanzar capacidades en desarrollo tecnológico, investigación, innovación y digitalización, lo que requiere un incremento de las inversiones públicas, especialmente en formación profesional y educación superior. Solamente recobrando el papel del Estado y las instituciones públicas en la planificación e impulso de la actividad económica es posible avanzar en la recuperación de nuestra soberanía y abandonar definitivamente las políticas neoliberales.

Derogar la reforma laboral, proteger las pensiones, justicia fiscal y garantizar las libertades públicas
Debemos dejar sin efecto este año la reforma laboral neoliberal, aprobando las modificaciones legislativas necesarias para acabar con la precarización del empleo. Nuestro objetivo es construir un nuevo modelo de relaciones laborales, respetuoso de los derechos de las personas trabajadoras y que permita que el empleo sea un derecho garantizado que posibilite una vida digna para todo el mundo y recupere plenamente la causalidad en las relaciones laborales, que proporcione un modelo laboral que afiance los derechos de los trabajadores frente al poder empresarial, que acabe con la precarización y la desregulación laboral, que entierre el actual modelo de explotación, consecuencia del constante debilitamiento de las relaciones laborales y su sustitución por un marco de relaciones entre empresarios y supuestos trabajadores autónomos.
Frente a las voces que piden una reforma del sistema de pensiones que incremente los años de cotización así como la imposición de amplios periodos de vida laboral para el cálculo de la cuantía de las pensiones de jubilación, nuestra posición será oponernos, defendiendo que esas medidas son claramente perjudiciales para la clase trabajadora y además no se encuentran contempladas entre las 22 recomendaciones alcanzadas por el Pacto de Toledo en el Congreso en noviembre del año pasado.
También debemos avanzar en la reforma tributaria y fiscal para establecer un modelo que garantice una justa redistribución de la riqueza y compense las desigualdades sociales intrínsecas al sistema capitalista. Las primeras y moderadas reformas del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades, acordadas en los Presupuestos Generales del Estado, deben ser solamente el inicio una nueva política fiscal derivada de los contenidos del acuerdo programático del gobierno de coalición. En el sistema tributario español debe primar la imposición directa frente a la indirecta y la mayor fuente de ingresos fiscales debe ser la recaudación sobre las rentas del patrimonio y del capital y no, como ocurre ahora, sobre las rentas del trabajo, especialmente en los sectores de empleados con ingresos medios.

Respecto a la garantía de las libertades públicas, este debe ser el año de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) para recuperar y ampliar los espacios de libertades públicas que fueron recortados por los gobiernos del Partido Popular para golpear a la movilización popular. Estas medidas de recuperación de las libertades deben complementarse con una reforma del Código Penal que garantice la libertad de expresión y penalice la desestabilización del gobierno de coalición mediante la difusión masiva de informaciones falsas. Hay que acabar con la actual regulación de los delitos denominados de injurias a la Corona, con los delitos de enaltecimiento del terrorismo (que en la práctica vienen utilizándose para reprimir a músicos, artistas y otros creadores) y con los delitos relativos al ejercicio de la actividad sindical.
También debe ser el año del debate social sobre distintas reformas institucionales, necesarias para garantizar los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente los económicos y sociales pero también las libertades públicas. Nuestro país adolece de serias deficiencias institucionales en un contexto de agotamiento del modelo político diseñado con la Constitución de 1978 que sirvió para transitar desde un régimen autoritario y dictatorial hacia un modelo formalmente democrático pero que no ha sido capaz de garantizar una democracia plena ni de conseguir unas relaciones equilibradas entre los distintos pueblos que componen España.
Especial sustracción al control democrático viene mostrando el poder judicial que actúa con excesiva frecuencia en defensa de los intereses de las élites y se ha convertido en un agente político activo contra los avances sociales y políticos progresistas, añadiendo el bloqueo a la renovación de sus órganos de gobierno para mantener una hegemonía conservadora que no se corresponde con la actual manifestación de la voluntad popular.

Estado republicano y federal
Otra asignatura pendiente que debemos acometer a la mayor brevedad es la reestructuración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. No se puede permitir que estas instituciones se aparten de la neutralidad política que exige cualquier modelo democrático como ha venido ocurriendo. Han sido penetradas por las fuerzas políticas más conservadoras y ultraderechistas que abiertamente realizan actividades de proselitismo.
La necesidad de modernización institucional cada vez es más palpable y está más presente en importantes sectores de la sociedad española que especialmente cuestionan una monarquía que, lejos de ser una figura meramente decorativa, conserva el control de importantes instituciones, como la jefatura de las Fuerzas Armadas.
El debate entre monarquía o república ofrece hoy una opción de cohesión política en torno a la defensa de un modelo republicano para un importante segmento de la sociedad de carácter progresista. El PCE debe prepararse para consolidar la reivindicación republicana -entendida como el acceso a la plena garantía de derechos sociales, políticos y económicos para todas las personas, en un marco de Estado plurinacional- y convertirla en el elemento de cohesión y fortalecimiento del proceso de convergencia política y social que hemos comenzado a construir en torno al espacio de Unidas Podemos.
Nuestros adversarios políticos han percibido el peligro que supone que la izquierda sea capaz de poner en pie un proyecto colectivo que aúne sectores progresistas y reivindicaciones territoriales en torno a un modelo de Estado republicano y federal. Las manifestaciones de fuerzas hasta ahora secesionistas, expresando su voluntad de colaborar en la construcción de un modelo de Estado más solidario y avanzado, significan una ventana de oportunidad para la República Federal pero también una advertencia para aquellos sectores que no dudan en intervenir con todos los medios a su alcance para no perder sus privilegios, aunque ello suponga el recurso a medidas autoritarias.
La izquierda solamente saldrá victoriosa si somos capaces de generar una mayoría social convencida de la posibilidad y la necesidad de estos cambios. Y para ello los comunistas tenemos que cumplir un papel esencial como organizadores de nuestro pueblo, como fuerza política consciente de la posibilidad de abordar la construcción de un modelo constitucional más justo y solidario.
En los cien años que celebramos, el PCE ha sido un actor clave en la historia de España y somos una fuerza política que cuenta con un proyecto actual de transformación socialista. Nuestro centenario debe convertirse en una celebración de toda la izquierda, del movimiento obrero, de la cultura alternativa, del pensamiento crítico y de las organizaciones sociales. No concebimos el centenario sólo como una conmemoración histórica sino como una oportunidad más en la lucha política actual.
Resumen del artículo publicado en el número 249 de Nuestra Bandera.

IU denuncia la “abusiva e injustificable” subida de la electricidad y reclama “tomar medidas para que la energía sea un derecho irrenunciable en un sistema donde prevalezca el control público”

Izquierda Unida denuncia la “abusiva e injustificable” subida del precio de la electricidad por parte de las grandes compañías de la energía que operan en España “hasta alcanzar niveles récord y convertirnos en uno de los países con la electricidad más cara de toda la Unión Europea. Lo llevan a la práctica precisamente en plena ola de frío y nieve, y cuando buena parte de la ciudadanía debe sumar esta escandalosa subida a la vulnerabilidad que arrastra por las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19, entre otros problemas”.
Para Sira Rego, responsable federal de Acción Política de IU y portavoz de esta formación en el Parlamento Europeo, “hemos llegado a una situación insoportable, que es consecuencia de los intereses económicos particulares del oligopolio eléctrico”. La dirigente de Izquierda Unida considera “imprescindible” que “las distintas administraciones e instituciones competentes, entre ellas el Gobierno, analicen con detalle este grave problema y actúen de inmediato para que la energía sea un derecho básico irrenunciable, en su sistema de distribución y uso donde prevalezca el control público de la mayoría”.
Recuerda que IU siempre ha defendido “romper este dañino oligopolio” y apuesta por crear “una empresa pública y unas nuevas normas que contribuyan a adecuar el mercado para garantizar precios máximos a determinadas unidades familiares más vulnerables y garantizar cupos mínimos vitales de energía para, desde luego, alcanzar otro tipo de composición y usos energéticos”.
Para Rego, “aunque esta ola de frío aumente, como es lógico, la demanda eléctrica y la meteorología no esté siendo muy propicia para la generación de las renovables, incluso con un mercado del gas con precios en aumento por coyunturas externas, no se pueden justificar unos precios mayoristas que sobrepasan cualquier límite, como ocurrió ayer viernes, algo que no tiene un equivalente así en los países de nuestro entorno”.

Ante la magnitud del problema, Izquierda Unida plantea un conjunto de medidas, entre las que destaca:
1.Cumplir con el punto 3.2 del Acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE para acometer una profunda reforma del mercado eléctrico que evite estas situaciones de precios extremadamente elevados.
2.Que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abra de forma efectiva y hasta las últimas consecuencias como organismo regulador y supervisor del sector energético una investigación para dilucidar con transparencia cómo han operado los productores en estos últimos días, para aclarar cualquier sospecha sobre posibles actuaciones anticompetitivas de algunos agentes del mercado, como se ha demostrado que ha ocurrido en otras ocasiones por parte de algunas compañías.
3.Que en virtud de la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, el Ministerio para la Transición Ecológica intervenga de forma temporal, al menos hasta el final del estado de alarma, los precios de acuerdo a las excepciones que prevé el artículo 5 de dicha directiva.
4.Que se diseñe una tarifa regulada real que sustituya a la actual (PVPC), y no desregulada y bajo los exclusivos criterios del mercado como ocurre en la actualidad.
Izquierda Unida considera que “de forma racional, serena y tras un adecuado análisis de los múltiples estudios profesionales existentes, debe modificarse un sistema de fijación de tarifas mayoristas del mercado eléctrico que en estos momentos está basado en una subasta que fomenta la especulación”.
La responsable federal de Acción Política de IU apunta que “lo que se pone de manifiesto de forma recurrente es que la configuración actual del mercado eléctrico y su excesiva concentración lo hacen ineficiente. Una vez más queda demostrado que se debe actuar para evitarlo”.
Izquierda Unida respaldó de forma clara en el Acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE un compromiso para reformar el actual mercado eléctrico, tal y como se plasmó en el punto 3.2.
“Desde IU entendemos -señala Sira Rego- que es el momento para que el PSOE cumpla con sus compromisos y se pueda abrir una mesa de trabajo para abordar el diseño del nuevo modelo de mercado eléctrico. Las actuales distorsiones solo benefician a las empresas productoras de electricidad y al oligopolio que lo controla de forma mayoritaria, en claro perjuicio de los consumidores, especialmente los más vulnerables”.
Rego recuerda también que más de 10 millones de consumidores domésticos están acogidos a la tarifa regulada (PVPC) y que para solicitar el bono social, además de acreditar la condición de vulnerabilidad, “se debe estar incluido en esa tarifa, que consiste básicamente en una indexación de la evolución del mercado eléctrico, es decir, está sometida a la volatilidad del mercado, por lo que el riesgo del precio no lo asumen las compañías comercializadoras, sino los propios consumidores”.

Carta de “Fin de Año” a la militancia de Ernesto Alba, Secretario general del PCA

Querido y querida camarada,
Termina un año excepcional en la historia de nuestra tierra y de nuestro Partido. Un año que se iniciaba con la entrada de UP e IU, y por ende del PCE, en un gobierno de coalición, situación inédita desde los tiempos de la II República. Nuestro pueblo y nuestro gobierno han tenido que hacer frente a una situación extraordinaria y dolorosa como la pandemia de la Covid-19. Esta ha servido para constatar la grandeza y capacidad de sacrificio de la clase trabajadora de nuestro país y las enormes deficiencias que lastran a nuestra Andalucía y España.
Afrontamos este 2021 con enormes retos y tareas. Como secretario general y tu camarada, quiero destacar tres de ellas:
El fortalecimiento del espacio del cambio en nuestro país. Este espacio ha sufrido transformaciones en los últimos años y como comunistas debemos afrontar este trabajo de construcción de unidad desde el terreno de la propuesta programática y la intervención política. Es una necesidad seguir fortaleciendo UP en Andalucía a través de un proceso político desde abajo, de la forma más democrática y militante posible. No se entiende el proceso unitario de IULV-CA y Podemos en Andalucía sin la vertebración del mismo a través del PCA.

El Centenario del PCE. Nuestro Partido, el Partido Comunista de España, realizó su primer congreso del 7 al 14 de noviembre de 1921, al calor de la Gran Revolución Socialista de Octubre. Nuestra organización ha sido fundamental en la historia de España y Andalucía. Dirigentes como José Díaz, Dolores Ibárruri “La Pasionaria” o Julio Anguita fueron Secretarios Generales de nuestro Partido y sus nombres están indiscutiblemente unidos a la historia de España. Debemos abordar este aniversario no solo como una reivindicación de dónde venimos, sino fundamentalmente como una oportunidad para, aprendiendo de nuestra práctica histórica, ver cuáles son los medios y herramientas más correctos para la lucha revolucionaria hoy, en la España y la Andalucía del siglo XXI.
El XIII Congreso del PCA. Este año, el Partido Comunista de Andalucía, realiza su congreso. En este proceso actualizaremos documentos políticos y organizativos, actualizaremos nuestra propuesta para una Andalucía con futuro, propuesta que se encarna en el manifiesto programa del PCA, un documento que debe expresar la solución a los problemas, anhelos y necesidades de las familias trabajadoras andaluzas. En este proceso congresual rendiremos cuenta de nuestro trabajo que, no debemos olvidar, no es el de un pequeño grupo de dirigentes, sino el trabajo diario de miles de hombres y mujeres del PCA.
Agradeciendo que hayas tenidos unos minutos para reflexionar contigo.
Recibe un saludo revolucionario para ti y los tuyos,
Ernesto Alba
Secretario general del PCA

El PCE llama a frenar la infiltración de la ultraderecha en las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para impedir la desestabilización política

Desde julio de 2018 hasta hoy se han conocido al menos cinco cartas o manifiestos firmadas por militares en situación de retiro descalificando al actual sistema democrático y pidiendo medidas de intervención para corregir lo que consideran una “situación política inaceptable”, eufemismo para denominar al gobierno de coalición en el que participa Unidas Podemos.
El último de estos manifiestos, publicado el pasado 3 de diciembre, aparece firmado por más de 270 militares en retiro que llaman a "revertir la peligrosa deriva de nuestra Patria ante un Gobierno que ha cedido a comunistas, golpistas y pro-etarras". Al mismo tiempo, sale a la luz pública un chat de militares retirados en el que un general defiende fusilar a 26 millones de españoles, a los que denomina “hijos de puta”.
El Partido Comunista de España ha venido denunciando la existencia de una operación de desestabilización de la democracia, en primer lugar para impedir la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, y ahora para atacar al gobierno de coalición, puesta en marcha tan pronto se aprobó la investidura como Presidente del Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2020. La declaración del Estado de Alarma por la pandemia ha sido utilizada para incrementar los ataques desestabilizadores por cualquier medio.
No cabe duda de que existe un plan organizado desde la derecha política, económica y judicial más extrema, con la participación de sectores no solo militares, sino institucionales, económicos y sociales, cuyo objetivo es acabar con este Gobierno por cualquier medio, sirviéndose especialmente de la intoxicación mediática, el acoso judicial y la utilización antidemocrática de distintas instituciones del Estado.
Sin duda la infiltración de la ultraderecha, como movimiento organizado, en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado constituye una grave amenaza, aunque a fecha de hoy no puede afirmarse que sean mayoritarios estos sectores antidemocráticos. Pero, aunque no constituyen una mayoría, sí trabajan activamente para determinar los debates y el ánimo general en las cámaras de oficiales y camaretas de suboficiales y cabos primeros. Es un trabajo sistemático, organizado y coordinado con la ultraderecha política que busca crear hegemonía en el seno de las FFAA y CFSE.

Todo ello pone de manifiesto una coordinación de distintos sectores desestabilizadores con integrantes o ex integrantes de las FFAA y los CFSE, en una estrategia que busca influir en la opinión pública y en especial en el Jefe de Estado. Esta estrategia desestabilizadora pretende arrastrar a otras esferas de poder, mediáticas, económicas, institucionales y judiciales y convertir a todos los anteriores en actores de desestabilización. Todo con la activa participación de redes y estructuras vinculadas a la ultraderecha.
En este contexto, es inaceptable la sentencia del Tribunal Militar Central que confirma la sanción disciplinaria impuesta al cabo Marco Antonio Santos por manifestarse en contra de los militares retirados que alabaron al ex dictador y por firmar una carta con la formula “Salud y República”. Ya entrados en el Siglo XXI no es aceptable que en democracia se actúe de forma permisiva con militares o exmilitares que simpatizan o participan en operaciones desestabilizadoras, mientras que se expulsa del ejército a militares demócratas que denuncian y condenan actitudes desestabilizadoras y fascistas
Para abordar esta situación y desarticular las estrategias desestabilizadoras de la extrema derecha y sus aliados, es necesario abordar de una vez la asignatura pendiente de la reforma de las Fuerzas Armadas para dotarlas de mecanismos que permitan que la realización de declaraciones o actividades desestabilizadoras y contrarias al orden constitucional puedan ser sancionadas cuando se realizan por militares que, aunque estén en retiro, utilicen para desplegar esa actividad su antigua condición.

La justicia militar debe ser competente exclusivamente para conocer los casos relacionados con el servicio, en ningún caso respecto a actividades con implicaciones fuera de las FFAA.
Es imprescindible reformar el acceso a las academias militares, de Guardia Civil y de Policía Nacional, así como eliminar cualquier prueba de valoración subjetiva para el acceso, en especial si estas valoraciones son realizadas por los propios mandos.
También es imprescindible objetivar al máximo los procedimientos de ascensos, acceso a cursos de formación y renovaciones de contratos de tropa y marinería, así como oficiales de complemento, garantizando la participación en las evaluaciones de funcionarios externos a las FFAA y FCSE.
El PCE defenderá el reconocimiento de los derechos democráticos y sindicales en las FFAA, para fortalecer las asociaciones y colectivos, tratando de vincularlos a los sindicatos preexistentes, reformando las distintas leyes orgánicas que limitan el derecho de asociación y sindicación.
En esta misma línea de mejora de los derechos laborales de los militares, debe solucionarse el problema de los despidos a la tropa y militares de complemento que cumplen 45 años. Debemos evitar el inmenso problema social y político que supone la salida del ejército de decenas de miles de hombres y mujeres sin otro oficio que las armas, con escasa o nula posibilidad de hacer valer su experiencia para acceder a un empleo digno, lo que les hace muy vulnerables a las iniciativas de la extrema derecha.

El PCE e IU amplían la #QuerellaBorbón tras la regularización fiscal para que se investiguen todos los casos ante evidentes “indicios de actividades ilícitas”

Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, hemos registrado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una ampliación de su querella inicial sobre las actividades presuntamente delictivas protagonizadas por el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, ayudado por personas de su confianza, para que se incluya en la causa especial 21092/2018 que lleva el Alto Tribunal.
En el escrito, incorporamos los casos que han saltado a la luz pública en las últimas semanas, desde la regularización fiscal que el todavía rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria hace tan solo unos días para evitar una investigación más exhaustiva, al uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro para pagar distintas actividades tanto suyas como de su entorno familiar, pasando por el movimiento de elevadas cantidades de dinero a través de paraísos fiscales y Estados opacos a las investigaciones fiscales. De esta forma, los querellantes amplían sustancialmente el objeto de su acción ante el Alto Tribunal, iniciada en 2018, por el presunto cobro de comisiones ilegales por la intermediación de Juan Carlos de Borbón en la adjudicación de la AVE a La Meca.
En el señalamos que “De la lectura de la presente ampliación de querella, y puesta en correlación con la inicial querella presentada en diciembre de 2018, se desprende una larga continuidad temporal en la conducta de los querellados y, en particular, del ex jefe del Estado, conducta que aparece dilatada ya en el tiempo”.
Recordamos que existen evidentes “indicios de actividades ilícitas relatados y documentados en ordinales anteriores que como mínimo se remontan al año 2002, siendo las conductas descritas durante todo este iter temporal concatenadas las unas con las otras, teniendo como nexo de unión la conducta de Juan Carlos de Borbón a la hora de recibir pagos o dádivas por parte de países extranjeros sin que se haya dado cuenta durante todo este tiempo a la Hacienda Pública española de la percepción de estos pagos ni de la existencia de cuentas, inversiones o instrumentos financieros en las que se han ido depositando millonarias cantidades de dinero”.

La querella iba inicialmente dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, contra su amante Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón. Ahora se completa con los nombres del ya citado empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y del teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, al servicio del rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas.
Tanto los hechos delictivos recogidos desde un primer momento como los que se detallan ahora en el texto de ampliación de la querella corresponden a 13 delitos -siete de ellos vinculados directamente con el ex jefe del Estado-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
Entre los nuevos casos que incorporamos ahora está el referido a la segunda investigación abierta en la Fiscalía del Supremo -no judicializada aún, igual que la primera- por la utilización por parte de Juan Carlos de Borbón y otras personas de su familia de fondos que habría donado el empresario Sanginés-Krause. Esta actuación se habría realizado con tarjetas de crédito a nombre del coronel Murga Mendoza, ayudante de campo del rey emérito durante casi una década.
Apuntamos a que “los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son posteriores a la abdicación del rey y a que perdiera su protección constitucional, que le hace inimputable por cualquier delito cometido hasta el año 2014 en el ejercicio de sus funciones constitucionales”.
Estos hechos obligaron al rey emérito hace unos días a presentar ante el departamento de Hacienda de la Comunidad de Madrid una regularización de 678.393 euros por lo que habría dejado de pagar al fisco debido a las donaciones de su amigo mexicano.

La ampliación de querella apostilla que “según numerosas informaciones periodísticas que no han sido cuestionadas, el ciudadano mexicano ha reconocido en su declaración ante la Fiscalía que abonó 113.000 euros de viajes y estancias de Juan Carlos de Borbón en los años 2016 y el 2017, así como 270.000 euros al coronel en los años 2017 y 2018. Además, Allen Sanginés-Krause estaría relacionado igualmente con el movimiento de otros 500.000 euros que Juan Carlos de Borbón habría dispuesto gracias al uso de una tarjeta bancaria”.
Para Izquierda Unida y el PCE esta regularización no cumple con el criterio de espontaneidad que requiere el Código Penal para eludir la responsabilidad penal, ya que se produjo un mes después de que hubiese sido informado por la Fiscalía sobre la existencia de una investigación contra él, aparte de la “extensa publicación en prensa nacional e internacional” de esas diligencias.
Los querellantes abordamos también la supuesta inviolabilidad de la que gozaría Juan Carlos de Borbón en sus acciones, defendiendo que “aún pudiendo apreciarse la inviolabilidad del rey emérito durante los años en que estaba en el ejercicio pleno del cargo de jefe de Estado ésta no debe ser óbice para la apertura de una investigación judicial una vez ya no está en el ejercicio del cargo, y menos aún por hechos delictivos que se perpetúan una vez traspasado el periodo de inviolabilidad, como es la defraudación a la Hacienda Pública, por hechos delictivos cometidos una vez extinguida la inviolabilidad, como es el afloramiento de los efectos delictivos o blanqueo de capitales”.
Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda depositamos la semana pasada la fianza de 12.000 euros impuesta a finales de noviembre por el Tribunal Supremo para ejercer la acusación popular en la tramitación de esta causa especial, recaudada gracias a la colaboración de cientos de personas.
El Supremo decidió reactivar las diligencias después de que los querellantes solicitaran su reapertura a finales de julio pasado. A partir de ahora, y una vez registrada la ampliación, la Sala Segunda que se ocupa de esta causa deben resolver finalmente si la reabren o no, tras haberla desestimado por primera vez a toda prisa en el verano de 2019.

Para que seamos iguales en derechos. ¡Es tiempo de república!

En el 42 aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978, el Partido Comunista de España rinde, en primer lugar, homenaje a las mujeres y hombres que con su lucha, compromiso y sacrificio trajeron la democracia y la libertad a España.
A todas las personas que lucharon en defensa de la legalidad constitucional, la republicana, contra el golpe de Estado y contra la intervención extranjera del fascismo internacional.
Es de justicia recordarlo, cuando el fascismo vuelve a emerger a nuestro alrededor a consecuencia de unas políticas económicas neoliberales que no permiten un futuro digno a ningún pueblo.
La democracia no la trajeron los que sustentaron la dictadura hasta el último día y aún hoy se niegan a reprobarla, ni el heredero Borbón impuesto por el dictador fascista en la Jefatura del Estado, ni los llamados “padres de la Constitución”.
La democracia la trajo la clase trabajadora, los hombres y mujeres del pueblo que con sus luchas y movilizaciones, con años de cárcel sobre sus espaldas y las de sus familias, con el sufrimiento soportado por el hambre, los asesinatos, las torturas y el exilio, conquistaron las libertades democráticas.
El PCE trabajó y luchó por la construcción de un acuerdo que permitiera una Constitución democrática y el fin de la dictadura fascista, por una norma que, en ese momento histórico y a la vista de la correlación de fuerzas existente, permitiera un Estado social y democrático de derecho.
También cedimos, aplazando reivindicaciones que forman parte de nuestra identidad política como el Estado federal y la República como expresión de la soberanía popular, aceptando la monarquía. Con el tiempo la falsa imagen que habían montado se desmoronó y apareció un rey que ha sido todo menos ejemplar, amparado por la medieval inviolabilidad que permite todo tipo de delitos y que ha utilizado los servicios del Estado para sus fines de lucro privados.
El acuerdo constitucional del 78 fue incumplido de forma sustancial y reiterada por la burguesía y sus partidos políticos, especialmente en todos lo relativo a los derechos básicos. Se vulneraron todos los títulos y artículos de derechos sociales, económicos y ambientales, se recortaron las libertades políticas y la calidad de nuestra democracia bajó a mínimos. Las políticas neoliberales de los distintos gobiernos impidieron la soberanía y las condiciones de vida dignas para nuestro pueblo. Ante esta situación el Partido Comunista de España dio por roto el pacto constitucional (y se desvinculó de la Constitución de 1978) y exige un nuevo texto constitucional que garantice la totalidad de derechos fundamentales contemplados en la Declaración Universal de DDHH.

Cuarenta y dos años después varias generaciones, la mayoría de las españolas y españoles, no han sido nunca consultados ni han intervenido para decidir cuál es el pacto de convivencia entre personas y pueblos, cuál es el modelo social y económico y el modelo de libertades que necesita España.
El carácter monárquico de la Constitución es hoy impugnado por cada vez más amplios sectores de la población.
Es necesaria un nuevo pacto constitucional que garantice todos los derechos sociales y políticos y todas las libertades. Una Constitución que garantice un gran acuerdo de convivencia solidaria de los pueblos y naciones que forman España, en un Estado federal y republicano unido en torno a la construcción de un proyecto de progreso colectivo. Reivindicamos un estado federal y republicano como patria de convivencia de los pueblos libres, que quieren y pueden elegir a todos sus representantes e instituciones.
Es tiempo de una Constitución que garantice los derechos básicos: trabajo, vivienda, ingresos mínimos vitales y servicios públicos esenciales (sanidad, educación, pensiones y servicios sociales). Que establezca de forma real y efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.
Una norma suprema del ordenamiento jurídico que garantice el autogobierno de los pueblos en un Estado federal solidario y plurinacional y que instaure una democracia plena, transparente, participativa, laica y republicana.
Una Constitución marco jurídico de la planificación económica democrática y de la propiedad común de los sectores estratégicos, para que la economía esté al servicio de la mayoría social y no de la minoría oligárquica. Un nuevo modelo económico con objetivos de desarrollo social, innovación y sostenibilidad.
Para ello se tiene que abrir un Proceso Constituyente, entendido como un proceso de movilización popular y democracia participativa, con el objetivo de abolir la monarquía, devolver la plena soberanía política, social y económica a la ciudadanía y a los pueblos, y construir la nueva Constitución.
Un Proceso Constituyente que abra las puertas a un futuro digno para la juventud, para las personas mayores y para el conjunto de la población.
Llamamos a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales y culturales democráticas y republicanas a ponerse en marcha, movilizarse, organizarse, para conseguir abrir un Proceso Constituyente que construya colectivamente otro modelo de sociedad, donde los derechos no se “promuevan” sino que se garanticen, máxime cuando de ello dependen la vida y el futuro de la clase trabajadora y el pueblo.

Ernesto Alba, Secretario General del PCA: “Andalucía con futuro”

Hoy se cumplen 43 años de uno de los hitos más importante en la conciencia colectiva andaluza. El 4 de diciembre de 1977 cerca de dos millones de andaluces y andaluzas tomaron las calles de cada una de las ocho capitales andaluzas en defensa de la autonomía de Andalucía. Fue una constatación de que los derechos hay que conquistarlos.
Desde aquella ola de movilización popular muchas cosas han cambiado en nuestra tierra, pero otras se mantienen igual. 43 años después Andalucía sigue siendo la periferia de la periferia. El resultado de las distintas fases históricas que se han dado en nuestra tierra ha sido idéntico: Andalucía continúa siendo un satélite del capitalismo desarrollado.
Estos 43 años no han sido fáciles para Andalucía y, más de cuatro décadas después, enfrentamos una crisis sanitaria, social y económica cuyos daños aún son incuantificables. Lo hacemos, eso sí, con la experiencia reciente de otra crisis económica, la de 2008, de la que los andaluces y las andaluzas salimos mal, y tarde. La situación en la que Andalucía afronta esta nueva crisis es, por la falta de respuesta desde entonces de los gobiernos andaluces –anteriormente del PSOE y actualmente de PP y C’s, con el apoyo de Vox-, similar: Andalucía encabeza los índices de desempleo, pobreza y desigualdad de todo el país, su modelo productivo se asienta en sectores de bajo valor añadido y la reconversión industrial ha golpeado ciudades enteras –véase Linares, la localidad con más paro de España- y grandes comarcas –véase la Bahía de Cádiz-. Además, las inversiones europeas y las grandes infraestructuras planteadas en torno a estas no han propiciado la necesaria convergencia de Andalucía con el resto de España.

La respuesta a aquella crisis, que señaló las contradicciones del sistema de acumulación capitalista, fue la austeridad (a través de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española) y los recortes en los servicios públicos. Las consecuencias de aquella crisis son conocidas: fue la clase trabajadora quien cargó a sus espaldas el coste de la crisis y el Estado del Bienestar quedó herido de muerte. Mientras, los ricos se hacían más ricos.
La crisis económica que ahora afrontamos ya está golpeando fuertemente a nuestra tierra y mermando todavía más las condiciones de vida de la clase trabajadora andaluza, todavía sin que hayamos superado esta maldita pandemia. La crisis del Covid-19 ha vuelto a evidenciar la fragilidad de un modelo productivo asentado en el turismo, como hace no tantos años ocurría con la construcción, así como la necesidad imperiosa de contar con servicios públicos de calidad, bien dotados y financiados, para sostener a la población más vulnerable. Superar esta crisis requiere de servirse de los aprendizajes de la crisis de 2008 –es necesario llevar a cabo políticas expansivas, incrementar el gasto público para que nadie se quede atrás, pero además es necesario abordar decididamente las fallas estructurales de nuestra comunidad. Son muchos, en definitiva, los desafíos a los que se enfrenta el pueblo trabajador andaluz.
En juego está un futuro de dignidad para Andalucía y para los andaluces y las andaluzas. Solo a través de una decidida propuesta política, transformadora y de izquierdas, es posible una Andalucía con futuro. Un futuro en que seamos capaces de dotarnos de los mejores servicios públicos, en el que modernicemos nuestro modelo productivo para garantizar estabilidad y calidad en el empleo y así unas condiciones de vida dignas para las nuevas generaciones. Una Andalucía en la que le ofrezcamos a las nuevas generaciones la posibilidad de ser felices en sus pueblos y sus ciudades, en lugar de que se vean obligadas a emigrar. Una Andalucía con una fuerte industria verde, que apueste por las energías renovables, la investigación y el desarrollo científico, para que seamos capaces de convertir la potencialidad geográfica y territorial que posee Andalucía en bienestar para el conjunto de sus habitantes. Un nuevo sistema productivo donde el medio rural tenga un papel determinante, a través de una reforma agraria integral donde, más allá del necesario cambio de la estructura de propiedad de la tierra hacia formas más colectivas, avance en la propuesta de medidas de transformación de las estructuras de financiación, producción, transformación, comercialización y distribución de los productos agroalimentarios promoviendo la agroecología.

Es necesario, también, construir un futuro de igualdad entre mujeres y hombres, avanzando hacia un nuevo sistema de cuidados que reparta equitativamente los tiempos y el trabajo que suponga. Tenemos que poner la vida en el centro y superar la doble explotación, capitalista y patriarcal, que sufren las mujeres trabajadoras andaluzas.
Hemos de comenzar a construir, desde ya, una Andalucía verde para las generaciones futuras. Andalucía posee un rico patrimonio natural que se ve amenazado por la voracidad del sistema capitalista. La agricultura ultra intensiva, la sobreexplotación de los acuíferos, el fracking o el urbanismo sin control en las zonas de costa deben de ser cosas del pasado. Toda la sociedad y, sobre todo, todas las instituciones públicas, deben ser conscientes del reto crucial al que se enfrenta nuestra especie e implementar medidas para empezar a parar el desastre ecológico.
Tenemos que avanzar hacia un nuevo sistema de justicia fiscal y laboral, que redistribuya la riqueza y que penalice a los especuladores. La nueva economía digital necesita ser regulada y poner fin a la uberización de las relaciones laborales. No podemos permitir que empresas exploten a la clase trabajadora andaluza sin cumplir la legislación laboral y que, además, tributen en paraísos fiscales.
Hemos de fomentar una cultura emancipadora, que recoja el amplio bagaje cultural andaluz, desde sus tradiciones, el mestizaje entre culturas y la innovación de las propuestas culturales más rompedoras. Todo ello debe estar al servicio del pueblo del que emanan.
Esa es la Andalucía con futuro que hoy tiene su mayor peligro tras los muros de San Telmo. El Gobierno de las derechas, apoyado por Vox, está hipotecando el devenir de Andalucía y su pueblo trabajador: la pandemia ha servido para acelerar una hoja de ruta que pasa por desguazar nuestros servicios públicos, que ya habían sufrido importantes recortes en la última década, otorgar más privilegios fiscales a las grandes fortunas y normalizar el discurso agresivo e intolerante de la ultraderecha.

Frente al avance de las derechas, como en aquel 4 de diciembre, el andalucismo debe erigirse como defensor de lo colectivo, de lo común, de lo que es de todos y de todas. La verde, blanca y verde debe servir para lo que entonces sirvió: unir a los de abajo frente a los de arriba. Sin caer en la tentación de copiar modelos políticos importados, de convertirse en una simple reivindicación nacionalista que contraponga sus intereses a los de otros pueblos y territorios de España. Andalucía nunca ha participado de la “guerra de banderas” tantas veces usadas para engañar a la gente trabajadora, y trabajaremos para que así siga siendo. El reto del andalucismo es hacer de la forma de vida que tiene nuestro pueblo un proyecto político que no pone sus límites en Despeñaperros, sino que como dice nuestro himno, lo es "por la Humanidad".
La autonomía política de Andalucía va de la mano de la lucha por la República Federal en el conjunto del estado español. Una república plurinacional que establezca un sistema competencial efectivo y que permita a los territorios autogobernarse desde la plena soberanía. Toca hacerlo desde la lucha, codo a codo, con el resto de organizaciones hermanas del conjunto del estado, empujando por la consecución de la tercera república española. Hay esperanza para construir una Andalucía con futuro en un marco republicano y federal. Como aquel lema del XI Congreso del PCA, una Andalucía libre en una España republicana.
Ernesto Alba
Secretario general del Partido Comunista de Andalucía y portavoz de la Dirección Colegiada de IULV-CA
https://www.eldiario.es/andalucia/en-abierto/andalucia-futuro_132_6479260.html

'Diálogos sobre el 4D', con Antonio Romero y Toni Valero

 

'Diálogos sobre el 4 de diciembre: Andalucía Libre en una España Republicana', con Antonio Romero, Presidente de Honor del PCA y exdiputado, y Toni Valero, Coordinador de IU Andalucía.