Víctor Alonso Rocafort
CTX.es
La Mesa del Congreso niega el
acceso a los documentos de la Comisión de Investigación que se aprobó en 1977 y
que fue cerrada en falso apenas unos meses después.
Cuando comencé a trabajar en el Parlamento apenas me decía nada su
nombre y ahora me parece un emblema de todo lo que va rematadamente mal en el
país desde hace demasiado tiempo.
Cada aniversario del día en que mataron a Manuel José García Caparrós,
el 4 de diciembre de 1977, se reivindica por parte de la izquierda como el
auténtico Día de Andalucía. Era ya un símbolo de su tierra antes de que le
hicieran Hijo Predilecto de su ciudad y su Comunidad, pero más allá se le
conoce poco. Y no es casual. Hoy día, a pesar de honores como estos, no se sabe
quién lo mató. Sí sabemos que la policía efectuó aquel día decenas de disparos.
Al aire, dijeron. No se ha derivado jamás responsabilidad política alguna, más
allá del presidente de la Diputación malagueña que dimitió la misma noche del
suceso. Un diputado de UCD defendió en el Hemiciclo la ausencia de
responsabilidades. Es el mismo que afirmaba que parte de los manifestantes
habían sido “agresivos” por lo que era “obligación” de la Policía, y “con los
medios al alcance”, “mantener la paz y estabilidad de la ciudad”. Hoy este
antiguo diputado, Francisco de la Torre, lleva 17 años como alcalde de Málaga.
Estamos ante uno de esos pactos de silencio férreos, casposos,
asfixiantes, de lo que hemos venido en denominar Régimen del 78 y que cuarenta
años después, como estamos comprobando, aún funciona.
La semana pasada recibimos la negativa por parte de la Mesa del
Congreso de acceder a los documentos de la Comisión de Investigación que se
aprobó a fines de 1977 y que fue cerrada en falso apenas unos meses después.
Nos los habían solicitado las hermanas de Caparrós y su abogado. Junto a la
diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere, y tras el compromiso adquirido
también por Alberto Garzón, nos pusimos a ello. Tras la aprobación el pasado
marzo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía se investigarán
aquellos casos de represión franquista hasta la aprobación del Estatuto de 1980
para realizar informes y recomendaciones oficiales. A la hora de presentar la
solicitud de investigación sobre el caso de García Caparrós en Andalucía se
quiere contar con toda la documentación. Y no solo por esto. Los testigos que
declararon en el Congreso fueron más que los que acudieron a sede judicial. Hay
por tanto cabos sueltos que pueden llegar a unirse con toda la información. Y
sin embargo, como leen, hemos comprobado que la cerrazón institucional sigue
dándose cuarenta años después.
La mayoría que adoptó esta decisión en la Mesa se ha escudado en un
informe de la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Cámara que
califica el contenido de aquella Comisión como secreto, en virtud del
reglamento provisional del Congreso en vigor de 1977 a 1982. Es decir, un reglamento preconstitucional que
hoy no está en vigor. Más aún, ahí se dice que será secreto hasta que se
apruebe el dictamen de la Comisión, en que pasaría a ser público salvo que se
indicara lo contrario. El dictamen se aprobó en noviembre de 1978 y no hemos
encontrado ningún documento público que señale que haya de mantenerse su
carácter secreto. Pero incluso aunque lo fuera, este mismo informe de la
Dirección de Documentación concluye que pueden facilitarnos su consulta. Así se
lo advirtió también el secretario general del Congreso a los miembros de la
Mesa antes de tomar su decisión.
El caso de García Caparrós es muy conocido por todos quienes tienen
alguna responsabilidad en los archivos del Congreso. Sorprende lo bien que
recuerdan a Rosa Burgos, la investigadora que hace unos diez años consiguió acceder
a parte de la documentación y que, gracias también al sumario judicial que
logró recuperar, escribió un libro fundamental sobre el tema. No debió de
gustar el resultado porque desde entonces los responsables políticos niegan el
acceso con las excusas burocráticas más peregrinas. Parece que hayan de pasar
siglos antes de conocer el contenido completo de los 675 folios de aquella
investigación parlamentaria llevada a cabo durante la llamada Legislatura
Constituyente.
Los testimonios de aquel día hablan de una manifestación por la
autonomía pacífica, multitudinaria, familiar. Málaga era la única capital de
provincia andaluza donde se había prohibido izar la bandera verdiblanca en la
sede de la Diputación, por órdenes directas de su presidente, Francisco Cabeza.
Esto elevaba la tensión innecesariamente. En aquel tiempo militantes de Fuerza
Nueva (FN), algunos de ellos somatenes con derecho a coger armas de los
cuarteles de la Guardia Civil, patrullaban a sus anchas la ciudad –“la policía
de la UCD nos dejaba hacer”, admitiría años después Francisco Jiménez Quintero,
destacado dirigente de FN--. Ese día los fascistas andaban con los ánimos
especialmente exaltados. Un chaval, Trinidad Berlanga, había escalado el
edificio de la Diputación con una bandera verdiblanca. “Si la quita, lo
matamos”, dice Quintero que comentaban entre ellos los militantes de FN ante el
temor de que tocara la enseña nacional. No llegó a pasar. Sí que detuvo la
policía al joven escalador. Las autoridades dicen que volaron naranjas y piedras
contra la Diputación. El gobernador civil al mando de las fuerzas policiales,
Enrique Riverola, ordenó entonces “despejar” la zona. Comenzaron las cargas.
En los disturbios posteriores, a la altura del puente de Tetuán y la
Alameda de Colón, una sección de la Policía Armada, formada por 32 hombres al
mando del brigada Antonio Pabón, abrió fuego con sus pistolas. Según admitió un
comandante policial, fueron unos 30 disparos al aire efectuados por la mitad de
la sección. Solo siete policías se habían responsabilizado de 14 disparos según
el sumario. Los impactos de bala en los alrededores llegaron a 21. Como tantas
informaciones de este caso, algo no cuadraba.
Un chico de 15 años del barrio de El Palo, Miguel Jiménez Ruiz, fue
herido en un brazo. Otro chaval de 18 años, trabajador, afiliado recientemente
a CCOO, quien animado por su madre había acudido a la manifestación, tuvo peor
suerte. García Caparrós fue alcanzado por una bala de 9 mm corto, las utilizadas
por las pistolas Star de la sección de la Policía Armada comandada por Pabón,
el mismo destacamento que según un testigo, Alfredo Inocencio, se había dado
media vuelta como un solo hombre para sacar sus pistolas cerca de donde aquel
cayó abatido. Lucas Martínez, otro de los manifestantes aquel día, asegura
haber visto entonces a un policía de complexión ancha disparar directamente con
su pistola contra la gente poco antes de ver caer a Caparrós. Inocencio le
recuerda exclamando: “Hijos de puta, asesinos, me han dado”.
El propio Inocencio y otras personas fueron ayudando al herido entre
el hostigamiento policial. Hasta que un estudiante de Medicina, Carlos Carmona,
logró introducirlo en un coche blanco conducido por un misterioso conductor que
frenaba en los semáforos para desesperación de Carmona y que, en cuanto
llegaron a la residencia hospitalaria Carlos Haya, desaparecería sin dejar
rastro. Caparrós murió en el coche. Cuando entró en el Simca blanco Carmona había escuchado a un cabo de la policía decir:
“Vámonos que esto ya está controlado”.
Se hicieron hasta cinco informes de balística, y aunque en ellos se
formularon dudas sobre si la bala que mató a Caparrós pertenecía a la pistola
de un policía de la sección, no pudo llegarse a conclusiones ciertas porque la
habían limpiado con acetona sin examinar sus restos orgánicos. ¿Descuido o mala
fe?, se pregunta Rosa Burgos.
Investigando estas semanas entre los apenas cuatro diarios de sesiones
que se mantienen públicos de aquella Comisión de investigación –entonces las
llamaban “de Encuesta”-- hemos encontrado detalles históricos relevantes sobre
las tensiones políticas que generó el caso, así como declaraciones
significativas de lo que hoy recordamos como grandes nombres de aquella
Constituyente. Estábamos en un momento fundacional muy delicado del nuevo
Régimen.
Apenas 20 días después de la muerte de Caparrós se celebró el Pleno en
el Congreso que iba a aprobar la Comisión de Encuesta. El 12 de diciembre otro
joven, un estudiante de la Universidad de La Laguna, Javier Fernández Quesada,
había muerto también por un impacto de bala disparada por un miembro de la
Guardia Civil cuya identidad hoy día también se desconoce. Los agentes de este
cuerpo, según numerosos testigos, habían entrado en el campus universitario
disparando fuego real con sus pistolas y metralletas en unas jornadas de feroz
represión en la isla. El gobernador civil al mando entonces de las fuerzas de
orden público, Luis Mardones, quien no ayudaría precisamente al buen transcurso
de la investigación, sería posteriormente diputado por Coalición Canaria hasta
el año 2008, cuando el presidente Zapatero lo despidió con honores asegurándole
“un sitio en la mejor historia de la democracia” y en los periódicos se le
honraba como “el diputado renacentista”.
Esta es la razón que las Comisiones de Encuesta de los sucesos de
Málaga y Tenerife permanezcan unidas en sus referencias en la Cámara, aunque se
desarrollaran por separado. El caso es que había un pacto de silencio fraguado
en la Junta de Portavoces para aprobar la conformación de estas sin debate
alguno, escudándose en que se debatían los Presupuestos, cuando un diputado
socialista rompió inesperadamente el acuerdo para explicar su voto. Enseguida
el resto de diputados solicitaron hablar. El intercambio parlamentario que
encontramos cuando nos ponemos a leer el diario de sesiones del 23 de diciembre
de 1977, poco conocido, resulta de gran valor histórico.
Tomás García, diputado por Málaga del PCE, plantea entonces algo que
leído hoy, con De la Torre como alcalde, causa enorme desazón: “El pueblo de
Málaga ligará su confianza hacia el proceso democrático a que estas
responsabilidades sean puestas al descubierto hasta el fondo”. Huelín Vallejo,
diputado por Málaga de UCD, sabemos hoy que miente descaradamente cuando
afirmaba: “Unión de Centro Democrático, con una conciencia plena democrática,
no desea acallar a nadie. Unión de Centro Democrático ha firmado desde el
primer momento esta petición de Comisión de Encuesta. Unión de Centro
Democrático quiere que se lleve la investigación con todas sus consecuencias,
que se establezcan todos los hechos, y no le teme en absoluto a las
consecuencias que puedan deducirse, porque tenemos una alta conciencia
democrática”.
Manuel Fraga intervino para anunciar la abstención de Alianza Popular
en un erudito discurso de raíz autoritaria en defensa del orden público y de
“la sagrada enseña de la Patria”. “Defended de una vez, y no con palabras, el
orden y la paz en España”, clamaba el dirigente franquista en el Pleno.
Enseguida otros dirigentes como Miquel Roca o Santiago Carrillo indicaron
alarmados las semejanzas del discurso de Fraga con el de José María Gil Robles
en este mismo Congreso poco antes del 18 de julio de 1936. Carrillo se
revolvería entonces por escuchar “palabras, conceptos con los que en los años
treinta se fue generando la animosidad, la violencia que condujo a la guerra”,
así como por un tema tan delicado entre las filas comunistas a escasos meses de
la renuncia a la tricolor: “Tenemos esa bandera, es nuestra bandera, pero no
enfrenten ustedes esa bandera, que es de todos, con las de las nacionalidades y
las regiones de España”.
Pérez Llorca, de la UCD, comienza entonces a preocuparse del cariz que
está tomando un debate que, recuerda, nunca se debió de dar: “Considero
lamentable que se haya llegado a un debate en el que, por primera vez en esta
Cámara, nos estemos lanzando como armas arrojadizas las viejas fechas, las
viejas querellas, los viejos enfrentamientos, la vieja guerra civil, que
creíamos enterrada”. Estamos ante un momento excepcionalmente frágil de la
Legislatura Constituyente. Francisco Letamendia, entonces en Euskadiko Ezkerra,
no comparte sin embargo este pacto de silencio:
“Yo tengo muchísimos más motivos para poner en tela de juicio la
actuación personal del señor Fraga, porque mientras él era Ministro de la
Gobernación obreros indefensos fueron muertos en Vitoria, militantes carlistas
fueron asesinados en Montejurra, y el clamor en cuanto al trato que sufrían los
detenidos vascos en el centro de detención era tan grande que sobrepasó las
fronteras del Estado, y una foto de una joven, Amparo Gamboa, con el cuerpo
macerado, recorrió el mundo. Y esta no militaba en el Partido Independiente
Vasco, sino en la Organización Revolucionaria de Trabajadores.
¡Qué bien le ha venido a hombres como el señor Fraga la Ley de
Amnistía, que ha impedido investigar hasta el fondo la verdadera
responsabilidad de estos hechos!”.
Fraga, por alusiones y con ira, vuelve entonces a tomar la palabra
para sentenciar: “…lo que sí hoy hemos aprendido es que la piel del cordero,
al final nunca acaba por tapar ciertos pies negros o rojos de sangre que
efectivamente algunos no los pueden negar”.
Silencio tenso en el Hemiciclo. Gómez Llorente, al que hoy recordamos
como un histórico del PSOE, es consciente de lo que está en juego: “Hace falta
que esta Cámara tenga el respaldo del pueblo. Y para que tenga el respaldo del
pueblo, las angustias del pueblo han de ser oídas también en esta Cámara”.
Martín Villa, entonces ministro del interior, intervendrá finalmente para
asegurar que se pondrá al frente de la exigencia de responsabilidades. Se vota
entonces la formación de la Comisión de Encuesta y se aprueba con 299 votos a
favor, 2 en contra y 17 abstenciones.
Tras la votación, con los ánimos más calmados, Peces Barba, Pérez
Llorca, Carrillo… intervienen para matizar y calmar las aguas, mientras el
presidente del Congreso, Fernando Álvarez de Miranda, presenta sus excusas a
Manuel Fraga por no haber interrumpido antes alguna de las intervenciones
críticas con él, lo que el dirigente franquista agradece.
A la luz de este debate podemos analizar mejor el contexto en el que
se cerró en falso la Comisión, podemos entender quizá por qué se han dado los
cuarenta años de secreto, podemos explicar con mayor profundidad por qué la
fundación del Régimen del 78 nos dice tanto de lo que aún vivimos cuarenta años
después. Entonces había un miedo real en las izquierdas --se mataba impunemente
a estudiantes, a trabajadores y trabajadoras en Universidades y
manifestaciones-- y en cuanto se rompía un pacto de silencio, lo hemos visto
con este debate, la desmesura llevaba a los diputados de la Constituyente al lenguaje
de la Guerra Civil. Nos ayuda a entenderlo, en ningún caso a justificarlo. Lo
que resulta inadmisible es que décadas después se mantengan estos tics, esos
pactos, ese acuerdo institucional contra la verdad, la justicia y la
reparación.
Podemos leer también las primeras conclusiones de la Comisión de
Encuesta del 27 de junio de 1978. Francisco de la Torre --hoy alcalde de
Málaga, recordemos-- defiende la ausencia de responsabilidades políticas: “No
podemos imputarle responsabilidad política, como aquí se precisa, y mucho
menos, como ha quedado bien claro, responsabilidad en otros ámbitos; no
podemos, digo, imputar ninguna responsabilidad política a la máxima autoridad
de la provincia de Málaga. El gobernador civil había participado, había
colaborado de una manera ejemplar en lo que podríamos llamar poner los medios
para que la manifestación pudiera tener lugar tal como los organizadores
queríamos que se desarrollara”. Un mes antes ya habían ascendido a Riverola a
director general de Correos y Telecomunicaciones, un viejo “método franquista”,
como se denuncia desde de la oposición: ascender a quien demostró como mínimo
incompetencia.
Pero nadie hizo nada más. Se aprobó el dictamen de la Comisión en el
Congreso. Y pasaron los años. Al poco se murieron de pena los padres de García
Caparrós, como cuentan sus hijas. El sumario judicial, donde no aparece el
testimonio de una sola mujer, durmió olvidado durante años hasta que Burgos lo
rescata ya en color sepia. Los 675 folios de la Comisión de Encuesta de 1978 siguen
pudriéndose en algún rincón de este edificio, en el ala más rancia del
Parlamento, aquel de los acuerdos secretos de un Régimen que hace aguas porque
entonces se pudo haber hecho mejor, sí, pero sobre todo porque a lo largo de
estas décadas nadie quiso corregir el rumbo.
Seguiremos intentándolo. Por de pronto ya hemos solicitado formalmente
la reconsideración de este último acuerdo de la mayoría de la Mesa.
Termino con extractos de la entrevista de Rosa Burgos a Loli y Paqui
García Caparrós:
--En mi casa ha habido mucha tristeza. Mi madre –dice Loli- me pidió
perdón en la ambulancia, cuando se iba a morir, por la tristeza tan grande que
había habido en mi casa. En mi casa no se podía poner una radio. A nosotras,
que éramos unas niñas, nos pusieron de luto de arriba abajo. Todo eso queda
para nosotras. Yo, hoy en día –dice Loli- escucho una ambulancia y lo primero
que hago es coger el móvil y ver cómo está mi familia (…)
--¿Cómo era vuestro hermano? ¿Qué carácter tenía?
--Era lo más bueno, lo más noble, era sensible, muy humano. Con todos
los amigos se llevaba bien… No podía ver a nadie que necesitara algo porque ahí
estaba él (…) Era el único, de verdad, que si entraba treinta veces en la casa,
treinta besos le daba a mi madre, y nosotras no hemos salido a él. Era el único
que era cariñoso (…) era pelirrojillo. Aquellos días llevaba barba. Era muy
alto, media 1.90. Era guapísimo”.
Víctor Alonso Rocafort
Candidato al Congreso en la lista de Unidad Popular · IU por Madrid en
las elecciones de 2015. Doctor en Teoría Política, con experiencia docente en
las universidades de Alicante, Autónoma de Madrid, Complutense y Talca (Chile).
Entre sus publicaciones destaca el libro Retórica, democracia y crisis. Un
estudio de teoría política (CEPC, Madrid, 2010). Miembro del Colectivo
Novecento.
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