Unidad Popular-IU propone Plan de Emergencia Social que beneficiaría a más de 700.000 malagueños/as

Más de 700.000 malagueños y malagueñas se beneficiarían del Plan de Emergencia Social que Unidad Popular-Izquierda Unida ha elaborado para un momento como el actual en el que la provincia registra 80.500 parados sin cobertura, en el que la capital tiene más de 167.000 personas solas que subsisten con ingresos inferiores a los 663 euros al mes y donde 60.000 hogares en la provincia tienen dificultades para pagar los suministros básicos.

Los candidatos al Senado y el Congreso de UP-IU, Manuel Sánchez Vicioso y Francisco Guzmán, respectivamente, explicaron en la mañana de ayer, lunes 7 de diciembre, cómo revierte en Málaga el Plan de Emergencia Social que proponen. Lo hicieron en la explanada del Pasillo de Santo Domingo de la capital, donde decenas de personas se acercan cada día para recibir alimentos que la solidaridad les proporciona. Guzmán ha señalado que nos encontramos en un momento crítico y que el Estado ha hecho dejación de sus funciones, lo que ha llevado a la sociedad civil a organizarse para asistir en los mínimos recursos a la población empobrecida por las políticas austerícidas que ejecuta el gobierno del PP, antes del PSOE, e impuestas por la troika de la UE.

Este Plan de Emergencia Social pone el foco en las personas sin ingresos, los pensionistas, los parados de larga duración, los jóvenes y las personas en riesgo de exclusión social a las que se propone rescatar.

El candidato de UP-IU señaló que el Plan de Emergencia Social atendería a 48.656 malagueños/as a través del Plan de Trabajo Garantizado; 97.312, mediante la Renta Garantizada; 100.992 con el aumento de la pensión mínima; y 75.015 con un salario mínimo (SMI). La propuesta de renta básica contempla un salario mínimo garantizado de 529 euros mensuales y los beneficiarios serían aquellas personas con ingresos inferiores al 70 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en función de su unidad de convivencia, lo que actualmente se sitúa en 455 euros.    En cuanto a las pensiones, UP-IU  propone una revalorización de la pensión mínima. En aquellos casos de las personas con cónyuge no a cargo, la prestación será equivalente al Salario Mínimo anual; mientras que para quienes tienen cónyuge a cargo la prestación sería del 110 por ciento del Salario Mínimo. Todo ello teniendo en cuenta que UP-IU también establecería una elevación progresiva del Salario Mínimo Interprofesional: 774 euros mensuales en 2016, 890 euros en 2017, 1.023 euros en 2018 y 1.176 euros en 2019.

De la misma manera, unos 48.656 jóvenes malagueños/as se beneficiarán del Plan de Empleo y Formación, mientras que 35.263 pequeños empresarios y autónomos de la provincia recibirán ayudas del Estado. El paquete de ayudas a estos últimos incluye la simplificación de los procesos administrativos o la subvención durante dos años de parte de la remuneración de nuevos empleados: 30 por ciento de la retribución bruta hasta un máximo de 6.000 euros año y un 20 por ciento para el segundo año.

Francisco Guzmán ha asegurado que hay dinero para emprender estas y otras medidas que incluye el plan, pero que Mariano Rajoy los ha destinado a salvar bancos y autovías. Para financiar estas medidas, con un coste de 52.500 millones de euros en todo el Estado, UP-IU propone una reforma fiscal que reportaría ingresos por 64.500 millones de euros.

El Plan también incluye la paralización de todos los desahucios de personas en situación de desempleo y la creación de un parque público de viviendas en alquiler o la propiedad en usufructo. De ello se beneficiarían en Málaga más de 24.000 ciudadanos. También propone la creación de un banco bueno para comprar parte de las deudas hipotecarias de las familias más vulnerables.   

Otro asunto es  la lucha contra la violencia sexista y la igualdad entre hombres y mujeres, incrementando los fondos destinados a este fin y los permisos  por nacimiento de hijo pagados al cien por ciento, igualando progresivamente el permiso de paternidad al de maternidad (8.298 malagueños).  

En cuanto a la infancia, se ha previsto incrementar los 291 euros anuales que la Seguridad Social concede por hijo a familias sin recursos hasta un total de 1.200 euros por niño, utilizando los umbrales actuales de riesgo de pobreza (89.911 malagueños se beneficiarían). También propone la escolarización pública para niños de 0  a 3 años.

El candidato de Unidad Popular-Izquierda Unida ha afirmado que se trata un modelo de salida de la crisis que garantiza la defensa de los derechos de la clase trabajadora, de la gente desahuciada de sus casas, de la juventud, de las mujeres y tantas personas que viven en situación de exclusión social".

Comunistas de Málaga por la Unidad Popular para un nuevo país desde la izquierda

Las fuerzas políticas y sociales del corrupto régimen dominante tratan de institucionalizar las reformas y recortes de derechos y libertades que han llevado primero el PSOE y después el PP, en el marco de las políticas neoliberales de “austeridad” mandatadas por la Troika para la llamada Europa del Euro. Tras las elecciones del 20 de diciembre se construirá un nuevo marco institucional, la cuestión si este proceso se realiza dentro de los límites impuestos por este “régimen” o somos capaces de romper estos límites y plantear un proceso Constituyente hacia un nuevo país.

El PCE y el PCA, siempre ha tenido claro que solo desde la movilización y la unidad popular es posible el cambio político y la transformación social, es por ello que ha hecho continuos llamados a las clases trabajadoras, a la ciudadanía en general, a las fuerzas políticas de izquierdas, a los sindicatos de clase, a los sectores en lucha por sus reivindicaciones, a los movimientos sociales y vecinales, a la intelectualidad y el mundo de la cultura, a los estudiantes, a la juventud. A todos aquellos que desde posiciones de movilización y de regeneración democrática están por la necesidad de una ruptura con el modelo salido de la transición y la apuesta por un nuevo modelo de sociedad.

Ahora nos encontramos inmersos en plena campaña electoral y la militancia comunista se volcará, como siempre, en el trabajo diario para conseguir los mejores resultados para la candidatura de la coalición Unidad Popular-Izquierda Unida que encabeza el camarada malagueño Alberto Garzón.

Somos conscientes que la convergencia y la unidad popular son el camino en el que avanzar tras el 20 D. La cita electoral es solo un paso en ese camino mucho más largo. Que la movilización social es imprescindible para la resistencia y crear poder popular. Que obtener el máximo de representación en las Cortes y el Senado es para situar en mejores condiciones a las fuerzas de ruptura para construir la alternativa.

La Asamblea de Comunistas de Málaga por la unidad popular

El pasado 1 de diciembre tuvo lugar una Asamblea de Comunistas de Málaga, que convocada por la Agrupación del Mundo del Trabajo, el Comité Local de Málaga y el Comité Provincial del PCA tenía por objetivo impulsar la participación de la militancia comunista en la campaña electoral y dotarle de un perfil propio. Dicho acto estuvo presidido por Macarena Vallejo, responsable del Área Interna del Comité Local de Málaga; Paqui Marín, Agrupación de Mundo del Trabajo; Efraín Campos, Secretario Político Provincial, José Manuel Luque, Secretario Local de Málaga, y Paco Guzmán, candidato de UP-IU a las Cortes. Así  mismo es de destacar la presencia de Pedro Moreno, ex-portavoz de IULV-CA en el Ayuntamiento; Gloria Aguilar, responsable federal de Movimiento Republicano del PCE; Remedio Ramos, concejal del Ayuntamiento de Málaga y Rosa Ortuño, Agrupación de Mundo del Trabajo, así como militantes de todas las agrupaciones comunistas de la capital y de las UJCE.

En la asamblea se señaló lo difícil de esta campaña, aunque cuando han sido fáciles para los comunistas, ya que el “régimen” y sus medios hacen los máximos esfuerzos para excluir la alternativa de ruptura del escenario político de nuestro país y obligar al electorado a elegir entre las diferentes propuestas de continuidad maquillada de “nuevo”. Por lo que solo vamos a contar con nuestro propio esfuerzo y los escasos medios que consigamos.

Por todo lo anterior, es muy necesario activar una amplia red de apoyos y llamar no solo al voto sino a convertirse en activista por la Unidad Popular, que cuenta con un gran candidato a la presidencia del Gobierno como Alberto Garzón; con proyecto que es colectivo, una candidatura en paritaria, muy plural y la única fruto de unas primarias abiertas a la ciudadanía y que en Málaga han participado más de 2.000 personas; y un programa, realizado de forma participada desde la izquierda, feminista, ecologista y republicano porque queremos construir un nuevo país.

Desde el PCA se está trabajando en una serie de actos propios de apoyo a Unidad Popular, que complementan a los que están realizando el resto de partidos y grupos que forman parte de la candidatura, además de los actos generales que se están realizando diariamente.

En lo concreto, los actos desde el PCA que ahora mismo tenemos cerrados en Málaga son los siguientes:

• Jueves de 10 de diciembre: Presentación del libro de Felipe Alcaraz “Eclipse Rojo”, una explicación novelada del proceso de convergencia de los últimos años, contaremos con el autor y Juan de Dios Villanueva, Vicesecretario general del PCA, en el  Centro Cultural Provincial de  la calle Ollerías.

• Miércoles 16 de diciembre: Homenaje y presentación libro de memorias de Marcelino Camacho “Confieso que he luchado”, contaremos con Marcel Camacho. En el Centro Cívico Provincial de la Misericordia (La Térmica)

• Viernes 18 de diciembre: Fiesta fin de campaña, dedicada a los activistas de la campaña de Unidad Popular-IU. En Onda Pasadena (junto al Mercado de la Merced).

Por supuesto, es importantísimo asegurar una presencia masiva al acto central de campaña, en el que contaremos con el camarada Alberto Garzón, que se celebrará el próximo día 17 de diciembre.

Los y las comunistas de Málaga Ciudad debemos hacer un esfuerzo por asistir a estos actos y llevar al máximo número posible de simpatizantes para hacer visible el apoyo a esta candidatura.

HACER LA CAMPAÑA MILITANTE

Las reuniones Comité Electoral Unidad Popular: lunes tarde (salvo cambios, 19:00 en la sede de la Agrupación “Marcelino Camacho” de la C/ Cerrojo, 44). Habrá reuniones operativas diarias de lunes a viernes, 9:00 sede provincial IU-PCA (C/ Salvador Noriega).

Material gráfico: contamos con carteles de Alberto Garzón, tanto grandes como A3, dípticos con nuestras propuestas, carteles y octavillas para los actos y votos al Congreso y al Senado (además llegará el mailing a todos los electores).

"Merchandaising": camisetas de UP a 5€ y chapas a la voluntad

"Tapper - actos": vamos a potenciar el desarrollo de micro actos con miembros de la candidatura, en casa de militantes, bares, centros sociales. Actos que se realizan mediante la invitación concreta a círculos de personas. Quien pueda realizarlo que contacte y le ayudaremos a su desarrollo.

Apoderadxs: a través del procedimiento habitual de cada Asamblea territorial de IU Málaga.

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Un nuevo país, una nueva Constitución. Unidad Popular-Izquierda Unida

Para construir un nuevo país necesitamos una nueva Constitución

La Constitución de 1978 se ha revelado incapaz de ofrecer una solución a los graves problemas que existen en España. Paro, deterioro irrefrenable de derechos como la educación pública y la sanidad universal, mordaza a las libertades, corrupción, desconfianza ciudadana en las instituciones,  desigualdad de género y terrorismo machista. Estos son tan solo algunos de los problemas que la ciudadanía sufrimos y soportamos cada día con más crudeza.

Frente a esta dura realidad, desde Unidad Popular-Izquierda Unida apostamos por un nuevo país. Un país libre, igualitario, solidario, laico, pacifista, republicano, federal, sostenible, participativo, con plena garantía de derechos sociales y una economía al servicio de la gente, con una justicia independiente y unas instituciones transparentes y dignas de merecer confianza. Un país donde las decisiones colectivas se adopten colectivamente, sin ceder al chantaje de los poderes económicos y financieros. Un país, en suma, en el que se garanticen los instrumentos para que todas podamos llevar una vida digna. Un país mejor, por el que todos y todas sintamos ilusión y orgullo. Se lo debemos a nuestras hijas y a nuestros hijos.

Somos conscientes de que este nuevo país necesita mucho esfuerzo y de que el camino no será fácil. Pero somos conscientes de que lo conseguiremos. Y para alcanzarlo, aunque no sea suficiente, se requiere una nueva Constitución nacida de un proceso constituyente en el que todas y todos podamos participar. No basta con reformas más o menos cosméticas y superficiales, que solo servirían para apuntalar y dar continuidad al régimen actual, ese que tanto dolor está causando a la gente. Merecemos una nueva Constitución nacida de la ilusión y de un nuevo pacto colectivo ciudadano.

Desde Unidad Popular-Izquierda Unida apostamos por ese proceso constituyente que nos lleve a una nueva Constitución y siente las bases para ese nuevo país que imaginamos y queremos, por las siguientes cinco razones:

1. Solo un proceso constituyente garantiza la participación de la ciudadanía desde el inicio en la creación de esa nueva Constitución.

La ciudadanía es dueña de la Constitución, de forma que debe ser esta la que desde un principio participe activamente en su creación y contenidos. El proceso constituyente permite y abre cauces para que la ciudadanía manifieste su voluntad colectiva de construir los elementos y principios de este nuevo país que anhelamos.

2. Solo un proceso constituyente evita que puedan realizarse reformas puntuales y concretas al texto de la Constitución a través de pactos desde los propios partidos que excluyan la participación ciudadana directa en el proceso, tal y como sucedió en la reforma exprés del art. 135 en el verano de 2011.

Proponer reformas importantes de la Constitución por la vía del actual art. 167 -es decir, sin la participación ciudadana directa en el proceso- es un “engaño constitucional”. Frente a este riesgo, el proceso constituyente supone dar la palabra al pueblo para que, mediante un proceso ampliamente participativo y desarrollado fuera de los estrechos márgenes parlamentarios, decida cómo quiere que sea su nuevo país.

3. Toda propuesta de reforma de calado de los puntos de la Constitución actual requiere la apertura de un proceso constituyente.

Según el art. 168 de la Constitución, toda reforma de la Constitución que afecte a alguna de sus instituciones centrales requiere la celebración de elecciones, la formación de nuevas Cortes (que serían constituyentes) y la ratificación final de la reforma por la ciudadanía mediante referéndum. Esta es la vía por la que optamos en Unidad Popular-Izquierda Unida: seguir el cauce que establece el actual art. 168 de la Constitución para llevar a cabo una revisión total de su texto a través de un proceso constituyente. Por tanto, todas aquellas reformas que afecten a la garantía de derechos sociales como el trabajo o la vivienda, al modelo de Estado, a su organización territorial o a la instauración de la necesaria laicidad del Estado tendrían que hacerse por este proceso

4. Solo a través de una nueva Constitución pueden configurarse y garantizarse los principios y valores que conforman ese nuevo país que deseamos: un Estado republicano, laico, federal, sostenible, igualitario, participativo, solidario y, ante todo, garante de los derechos y libertades de las personas.

Se requiere un nuevo texto constitucional que marque “líneas rojas” en defensa de los derechos, la igualdad y la democracia radical frente a la acción de poderes públicos y privados. Como se ha demostrado en estos años de la crisis, la Constitución de 1978 no cuenta con instrumentos en su interior para detener este deterioro irrefrenable de la calidad de vida de las personas. De ahí que sea necesario elaborar un nuevo texto constitucional que responda a las demandas y necesidades de la ciudadanía.

5. Solo un proceso constituyente permitirá crear un relato colectivo que supere la Cultura de la Transición y que genere una cultura ciudadana republicana y comprometida con los derechos y la defensa de lo público.

Las reformas puntuales del texto constitucional no pretenden superar el relato legitimador del régimen actual, la llamada Cultura de la Transición, sino más bien reafirmarle. En cambio, un proceso constituyente y una nueva Constitución permitiría (recordando y poniendo en valor la experiencia republicana y el relato de las víctimas de la dictadura franquista) conformar la necesaria cultura ciudadana de compromiso con lo público, la democracia y los derechos humanos.

Hoy, 6 de diciembre de 2015, comienza el camino hacia un nuevo país.

Alberto Garzón: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”

Alberto Garzón Espinosa - Candidato a la Presidencia del Gobierno por Unidad Popular-IU

En agosto del 2013 el Fondo Monetario Internacional reconocía en un informe sobre España que "el Gobierno tiene una amplia mayoría, no habrá elecciones generales hasta finales de 2015 y solo se ha enfrentado a disturbios sociales limitados" al mismo tiempo que afirmaba que "el contexto económico ha reducido la popularidad de los dos principales partidos, lo que podría hacer que el apoyo público a nuevas y difíciles reformas fuera más complicado".

Evidentemente, el FMI se refería allí a las duras reformas estructurales que estaban impulsando los organismos internacionales a lo largo de toda la periferia europea. En aquel mismo informe el FMI se felicitaba del proceso seguido hasta ese momento por el Gobierno español y recomendaba acelerar los tiempos de las ulteriores reformas. Pero la preocupación del FMI era comprensible. Al fin y al cabo, había precedentes.

Durante la década de los ochenta del siglo pasado, el FMI logró que los gobiernos latinoamericanos aprobaran planes de ajuste que devastaron las economías y dispararon las desigualdades. Aunque la retórica insistía en que el objetivo era recuperar el crecimiento y la competitividad, lo cierto es que las reformas se concentraron en la combinación de privatizaciones, reformas laborales y desregulaciones financieras y resultaron ser un absoluto fracaso. La respuesta popular ante las consecuencias de aquella gestión fue de tal magnitud que desbordó a los gobiernos neoliberales y, tras años acumulando fuerzas, las organizaciones de izquierdas lograron poner fin a la llamada ahora 'década perdida de América Latina'.

Parecía evidente que lo último que las elites políticas europeas querían era repetir aquellos errores, habida cuenta de que la experiencia latinoamericana se había saldado con gobiernos de izquierda radical. De ahí que, a diferencia de entonces, hicieran un exhaustivo seguimiento político y no sólo económico de los efectos que provocaban los planes de ajuste. Cualquiera que siguiera los informes económicos de los organismos internacionales era consciente de ello. Pero es que incluso las comitivas del FMI visitaron varias veces el Parlamento para tomar el pulso social, y un servidor puede asegurar que a aquellos delegados no les hacía ninguna gracia que la tercera fuerza parlamentaria –Izquierda Plural: Izquierda Unida- amenazara entonces a Draghi con llevarlo a los tribunales por su gestión. Por poner un ejemplo representativo de los muchos que tuvimos en aquellos meses y en los que me vi directamente involucrado.

Pero lo que el FMI estaba reconociendo de facto en aquel informe era que el imprescindible soporte político para las reformas estructurales era el propio bipartidismo. Y su preocupación, naturalmente, residía en que su legitimidad se estaba deteriorando. Y si a los posibles estallidos sociales el Gobierno de Rajoy respondió con más represión y autoritarismo, como por ejemplo pone de relieve la Ley Mordaza, la respuesta política no estaba tan clara.

Piénsese que desde el año 2011, particularmente desde el 15-M, el paradigma político que se estaba haciendo fuerte en las calles era el de la crítica a la Cultura de la Transición y la crítica a las políticas económicas neoliberales. Por primera vez desde 1978 el régimen se resquebrajaba por sus cimientos, lo que cristalizaba en el cuestionamiento incluso de la Casa Real. Y es natural, puesto que la monarquía borbónica ha sido corresponsable de la corrupción política estructural de nuestro país y parte imprescindible y cuasi sagrada del relato mitificado de la Transición.

Al mismo tiempo, las movilizaciones sociales de 2012 y 2013 fueron importantes señales de alarma para el propio régimen. Las huelgas generales, las marchas por la dignidad, la convocatoria de Rodea el Congreso, las mareas y las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca fueron recibidas con honda preocupación por los defensores del sistema. Eran síntomas de fenómenos sociales que difícilmente podían controlar unas élites cada vez más asustadas.

La sorpresiva irrupción de un Podemos fresco y rupturista terminó por acelerar la respuesta del régimen. Vino la abdicación del ciudadano Juan Carlos de Borbón y un desorbitante esfuerzo por deslegitimar a la izquierda. La represión también se intensificó, y ejemplo de ello son los sindicalistas que aún hoy están en los juzgados así como el caso del compañero y candidato de UP-IU Daniel Hernando al que le piden actualmente 18 meses de cárcel por participar en una huelga general. Al mismo tiempo, en Andalucía la gran banca privada logró deshacerse de la participación en el Gobierno de una renovada Izquierda Unida capitaneada por Antonio Maillo y que desarrollaba un proyecto de banca pública que hubiera mermado gravemente el poder del Santander, Unicaja y BBVA. Y lo que faltaba por llegar era el clásico intento de transformismo gramsciano.

Gramsci definió así a la capacidad política de impulsarse en las demandas populares para conseguir imponer exactamente lo contrario. Cospedal lo había puesto en marcha en Castilla-La Mancha en 2012 con una regresiva ley electoral que supuestamente se justificaba en los deseos de radicalidad democrática de la ciudadanía. Y con las mismas artes estaba por emerger Ciudadanos, un proyecto político propulsado para canalizar la frustración ciudadana pero a través de un proyecto claramente liberal-reformista.

Con todas estas piezas encima de la mesa, el régimen ha encontrado la forma de convertir la profunda e izquierdista crítica al sistema en un proyecto de restauración y reforma a mayor gloria de las oligarquías. Y es que sólo a través de una parcial reforma constitucional es posible mantener intactas las estructuras de poder que reinan en España desde el franquismo al mismo tiempo que se desactiva la potencia crítica de las clases populares.

El debate, por lo tanto, se traslada al ámbito constitucional. Y la disyuntiva sigue siendo la escobazada por el 15-M: reforma o ruptura. La reforma parcial que proponen los cuatro partidos con mayor estimación de voto se puede realizar a través del artículo 167, lo que implica un engaño constitucional porque es una reforma por la puerta de atrás. Es el mismo procedimiento que la reforma del artículo 135 que hizo el bipartidismo en 2011. Conlleva una negociación entre cúpulas y acuerdos puntuales que no tocan los elementos fundamentales del régimen. Y es que la Constitución de 1978 se blindó de tal forma que para modificar sus cimientos es necesario usar el artículo 168, el que abre un proceso constituyente. Precisamente esa es la única opción que tienen las clases populares para participar activamente en el rediseño de nuestras instituciones y de evitar que apuntalen un orden social neoliberal y regresivo.

Pero paradójicamente, tras cuatro años de grave crisis institucional y movilizaciones sociales clave, la única candidatura que defiende en estos momentos un proceso constituyente es la de Unidad Popular-Izquierda Unida. El resto ha sucumbido a los cantos de sirena del régimen en restauración. Oficialmente ya todos los partidos, incluido Podemos, son defensores del libre mercado en el sector eléctrico –con la ironía de que sólo hace un año que Endesa nos saqueó 14.000 millones de euros con el silencio cómplice del Gobierno-, partidarios de mantener los compromisos internacionales con la OTAN y defensores de la Cultura de la Transición que tanto nos costó doblegar. No son cuestiones cualquiera, sino elementos definitorios del régimen. Y para quienes hemos vivido estos cuatro años peleando cuerpo a cuerpo con funcionarios del BCE, del FMI y del Gobierno resulta cuanto menos sorprendente la capacidad que han tenido de meterse en el bolsillo a tanto espacio político tras la grave crisis de régimen.

Y, sin embargo, no nos rendimos. Creemos que el cambio aún es posible. Y, sobre todo, necesario. No podemos permitir que se consolide un orden social salvaje que necesita una adaptación institucional a su medida, que es precisamente lo que le brindaría una reforma constitucional capitaneada por la oligarquía. Pero sólo habrá cambio real si fortalecemos a la izquierda y a los movimientos sociales que buscan una transformación social. Por eso me atrevo a decir que en estas elecciones el voto determinante está, sin duda, en la izquierda y la coherencia. Por eso quiero poner en valor la dignidad que conlleva defender un proyecto alternativo al del régimen del 78, proponiendo políticas a favor de las clases populares. Con una sonrisa seguiremos batallando a los poderes salvajes del capitalismo.

2-12-2015

http://www.eldiario.es/tribunaabierta/mercancia-manos-politicos-banqueros_6_458164203.html

Alberto Garzón plantea una nueva Constitución que avance en la "democratización del país" y acabe con el "drama de la precariedad permanente y los recortes de derechos"

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Izquierda Unida-Unidad Popular, Alberto Garzón, ha detallado hoy en profundidad su decidida apuesta por abrir un “proceso constituyente” en nuestro país. Consideró que ha llegado el momento de abordar una “revisión total” de la Constitución para avanzar de manera real en la “democratización del país” y, entre otros puntos importantes, conseguir acabar con el “drama de un modelo extendido de precariedad permanente, privatizaciones, externalizaciones y recorte de derechos sociales”.

Garzón intervino esta mañana en la conferencia-desayuno organizada por el Fórum Europa, desde donde hizo una decidida defensa de las listas de IU-Unidad Popular que se presentan a los comicios del 20D. Garantizó que a través de esta candidatura la gente “sabe lo que va a votar” porque defiende unos principios y valores “que no están a merced del tacticismo”, mucho más en un entorno electoral que se presenta con un “centro político superpoblado” de formaciones, que más se parecen a “empresas de marketing que adecúan su producto a lo que el consumidor quiere comprar”.

Insistió en que el futuro proceso constituyente que plantea IU nada tiene que ver con “parches ni reformas parciales”, además de alertar “ante el espejismo constitucional al que nos quieren empujar algunos partidos, que dicen que hay que cambiar todo pero apuestan por una reforma parcial que sólo puede hacer un ejercicio de maquillaje y cosmética”.

Aclaró que esta apuesta pasa por recurrir a los mecanismos que fija el artículo 168 de la Constitución, que exigen la disolución de las Cámaras y la ratificación por referéndum del nuevo texto constitucional, algo que, recordó, “se demandó desde el 15M en las calles de toda España en 2011” y que Izquierda Unida quiere representar en estas elecciones.

También en relación directa con el 15M está su propuesta para que el nuevo texto constitucional avance en la “democratización del país”, con propuestas específicas como los referéndums vinculantes y obligatorios en determinadas situaciones (la cesión de soberanía a una entidad supranacional, entre ellas), los revocatorios de los cargos públicos o más democracia interna en los partidos.

Alberto Garzón defendió con toda nitidez una nueva Constitución que recoja el modelo de Estado federal y republicano que propugna su candidatura, que serviría para resolver las tensiones soberanistas que hay hoy en el Estado y para superar un modelo monárquico “anacrónico y corresponsable de la corrupción política estructural”.

La nueva Carta Magna articularía también la propuesta de IU de trabajo garantizado, el que un ciudadano pueda reclamar su derecho al trabajo en un juzgado si no lo encuentra en el mercado, el blindaje de las garantías sociales y la defensa específica de los valores feministas. Sobre este último aspecto, reclamó más recursos para aplicar medidas contra la violencia de género, un fenómeno que está estrechamente vinculado a otros tipos de violencia sexual, económica, psicológica, y que se explica por el modelo de sociedad patriarcal.

Tanto en su intervención directa en la conferencia del Fórum Europa como en las respuestas a las preguntas planteadas, Garzón insistió en que debe combatirse el modelo económico y social actual que hace compatible una bonanza macroeconómica para unos pocos con el “drama” microeconómico que sufren muchos, es decir, crecer a un 3% mientras 770.000 familias no tienen ningún ingreso.

Consideró que tras años de “precariedad permanente, privatizaciones, externalizaciones y recortes en derechos sociales” conquistados en décadas, sólo queda “repensar el país” por medio de un debate “calmado y muy transparente” para abordar el problema.

Explicó que la sociedad tiene “madurez suficiente para poder pensar sobre su futuro sin la tutela de las élites políticas ni económicas” y encabezar por sí ese proceso constituyente, y no las “cúpulas de determinados partidos”, desde el consenso “sin imposiciones ni golpes encima de la mesa”.

Alberto Garzón expuso que Izquierda Unida-Unidad Popular apuesta por una “política distinta”, basada en “la verdad y la humildad”, y diferente también en las formas que otros llevan utilizando desde hace meses, mucho más en esta precampaña. Cualquier cambio que no cuente con esta candidatura “será un cambio de maquillaje”, apostilló.

Lamentó la “política espectáculo” que preside la precampaña electoral y reivindicó que, aunque la ciudadanía esté interesada en conocer los “gustos privados o las habilidades” de los candidatos, lo que se les debe exigir es que resuelvan los “problemas cotidianos de la gente. En IU-Unidad Popular no nos rendimos porque creemos en la política”.

A preguntas concretas de los periodistas sobre Podemos, indicó que no comparte el giro al centro mostrado por esta formación y achacó la imposibilidad de llegar a un acuerdo electoral a que las “voces de izquierdas” como la que representa IU “siempre son incómodas a proyectos que aspiran a ser la UCD del presente”.